Sobre cambiar las reglas del voto para el plebiscito, ya no hay mucho por hacer. El gobierno se ha negado a impulsar modificaciones que permitan que las miles de personas que no podrán sufragar el 25 de octubre por estar con contagios activos de Covid-19 o ser contacto estrecho de alguien enfermo, argumentando falta de tiempo. Pero para las elecciones que vienen después, el escenario podría ser otro.
El lunes 7 de septiembre, se discutía en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados uno de los últimos proyectos de ley ingresados en el último tiempo que buscan modificar de alguna forma los mecanismos ya establecidos para ejercer el derecho a voto. En particular, se trataba de una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Constitucional (LOC) sobre votaciones populares y escrutinios con el fin de habilitar el voto mediante correo para personas que, por distintas razones, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación.
A la sesión fue invitado el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quien se refirió a las propuestas que se han puesto sobre la mesa y sus dificultades: “El voto anticipado no resolverá la situación porque las personas (igual) se deberían desplazar; en el sufragio vía correo se podría correr el riesgo de que estos se perdieran, y en el caso de las urnas a domicilio, tiene sus complejidades”.
Pero también agregó una apertura desde el Ejecutivo para trabajar en cambios que se puedan aplicar para las elecciones que vienen, partiendo por la del 11 de abril de 2021, cuando -si no se altera el cronograma vigente- la ciudadanía deberá acudir a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y, si gana el Apruebo en el plebiscito, a los integrantes del órgano constituyente, los convencionales.
“Quiero proponerles derechamente que trabajemos ya, que nos pongamos plazos y que convoquemos al Servicio Electoral. Yo creo que Paricio Santamaría también lo ha señalado: tengamos una propuesta que nos lleve y nos permita poder resolver esto mediante indicaciones al proyecto de los parlamentarios que han señalado y poderlo llevar adelante”, dijo.
Desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, ha ingresado a trámite en el Congreso al menos ocho proyectos que buscan cambiar el sistema de elecciones vigente. Algunos buscan volver al voto obligatorio, otros establecer un piso mínimo de participación para que los resultados electorales sean vinculantes y están también los que pretenden abrir los mecanismos disponibles para emitir el sufragio, y así garantizar el ejercicio del derecho democrático a distintos grupos que se encuentran imposibilitados de asistir presencialmente a las urnas.
A continuación, Contexto Factual expone los pilares de cada uno de ellos y su estado de tramitación, para así conocer qué propuestas podrían incidir en cómo los chilenos y chilenas participan en la vida política.
El lunes 7 de septiembre, se discutía en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados uno de los últimos proyectos de ley ingresados en el último tiempo que buscan modificar de alguna forma los mecanismos ya establecidos para ejercer el derecho a voto. En particular, se trataba de una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Constitucional (LOC) sobre votaciones populares y escrutinios con el fin de habilitar el voto mediante correo para personas que, por distintas razones, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación.
A la sesión fue invitado el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quien se refirió a las propuestas que se han puesto sobre la mesa y sus dificultades: “El voto anticipado no resolverá la situación porque las personas (igual) se deberían desplazar; en el sufragio vía correo se podría correr el riesgo de que estos se perdieran, y en el caso de las urnas a domicilio, tiene sus complejidades”.
Pero también agregó una apertura desde el Ejecutivo para trabajar en cambios que se puedan aplicar para las elecciones que vienen, partiendo por la del 11 de abril de 2021, cuando -si no se altera el cronograma vigente- la ciudadanía deberá acudir a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y, si gana el Apruebo en el plebiscito, a los integrantes del órgano constituyente, los convencionales.
“Quiero proponerles derechamente que trabajemos ya, que nos pongamos plazos y que convoquemos al Servicio Electoral. Yo creo que Paricio Santamaría también lo ha señalado: tengamos una propuesta que nos lleve y nos permita poder resolver esto mediante indicaciones al proyecto de los parlamentarios que han señalado y poderlo llevar adelante”, dijo.
Desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, ha ingresado a trámite en el Congreso al menos ocho proyectos que buscan cambiar el sistema de elecciones vigente. Algunos buscan volver al voto obligatorio, otros establecer un piso mínimo de participación para que los resultados electorales sean vinculantes y están también los que pretenden abrir los mecanismos disponibles para emitir el sufragio, y así garantizar el ejercicio del derecho democrático a distintos grupos que se encuentran imposibilitados de asistir presencialmente a las urnas.
