El senador Jaime Quintana (PPD) estaba en sus últimos días como presidente del Senado cuando, en una entrevista que dio a La Tercera, planteó algo que se convirtió en una bomba política: “Si [el Presidente] Piñera quiere seguir gobernando, debe pasar a una segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”.
Era mediados de marzo de 2020, y el balance que hacía el parlamentario era lapidario: a su juicio, el gobierno no había sido capaz de manejar la crisis desatada por el estallido social del 18 de octubre de 2019. Decía que Sebastián Piñera no comprendía que Chile había cambiado, que debía modificar las prioridades y no seguir impulsando la misma agenda que tenía cuando llegó a La Moneda. Por eso, planteaba que el Ejecutivo tenía que empezar a “compartir responsabilidades” y ceder parte de sus atribuciones al Congreso, principalmente en cuanto a priorizar urgencias legislativas y presentar iniciativas que, según la Constitución, son exclusivas del Presidente.
No hablaba de hacer reformas constitucionales ni modificar las leyes, sino de “ir avanzando en los hechos”.
El oficialismo en bloque salió a responderle. El senador Francisco Chahuán (RN), por ejemplo, lo calificó como una “frase desafortunada” y señaló que le parecía “absolutamente irresponsable”. Por su parte, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que “eso es bien impresentable. Es decirle hoy al Presidente ‘sabe que más, deje de gobernar y deje que hoy la oposición, que somos mayoría en el Congreso, gobernemos nosotros’”.
Después de eso, vino la otra crisis, la del Covid-19. Pasó marzo, abril, mayo, junio y julio, y entre medio, una serie de proyectos de ley que abrieron una pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por lo que se ha considerado una “oleada” de iniciativas que supuestamente vulnerarían las atribuciones constitucionales de cada uno (ver reportaje). Y en esa guerra, el proyecto por el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones fue una de las principales batallas.
Fue al referirse a ese proyecto que, el 19 de julio, en el programa Mesa Central de T13, Van Rysselberghe aseguró que eso que hace meses consideraba “impresentable”, hoy lo veía en práctica: “Una de las cosas que nos molesta de este proyecto es que, en el fondo, estamos cayendo en un parlamentarismo de facto. Nadie discute que hay que ayudar a la clase media, pero no podemos cambiar las reglas del juego”.
¿Es posible que hoy en Chile, donde el régimen de gobierno es presidencialista, se esté experimentando un “parlamentarismo de facto”? Contexto Factual consultó con expertos constitucionalistas para saber qué es lo que implica y despejar si efectivamente, en los hechos, está cambiando la forma en que se equilibran los poderes del Estado.
Era mediados de marzo de 2020, y el balance que hacía el parlamentario era lapidario: a su juicio, el gobierno no había sido capaz de manejar la crisis desatada por el estallido social del 18 de octubre de 2019. Decía que Sebastián Piñera no comprendía que Chile había cambiado, que debía modificar las prioridades y no seguir impulsando la misma agenda que tenía cuando llegó a La Moneda. Por eso, planteaba que el Ejecutivo tenía que empezar a “compartir responsabilidades” y ceder parte de sus atribuciones al Congreso, principalmente en cuanto a priorizar urgencias legislativas y presentar iniciativas que, según la Constitución, son exclusivas del Presidente.
No hablaba de hacer reformas constitucionales ni modificar las leyes, sino de “ir avanzando en los hechos”.
El oficialismo en bloque salió a responderle. El senador Francisco Chahuán (RN), por ejemplo, lo calificó como una “frase desafortunada” y señaló que le parecía “absolutamente irresponsable”. Por su parte, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que “eso es bien impresentable. Es decirle hoy al Presidente ‘sabe que más, deje de gobernar y deje que hoy la oposición, que somos mayoría en el Congreso, gobernemos nosotros’”.
Después de eso, vino la otra crisis, la del Covid-19. Pasó marzo, abril, mayo, junio y julio, y entre medio, una serie de proyectos de ley que abrieron una pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por lo que se ha considerado una “oleada” de iniciativas que supuestamente vulnerarían las atribuciones constitucionales de cada uno (ver reportaje). Y en esa guerra, el proyecto por el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones fue una de las principales batallas.
Fue al referirse a ese proyecto que, el 19 de julio, en el programa Mesa Central de T13, Van Rysselberghe aseguró que eso que hace meses consideraba “impresentable”, hoy lo veía en práctica: “Una de las cosas que nos molesta de este proyecto es que, en el fondo, estamos cayendo en un parlamentarismo de facto. Nadie discute que hay que ayudar a la clase media, pero no podemos cambiar las reglas del juego”.
