Ya lo dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez, en entrevista con T13 Radio: “Hay algunas autoridades de gobierno que han manifestado interés [en postularse a la Convención Constitucional]. Yo creo que es súper bueno que eso se resuelva a la brevedad porque tenemos que llevar, como país, como centro derecha, a los mejores hombres y mujeres a participar de un hecho histórico”.
No dijo quiénes son, pero al parecer, el interés está y, como están dispuestas las reglas actualmente, no hay impedimento para que puedan hacerlo.
En la Constitución se establece que para ser convencional constituyente es necesario ser ciudadano o ciudadana, o sea, ser mayor de edad y no estar cumpliendo por sentencia judicial una pena aflictiva (tres años o más). No hay otra inhabilidad. De hecho, a diferencia de otras elecciones en que las personas que ya ostentan un cargo público deben renunciar en un plazo definido previo a formalizar sus candidaturas, para la elección de quienes redactarán una nueva Carta Fundamental no existe ese requisito. Ministros, subsecretarios, intendentes, consejeros regionales, alcaldes, concejales, senadores, diputados y otros cargos públicos pueden ejercer hasta el día límite para inscribir las postulaciones ante el Servicio Electoral (Servel), es decir, hasta el 11 de enero de 2021.
Sólo entonces tendrían que dejar sus puestos y, de acuerdo con lo que publicó La Tercera PM, en La Moneda estiman que al menos un quinto del gabinete ya estaría pensando en seguir esa vía. Pero hay quienes creen que ese camino se debe restringir.
El miércoles 28 de octubre, un grupo de parlamentarios de oposición presentó a trámite una moción para reformar la Constitución e inhabilitar a ministros, subsecretarios, intendentes y parlamentarios “que se encontraren en funciones entre el 25 de octubre de 2020 y la fecha de la elección de los convencionales constituyentes”.
La iniciativa parte de los diputados de Revolución Democrática Natalia Castillo y Jorge Brito, y cuenta con las firmas de otros ocho parlamentarios y parlamentarias de distintos partidos. De esa forma, de acuerdo a lo que dice el texto del proyecto, buscan “impedir esta verdadera ‘sillita musical’ entre altos cargos públicos y la Convención Constitucional”, evitando que quienes ostentan actualmente esos cargos renuncien para poder ser candidatos.
No dijo quiénes son, pero al parecer, el interés está y, como están dispuestas las reglas actualmente, no hay impedimento para que puedan hacerlo.
En la Constitución se establece que para ser convencional constituyente es necesario ser ciudadano o ciudadana, o sea, ser mayor de edad y no estar cumpliendo por sentencia judicial una pena aflictiva (tres años o más). No hay otra inhabilidad. De hecho, a diferencia de otras elecciones en que las personas que ya ostentan un cargo público deben renunciar en un plazo definido previo a formalizar sus candidaturas, para la elección de quienes redactarán una nueva Carta Fundamental no existe ese requisito. Ministros, subsecretarios, intendentes, consejeros regionales, alcaldes, concejales, senadores, diputados y otros cargos públicos pueden ejercer hasta el día límite para inscribir las postulaciones ante el Servicio Electoral (Servel), es decir, hasta el 11 de enero de 2021.
Sólo entonces tendrían que dejar sus puestos y, de acuerdo con lo que publicó La Tercera PM, en La Moneda estiman que al menos un quinto del gabinete ya estaría pensando en seguir esa vía. Pero hay quienes creen que ese camino se debe restringir.
El miércoles 28 de octubre, un grupo de parlamentarios de oposición presentó a trámite una moción para reformar la Constitución e inhabilitar a ministros, subsecretarios, intendentes y parlamentarios “que se encontraren en funciones entre el 25 de octubre de 2020 y la fecha de la elección de los convencionales constituyentes”.
