25 nietos conforman la tercera generación del clan Pinochet. El mayor tiene 50 años, la menor 20. Hoy todos viven fuera de la esfera pública, lejos de la política y el peso de su apellido. Hay ejecutivos financieros, abogados, un cineasta, una asesora de imagen y hasta un instructor de artes marciales. A ellos les traspasaron la propiedad de gran parte del patrimonio inmobiliario familiar y muchos hoy siguen a la espera de una herencia que la justicia tiene hace años congelada.
Federico Noguera (27) es psicólogo organizacional y trabaja en Michael Page, una empresa multinacional de reclutamiento de personal. Su hermano, Iván (29), es abogado titulado de la Universidad de Los Andes. Pero la imagen que resaltan de sí mismos en redes sociales no es profesional, sino deportiva. En sus perfiles públicos de Instagram o Facebook, aparecen entrenando o participando en competiciones de brazilian jiujitsu. Los entrena su primo, el campeón sudamericano de la especialidad en 2017, Cristóbal Pinochet (40), en el gimnasio que ese mismo año abrió en Vitacura. Un espacio que hoy es un punto de encuentro para varios miembros del clan familiar que alguna vez encabezó el general Augusto Pinochet, su abuelo, el dictador.
Allí también entrenan Lucas (23), el menor de los Noguera Pinochet, estudiante de derecho, y a veces van sus hermanos Jaime (34) y Sofía Amunátegui (35). Él creó una productora audiovisual y ya dirigió su primer largometraje, con actores como Alejandro Goic, Erto Pantoja y Julio Milostich; ella es diseñadora de modas y asesora de imagen de varias figuras de la televisión. Todos son hijos de Jaqueline Pinochet.
Quienes conocen ese ambiente, donde hay otras 40 personas que practican artes marciales, dicen que ahí la política ni la historia son tema, y que todo eso queda afuera, que adentro es como “una hermandad”. Muchos ni siquiera saben que son familiares –ni menos herederos– de quien encabezó el régimen que ejerció el poder a la fuerza en Chile por 17 años. Y no es casual: ellos no quieren que se sepa.
De los 25 nietos, 22 bisnietos y un tataranieto que hoy conforman el clan Pinochet (ver mapa genealógico), sólo dos tienen registros de sus abuelos en redes sociales. Una de las dos páginas que Verónica Pinochet Molina (48) tiene en Facebook abre con una vieja foto donde sale de pie junto a sus abuelos, el general Pinochet y su viuda Lucía Hiriart, sentados a la mesa con un mantel blanco y unas copas con vino. En la otra, donde hace tres años ofrecía servicios de brujería, aparece en la foto de perfil abrazando a su “Tata”. Su hermano Augusto (46), el excapitán del Ejército que intentó infructuosamente formar un partido político nacionalista, también tiene en el encabezado de su perfil una foto donde salen sus abuelos muy relajados en un acto oficial. Y no hay más.
Un miembro de la familia asegura que los nietos y sus hijos hoy intentan armar sus vidas con un bajo perfil y lejos del estigma de ser un Pinochet. No porque renieguen de sus abuelos y su legado, sino porque saben que el peso de su apellido les puede jugar en contra. Hoy, además, son críticos. Reconocen que hubo violaciones a los derechos humanos bajo el mandato de su abuelo y uno incluso se refiere a “crímenes” en conversación con La Desdémona, aunque sin entrar en detalles. También cuenta que siempre les enseñaron que lo que pasó durante esos años en Chile fue “un contexto de guerra”.
Algunos, siendo niños, fueron incluidos en la estructura financiera que el patriarca armó para mover y ocultar su patrimonio en el extranjero, pero sólo usaron sus nombres y ninguno estaba realmente involucrado. Y aunque varios aparecen como beneficiarios de la herencia estimada en unos US$ 17 millones que dejó el general al morir, hoy todos esos bienes están retenidos por la justicia y saben que lo más probable es que nunca lleguen a sus manos. Al menos tres nietos y cuatro bisnietos ya quedaron legalmente fuera por no aceptar a tiempo su derecho a esos bienes.
