El primer día de diciembre, miles de chilenos y chilenas que residen en el extranjero se ilusionaron con la posibilidad de poder votar el 11 de abril de 2021 y elegir representantes exclusivos para ellos en la Convención Constitucional. Esa jornada, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma constitucional que proponía precisamente eso: incluir en el proceso constituyente a quienes -por distintas circunstancias- ya no viven o no se encuentran en el país, pero que están interesados en participar.
Era una demanda que muchos venían impulsando hace un tiempo, pero en apenas tres días esa ilusión se desmoronó y todo quedó en nada.
Por otro lado, la iniciativa que cambiaría las exigencias establecidas para la inscripción de candidaturas independientes a convencionales fue aprobada en la Cámara, quedando lista para ser ley. Mientras, lo de los escaños reservados para pueblos originarios sigue entrampado en la comisión mixta, y hoy será una jornada clave para su resolución.
A continuación, Contexto Factual explica cómo se cerraron los proyectos cuya tramitación ya terminó y qué estado queda lo que aún está pendiente.
Era una demanda que muchos venían impulsando hace un tiempo, pero en apenas tres días esa ilusión se desmoronó y todo quedó en nada.
Por otro lado, la iniciativa que cambiaría las exigencias establecidas para la inscripción de candidaturas independientes a convencionales fue aprobada en la Cámara, quedando lista para ser ley. Mientras, lo de los escaños reservados para pueblos originarios sigue entrampado en la comisión mixta, y hoy será una jornada clave para su resolución.
A continuación, Contexto Factual explica cómo se cerraron los proyectos cuya tramitación ya terminó y qué estado queda lo que aún está pendiente.
EL FRACASO DEL VOTO EN EL EXTERIOR
n el diseño original del proceso constituyente, los cerca de 60 mil chilenos y chilenas que viven en el extranjero y que están habilitados para votar sólo estaban considerados para los plebiscitos de entrada y salida. Lo dice la Constitución: “Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales”. Como la elección de convencionales constituyentes es similar a la de diputados, todos ellos quedaban excluidos.
La lógica es simple: como en esa elección se elige a los representantes directos de cada distrito, al no haber alguno que agrupe a quienes viven fuera de Chile, no tendrían por quién votar.
Para revertir la situación, un grupo de diputados opositores presentó a fines de septiembre un proyecto que proponía la creación de tres nuevos distritos conformado exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas repartidos por el mundo: uno para los que están en países de Norte y Sudamérica; otro para los que viven en Asia y Oceanía; y un tercero para los que residen en Europa y África (ver artículo). Entre los tres, sumarían ocho escaños dentro de la Convención Constitucional.
En el debate legislativo, la propuesta mutó. Lo que la Comisión de Constitución aprobó el 1 de diciembre y despachó para votación en sala fue la creación de un único distrito internacional con tres puestos en el órgano que redactará una nueva Carta Fundamental. Si bien no era lo que se ofrecía desde un comienzo, la ilusión de poder participar en esa instancia no sólo con votos, sino que también con la voz de tres representantes directos, alimentaba la esperanza de miles de personas que ven desde afuera y con expectación cómo se articulan cambios esenciales en su país de origen. Sin embargo, dos días después todo se cayó.
El jueves 3 de diciembre, con 79 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, la Cámara rechazó el proyecto, por lo que quedó archivado. Con ello, se cerró la puerta a quienes viven en el extranjero: no habrá nuevo distrito, no tendrán representación en la Convención y ni siquiera podrán votar en las elecciones de abril del próximo año.
La lógica es simple: como en esa elección se elige a los representantes directos de cada distrito, al no haber alguno que agrupe a quienes viven fuera de Chile, no tendrían por quién votar.
Para revertir la situación, un grupo de diputados opositores presentó a fines de septiembre un proyecto que proponía la creación de tres nuevos distritos conformado exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas repartidos por el mundo: uno para los que están en países de Norte y Sudamérica; otro para los que viven en Asia y Oceanía; y un tercero para los que residen en Europa y África (ver artículo). Entre los tres, sumarían ocho escaños dentro de la Convención Constitucional.