La iniciativa parte de los diputados de Revolución Democrática Natalia Castillo y Jorge Brito, y cuenta con las firmas de otros ocho parlamentarios y parlamentarias de distintos partidos. De esa forma, de acuerdo a lo que dice el texto del proyecto, buscan “impedir esta verdadera ‘sillita musical’ entre altos cargos públicos y la Convención Constitucional”, evitando que quienes ostentan actualmente esos cargos renuncien para poder ser candidatos.
“El pueblo dijo fuerte y claro que la nueva Constitución no la pueden escribir los mismos de siempre. Se requiere que representantes y autoridades sean parte de la solución y no del problema. Si alguno de los que hoy están en alguno de estos cargos tiene esta intención, no entendieron nada de lo que ha pasado desde el 18 de octubre [de 2019], especialmente el domingo pasado cuando el porcentaje fue categórico en señalar que no querían una convención mixta”, dijo Castillo tras presentar el proyecto en la Cámara de Diputados.
El discurso de que una nueva Constitución no debe ser escrita “por los mismos de siempre” fue adoptado tanto por promotores del Apruebo como del Rechazo en las campañas previas al plebiscito. En ese sentido, ante los resultados de la consulta, especialmente respecto a la pregunta sobre qué tipo de órgano se haría cargo de la redacción -la opción de Convención Constitucional ganó con el 79% de las preferencias-, personajes tanto de oposición como del oficialismo han señalado apoyar la idea, al menos de forma parcial.
El diputado Andrés Celis (RN) dijo que “el resultado es bastante aplastante en cuanto a que los ciudadanos no quieren una Convención Mixta, es decir, no quieren que los parlamentarios estén presentes en una Convención Constitucional, pero en relación a los ministros, subsecretarios, intendentes, etc., no creo que ahí se dé el fundamento por el que votaron los ciudadanos el domingo [25 de octubre]. Pero sí estoy dispuesto, en el caso que haya votación separada, a que los parlamentarios, es decir nosotros, no podamos renunciar para ser candidatos a la Convención. Hoy la única posibilidad para renunciar es ser miembro de ésta, pero eso debiera corregirse porque no se condice con lo que la ciudadanía votó”.
Otros se han manifestado en contra. El diputado independiente Pepe Auth, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter: “La gente debe decidir quién los represente. Excluir por secretaría es absolutamente antidemocrático”.
El proyecto fue acogido por la mesa de la Cámara y ya está en la Comisión de Constitución para su discusión. Pero no es el único que fue presentado durante la semana posterior al plebiscito y que tiene que ver con candidaturas para las elecciones que vienen el próximo año. Existe otro que, a diferencia del anterior que pretende establecer inhabilidades, busca eliminar restricciones que ya fueron acordadas y plasmadas en la Constitución.
El discurso de que una nueva Constitución no debe ser escrita “por los mismos de siempre” fue adoptado tanto por promotores del Apruebo como del Rechazo en las campañas previas al plebiscito. En ese sentido, ante los resultados de la consulta, especialmente respecto a la pregunta sobre qué tipo de órgano se haría cargo de la redacción -la opción de Convención Constitucional ganó con el 79% de las preferencias-, personajes tanto de oposición como del oficialismo han señalado apoyar la idea, al menos de forma parcial.
El diputado Andrés Celis (RN) dijo que “el resultado es bastante aplastante en cuanto a que los ciudadanos no quieren una Convención Mixta, es decir, no quieren que los parlamentarios estén presentes en una Convención Constitucional, pero en relación a los ministros, subsecretarios, intendentes, etc., no creo que ahí se dé el fundamento por el que votaron los ciudadanos el domingo [25 de octubre]. Pero sí estoy dispuesto, en el caso que haya votación separada, a que los parlamentarios, es decir nosotros, no podamos renunciar para ser candidatos a la Convención. Hoy la única posibilidad para renunciar es ser miembro de ésta, pero eso debiera corregirse porque no se condice con lo que la ciudadanía votó”.
Otros se han manifestado en contra. El diputado independiente Pepe Auth, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter: “La gente debe decidir quién los represente. Excluir por secretaría es absolutamente antidemocrático”.