“Esa herencia está perdida y ahí va a quedar. Dicen que el Tata tenía varios millones, pero no va a pasar nada y ahora eso sólo está para pagar más impuestos. Todos sabemos que tenemos que trabajar y ganarnos el pan, porque nadie nos va a dar nada. Somos como cualquier persona: pagamos nuestros impuestos y trabajamos en lo que podemos”, dice uno de los nietos.
Allí también entrenan Lucas (23), el menor de los Noguera Pinochet, estudiante de derecho, y a veces van sus hermanos Jaime (34) y Sofía Amunátegui (35). Él creó una productora audiovisual y ya dirigió su primer largometraje, con actores como Alejandro Goic, Erto Pantoja y Julio Milostich; ella es diseñadora de modas y asesora de imagen de varias figuras de la televisión. Todos son hijos de Jaqueline Pinochet.
Quienes conocen ese ambiente, donde hay otras 40 personas que practican artes marciales, dicen que ahí la política ni la historia son tema, y que todo eso queda afuera, que adentro es como “una hermandad”. Muchos ni siquiera saben que son familiares –ni menos herederos– de quien encabezó el régimen que ejerció el poder a la fuerza en Chile por 17 años. Y no es casual: ellos no quieren que se sepa.
De los 25 nietos, 22 bisnietos y un tataranieto que hoy conforman el clan Pinochet (ver mapa genealógico), sólo dos tienen registros de sus abuelos en redes sociales. Una de las dos páginas que Verónica Pinochet Molina (48) tiene en Facebook abre con una vieja foto donde sale de pie junto a sus abuelos, el general Pinochet y su viuda Lucía Hiriart, sentados a la mesa con un mantel blanco y unas copas con vino. En la otra, donde hace tres años ofrecía servicios de brujería, aparece en la foto de perfil abrazando a su “Tata”. Su hermano Augusto (46), el excapitán del Ejército que intentó infructuosamente formar un partido político nacionalista, también tiene en el encabezado de su perfil una foto donde salen sus abuelos muy relajados en un acto oficial. Y no hay más.
Un miembro de la familia asegura que los nietos y sus hijos hoy intentan armar sus vidas con un bajo perfil y lejos del estigma de ser un Pinochet. No porque renieguen de sus abuelos y su legado, sino porque saben que el peso de su apellido les puede jugar en contra. Hoy, además, son críticos. Reconocen que hubo violaciones a los derechos humanos bajo el mandato de su abuelo y uno incluso se refiere a “crímenes” en conversación con La Desdémona, aunque sin entrar en detalles. También cuenta que siempre les enseñaron que lo que pasó durante esos años en Chile fue “un contexto de guerra”.
Algunos, siendo niños, fueron incluidos en la estructura financiera que el patriarca armó para mover y ocultar su patrimonio en el extranjero, pero sólo usaron sus nombres y ninguno estaba realmente involucrado. Y aunque varios aparecen como beneficiarios de la herencia estimada en unos US$ 17 millones que dejó el general al morir, hoy todos esos bienes están retenidos por la justicia y saben que lo más probable es que nunca lleguen a sus manos. Al menos tres nietos y cuatro bisnietos ya quedaron legalmente fuera por no aceptar a tiempo su derecho a esos bienes.
“Esa herencia está perdida y ahí va a quedar. Dicen que el Tata tenía varios millones, pero no va a pasar nada y ahora eso sólo está para pagar más impuestos. Todos sabemos que tenemos que trabajar y ganarnos el pan, porque nadie nos va a dar nada. Somos como cualquier persona: pagamos nuestros impuestos y trabajamos en lo que podemos”, dice uno de los nietos.
PINOCHET III’s
El mayor, Hernán García (50), es el último de los Pinochet en El Melocotón. Vive en un espacio que antes ocupaba la guardia en la residencia que su abuelo se mandó a construir en San José de Maipo y que hoy la familia arrienda a la Universidad San Sebastián. Desde ahí organiza cabalgatas turísticas a la cordillera y trabaja en esa misma universidad como coordinador de administración del Centro de Montaña. La menor, Augusta Noguera (20), estudia en la Universidad del Desarrollo (UDD).