A continuación, Contexto Factual expone los pilares de cada uno de ellos y su estado de tramitación, para así conocer qué propuestas podrían incidir en cómo los chilenos y chilenas participan en la vida política.
GARANTIZAR EL VOTO A LOS CONTAGIADOS DE COVID-19
Fue el último proyecto de este tipo que, a la fecha, ingresó al Parlamento. ¿La fecha? El 1 de septiembre de 2020. La iniciativa fue impulsada por las senadoras Carmen Gloria Aravena (Evópoli) y Yasna Provoste (DC), y sus pares masculinos Carlos Bianchi (Ind.) y Francisco Huenchumilla (DC), quienes a través de ella pretenden modificar la Constitución y así garantizar que para el plebiscito del 25 de octubre “las personas que deban cumplir con medidas obligatorias de aislamiento o cuarentena de acuerdo a las disposiciones sanitarias establecidas por la autoridad pública, podrán ejercer su derecho a sufragio desde sus respectivos domicilios o lugar de cumplimiento de dichas medidas, o a través de un sistema electrónico”.
Como fundamento, los parlamentarios señalan que “el derecho a sufragio es una condición esencial de todo sistema democrático. Actualmente, 43 países han realizado elecciones entre enero y junio de este año, durante el desarrollo de la pandemia mundial. Dentro de las diversas medidas que se han tomado para la realización de dichas elecciones en este contexto, se encuentra el desarrollo de un sistema móvil de votación para personas incapacitadas para asistir a votar (Rusia), políticas de acercamiento a locales de votación a personas en cuarentena (Francia), y la conducción de personas con una temperatura superior a 37,5° a lugares especiales para votar (Corea del Sur)”.
Respecto a lo anterior, indican que en Chile no hay ninguna disposición constitucional que prohíba el voto a las personas contagiadas con coronavirus ni con ninguna otra enfermedad. “Por tanto, la conclusión inequívoca a este respecto es que todo ciudadano que cumpla con los requisitos para ejercer el derecho a sufragio conforme a nuestra Carta Fundamental puede ejercer su derecho a voto, con independencia de la existencia o no de contagios por algún tipo de enfermedad”, señalan en la moción.
En su propuesta, los senadores y senadoras proponen que sea el Servicio Electoral (Servel) el que en un plazo de cinco días a contar desde una eventual promulgación de la reforma, dicte un reglamento para asegurar el ejercicio del derecho a sufragio de estas personas, pudiendo habilitar a funcionarios del mismo servicio para concurrir a sus domicilios o lugares donde estén cumpliendo cuarentena y disponer los medios tecnológicos adecuados para la emisión del voto por vía electrónica.
Otra iniciativa que apunta a lo mismo es la que ingresó en solitario el 26 de agosto el senador Francisco Chahuán (RN), aunque lo suyo es aún más específico y acotado: cambiar la Constitución para permitir el voto postal para los contagiados con Covid en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Cómo se implementaría? No lo plantea, sino que delega en el Servel la toma de decisiones al respecto, “en uso de sus atribuciones”.
El proyecto se encuentra en su primera etapa de tramitación.
Como fundamento, los parlamentarios señalan que “el derecho a sufragio es una condición esencial de todo sistema democrático. Actualmente, 43 países han realizado elecciones entre enero y junio de este año, durante el desarrollo de la pandemia mundial. Dentro de las diversas medidas que se han tomado para la realización de dichas elecciones en este contexto, se encuentra el desarrollo de un sistema móvil de votación para personas incapacitadas para asistir a votar (Rusia), políticas de acercamiento a locales de votación a personas en cuarentena (Francia), y la conducción de personas con una temperatura superior a 37,5° a lugares especiales para votar (Corea del Sur)”.
Respecto a lo anterior, indican que en Chile no hay ninguna disposición constitucional que prohíba el voto a las personas contagiadas con coronavirus ni con ninguna otra enfermedad. “Por tanto, la conclusión inequívoca a este respecto es que todo ciudadano que cumpla con los requisitos para ejercer el derecho a sufragio conforme a nuestra Carta Fundamental puede ejercer su derecho a voto, con independencia de la existencia o no de contagios por algún tipo de enfermedad”, señalan en la moción.