En el debate legislativo, la propuesta mutó. Lo que la Comisión de Constitución aprobó el 1 de diciembre y despachó para votación en sala fue la creación de un único distrito internacional con tres puestos en el órgano que redactará una nueva Carta Fundamental. Si bien no era lo que se ofrecía desde un comienzo, la ilusión de poder participar en esa instancia no sólo con votos, sino que también con la voz de tres representantes directos, alimentaba la esperanza de miles de personas que ven desde afuera y con expectación cómo se articulan cambios esenciales en su país de origen. Sin embargo, dos días después todo se cayó.
El jueves 3 de diciembre, con 79 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, la Cámara rechazó el proyecto, por lo que quedó archivado. Con ello, se cerró la puerta a quienes viven en el extranjero: no habrá nuevo distrito, no tendrán representación en la Convención y ni siquiera podrán votar en las elecciones de abril del próximo año.
LA DEMANDA DE LOS INDEPENDIENTES POR “EMPAREJAR LA CANCHA”
La modalidad que se había determinado para presentar candidaturas a las Convención dejaba dos caminos distintos, unos para los partidos políticos y otro para independientes. El primero parecía llano, sin más requisitos que los que establece la Constitución para ser candidatos o candidatas: ser mayor de 18 años y no tener condenas por penas aflictivas. El segundo, en cambio, establecía una serie de barreras de entrada que desde hace meses diversas organizaciones han intentado derribar (ver artículo).
En ese intento, contaron con el apoyo de un grupo transversal de diputados y diputadas que a mediados de septiembre ingresaron a tramitación un proyecto que buscaba disminuir las exigencias que existían para las candidaturas independientes.
Como la ley determinaba que una candidatura individual debe ser inscrita con el patrocinio a través de un número de firmas equivalente al 0,4% de los electores del distrito que votaron en la última elección parlamentaria (2017), su propuesta era bajarlo a la mitad, a un 0,2%. Y si para inscribir una lista bajo la normativa vigente se necesitaba el 1,5% de firmas de votantes habilitados, la iniciativa de los parlamentarios proponía disminuir el requisito a 0,5%. Además, planteaban que, por razones sanitarias, no fuera necesario que las firmas se registraran presencialmente ante notario, sino que se hiciera vía digital usando la Clave Única del Registro Civil.
Después de una larga discusión en el Congreso, el jueves 3 de diciembre la Cámara aprobó el proyecto por 142 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Con eso, se acabó la tramitación y la iniciativa fue despachada para que el Presidente Sebastián Piñera la promulgue como ley.
Además de aprobar la reducción en los porcentajes de firmas, se estableció un número mínimo para aquellos distritos con baja población: 300 firmas de patrocinantes independientes para las candidaturas individuales y 500 para la inscripción de listas. También se acogió la posibilidad de que se haga de forma remota. Para ello, el Servicio Electoral (Servel) deberá disponer una plataforma electrónica a la que se accederá previa autentificación de identidad. “En este caso, se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de medios electrónicos”, dice el proyecto que fue despachado.
En ese intento, contaron con el apoyo de un grupo transversal de diputados y diputadas que a mediados de septiembre ingresaron a tramitación un proyecto que buscaba disminuir las exigencias que existían para las candidaturas independientes.
Como la ley determinaba que una candidatura individual debe ser inscrita con el patrocinio a través de un número de firmas equivalente al 0,4% de los electores del distrito que votaron en la última elección parlamentaria (2017), su propuesta era bajarlo a la mitad, a un 0,2%. Y si para inscribir una lista bajo la normativa vigente se necesitaba el 1,5% de firmas de votantes habilitados, la iniciativa de los parlamentarios proponía disminuir el requisito a 0,5%. Además, planteaban que, por razones sanitarias, no fuera necesario que las firmas se registraran presencialmente ante notario, sino que se hiciera vía digital usando la Clave Única del Registro Civil.
Después de una larga discusión en el Congreso, el jueves 3 de diciembre la Cámara aprobó el proyecto por 142 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Con eso, se acabó la tramitación y la iniciativa fue despachada para que el Presidente Sebastián Piñera la promulgue como ley.
