Según publicó esta mañana El Dínamo, el CDE presentó una querella contra Neme por supuestamente haber recibido el pago de $15 millones por parte de la empresa Proactiva Servicios Urbanos S.A., para “representar sus intereses en el concejo municipal”. La empresa participaba entonces en la licitación pública que la Municipalidad de Maipú abrió en 2011 para contratar los servicios de disposición final de la basura en esa comuna, una de las más populosas del país. Pero no llegó al final del proceso: optó por retirarse anticipadamente tras denunciar que el concurso estaba “viciado”. Así, el camino quedó libre para que KDM se adjudicara el contrato que involucra unos $10.325 millones, también bajo una serie de acusaciones de corrupción contra autoridades municipales.
La guerra sucia de la basura en Maipú se desató a fines de 2010, con la licitación para la recolección de los desechos de las casi 889.000 personas que viven en la comuna que más basura produce en el país (ver investigación de CIPER). El botín que se peleaban entonces las empresas era un contrato que les aseguraría ingresos anuales por sobre los $3.000 millones por los siguientes cinco años. Después de echar abajo una primera subasta pública, el concejo municipal se enfrascó en una batalla para determinar quién se adjudicaría el millonario contrato. A fines de diciembre, cuando ya no quedaba más tiempo, cinco concejales rechazaron la propuesta más barata y conveniente para el municipio, de la misma forma en que lo habían hecho en tres ocasiones anteriores. Así fue que los concejales obligaron a que el contrato se dividiera y se utilizara una fórmula mixta que le significó al municipio un gasto extra de $987 millones, todo para que Demarco S.A., una empresa del grupo KDM, se adjudicara al menos parte del contrato.
Para entonces, las acusaciones cruzadas de coimas ya sonaban fuerte en el municipio. Pero era sólo la antesala a un conflicto que mayor que vendría poco después, cuando las mismas empresas y los mismos concejales se enfrentaran para decidir a qué relleno sanitario iría la basura de Maipú.
Esa nueva licitación es la que se llevó a cabo en 2011 y que hoy tiene complicados a varios actuales y ex concejales de la comuna. El primero en ser cuestionado fue el ex concejal Marcelo Torres (RN), a quien el CDE ya acusó formalmente en abril de este año por cohecho y soborno. Torres habría recibido pagos desembolsados por el gerente general de KDM, el español José Miguel Gutiérrez. Incluso se habrían realizado en su casa varias de las reuniones que tuvo con ejecutivos de la empresa que benefició con su voto en el concejo. Con esa acusación, el CDE se hizo parte en la investigación que la Fiscalía Occidente realiza desde 2012 para determinar las responsabilidades de las autoridades municipales en los posibles hechos de corrupción tras la adjudicación de estos contratos.
En abril de 2012, CIPER publicó un audio de una reunión que habría sostenido torres con ejecutivos de KDM donde el concejal se comprometía a sacar del camino a otra empresa que competía por el millonario contrato (ver transcripción de la grabación). Para cuando publicamos ese reportaje, la fiscalía ya estaba tras las pistas del cohecho y los sobornos. Por eso el concejal Antonio Neme ya había sido interrogado, y ante la PDI denunciaba que en el proceso había existido “corrupción” y reconocía que su colega Carlos Richter (RN) –quien votó a favor de KDM en ambas licitaciones– le había preguntado cuál era su precio. También acusaba a Torres por sus vínculos con KDM. Por eso llama aún más la atención que el caso haya dado un vuelco y que ahora Neme sea blanco de las acusaciones por corrupción.
Los primeros antecedentes sobre la posible participación de Neme en ilícitos vinculados a las licitaciones del negocio de la basura en Maipú surgieron a comienzos de 2013. Según un reportaje publicado por Cambio 21, la directora de administración y finanzas (s) del municipio, Rosalba González, declaró ante la fiscalía que Neme “mantendría vínculos contractuales, financieros y de beneficios económicos con la empresa Proactiva Medio Ambiente S.A., que se traducirían en un cobro mensual a dicha empresa con el objeto de representar sus intereses en el Concejo Municipal”.
De acuerdo a la denuncia de la mujer, Neme “habría presionado a empleados y conocidos suyos para conseguir la emisión de boletas y facturas por servicios no prestados, así como también se habrían pactado sobreprecios en trabajos efectivamente realizados”, con el objetivo de cobrar a la empresa Proactiva. En la denuncia que fue presentada ante el Ministerio Público y que cuenta con el patrocinio del concejal Richter, se incluye la declaración jurada de la ex secretaria de Neme, Ana María Cáceres, donde confirma esta relación remunerada con la empresa Proactiva y donde señala que “con el objeto de favorecer a Proactiva en el proceso de licitación de disposición de la basura, Neme habría inventado todo tipo de denuncias infundadas contra distintos miembros del Concejo”.
Publicado originalmente en CIPER (16/9/2013)
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