En su propuesta, los senadores y senadoras proponen que sea el Servicio Electoral (Servel) el que en un plazo de cinco días a contar desde una eventual promulgación de la reforma, dicte un reglamento para asegurar el ejercicio del derecho a sufragio de estas personas, pudiendo habilitar a funcionarios del mismo servicio para concurrir a sus domicilios o lugares donde estén cumpliendo cuarentena y disponer los medios tecnológicos adecuados para la emisión del voto por vía electrónica.
Otra iniciativa que apunta a lo mismo es la que ingresó en solitario el 26 de agosto el senador Francisco Chahuán (RN), aunque lo suyo es aún más específico y acotado: cambiar la Constitución para permitir el voto postal para los contagiados con Covid en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Cómo se implementaría? No lo plantea, sino que delega en el Servel la toma de decisiones al respecto, “en uso de sus atribuciones”.
El proyecto se encuentra en su primera etapa de tramitación.
VOTO INCLUSIVO, MÁS ALLÁ DEL CORONAVIRUS
La propuesta que presentaron el 19 de agosto seis diputadas y un diputado para abrir el abanico de mecanismos de votación, no se circunscribe a sólo solucionar el problema ocasionado con la pandemia. No, apunta a algo más de fondo y central en las elecciones en Chile, incluso en la era pre-Covid: el abstencionismo electoral y sus efectos sobre el sistema democrático.
“Se torna vital plantearnos otras alternativas para ampliar las posibilidades de votación en tiempos donde Chile presenta síntomas severos de una crisis de representatividad justo en medio de la pandemia más devastadora del último siglo. (…) Los datos actualmente son reveladores de lo anterior, por cuanto según
antecedentes del Servel, en las Municipales del año 2016 de un total de 14.121.316 inscritos, votaron 4.926.935 (34,89%). Asimismo, en la última elección presidencial del año 2017 en la primera vuelta de un total de 14.347.288 inscritos, votaron 6.703.327 (46,72%) y en la segunda vuelta votaron 7.032.878 (49,02%)”, señalan los autores en la moción de ingreso.
Ese fue el proyecto que se discutía el 7 de septiembre en el Congreso con la presencia del ministro Monckeberg, como se señaló al comienzo de este artículo.
La propuesta, al igual que otras, se centra en el voto postal como mecanismo para facilitar el voto, pero se diferencia de las ya señaladas en que abarca un espectro mucho más amplio: adultos y adultas mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, hospitalizados de cualquier edad, gente en cuarentena por motivos de salud, personas que estén en grupo de riesgo y aquellas que se encuentren privadas de libertad. Para todas ellas -propone la moción- “el Servicio Electoral podrá facilitar
el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile”.
A diferencia de las iniciativas anteriores, esta no sólo apunta a las elecciones en contexto de pandemia, sino que instalar la opción del voto por correo como mecanismo permanente en el sistema electoral chileno. También apenas está comenzando su tramitación.
“Se torna vital plantearnos otras alternativas para ampliar las posibilidades de votación en tiempos donde Chile presenta síntomas severos de una crisis de representatividad justo en medio de la pandemia más devastadora del último siglo. (…) Los datos actualmente son reveladores de lo anterior, por cuanto según
antecedentes del Servel, en las Municipales del año 2016 de un total de 14.121.316 inscritos, votaron 4.926.935 (34,89%). Asimismo, en la última elección presidencial del año 2017 en la primera vuelta de un total de 14.347.288 inscritos, votaron 6.703.327 (46,72%) y en la segunda vuelta votaron 7.032.878 (49,02%)”, señalan los autores en la moción de ingreso.
Ese fue el proyecto que se discutía el 7 de septiembre en el Congreso con la presencia del ministro Monckeberg, como se señaló al comienzo de este artículo.
La propuesta, al igual que otras, se centra en el voto postal como mecanismo para facilitar el voto, pero se diferencia de las ya señaladas en que abarca un espectro mucho más amplio: adultos y adultas mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, hospitalizados de cualquier edad, gente en cuarentena por motivos de salud, personas que estén en grupo de riesgo y aquellas que se encuentren privadas de libertad. Para todas ellas -propone la moción- “el Servicio Electoral podrá facilitar
el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile”.