El proyecto fue acogido por la mesa de la Cámara y ya está en la Comisión de Constitución para su discusión. Pero no es el único que fue presentado durante la semana posterior al plebiscito y que tiene que ver con candidaturas para las elecciones que vienen el próximo año. Existe otro que, a diferencia del anterior que pretende establecer inhabilidades, busca eliminar restricciones que ya fueron acordadas y plasmadas en la Constitución.
DISTINTAS VÍAS PARA ELIMINAR RESTRICCIONES
El acto del voto programado para el 11 de abril de 2021, se vaticina complejo. Ese día, la ciudadanía deberá recurrir a las urnas y marcar su preferencia en cuatro papeletas distintas con un enorme listado de candidatos y candidatas para distintas instancias de representación: gobernadores regionales, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes. Sólo tres meses después, vendrán las primarias presidenciales y parlamentarias, donde habrá más personas postulándose para la elección definitiva del 21 de noviembre, cuando además se deberá votar por los consejeros regionales (CORE).
Entonces, el próximo año habrá que elegir a 16 gobernadores, 346 alcaldes, más de 2.240 concejales, 155 convencionales, un Presidente, 155 diputados, 22 senadores y unos 294 CORE. En total, serán al menos 3.229 cargos públicos que se someterán a elección en 2021. ¿Cómo encontrar nombres suficientes para llenar las planillas de las candidaturas? Ese es precisamente el desafío que hoy tienen los distintos partidos políticos, una tarea difícil si se considera que un gran porcentaje de los que hoy están en esos cargos no se podrán repostular e incluso cuentan con inhabilidades para pasarse a otras instancias.
De ahí que los diputados Nino Baltolu, María José Hoffmann, Osvaldo Urrutia y Enrique Van Rysselberghe, todos de la UDI, hayan presentado la semana pasada un proyecto de reforma constitucional para eliminar las inhabilidades que pesan sobre autoridades locales y regionales para postularse al Congreso. La moción cuenta con el apoyo del Ejecutivo, que le puso suma urgencia a su discusión.
El artículo 57 de la Constitución establece que si un ministro, subsecretario, delegado presidencial regional o provincial, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal u otros cargos públicos quisieran postularse para ocupar un escaño en el Parlamento, deben dejar sus cargos al menos un año antes de la elección. Es decir, de cara a las parlamentarias de noviembre del próximo año, muchos tendrían que dejar vacante sus actuales posiciones durante este mes que está por comenzar si quisieran ser candidatos o candidatas. Eso es lo que quieren cambiar.
“El presente proyecto de ley busca levantar dichas inhabilidades, a fin de que sea la ciudadanía quien pueda libremente, determinar a sus autoridades”, dice el texto de la moción.
En esa línea, la propuesta apunta a que alcaldes, concejales y consejeros regionales -especialmente aquellos que están imposibilitados de ir a la reelección- puedan mantener sus cargos hasta el momento de inscribir sus candidaturas, “a fin de favorecer su participación en política y fortalecer el sistema democrático mediante una mayor competencia”. Sin embargo, no es la única iniciativa que va en la misma senda.
Parlamentarios de Renovación Nacional junto al diputado Gabriel Silber (DC) ingresaron el viernes previo al plebiscito un proyecto para eliminar de forma excepcional para las elecciones de 2021, la misma restricción de alcaldes y concejales para postularse como diputados, senadores, gobernadores o consejeros regionales, aunque sólo para aquellos que no podrán ir a la reelección. Este proyecto también contaba con el patrocinio del gobierno, al igual que otros dos a los que se le puso suma urgencia para su tramitación.
