EL CHICO QUE CAE Y EL DEBATE SOBRE CÓMO ABORDAR CONSTITUCIONALMENTE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Un adolescente encapuchado cae de un puente al río Mapocho tras ser empujado por un carabinero. Lo dejaron ahí, inerte con el agua pasándole encima, sin socorrerlo. Luego, Carabineros habría intentado encubrir el hecho, simulando una detención. Con esa escena partió octubre, dando cuenta de que las violaciones a los derechos humanos en Chile siguen ocurriendo tal como hace unos meses ratificaron distintos informes internacionales. ¿Cómo debiera abordarse el tema en el debate constitucional? En este artículo de Contexto Factual, dos expertos plantean distintas vías que incluyen una comisión de verdad y reparación y una apertura al control democrático de Fuerzas Armadas y de Orden. La caída se ve desde distintos ángulos. Desde una cámara que lo grabó directamente hasta otra de seguridad que lo captó desde las alturas, y en todas se puede ver -unas con más, otras con menos detalle- que a A.A., de 16 años, lo empujaron desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho. Mientras escapaba junto a la turba en medio de una manifestación, un carabinero se abalanzó sobre él y lo embistió contra la baranda. Con la velocidad que llevaba, él no pudo reaccionar. Y también hay fotos que circulan en redes sociales y medios de comunicación que muestran al joven ahí tirado sobre el piso duro por donde circula el agua, mientras el caudal sigue su curso.
Fue el viernes 2, cuando partía octubre. El Ministerio Público, encabezado por la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, identificó al carabinero como Sebastián Zamora y lo formalizó ese mismo fin de semana por homicidio frustrado.
“El funcionario de carabineros no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída. Asimismo, tras constatar lo referido y observar a la víctima boca abajo e inmóvil, junto al resto de los funcionarios se retira del lugar”, expuso Chong ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
En esa misma instancia surgieron antecedentes que hacen incluso más grave lo que sucedió: Carabineros, de acuerdo con lo que señaló la fiscal, habría intentado encubrir el hecho al registrar una supuesta detención que nunca fue. Por eso la investigación se amplió para determinar la responsabilidad de otros efectivos policiales en el supuesto encubrimiento.
Todo lo anterior sella el inicio de un mes marcado por dos grandes eventos: el primer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019 y la realización del plebiscito para una nueva Constitución. Ambos están estrechamente ligados. De hecho, el plebiscito y el proceso constituyente en su conjunto surgen precisamente a partir de las demandas ciudadanas que estallaron en las calles en octubre del año pasado, como una vía institucional y política para alcanzar la paz social, lo que incluso le significó al país pasar de ser considerado una “democracia defectuosa” a una “plena”, según el último reporte sobre índices de democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit.
Sin embargo, en paralelo, Chile se situó ante la comunidad internacional como un país donde se violan los derechos humanos. De ello dan cuenta sendos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas (ver informe), de Amnistía Internacional (ver informe), de Human Rights Watch (ver informe) y de la Comisión Interamericana de DD.HH. (ver informe). También están los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta septiembre registraba más de 2.499 querellas presentadas en todo el país por delitos cometidos por agentes del Estado a partir del estallido de octubre. Sólo 28 causas están formalizadas.
El detalle es escabroso. Homicidios, torturas, lesiones, violencia sexual, apremios ilegítimos, disparos injustificados, uso excesivo de la fuerza y más. Hay gente que quedó ciega producto de la represión, o incluso postrada, otros murieron. Y hay otros episodios que ahí no se cuentan, los que venían de antes: el montaje orquestado por Carabineros para espiar y apresar comuneros mapuche, conocido como la Operación Huracán, y el encubrimiento que vino tras el asesinato por la espalda de Camilo Catrillanca a manos de un miembro del GOPE, en Temucuicui, aquel que intentaron hacer pasar como un supuesto enfrentamiento.
El caso de A.A. viene a ser una nueva gota en un vaso que ya hace un buen tiempo rebalsó. Se ha discutido ampliamente sobre las medidas a tomar, entre ellas se ha planteado incluso reformular Carabineros por completo, sin que haya todavía un acuerdo por parte de las autoridades.