Además de aprobar la reducción en los porcentajes de firmas, se estableció un número mínimo para aquellos distritos con baja población: 300 firmas de patrocinantes independientes para las candidaturas individuales y 500 para la inscripción de listas. También se acogió la posibilidad de que se haga de forma remota. Para ello, el Servicio Electoral (Servel) deberá disponer una plataforma electrónica a la que se accederá previa autentificación de identidad. “En este caso, se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de medios electrónicos”, dice el proyecto que fue despachado.
LOS DESACUERDOS DE LOS ESCAÑOS RESERVADOS
Aunque la comisión mixta se habría propuesto resolver la semana pasada la disputa por los escaños protegidos para representantes de los pueblos originarios, no hubo acuerdo y todo se postergó para las sesiones del sábado 5 y hoy, lunes 7 de diciembre.
Si bien hay consenso en que deben existir, la discusión se ha centrado en dos aspectos centrales. Por una parte, el número de asientos a reservar y si deben sumarse o restarse a los 155 ya definidos para la Convención Constitucional. Por la otra, a la configuración del padrón indígena, es decir, a quiénes podrán votar por esos representantes.
La propuesta aprobada por la Comisión de Constitución del Senado contemplaba 24 cupos supernumerarios, lo que levantó críticas desde el oficialismo porque supuestamente implicaría un “cambio en las reglas del juego”, ya que en el plebiscito se habría aprobado un órgano constituyente con 155 convencionales y no más –aunque la discusión sobre sumarlos viene de antes (ver chequeo)–. De ahí que un grupo de senadores de Chile Vamos, apoyados por el Ejecutivo, haya levantado una contrapropuesta que consideraba 15 asientos dentro de esos 155 ya establecidos, lo que también modificaría el tablero al cambiar el diseño de representatividad definido desde un comienzo (ver artículo).
También ha estado en el debate quiénes podrían votar. Mientras que una alternativa era que fuera libre, según la auto identificación del votante con los respectivos pueblos originarios reconocidos por el Estado, otra opción considera la creación de un padrón electoral especial para electores indígenas, conformado a partir de registros públicos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Ante el rechazo en el Senado, todo quedó en manos de una comisión mixta, donde, según consignó El Mostrador, la oposición ha cedido terreno sin éxito -proponiendo reducir el número de escaños e incluso con modalidad mixta: unos dentro de los 155 y otros por fuera-, pero el gobierno se mantiene firme en su posición.
La sesión fijada para hoy será clave para determinar si los pueblos originarios tendrán o no representación en la Convención y bajo qué mecanismo.
Si bien hay consenso en que deben existir, la discusión se ha centrado en dos aspectos centrales. Por una parte, el número de asientos a reservar y si deben sumarse o restarse a los 155 ya definidos para la Convención Constitucional. Por la otra, a la configuración del padrón indígena, es decir, a quiénes podrán votar por esos representantes.
La propuesta aprobada por la Comisión de Constitución del Senado contemplaba 24 cupos supernumerarios, lo que levantó críticas desde el oficialismo porque supuestamente implicaría un “cambio en las reglas del juego”, ya que en el plebiscito se habría aprobado un órgano constituyente con 155 convencionales y no más –aunque la discusión sobre sumarlos viene de antes (ver chequeo)–. De ahí que un grupo de senadores de Chile Vamos, apoyados por el Ejecutivo, haya levantado una contrapropuesta que consideraba 15 asientos dentro de esos 155 ya establecidos, lo que también modificaría el tablero al cambiar el diseño de representatividad definido desde un comienzo (ver artículo).
También ha estado en el debate quiénes podrían votar. Mientras que una alternativa era que fuera libre, según la auto identificación del votante con los respectivos pueblos originarios reconocidos por el Estado, otra opción considera la creación de un padrón electoral especial para electores indígenas, conformado a partir de registros públicos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Ante el rechazo en el Senado, todo quedó en manos de una comisión mixta, donde, según consignó El Mostrador, la oposición ha cedido terreno sin éxito -proponiendo reducir el número de escaños e incluso con modalidad mixta: unos dentro de los 155 y otros por fuera-, pero el gobierno se mantiene firme en su posición.
La sesión fijada para hoy será clave para determinar si los pueblos originarios tendrán o no representación en la Convención y bajo qué mecanismo.
Publicado originalmente en Contexto Factual (7/12/2020)
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