DIPUTADOS UDI PRESENTAN PROYECTO PARA QUE LA NUEVA CONSTITUCIÓN “RESPETE Y CONSERVE” LA INICIATIVA DE LEY EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE
Este martes, una moción con la firma de 10 diputados UDI ingresó a tramitación en el Congreso. Su idea es simple: incorporando apenas una frase en la actual Carta Magna, limitar el trabajo de la Convención Constitucional para que “respete y conserve” en el texto que va a redactar, la iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo para presentar ciertos proyectos de ley. Esa atribución especial del Presidente ha sido, especialmente este año, uno de los puntos más conflictivos y tensionantes en las relaciones entre el gobierno y el Congreso, y el principal motivo por el que Sebastián Piñera ha llevado distintos proyectos ante el Tribunal Constitucional. La moción fue admitida y enviada para su revisión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
“La iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República es una institución con larga tradición en la historia de nuestra república. Si bien inicialmente contaba con un catálogo bastante más reducido que el actual, el perfeccionamiento del mismo responde a las crisis institucionales que enfrentó nuestro país como una forma de entregar el control administrativo y financiero del país al Presidente, de forma tal que dicha medida sirviera a su vez como elemento que entregara estabilidad a la nación”.
Ese párrafo es el punto de partida de una propuesta que ingresó el martes un grupo de diputados de la UDI para reformar la Constitución y así establecer un nuevo límite para el trabajo de la Convención Constitucional: impedir que el nuevo texto excluya la iniciativa exclusiva que hoy tiene el Presidente para presentar ciertos proyectos de ley.
La propuesta es bastante simple: incluir una frase intercalada en el artículo 135 de la Constitución, aquel donde se define que los convencionales deberán respetar y mantener “el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Lo que buscan los parlamentarios es que “la iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República” se sume como un nuevo elemento que no se pueda cambiar.
“Creemos esencial que, ante el próximo debate constitucional que debe enfrentar nuestro país, se establezcan mínimos inalterables que protejan la estabilidad y responsabilidad financiera a fin de establecer garantías mínimas de que el proceso constituyente no podrá atentar contra estos mínimos”, señala la moción. Las atribuciones exclusivas que tiene el Presidente están actualmente definidas en el artículo 65 de la Constitución, y se han convertido este año en unos de los puntos más conflictivos y tensionantes en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo (ver reportaje).
En repetidas oportunidades, el Presidente Sebastián Piñera ha acusado a diputados y senadores de infringir la Carta Fundamental al ingresar a trámite proyectos de ley que tocan materias que sólo él, en función de su cargo, puede presentar. Según la normativa vigente, si el Ejecutivo, por ejemplo, presenta iniciativas para modificar el sueldo mínimo, el sistema de AFP, crear un nuevo ministerio o cualquier otra cosa que implique gasto público, está bien. Si esos mismos proyectos provienen de un grupo de parlamentarios, está mal, serían inconstitucionales y no debieran ser admitidos a tramitación.
Una muestra de la tensión anterior quedó en evidencia cuando Piñera llevó ante el Tribunal Constitucional (TC) nueve glosas de la Ley de Presupuestos 2021 por considerarlas inconstitucionales, al incluir indicaciones promovidas por congresistas que, supuestamente, infringirían sus atribuciones exclusivas (ver artículo).
Son 10 los diputados UDI que firman el proyecto: la jefa de bancada, María José Hoffman; el presidente electo del partido, Javier Macaya; Juan Antonio Coloma, Javier Hernández, Jorge Alessandri, Enrique Van Rysselberghe, Gastón von Mühlenbrock, Guillermo Ramírez, Osvaldo Urrutia y Patricio Melero.
En el documento, fundamentan su idea en que “los parlamentarios son más propensos a caer en prácticas demagógicas y populistas que, si bien causan un buen impacto en la percepción de la población, no se condicen con los objetivos de estabilidad y responsabilidad que debe perseguir un país”.