Entonces, el próximo año habrá que elegir a 16 gobernadores, 346 alcaldes, más de 2.240 concejales, 155 convencionales, un Presidente, 155 diputados, 22 senadores y unos 294 CORE. En total, serán al menos 3.229 cargos públicos que se someterán a elección en 2021. ¿Cómo encontrar nombres suficientes para llenar las planillas de las candidaturas? Ese es precisamente el desafío que hoy tienen los distintos partidos políticos, una tarea difícil si se considera que un gran porcentaje de los que hoy están en esos cargos no se podrán repostular e incluso cuentan con inhabilidades para pasarse a otras instancias.
De ahí que los diputados Nino Baltolu, María José Hoffmann, Osvaldo Urrutia y Enrique Van Rysselberghe, todos de la UDI, hayan presentado la semana pasada un proyecto de reforma constitucional para eliminar las inhabilidades que pesan sobre autoridades locales y regionales para postularse al Congreso. La moción cuenta con el apoyo del Ejecutivo, que le puso suma urgencia a su discusión.
El artículo 57 de la Constitución establece que si un ministro, subsecretario, delegado presidencial regional o provincial, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal u otros cargos públicos quisieran postularse para ocupar un escaño en el Parlamento, deben dejar sus cargos al menos un año antes de la elección. Es decir, de cara a las parlamentarias de noviembre del próximo año, muchos tendrían que dejar vacante sus actuales posiciones durante este mes que está por comenzar si quisieran ser candidatos o candidatas. Eso es lo que quieren cambiar.
“El presente proyecto de ley busca levantar dichas inhabilidades, a fin de que sea la ciudadanía quien pueda libremente, determinar a sus autoridades”, dice el texto de la moción.
En esa línea, la propuesta apunta a que alcaldes, concejales y consejeros regionales -especialmente aquellos que están imposibilitados de ir a la reelección- puedan mantener sus cargos hasta el momento de inscribir sus candidaturas, “a fin de favorecer su participación en política y fortalecer el sistema democrático mediante una mayor competencia”. Sin embargo, no es la única iniciativa que va en la misma senda.
Parlamentarios de Renovación Nacional junto al diputado Gabriel Silber (DC) ingresaron el viernes previo al plebiscito un proyecto para eliminar de forma excepcional para las elecciones de 2021, la misma restricción de alcaldes y concejales para postularse como diputados, senadores, gobernadores o consejeros regionales, aunque sólo para aquellos que no podrán ir a la reelección. Este proyecto también contaba con el patrocinio del gobierno, al igual que otros dos a los que se le puso suma urgencia para su tramitación.
DISCUSIÓN POCO AUSPICIOSA
Precisamente esas dos últimas iniciativas, ambas presentadas en 2019, fueron discutidas el miércoles 28 de octubre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados (ver proyecto 1 y proyecto 2). Las dos fueron presentadas por Pepe Auth junto a parlamentarios de distintos partidos. Pero en ese debate ya se vislumbra el rechazo. De hecho, el mismo Auth anunció que no apoyará sus propios proyectos.
“Desaconsejo que resolvamos estas cuestiones en la víspera del cambio constitucional, por un lado, y de las elecciones, porque podría ser entendido, con cierto fundamento, que está hecho para arreglarles la situación a ciertas personas. Yo, de antemano, digo que voy a votar en contra en la sala de cualquier proyecto que resuelva el ‘problema’ de un grupo específico, y me refiero a los alcaldes y concejales”, dijo el diputado independiente, según consignó Radio Bío Bío.
Por su parte, Celis señaló que “frente al ejercicio democrático del domingo pasado, donde ganó el Apruebo y la Convención Constitucional, y se inicia el proceso constituyente, es absolutamente inconveniente, incluso hasta imprudente, solamente votar a favor de un proyecto de ley que no va en sintonía con lo que la ciudadanía hoy nos demanda (…) Estas iniciativas no tienen ninguna razón de ser y estoy convencido de que no se van a aprobar o no van a contar con el quórum necesario en la sala”.
Durante esta semana la Comisión de Constitución verá también las otras iniciativas que van en esta misma línea.
Publicado originalmente en Contexto Factual (02/11/2020)
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