Por Juan Pablo Figueroa y Karin Hillman
Tres condiciones deben cumplirse, según el Código Penal, para que el ataque de una persona a otra pueda considerarse “legítima defensa propia”: que la agresión inicial sea ilegítima, que se justifique racionalmente la necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla y que no haya habido provocación previa por parte del que dice haberse defendido.
John Cobin, el ciudadano norteamericano que el 10 de noviembre bajó de su vehículo, empuñó su arma y disparó al menos cuatro veces a manifestantes que le bloqueaban el paso en Reñaca, alegó haberlo hecho en defensa propia. Algo similar argumentó el abogado de Walberto Espinoza, quien al toparse con una calle bloqueada por una protesta en Antofagasta el pasado jueves 21, aceleró su auto y arrolló a siete personas, supuestamente por haber sido agredido y sufrir riesgos a su integridad. El hecho fue celebrado a la jornada siguiente en Twitter por el artista visual Francisco Camplá: “Una medida absolutamente correcta. Si el Estado no cumple el rol de protegerlo, tiene que hacerlo él”, escribió sobre el atropello múltiple. Tres días después, conduciendo su Audi en estado de ebriedad por Lo Barnechea, se detuvo frente al Mall de La Dehesa, sacó una de las dos armas que llevaba encima y disparó a los jóvenes que allí se manifestaban.
Los tres pretendían hacer “justicia” por sus propias manos y terminaron detenidos, formalizados y presos de forma preventiva mientras se los investiga por homicidio frustrado y otros delitos, arriesgando penas que, en al menos uno de los casos, podrían llegar hasta los 20 años de cárcel.
Aunque son hasta ahora los más extremos, los casos no son aislados. La violencia desatada en las calles desde que estalló el movimiento social hace ya más de 40 días y la creciente sensación de inseguridad, han provocado una reacción cada vez más amplia por parte de comerciantes, locatarios, civiles e incluso algunas autoridades que se sienten abandonados por las fuerzas de orden público e incitan a la autodefensa.
No hay cifras oficiales del fenómeno en el Ministerio Público ni en Carabineros, pero hay varios indicios de que existe y de que ha tomado fuerza. A comienzos de noviembre se viralizó la imagen de personas que hacían fila afuera de una armería en Vitacura un sábado por la mañana. Por esos días, un reportaje de El Dínamo daba cuenta de que los representantes de esa industria reconocían un aumento del 30% en sus ventas en el último tiempo, algo que en parte se refrenda con los últimos datos sobre inscripción de armas que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) entregó a La Tercera (ver infografía).
Con 1.041 piezas registradas hasta el martes 26 (16% del total anual a la fecha), noviembre es el mes en que más armas se han inscrito en el año. Como el proceso de regularización de armamento se congeló durante los nueve días que duró el estado de emergencia, la cifra incluiría además aquellas que iban a inscribirse entre el 19 y 27 de octubre, pero no alcanzaron por la contingencia. El 99% pertenece a personas naturales y las comunas que lideran son Las Condes (60), Santiago (46), Colina (45), Temuco y La Reina (38 cada una), y Viña del Mar (33).
John Cobin, el ciudadano norteamericano que el 10 de noviembre bajó de su vehículo, empuñó su arma y disparó al menos cuatro veces a manifestantes que le bloqueaban el paso en Reñaca, alegó haberlo hecho en defensa propia. Algo similar argumentó el abogado de Walberto Espinoza, quien al toparse con una calle bloqueada por una protesta en Antofagasta el pasado jueves 21, aceleró su auto y arrolló a siete personas, supuestamente por haber sido agredido y sufrir riesgos a su integridad. El hecho fue celebrado a la jornada siguiente en Twitter por el artista visual Francisco Camplá: “Una medida absolutamente correcta. Si el Estado no cumple el rol de protegerlo, tiene que hacerlo él”, escribió sobre el atropello múltiple. Tres días después, conduciendo su Audi en estado de ebriedad por Lo Barnechea, se detuvo frente al Mall de La Dehesa, sacó una de las dos armas que llevaba encima y disparó a los jóvenes que allí se manifestaban.
Los tres pretendían hacer “justicia” por sus propias manos y terminaron detenidos, formalizados y presos de forma preventiva mientras se los investiga por homicidio frustrado y otros delitos, arriesgando penas que, en al menos uno de los casos, podrían llegar hasta los 20 años de cárcel.
Aunque son hasta ahora los más extremos, los casos no son aislados. La violencia desatada en las calles desde que estalló el movimiento social hace ya más de 40 días y la creciente sensación de inseguridad, han provocado una reacción cada vez más amplia por parte de comerciantes, locatarios, civiles e incluso algunas autoridades que se sienten abandonados por las fuerzas de orden público e incitan a la autodefensa.