De los 25 nietos del clan, seis nacieron antes del golpe de estado, 12 mientras su abuelo ejercía el poder, y siete ya en democracia. Tienen en promedio 36 años. De ellos, 14 siguen solteros y, de los que se casaron, cuatro ya se divorciaron y uno anuló su matrimonio. La mayoría son profesionales de universidades privadas, y unos pocos cuentan con estudios de postgrado. Nueve tienen hijos y sólo una, Verónica Pinochet, ya es abuela.
Francisco Javier García (47) es gerente general de la corredora de bolsa de productos del BCI. Su primo, Diego Pinochet Olave (24), trabaja en LarrainVial, mientras que su hermano gemelo, Nicolás, aún estudia en la UDD. Y Josefina (26), la hermana de los dos últimos y abogada de la U. Católica, después de hacer su práctica en la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, encontró trabajo en el estudio MB Abogados.
Los cuatro hermanos Ponce Pinochet, Julio César (49), Alejandro (47), Francisca (39) y Daniela (35), fueron parte por años de los directorios en las sociedades cascada con las que su padre, Julio Ponce Lerou, controla SQM, y son considerados por el Servicios de Impuestos Internos (SII) como grandes contribuyentes, con inversiones en distintas áreas. Francisca ha estado envuelta en un proceso judicial por conflicto de tierras con comunidades mapuche en la Región de Los Lagos y Daniela cerró hace unos meses la cafetería que tenía junto a una amiga en Vitacura.
Varios hoy figuran como propietarios de parte importante del patrimonio inmobiliario del clan. Y hoy ninguno participa en política. Hubo dos que lo intentaron: Rodrigo García (43), el niño que en 1986 acompañaba a Pinochet cuando fue emboscado y atacado cerca de El Melocotón y que en 2009 se lanzó como candidato a diputado independiente por Las Condes; y Augusto Pinochet Molina, el único que siguió la carrera militar y que, tras su baja por el encendido discurso que dio fuera de protocolo durante el funeral de su abuelo, intentó dar forma a su propio partido político –que en los registros del Servel figura como “en trámite”–. A juicio de uno de sus primos, “los dos quedaron destrozados”. García hoy vive en Miami y Pinochet Molina, que en 2017 creó una empresa de seguridad privada, reside retirado en Santo Domingo.
“Todo habría sido distinto si los partidos que una vez apoyaron a mi abuelo se hubieran mantenido firmes a su lado. Podríamos haber hecho carreras políticas e incluso podría haber hoy un Pinochet diputado o senador… –señala uno de ellos, y agrega después de una breve pausa:– Quizás fue mejor que no haya sido así”.
De los 25 nietos del clan, seis nacieron antes del golpe de estado, 12 mientras su abuelo ejercía el poder, y siete ya en democracia. Tienen en promedio 36 años. De ellos, 14 siguen solteros y, de los que se casaron, cuatro ya se divorciaron y uno anuló su matrimonio. La mayoría son profesionales de universidades privadas, y unos pocos cuentan con estudios de postgrado. Nueve tienen hijos y sólo una, Verónica Pinochet, ya es abuela.
Francisco Javier García (47) es gerente general de la corredora de bolsa de productos del BCI. Su primo, Diego Pinochet Olave (24), trabaja en LarrainVial, mientras que su hermano gemelo, Nicolás, aún estudia en la UDD. Y Josefina (26), la hermana de los dos últimos y abogada de la U. Católica, después de hacer su práctica en la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, encontró trabajo en el estudio MB Abogados.