¿Es posible que hoy en Chile, donde el régimen de gobierno es presidencialista, se esté experimentando un “parlamentarismo de facto”? Contexto Factual consultó con expertos constitucionalistas para saber qué es lo que implica y despejar si efectivamente, en los hechos, está cambiando la forma en que se equilibran los poderes del Estado.
PODERES EN PUGNA
“Primero hay que entender qué es el parlamentarismo: es un sistema en que los parlamentarios eligen al jefe de gobierno, mientras que el presidencialismo es aquel en que la ciudadanía elige directamente al Presidente de la República, quien es el jefe de gobierno. En ese sentido, lo que aquí vemos es una tendencia que ni siquiera se ha consolidado, ante una situación excepcional como es la pandemia por Covid-19, donde debido a la desesperación de la ciudadanía y de los parlamentarios frente a lo que ha sido visto como una débil o poco ágil entrega de ayuda a la clase media, se llegó a una situación que es poco habitual: presentar una reforma constitucional para legislar un tema que es materia de ley. Pero una golondrina no hace verano”, señala Javier Couso, investigador adjunto de COES y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP).
El constitucionalista considera que es errado señalar que en Chile hoy se esté “cayendo en un parlamentarismo de facto”, como aseguró Van Rysselberghe, algo que Couso califica como “una frase grandilocuente”. Según él, lo que sí ha ocurrido es una relajación del control de la atribución exclusiva presidencial respecto a proyectos de ley que irrogan gasto público o que tratan temas de seguridad social. Pero que el Presidente, de acuerdo a las atribuciones que la misma Constitución le otorga, sigue teniendo herramientas para ejercer su rol, como el poder de veto y los requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC).
Algo similar plantea Tomás Jordán, quien fuera coordinador del proceso constituyente desarrollado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
“Claramente no es así. Lo que hay es una tensión entre un presidencialismo que está en crisis, debilitado y con doble minoría en el Congreso; una pugna entre las atribuciones presidenciales y las que la Constitución le otorga al Parlamento. ¿Qué significa eso? Que frente a un Ejecutivo que desde el estallido social en adelante está débil, el Congreso ha tenido que suplir desde sus propias facultades la falta de iniciativas. Pero eso ni de lejos ni de cerca es un parlamentarismo de cualquier tipo”, dice Jordán.
El abogado explica que para que eso llegara a pasar, la mayoría parlamentaria tendría que tomar las riendas del poder Ejecutivo, y que eso no ha ocurrido, sino que frente a una coyuntura específica, el poder Legislativo ha utilizado herramientas legales y constitucionales para intentar llevar a cabo cuestiones que están dentro de su ámbito de competencia. “Pero es una tensión o una pugna que se ha dado en todo minuto dentro del marco constitucional respecto a las atribuciones, por lo tanto, estamos todavía 100% dentro del presidencialismo”, concluye.
El constitucionalista considera que es errado señalar que en Chile hoy se esté “cayendo en un parlamentarismo de facto”, como aseguró Van Rysselberghe, algo que Couso califica como “una frase grandilocuente”. Según él, lo que sí ha ocurrido es una relajación del control de la atribución exclusiva presidencial respecto a proyectos de ley que irrogan gasto público o que tratan temas de seguridad social. Pero que el Presidente, de acuerdo a las atribuciones que la misma Constitución le otorga, sigue teniendo herramientas para ejercer su rol, como el poder de veto y los requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC).
Algo similar plantea Tomás Jordán, quien fuera coordinador del proceso constituyente desarrollado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
“Claramente no es así. Lo que hay es una tensión entre un presidencialismo que está en crisis, debilitado y con doble minoría en el Congreso; una pugna entre las atribuciones presidenciales y las que la Constitución le otorga al Parlamento. ¿Qué significa eso? Que frente a un Ejecutivo que desde el estallido social en adelante está débil, el Congreso ha tenido que suplir desde sus propias facultades la falta de iniciativas. Pero eso ni de lejos ni de cerca es un parlamentarismo de cualquier tipo”, dice Jordán.
El abogado explica que para que eso llegara a pasar, la mayoría parlamentaria tendría que tomar las riendas del poder Ejecutivo, y que eso no ha ocurrido, sino que frente a una coyuntura específica, el poder Legislativo ha utilizado herramientas legales y constitucionales para intentar llevar a cabo cuestiones que están dentro de su ámbito de competencia. “Pero es una tensión o una pugna que se ha dado en todo minuto dentro del marco constitucional respecto a las atribuciones, por lo tanto, estamos todavía 100% dentro del presidencialismo”, concluye.
Publicado originalmente en Contexto Factual (22/9/2020)
Comentarios