No hay cifras oficiales del fenómeno en el Ministerio Público ni en Carabineros, pero hay varios indicios de que existe y de que ha tomado fuerza. A comienzos de noviembre se viralizó la imagen de personas que hacían fila afuera de una armería en Vitacura un sábado por la mañana. Por esos días, un reportaje de El Dínamo daba cuenta de que los representantes de esa industria reconocían un aumento del 30% en sus ventas en el último tiempo, algo que en parte se refrenda con los últimos datos sobre inscripción de armas que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) entregó a La Tercera (ver infografía).
Con 1.041 piezas registradas hasta el martes 26 (16% del total anual a la fecha), noviembre es el mes en que más armas se han inscrito en el año. Como el proceso de regularización de armamento se congeló durante los nueve días que duró el estado de emergencia, la cifra incluiría además aquellas que iban a inscribirse entre el 19 y 27 de octubre, pero no alcanzaron por la contingencia. El 99% pertenece a personas naturales y las comunas que lideran son Las Condes (60), Santiago (46), Colina (45), Temuco y La Reina (38 cada una), y Viña del Mar (33).
BRIGADAS JUSTICIERAS
A poco de haber estallado el movimiento social, un centenar de personas se organizó en Linares, Región del Maule, para salir con equipos de electroshock, boleadoras y palos a las calles para supuestamente prestar apoyo a las policías y defender locales comerciales y casas particulares de posibles saqueos. Al mismo tiempo, grupos similares surgían en distintas partes del país, organizados en cuadrillas o brigadas vía Whatsapp o Telegram e identificados por el uso de chalecos amarillos reflectantes. De ahí que ahora se les conozca como los “chalecos amarillos”.
Las primeras jornadas se les veía haciendo rondas en Cerrillos, La Florida, Puente Alto y San Bernardo, aunque fue en Reñaca su aparición más vistosa. Allá se les vio organizados junto a Carabineros para impedir el avance de una marcha que el 5 de noviembre venía desde Valparaíso, respondiendo a un llamado a los vecinos por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, para “cuidar su sector”. La marcha no llegó, pero igual hubo altercados en los que al menos dos manifestantes habrían sido golpeados con bates de béisbol.
Desde Carabineros han llamado a desincentivar el actuar de estos grupos que salen armados a patrullar sus barrios. “Es muy grave y a esas personas les digo, por favor, que no caigan en esas conductas. No están preparados para eso. Además, van a cometer un delito cuando lo hagan. Para eso están las fuerzas policiales”, declaró el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Enrique Basaletti (ver artículo).
Aunque desde la institución lo niegan oficialmente, el problema es que esas mismas fuerzas policiales parecieran no dar abasto. Así lo reconoció ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde señaló que la violencia que a diario se vive hoy en Chile tiene a “policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados (…) Esto puede terminar de manera extraordinariamente grave para el país, en donde la sociedad civil, frente al observar que el Estado no es capaz de protegerle sus derechos, salga en la autodefensa”.
Las primeras jornadas se les veía haciendo rondas en Cerrillos, La Florida, Puente Alto y San Bernardo, aunque fue en Reñaca su aparición más vistosa. Allá se les vio organizados junto a Carabineros para impedir el avance de una marcha que el 5 de noviembre venía desde Valparaíso, respondiendo a un llamado a los vecinos por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, para “cuidar su sector”. La marcha no llegó, pero igual hubo altercados en los que al menos dos manifestantes habrían sido golpeados con bates de béisbol.
Desde Carabineros han llamado a desincentivar el actuar de estos grupos que salen armados a patrullar sus barrios. “Es muy grave y a esas personas les digo, por favor, que no caigan en esas conductas. No están preparados para eso. Además, van a cometer un delito cuando lo hagan. Para eso están las fuerzas policiales”, declaró el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Enrique Basaletti (ver artículo).
Aunque desde la institución lo niegan oficialmente, el problema es que esas mismas fuerzas policiales parecieran no dar abasto. Así lo reconoció ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde señaló que la violencia que a diario se vive hoy en Chile tiene a “policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados (…) Esto puede terminar de manera extraordinariamente grave para el país, en donde la sociedad civil, frente al observar que el Estado no es capaz de protegerle sus derechos, salga en la autodefensa”.
DEFENDER EL NEGOCIO
Suena un primer disparo. Por detrás de una turba que intenta descerrajar y saquear una vez más la joyería Apolo, en La Cisterna, el hijo del dueño del local aparece con arma en mano, decidido a detener el robo. Es martes 26 de noviembre por la tarde, y ante el estruendo, la gente se empieza a dispersar y a responder con piedras a la distancia. El hombre vuelve a percutar y en un instante se le suma una mujer, también armada. El video que se viralizó los muestra a ambos defendiendo a tiros su negocio en plena Gran Avenida.
Las armas eran de fogueo, pero en la tienda tenían dos que sí eran de verdad.
No todos usan armas de fuego. A comienzos de noviembre, locatarios del barrio 10 de julio repelieron con fierros y machetes a un grupo de estudiantes que se manifestaba en el sector, por miedo a ser saqueados. Muy similar a lo que pasó en Concepción, cuando locatarios y empleados del supermercado Kamadi salieron al contraataque con palos contra una turba que intentaba saquear su local por segunda vez.