En ese sentido, en medio del debate constitucional, hay quienes creen que si se aprueba redactar una nueva Carta Fundamental, puede ser una oportunidad para establecer cambios de fondo que permitan tomar acciones que apunten a evitar los abusos por parte del Estado. A continuación, Contexto Factual presenta dos miradas distintas sobre cómo abordar las violaciones que hoy se ven a los derechos humanos en el debate constitucional.
Fue el viernes 2, cuando partía octubre. El Ministerio Público, encabezado por la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, identificó al carabinero como Sebastián Zamora y lo formalizó ese mismo fin de semana por homicidio frustrado.
“El funcionario de carabineros no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída. Asimismo, tras constatar lo referido y observar a la víctima boca abajo e inmóvil, junto al resto de los funcionarios se retira del lugar”, expuso Chong ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
En esa misma instancia surgieron antecedentes que hacen incluso más grave lo que sucedió: Carabineros, de acuerdo con lo que señaló la fiscal, habría intentado encubrir el hecho al registrar una supuesta detención que nunca fue. Por eso la investigación se amplió para determinar la responsabilidad de otros efectivos policiales en el supuesto encubrimiento.
Todo lo anterior sella el inicio de un mes marcado por dos grandes eventos: el primer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019 y la realización del plebiscito para una nueva Constitución. Ambos están estrechamente ligados. De hecho, el plebiscito y el proceso constituyente en su conjunto surgen precisamente a partir de las demandas ciudadanas que estallaron en las calles en octubre del año pasado, como una vía institucional y política para alcanzar la paz social, lo que incluso le significó al país pasar de ser considerado una “democracia defectuosa” a una “plena”, según el último reporte sobre índices de democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit.
Sin embargo, en paralelo, Chile se situó ante la comunidad internacional como un país donde se violan los derechos humanos. De ello dan cuenta sendos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas (ver informe), de Amnistía Internacional (ver informe), de Human Rights Watch (ver informe) y de la Comisión Interamericana de DD.HH. (ver informe). También están los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta septiembre registraba más de 2.499 querellas presentadas en todo el país por delitos cometidos por agentes del Estado a partir del estallido de octubre. Sólo 28 causas están formalizadas.
El detalle es escabroso. Homicidios, torturas, lesiones, violencia sexual, apremios ilegítimos, disparos injustificados, uso excesivo de la fuerza y más. Hay gente que quedó ciega producto de la represión, o incluso postrada, otros murieron. Y hay otros episodios que ahí no se cuentan, los que venían de antes: el montaje orquestado por Carabineros para espiar y apresar comuneros mapuche, conocido como la Operación Huracán, y el encubrimiento que vino tras el asesinato por la espalda de Camilo Catrillanca a manos de un miembro del GOPE, en Temucuicui, aquel que intentaron hacer pasar como un supuesto enfrentamiento.
El caso de A.A. viene a ser una nueva gota en un vaso que ya hace un buen tiempo rebalsó. Se ha discutido ampliamente sobre las medidas a tomar, entre ellas se ha planteado incluso reformular Carabineros por completo, sin que haya todavía un acuerdo por parte de las autoridades.
En ese sentido, en medio del debate constitucional, hay quienes creen que si se aprueba redactar una nueva Carta Fundamental, puede ser una oportunidad para establecer cambios de fondo que permitan tomar acciones que apunten a evitar los abusos por parte del Estado. A continuación, Contexto Factual presenta dos miradas distintas sobre cómo abordar las violaciones que hoy se ven a los derechos humanos en el debate constitucional.
UNA COMISIÓN DE VERDAD Y LAS BASES DE UNA POLICÍA DESMILITARIZADA
Dice el artículo 19: “La Constitución asegura a todas las personas”. Lo que sigue es la enumeración de 26 derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar, y el primero en la lista es el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de cada individuo. Luego, sólo unas líneas más abajo, se señala que está prohibido cualquier tipo de apremio ilegítimo. Pero a veces es el mismo Estado el que vulnera esos principios que tiene por mandato proteger, el que quiebra ese pacto social básico (ver reportaje).