Los cuatro hermanos Ponce Pinochet, Julio César (49), Alejandro (47), Francisca (39) y Daniela (35), fueron parte por años de los directorios en las sociedades cascada con las que su padre, Julio Ponce Lerou, controla SQM, y son considerados por el Servicios de Impuestos Internos (SII) como grandes contribuyentes, con inversiones en distintas áreas. Francisca ha estado envuelta en un proceso judicial por conflicto de tierras con comunidades mapuche en la Región de Los Lagos y Daniela cerró hace unos meses la cafetería que tenía junto a una amiga en Vitacura.
Varios hoy figuran como propietarios de parte importante del patrimonio inmobiliario del clan. Y hoy ninguno participa en política. Hubo dos que lo intentaron: Rodrigo García (43), el niño que en 1986 acompañaba a Pinochet cuando fue emboscado y atacado cerca de El Melocotón y que en 2009 se lanzó como candidato a diputado independiente por Las Condes; y Augusto Pinochet Molina, el único que siguió la carrera militar y que, tras su baja por el encendido discurso que dio fuera de protocolo durante el funeral de su abuelo, intentó dar forma a su propio partido político –que en los registros del Servel figura como “en trámite”–. A juicio de uno de sus primos, “los dos quedaron destrozados”. García hoy vive en Miami y Pinochet Molina, que en 2017 creó una empresa de seguridad privada, reside retirado en Santo Domingo.
“Todo habría sido distinto si los partidos que una vez apoyaron a mi abuelo se hubieran mantenido firmes a su lado. Podríamos haber hecho carreras políticas e incluso podría haber hoy un Pinochet diputado o senador… –señala uno de ellos, y agrega después de una breve pausa:– Quizás fue mejor que no haya sido así”.
LOS INMUEBLES DEL ABUELO
Lucía Amunátegui (32) es fotógrafa freelance, maquilladora, trabaja en una corredora de propiedades y fue la última de los Pinochet que nació bajo la dictadura de su abuelo. Fue en mayo de 1987 y, de los 25 nietos, ella es la número 18. La quinta hija de Jaqueline Pinochet Hiriart y la última de su segundo matrimonio. Era apenas una niña cuando su nombre fue incluido en un documento que, mucho después, la haría aparecer en el Caso Riggs.
En abril de 1990, a un mes de que su abuelo dejara La Moneda, se abrió una cuenta en el Riggs Bank de Miami, en Estados Unidos, a nombre de “Augusto P. Ugarte”. Según se lee en la sentencia de la Corte de Apelaciones, por ahí pasó casi un millón de dólares, incluyendo varios miles desviados de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República y la Casa Militar. Cinco titulares tenía esa cuenta. Estaban el propio Pinochet, su esposa Lucía Hiriart y tres de sus nietas: la pequeña Lucía Amunátegui, que por entonces tenía dos años; su hermana María José Martínez, de 11; y su prima Verónica Pinochet Molina, que recién había cumplido 18.
Tiempo después, tanto María José y Constanza Martínez como Lucía y Sofía Amunátegui –todas hijas de Jaqueline Pinochet–, aparecían como beneficiarias de una sociedad radicada en las Bahamas. Salvo por el uso de sus nombres, ninguna tenía nada que ver en la estructura financiera de los Pinochet en el extranjero.
Si bien no hubo participación directa, los nietos sí se han visto beneficiados con los movimientos de dinero e inmuebles del general. Se acreditó en el Caso Riggs que con dólares provenientes de una sociedad vinculada a Pinochet en las Islas Vírgenes Británicas, su hija Jacqueline adquirió en 2003 una casa en Lo Barnechea, por la que pagó 11.562 UF ($195,9 millones) y que inscribió como copropiedad junto a cuatro de sus nueve hijos: María José y Constanza Martínez, y Sofía y Jaime Amunátegui. La vendieron en 2012 a 18.000 UF ($407,3 millones).
En 2015, Lucía Hiriart y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline– repartieron entre la tercera generación del clan la propiedad del Fundo Los Boldos, ubicado en Santo Domingo. Ahí es donde, en una capilla que la viuda de Pinochet mandó a construir, están las cenizas del dictador. Hoy sus dueños son 13 nietos que se comprometieron a pagar en cuotas un total de $61 millones por una propiedad que ya en 2005, en medio de la investigación judicial, fue tasada en $1.200 millones. El valor actual sería varias veces mayor.