A diferencia de las iniciativas anteriores, esta no sólo apunta a las elecciones en contexto de pandemia, sino que instalar la opción del voto por correo como mecanismo permanente en el sistema electoral chileno. También apenas está comenzando su tramitación.
VOLVER AL VOTO OBLIGATORIO
La idea ronda en la cabeza de muchos desde el mismo día que se aprobó en 2012 la inscripción automática de todas las personas mayores de 18 años al Registro Electoral y la voluntariedad del voto. Es, en parte, una disputa de argumentos: ¿votar es un derecho o un deber cívico? Y es también una medida pragmática para un problema real: si tan poca gente se siente atraída a participar en el ejercicio democrático, volver al sufragio obligatorio podría, hasta cierto punto y bajo ciertas lógicas, corregir los altos niveles de abstención.
Que el voto vuelva a ser obligatorio es la propuesta más repetida. De los 10 proyectos ingresados en el último tiempo considerados para este artículo, la mitad lo propone. De ellos, el primero ingresó al Senado el 19 de noviembre del año pasado, tan sólo cuatro días después de sellado el acuerdo que dio paso al proceso constituyente. Sus autores: Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Francisco Huenchumilla (DC) y Juan Pablo Letelier (PS). Su propuesta, muy simple: sustituir en el artículo 15 de la Constitución la palabra “voluntario” por “obligatorio”. Hasta el momento, el proyecto no ha avanzado nada.
Dos meses después, el 22 de enero de 2020, se acogieron a trámite tres proyectos que apuntaban a lo mismo, dos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado.
Los de la Cámara se terminaron refundiendo en uno solo y sí han mostrado avance. La propuesta no sólo considera volver a cambiar en la Constitución la palabra “voluntario” por “obligatorio”, sino que incluye más: no correría para elecciones primarias y excluiría a los mayores de 75 años, a las personas en situación de discapacidad o dependencia, a los chilenos con residencia en el extranjero y a los extranjeros avecindados en Chile habilitados para sufragar. Para ellos, seguiría siendo voluntario. En marzo, la Comisión de Gobierno Interior emitió un informe donde aprueba la idea de legislar este proyecto.
Lo que en paralelo presentó un grupo transversal de senadores era literalmente lo mismo.
El último intento en impulsar esto fue el del senador Alejandro Navarro (PRO) el 25 de agosto, pero con un objetivo más específico: que el voto del plebiscito constituyente fuera obligatorio, salvo para los mayores de 70 años y mujeres embarazadas. La iniciativa no ha mostrado ningún avance.
Que el voto vuelva a ser obligatorio es la propuesta más repetida. De los 10 proyectos ingresados en el último tiempo considerados para este artículo, la mitad lo propone. De ellos, el primero ingresó al Senado el 19 de noviembre del año pasado, tan sólo cuatro días después de sellado el acuerdo que dio paso al proceso constituyente. Sus autores: Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Francisco Huenchumilla (DC) y Juan Pablo Letelier (PS). Su propuesta, muy simple: sustituir en el artículo 15 de la Constitución la palabra “voluntario” por “obligatorio”. Hasta el momento, el proyecto no ha avanzado nada.
Dos meses después, el 22 de enero de 2020, se acogieron a trámite tres proyectos que apuntaban a lo mismo, dos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado.
Los de la Cámara se terminaron refundiendo en uno solo y sí han mostrado avance. La propuesta no sólo considera volver a cambiar en la Constitución la palabra “voluntario” por “obligatorio”, sino que incluye más: no correría para elecciones primarias y excluiría a los mayores de 75 años, a las personas en situación de discapacidad o dependencia, a los chilenos con residencia en el extranjero y a los extranjeros avecindados en Chile habilitados para sufragar. Para ellos, seguiría siendo voluntario. En marzo, la Comisión de Gobierno Interior emitió un informe donde aprueba la idea de legislar este proyecto.
Lo que en paralelo presentó un grupo transversal de senadores era literalmente lo mismo.
El último intento en impulsar esto fue el del senador Alejandro Navarro (PRO) el 25 de agosto, pero con un objetivo más específico: que el voto del plebiscito constituyente fuera obligatorio, salvo para los mayores de 70 años y mujeres embarazadas. La iniciativa no ha mostrado ningún avance.
Publicado originalmente en Contexto Factual (29/9/2020)
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