“Si no hubiera sido por la pandemia, lo que venía pasando con los derechos humanos no se hubiera interrumpido. Lo que vimos el viernes pasado es que esta es una cuestión que se puso en pausa forzadamente por la situación sanitaria, pero no ha habido ningún tipo de cambio sustantivo y la verdad es que no lo va a haber mientras no tomemos el problema en serio”, dice el abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, Jorge Contesse.
El también profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), cuenta que en el capítulo que escribió para el libro La hoja en blanco: claves para conversar sobre una nueva Constitución (ed. La Pollera, 2020), señala cómo podrían abordarse en el marco del proceso constituyente las reiteradas violaciones a los derechos de las personas que se llevaron a cabo tras el estallido social del 18 de octubre. Para él, la clave está en una comisión de verdad y reparación.
“¿Cómo nos hacemos cargo de una nueva etapa, de regulaciones constitucionales básicas que están teñidas por una situación de violaciones a los derechos humanos? No podemos separar lo que pasó de lo que va a pasar ahora. Por supuesto que el tema va a estar en la discusión de una nueva Constitución, pero este octubre nos está demostrando que no ha cambiado nada y la respuesta política sigue siendo insatisfactoria. Creo que tenemos que hacernos cargo de las dos cosas: las regulaciones específicas (sobre uso de la fuerza y carácter de las policías, Carabineros en particular) y algo que creo es más profundo y de largo aliento, donde necesitamos sumarnos todos para evaluar qué fue lo que sucedió y ver cómo lo reparamos”, plantea Contesse.
El académico asegura que los derechos humanos debieran ser un eje central de la discusión constituyente, y que en ese marco podría generarse una comisión de verdad y reparación que establezca una narrativa oficial respecto de las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, sin perjuicio de los canales judiciales. Su idea no es que la Convención -Mixta o Constitucional- deba hacerse cargo de eso, pero sí cree que podría dejar el encargo a través de una disposición transitoria donde se disponga la creación de una comisión de reparación. “Eso me parece posible: que no lo haga la Convención misma, pero que sí sea esa instancia la que tome la decisión constituyente y soberana que este nuevo comienzo se hace a partir de un respeto pleno de los derechos humanos”, sentencia.
Además, Contesse considera que la discusión constituyente es también una buena instancia para incluir la reforma de Carabineros y establecer como base un compromiso político de tener una policía que responda a estándares internacionales del uso de la fuerza y el respeto irrestricto a los derechos humanos, obligando así a los legisladores a materializarlo.
“Si no hubiera sido por la pandemia, lo que venía pasando con los derechos humanos no se hubiera interrumpido. Lo que vimos el viernes pasado es que esta es una cuestión que se puso en pausa forzadamente por la situación sanitaria, pero no ha habido ningún tipo de cambio sustantivo y la verdad es que no lo va a haber mientras no tomemos el problema en serio”, dice el abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, Jorge Contesse.
El también profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), cuenta que en el capítulo que escribió para el libro La hoja en blanco: claves para conversar sobre una nueva Constitución (ed. La Pollera, 2020), señala cómo podrían abordarse en el marco del proceso constituyente las reiteradas violaciones a los derechos de las personas que se llevaron a cabo tras el estallido social del 18 de octubre. Para él, la clave está en una comisión de verdad y reparación.
“¿Cómo nos hacemos cargo de una nueva etapa, de regulaciones constitucionales básicas que están teñidas por una situación de violaciones a los derechos humanos? No podemos separar lo que pasó de lo que va a pasar ahora. Por supuesto que el tema va a estar en la discusión de una nueva Constitución, pero este octubre nos está demostrando que no ha cambiado nada y la respuesta política sigue siendo insatisfactoria. Creo que tenemos que hacernos cargo de las dos cosas: las regulaciones específicas (sobre uso de la fuerza y carácter de las policías, Carabineros en particular) y algo que creo es más profundo y de largo aliento, donde necesitamos sumarnos todos para evaluar qué fue lo que sucedió y ver cómo lo reparamos”, plantea Contesse.