En abril de 1990, a un mes de que su abuelo dejara La Moneda, se abrió una cuenta en el Riggs Bank de Miami, en Estados Unidos, a nombre de “Augusto P. Ugarte”. Según se lee en la sentencia de la Corte de Apelaciones, por ahí pasó casi un millón de dólares, incluyendo varios miles desviados de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República y la Casa Militar. Cinco titulares tenía esa cuenta. Estaban el propio Pinochet, su esposa Lucía Hiriart y tres de sus nietas: la pequeña Lucía Amunátegui, que por entonces tenía dos años; su hermana María José Martínez, de 11; y su prima Verónica Pinochet Molina, que recién había cumplido 18.
Tiempo después, tanto María José y Constanza Martínez como Lucía y Sofía Amunátegui –todas hijas de Jaqueline Pinochet–, aparecían como beneficiarias de una sociedad radicada en las Bahamas. Salvo por el uso de sus nombres, ninguna tenía nada que ver en la estructura financiera de los Pinochet en el extranjero.
Si bien no hubo participación directa, los nietos sí se han visto beneficiados con los movimientos de dinero e inmuebles del general. Se acreditó en el Caso Riggs que con dólares provenientes de una sociedad vinculada a Pinochet en las Islas Vírgenes Británicas, su hija Jacqueline adquirió en 2003 una casa en Lo Barnechea, por la que pagó 11.562 UF ($195,9 millones) y que inscribió como copropiedad junto a cuatro de sus nueve hijos: María José y Constanza Martínez, y Sofía y Jaime Amunátegui. La vendieron en 2012 a 18.000 UF ($407,3 millones).
En 2015, Lucía Hiriart y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline– repartieron entre la tercera generación del clan la propiedad del Fundo Los Boldos, ubicado en Santo Domingo. Ahí es donde, en una capilla que la viuda de Pinochet mandó a construir, están las cenizas del dictador. Hoy sus dueños son 13 nietos que se comprometieron a pagar en cuotas un total de $61 millones por una propiedad que ya en 2005, en medio de la investigación judicial, fue tasada en $1.200 millones. El valor actual sería varias veces mayor.
También quedó en manos de los nietos el departamento en avenida Valle Los Monasterios, en Lo Barnechea, donde hoy vive Lucía Hiriart. Lo compró Marco Antonio Pinochet a nombre de su madre en 2014, al hijo de Walter Klug, un exagente del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que ese mismo año fue condenado por violaciones a los derechos humanos, se fugó en 2015 y que a mediados de 2019 fue capturado en Italia, dando inicio a un proceso de extradición. Hiriart pagó entonces 13.000 UF ($314 millones), y un año después les traspasó la propiedad a cinco de sus nietos –Francisca Ponce Pinochet (39), Josefina Pinochet Olave (26), Cristóbal Pinochet Molina (40), Lucas Noguera Pinochet (23) y Hernán García Pinochet (50)– a cambio de apenas $120 millones.
Lucía, la mayor de los Pinochet Hiriart, también traspasó propiedades a sus hijos mediante ventas con precios muy por debajo de los valores de mercado. En 2011, con $69 millones, compró en Las Condes un departamento que al año siguiente vendió a su hijo Rodrigo García en $15 millones. Algo similar ocurrió con el terreno que adquirió en 2011 en Limache y que en 2012 vendió a su otro hijo, el técnico agrícola y guía de cabalgatas Hernán García. Y a Francisco Javier García le vendió otros dos departamentos, también en Las Condes. Ambos le habían costado a ella unos $99 millones en 2001, pero a él se los vendió por menos de $88 millones, uno en 2012 y el otro en 2013. Luego él los enajenó y obtuvo más de tres veces esa cantidad
HERENCIA MALDITA
Los hermanos Augusto, Sebastián y Cristóbal Pinochet Molina estaban entre los 23 herederos de su abuelo. También había cuatro bisnietos: Isidora Morales (18), Felipe García (28), Benjamín Ponce (21) y Martín Burgueño (24), el padre del único tataranieto del clan. Pero ya no forman parte del grupo.