El 23 de noviembre, al día siguiente de que el Mall Arauco de Quilicura fuera quemado y saqueado, el alcalde Juan Carrasco contó a La Tercera que esa violenta jornada los delincuentes también habían intentado ingresar al supermercado Líder de O'Higgins, “pero no lo lograron por la acción de vecinos y seguridad ciudadana, y Carabineros que llegó 40 minutos después. (…) Si de verdad Quilicura es muy grande para la cantidad de carabineros que tenemos. No se pueden dejar las zonas de abastecimiento de una comunidad al cuidado de los vecinos. Eso es una irresponsabilidad política y humanitaria porque no es de ellos la responsabilidad de cuidar un centro comercial”.
Las armas eran de fogueo, pero en la tienda tenían dos que sí eran de verdad.
No todos usan armas de fuego. A comienzos de noviembre, locatarios del barrio 10 de julio repelieron con fierros y machetes a un grupo de estudiantes que se manifestaba en el sector, por miedo a ser saqueados. Muy similar a lo que pasó en Concepción, cuando locatarios y empleados del supermercado Kamadi salieron al contraataque con palos contra una turba que intentaba saquear su local por segunda vez.
El 23 de noviembre, al día siguiente de que el Mall Arauco de Quilicura fuera quemado y saqueado, el alcalde Juan Carrasco contó a La Tercera que esa violenta jornada los delincuentes también habían intentado ingresar al supermercado Líder de O'Higgins, “pero no lo lograron por la acción de vecinos y seguridad ciudadana, y Carabineros que llegó 40 minutos después. (…) Si de verdad Quilicura es muy grande para la cantidad de carabineros que tenemos. No se pueden dejar las zonas de abastecimiento de una comunidad al cuidado de los vecinos. Eso es una irresponsabilidad política y humanitaria porque no es de ellos la responsabilidad de cuidar un centro comercial”.
LA AUTODEFENSA INSTITUCIONAL
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, tomó cartas en el asunto y desde este jueves sacó a las calles al primer grupo de 20 nuevos guardias municipales para apoyar en labores preventivas y disuasivas de orden público en uno de los territorios más golpeados por la violencia de las últimas semanas. Ya van más de 100 locales saqueados y/o incendiados en esa comuna, y solo el martes 26 hubo cinco ataques de ese tipo en medio de los desmanes que terminaron con 157 detenidos, de los cuales 61 pasaron a control de detención. Por ello, los nuevos inspectores estarán, según Ortiz, “disponibles para lo que estime conveniente Carabineros, para que podamos colaborar y ayudar dentro de lo que son nuestras competencias”.
Los funcionarios dispondrán de casacas e identificaciones institucionales, además de radios para comunicarse, vehículos y motos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. “Con todo lo que ha ocurrido, nos ha llegado una avalancha de curriculums, pero van a quedar solo 50, porque saben que las circunstancias en las que van a ingresar al centro son muy distintas a las que estábamos acostumbrados hace un mes atrás”, dijo el edil.
La medida ha generado dudas respecto al rol que cumplirán los inspectores en materia de seguridad. Hay dictámenes de la Contraloría que prohíben a funcionarios municipales realizar tareas de orden público, labor exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Por eso, el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras, señaló que están a la espera de conocer por parte de Carabineros las facultades que tendrán en este contexto los inspectores municipales.
“Nos sumamos a cualquier iniciativa que sea positiva, y se está analizando cuáles son las facultades legales que tienen estos inspectores, porque obviamente no tiene la facultad para realizar labores de seguridad en el radio urbano, pero sí pueden apoyar con acciones de otra naturaleza (…) Carabineros debe revisar el oficio sobre la función que tendrán los inspectores y esperamos tener una respuesta durante el día”, dijo Contreras.
Los funcionarios dispondrán de casacas e identificaciones institucionales, además de radios para comunicarse, vehículos y motos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. “Con todo lo que ha ocurrido, nos ha llegado una avalancha de curriculums, pero van a quedar solo 50, porque saben que las circunstancias en las que van a ingresar al centro son muy distintas a las que estábamos acostumbrados hace un mes atrás”, dijo el edil.
La medida ha generado dudas respecto al rol que cumplirán los inspectores en materia de seguridad. Hay dictámenes de la Contraloría que prohíben a funcionarios municipales realizar tareas de orden público, labor exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Por eso, el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras, señaló que están a la espera de conocer por parte de Carabineros las facultades que tendrán en este contexto los inspectores municipales.
“Nos sumamos a cualquier iniciativa que sea positiva, y se está analizando cuáles son las facultades legales que tienen estos inspectores, porque obviamente no tiene la facultad para realizar labores de seguridad en el radio urbano, pero sí pueden apoyar con acciones de otra naturaleza (…) Carabineros debe revisar el oficio sobre la función que tendrán los inspectores y esperamos tener una respuesta durante el día”, dijo Contreras.
Una versión de este artículo fue publicada originalmente en La Tercera (28/11/2019)
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