Y agregan: “En el último tiempo, este Congreso ha dado cátedra sobre el punto anterior, transgrediendo constantemente las reglas constitucionales en virtud de la presentación de una serie de mociones e indicaciones manifiestamente inadmisibles por ser materias de ley propia de iniciativa exclusiva del Presidente, así como también la negativa reiterada por parte de la oposición en orden a alcanzar acuerdos con el gobierno de turno y el oficialismo, son muestra suficiente de que la iniciativa exclusiva no puede quedar en manos del Congreso”.
“La iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República es una institución con larga tradición en la historia de nuestra república. Si bien inicialmente contaba con un catálogo bastante más reducido que el actual, el perfeccionamiento del mismo responde a las crisis institucionales que enfrentó nuestro país como una forma de entregar el control administrativo y financiero del país al Presidente, de forma tal que dicha medida sirviera a su vez como elemento que entregara estabilidad a la nación”.
Ese párrafo es el punto de partida de una propuesta que ingresó el martes un grupo de diputados de la UDI para reformar la Constitución y así establecer un nuevo límite para el trabajo de la Convención Constitucional: impedir que el nuevo texto excluya la iniciativa exclusiva que hoy tiene el Presidente para presentar ciertos proyectos de ley.
La propuesta es bastante simple: incluir una frase intercalada en el artículo 135 de la Constitución, aquel donde se define que los convencionales deberán respetar y mantener “el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Lo que buscan los parlamentarios es que “la iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República” se sume como un nuevo elemento que no se pueda cambiar.
“Creemos esencial que, ante el próximo debate constitucional que debe enfrentar nuestro país, se establezcan mínimos inalterables que protejan la estabilidad y responsabilidad financiera a fin de establecer garantías mínimas de que el proceso constituyente no podrá atentar contra estos mínimos”, señala la moción. Las atribuciones exclusivas que tiene el Presidente están actualmente definidas en el artículo 65 de la Constitución, y se han convertido este año en unos de los puntos más conflictivos y tensionantes en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo (ver reportaje).
En repetidas oportunidades, el Presidente Sebastián Piñera ha acusado a diputados y senadores de infringir la Carta Fundamental al ingresar a trámite proyectos de ley que tocan materias que sólo él, en función de su cargo, puede presentar. Según la normativa vigente, si el Ejecutivo, por ejemplo, presenta iniciativas para modificar el sueldo mínimo, el sistema de AFP, crear un nuevo ministerio o cualquier otra cosa que implique gasto público, está bien. Si esos mismos proyectos provienen de un grupo de parlamentarios, está mal, serían inconstitucionales y no debieran ser admitidos a tramitación.
Una muestra de la tensión anterior quedó en evidencia cuando Piñera llevó ante el Tribunal Constitucional (TC) nueve glosas de la Ley de Presupuestos 2021 por considerarlas inconstitucionales, al incluir indicaciones promovidas por congresistas que, supuestamente, infringirían sus atribuciones exclusivas (ver artículo).
Son 10 los diputados UDI que firman el proyecto: la jefa de bancada, María José Hoffman; el presidente electo del partido, Javier Macaya; Juan Antonio Coloma, Javier Hernández, Jorge Alessandri, Enrique Van Rysselberghe, Gastón von Mühlenbrock, Guillermo Ramírez, Osvaldo Urrutia y Patricio Melero.
En el documento, fundamentan su idea en que “los parlamentarios son más propensos a caer en prácticas demagógicas y populistas que, si bien causan un buen impacto en la percepción de la población, no se condicen con los objetivos de estabilidad y responsabilidad que debe perseguir un país”.
Y agregan: “En el último tiempo, este Congreso ha dado cátedra sobre el punto anterior, transgrediendo constantemente las reglas constitucionales en virtud de la presentación de una serie de mociones e indicaciones manifiestamente inadmisibles por ser materias de ley propia de iniciativa exclusiva del Presidente, así como también la negativa reiterada por parte de la oposición en orden a alcanzar acuerdos con el gobierno de turno y el oficialismo, son muestra suficiente de que la iniciativa exclusiva no puede quedar en manos del Congreso”.
Publicado originalmente en Contexto Factual (18/12/2020)
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