El académico asegura que los derechos humanos debieran ser un eje central de la discusión constituyente, y que en ese marco podría generarse una comisión de verdad y reparación que establezca una narrativa oficial respecto de las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, sin perjuicio de los canales judiciales. Su idea no es que la Convención -Mixta o Constitucional- deba hacerse cargo de eso, pero sí cree que podría dejar el encargo a través de una disposición transitoria donde se disponga la creación de una comisión de reparación. “Eso me parece posible: que no lo haga la Convención misma, pero que sí sea esa instancia la que tome la decisión constituyente y soberana que este nuevo comienzo se hace a partir de un respeto pleno de los derechos humanos”, sentencia.
Además, Contesse considera que la discusión constituyente es también una buena instancia para incluir la reforma de Carabineros y establecer como base un compromiso político de tener una policía que responda a estándares internacionales del uso de la fuerza y el respeto irrestricto a los derechos humanos, obligando así a los legisladores a materializarlo.
ABRIR EL CONTROL DEMOCRÁTICO A LAS FF.AA. Y DE ORDEN
Domingo Lovera, abogado y colega de Contesse en la UDP, no está de acuerdo y, a su juicio, “es muy poco lo que se puede hacer desde el ámbito constitucional para evitar las violaciones a los derechos humanos”.
El académico dice que, en general, la Constitución no se involucra de forma detallada en estas materias tan específicas. Que aunque establece acciones de protección de derechos, como la acción de protección o de amparo cuando alguno se ve vulnerado, respecto a las violaciones a los derechos humanos que se ven hoy en día “no es algo que la Constitución pueda decir mucho”. Pero eso no significa que el tema quede fuera de discusión.
Lovera plantea que el régimen constitucional vigente entrega demasiadas atribuciones autónomas a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de Seguridad Pública, que todo eso está en el capítulo XI de la Carta Fundamental, y que eso sí se puede cambiar.
“Por ahí se podría entrar, de manera que esas fuerzas puedan ser objeto de escrutinio público, que se puedan regular sus jefaturas con mayor control democrático y mayor transparencia, pero es una entrada indirecta para hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos que vemos hoy. Desconstitucionalizar las FF.AA. y de Seguridad Pública podría permitir que estén más sujetas a controles democráticos, pero de eso no se sigue que haya una fiscalización o una intervención directa para evitar que violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Eso depende de una serie de circunstancias. En parte, de que finalmente se apliquen las regulaciones. Por eso digo que son medidas de carácter indirecto, que inciden en el tipo de institucionalidad de FF.AA. y de Seguridad que tenemos, pero respecto al caso particular como el que vimos el viernes 2 de octubre, ¿la Constitución puede decir algo? La respuesta es no”.
El académico dice que, en general, la Constitución no se involucra de forma detallada en estas materias tan específicas. Que aunque establece acciones de protección de derechos, como la acción de protección o de amparo cuando alguno se ve vulnerado, respecto a las violaciones a los derechos humanos que se ven hoy en día “no es algo que la Constitución pueda decir mucho”. Pero eso no significa que el tema quede fuera de discusión.
Lovera plantea que el régimen constitucional vigente entrega demasiadas atribuciones autónomas a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de Seguridad Pública, que todo eso está en el capítulo XI de la Carta Fundamental, y que eso sí se puede cambiar.
“Por ahí se podría entrar, de manera que esas fuerzas puedan ser objeto de escrutinio público, que se puedan regular sus jefaturas con mayor control democrático y mayor transparencia, pero es una entrada indirecta para hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos que vemos hoy. Desconstitucionalizar las FF.AA. y de Seguridad Pública podría permitir que estén más sujetas a controles democráticos, pero de eso no se sigue que haya una fiscalización o una intervención directa para evitar que violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Eso depende de una serie de circunstancias. En parte, de que finalmente se apliquen las regulaciones. Por eso digo que son medidas de carácter indirecto, que inciden en el tipo de institucionalidad de FF.AA. y de Seguridad que tenemos, pero respecto al caso particular como el que vimos el viernes 2 de octubre, ¿la Constitución puede decir algo? La respuesta es no”.
Publicado originalmente en Contexto Factual (07/10/2020)
Comentarios