Si la Convención Constitucional fuera realmente representativa en términos de género, no sería paritaria. Según los datos del Censo 2017, hay más mujeres que hombres en Chile, por lo que la balanza estaría cargada al lado de ellas. Entonces, siguiendo la proporción, el órgano encargado de redactar la propuesta para una nueva Constitución debiera estar compuesto por 82 convencionales de sexo femenino y 73 de sexo masculino, y al menos dos serían parte de la comunidad LGBTIQ+.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó el equipo del Centro Producción del Espacio (CPE), de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Las Américas. Si bien su foco de trabajo, de acuerdo con su sitio web, es “investigar la ciudad y sus dinámicas socio-espaciales para generar diagnósticos capaces de incidir en la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados”, el 11 de noviembre publicaron un estudio para responder una pregunta relacionada al proceso constituyente que está en curso: ¿quiénes debieran integrar la Convención para que ésta sea representativa?
Para ello, los investigadores recurrieron a distintas fuentes de información: el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); la Encuesta CASEN 2017, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social; la Encuesta Bicentenario UC, desarrollada por la Universidad Católica en 2019; y el Servicio Nacional de la Discapacidad. A partir de esos datos demográficos, el CPE realizó una aproximación cuantitativa con el fin de comprender, a partir de diferentes variables, cuál sería “la composición idónea y representativa de la Convención Constitucional, y los resultados debieran ser atendidos a la hora de conformar las listas de candidatos/as”.
“Asumimos que el proceso debiera ser pensado, debatido y consensuado por un grupo que sea reflejo de nuestra realidad social, no sólo pensando en lo que somos sino también en lo que queremos ser, porque lo que la ciudadanía ha puesto en cuestión es la legitimidad misma del orden social”, dice la publicación que da cuenta de los resultados del estudio.
No sólo calcularon cuál sería la composición representativa en cuanto a género.
El fin de semana pasado, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, planteó en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13 que también deberían asignarse escaños reservados para las iglesias evangélicas. Más allá de si es o no conveniente una medida como esa, el CPE también consideró en su análisis los datos oficiales respecto a la identificación de la ciudadanía con distintos cultos religiosos. Con ese criterio, en la Convención debieran haber 70 convencionales católicos, 50 agnósticos y ateos y 28 evangélicos. Como son 155 los cupos disponibles, quedarían otros ocho asientos vacantes para representantes que profesen otra religión o creencia.
Si la distribución de escaños dependiera de criterios socioeconómicos, seis de cada 10 convencionales provendrían de hogares con ingresos per cápita menores a los $253.300, es decir, les corresponderían 93 escaños. Los otros 62 cupos se repartirían mitad y mitad entre los que reciben menos de $433.332 y los que obtienen más que eso. Sólo 30 tendrían estudios universitarios, 58 no habrían cursado la educación media y seis serían analfabetos. Al menos 32 vivirían en situación de pobreza multidimensional y el 80% cotizaría en Fonasa. 13 formarían parte de hogares donde hay hacinamiento, 11 serían allegados, 10 vendrían de lugares donde el acceso al agua potable es deficitario y al menos una persona sería poblador o pobladora de un campamento.
Los partidos políticos tendrían una participación minoritaria: apenas cinco convencionales serían militantes. Sí habría siete funcionarios públicos y 35 trabajadores no calificados. Siete serían migrantes y 26 estarían en situación de discapacidad.
Habría más personas solteras que casadas, divorciadas o viudas. Y si se permitiera la participación de menores de edad, serían 36 los que llegarían a la Convención, mientras que sólo 20 serían adultos mayores.
Los pueblos originarios no fueron considerados en el estudio porque, si se aprueba el proyecto que les otorga escaños reservados, ya tendrían cupos en la Convención. Eso sí, aunque la propuesta que el Senado deberá votar contempla agregar 24 cupos supernumerarios, según dice la publicación del CPE, bajo los criterios de su análisis sus asientos debiesen ser al menos 16.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó el equipo del Centro Producción del Espacio (CPE), de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Las Américas. Si bien su foco de trabajo, de acuerdo con su sitio web, es “investigar la ciudad y sus dinámicas socio-espaciales para generar diagnósticos capaces de incidir en la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados”, el 11 de noviembre publicaron un estudio para responder una pregunta relacionada al proceso constituyente que está en curso: ¿quiénes debieran integrar la Convención para que ésta sea representativa?
Para ello, los investigadores recurrieron a distintas fuentes de información: el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); la Encuesta CASEN 2017, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social; la Encuesta Bicentenario UC, desarrollada por la Universidad Católica en 2019; y el Servicio Nacional de la Discapacidad. A partir de esos datos demográficos, el CPE realizó una aproximación cuantitativa con el fin de comprender, a partir de diferentes variables, cuál sería “la composición idónea y representativa de la Convención Constitucional, y los resultados debieran ser atendidos a la hora de conformar las listas de candidatos/as”.
“Asumimos que el proceso debiera ser pensado, debatido y consensuado por un grupo que sea reflejo de nuestra realidad social, no sólo pensando en lo que somos sino también en lo que queremos ser, porque lo que la ciudadanía ha puesto en cuestión es la legitimidad misma del orden social”, dice la publicación que da cuenta de los resultados del estudio.
No sólo calcularon cuál sería la composición representativa en cuanto a género.
El fin de semana pasado, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, planteó en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13 que también deberían asignarse escaños reservados para las iglesias evangélicas. Más allá de si es o no conveniente una medida como esa, el CPE también consideró en su análisis los datos oficiales respecto a la identificación de la ciudadanía con distintos cultos religiosos. Con ese criterio, en la Convención debieran haber 70 convencionales católicos, 50 agnósticos y ateos y 28 evangélicos. Como son 155 los cupos disponibles, quedarían otros ocho asientos vacantes para representantes que profesen otra religión o creencia.
Si la distribución de escaños dependiera de criterios socioeconómicos, seis de cada 10 convencionales provendrían de hogares con ingresos per cápita menores a los $253.300, es decir, les corresponderían 93 escaños. Los otros 62 cupos se repartirían mitad y mitad entre los que reciben menos de $433.332 y los que obtienen más que eso. Sólo 30 tendrían estudios universitarios, 58 no habrían cursado la educación media y seis serían analfabetos. Al menos 32 vivirían en situación de pobreza multidimensional y el 80% cotizaría en Fonasa. 13 formarían parte de hogares donde hay hacinamiento, 11 serían allegados, 10 vendrían de lugares donde el acceso al agua potable es deficitario y al menos una persona sería poblador o pobladora de un campamento.
Los partidos políticos tendrían una participación minoritaria: apenas cinco convencionales serían militantes. Sí habría siete funcionarios públicos y 35 trabajadores no calificados. Siete serían migrantes y 26 estarían en situación de discapacidad.
Habría más personas solteras que casadas, divorciadas o viudas. Y si se permitiera la participación de menores de edad, serían 36 los que llegarían a la Convención, mientras que sólo 20 serían adultos mayores.
Los pueblos originarios no fueron considerados en el estudio porque, si se aprueba el proyecto que les otorga escaños reservados, ya tendrían cupos en la Convención. Eso sí, aunque la propuesta que el Senado deberá votar contempla agregar 24 cupos supernumerarios, según dice la publicación del CPE, bajo los criterios de su análisis sus asientos debiesen ser al menos 16.
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