En 2014, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su ofensiva judicial para que el patrimonio de Pinochet quedara en manos del fisco y no volviera a sus familiares, solicitó a cada sucesor que aceptara o repudiara la herencia. Hacía dos años que ya se conocía el documento y nadie había querido hacer la posesión efectiva. Uno a uno la viuda, los hijos, nietos y bisnietos incluidos en la nómina fueron respondiendo, pero ellos siete nunca lo hicieron, o al menos no dentro del plazo legal, así que en marzo de 2015, el 7° Juzgado Civil de Santiago los dejó fuera de la sucesión.
Todos los que sí aceptaron la herencia, lo hicieron “a beneficio de inventario”. De esa forma, las deudas que vengan asociadas con la herencia se cubren sólo con el patrimonio de la misma y no con el suyo personal. Pero todo está congelado por una medida prejudicial interpuesta por el CDE en septiembre de 2018, tras acabarse el Caso Riggs. Con ella, se busca que sean sus sucesores los encargados de devolver al fisco casi $11.000 millones que no fueron decomisados con el fallo final del juicio por enriquecimiento ilícito de Pinochet, y que “pueden considerarse como los efectos de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional”.
Con esa última demanda, quedaron en stand by siete cuentas corrientes, 23 inmuebles y tres vehículos que estaban a nombre de Augusto Pinochet o de alguna de sus sociedades al momento de su muerte a fines de 2006, y que hoy pertenecerían a sus herederos.
El último movimiento de esa causa ocurrió a mediados de julio, cuando Christian Plass, abogado de Lucía Hiriart y sus cinco hijos, solicitó alzar parte del embargo para cancelar a la Tesorería General de la República contribuciones impagas por un monto que superaba los $16 millones. Más de tres cuartos de esa deuda corresponden al Fundo Rupameico, ubicado en la localidad de Hueinahue, en Lago Ranco, donde había impuestos sin pagar desde 2005.
En 2014, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su ofensiva judicial para que el patrimonio de Pinochet quedara en manos del fisco y no volviera a sus familiares, solicitó a cada sucesor que aceptara o repudiara la herencia. Hacía dos años que ya se conocía el documento y nadie había querido hacer la posesión efectiva. Uno a uno la viuda, los hijos, nietos y bisnietos incluidos en la nómina fueron respondiendo, pero ellos siete nunca lo hicieron, o al menos no dentro del plazo legal, así que en marzo de 2015, el 7° Juzgado Civil de Santiago los dejó fuera de la sucesión.
Todos los que sí aceptaron la herencia, lo hicieron “a beneficio de inventario”. De esa forma, las deudas que vengan asociadas con la herencia se cubren sólo con el patrimonio de la misma y no con el suyo personal. Pero todo está congelado por una medida prejudicial interpuesta por el CDE en septiembre de 2018, tras acabarse el Caso Riggs. Con ella, se busca que sean sus sucesores los encargados de devolver al fisco casi $11.000 millones que no fueron decomisados con el fallo final del juicio por enriquecimiento ilícito de Pinochet, y que “pueden considerarse como los efectos de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional”.
Con esa última demanda, quedaron en stand by siete cuentas corrientes, 23 inmuebles y tres vehículos que estaban a nombre de Augusto Pinochet o de alguna de sus sociedades al momento de su muerte a fines de 2006, y que hoy pertenecerían a sus herederos.
El último movimiento de esa causa ocurrió a mediados de julio, cuando Christian Plass, abogado de Lucía Hiriart y sus cinco hijos, solicitó alzar parte del embargo para cancelar a la Tesorería General de la República contribuciones impagas por un monto que superaba los $16 millones. Más de tres cuartos de esa deuda corresponden al Fundo Rupameico, ubicado en la localidad de Hueinahue, en Lago Ranco, donde había impuestos sin pagar desde 2005.
Comentarios