En diciembre de 2011 el Departamento de Adquisiciones de Carabineros, unidad que dirige el general Jorge Rojas Langer, compró 29 carros blindados para operaciones de alto riesgo. La transacción involucró cerca de US$ 3,5 millones. Sin embargo, los vehículos no cumplen con requisitos mínimos de seguridad. Un informe interno que demostraba las fallas le costó la salida de la institución al oficial que lo elaboró. La millonaria compra se suma a otra que actualmente es investigada por Carabineros y que tiene al general Rojas Langer en la cuerda floja por haber entregado un informe adulterado al general director Gustavo González Jure.
Por Gustavo Villarrubia y Juan Pablo Figueroa
El lunes 17 de diciembre de 2012 el mayor de Carabineros Marcelo Lobos Riquelme comenzaba una nueva etapa en su ascendente carrera institucional: asumía como jefe operativo de la 17ª Comisaría de Las Condes. No era cualquier cargo. Además de convertirse en el segundo hombre al mando en ese recinto policial, llegaba con la misión de planear una estrategia que disminuyera el creciente número de delitos que se ha registrado en el sector oriente de la capital en los últimos años. Era su primer día en el cargo. En su nuevo despacho, dos oficiales lo ayudaban a instalarse: los capitanes Baris Ratkevicius y Juan Reyes. Mientras colgaban cuadros y ordenaban fotos y artículos de oficina, Lobos le preguntó a Ratkevicius, un oficial de Fuerzas Especiales (FF.EE.), por los nuevos carros blindados marca Mahindra que habían llegado unos cuatro meses antes. Con esa simple pregunta comenzó una conversación informal que duró sólo unos minutos, pero que involucró al general responsable de la compra de esos vehículos y que terminó sellando la salida de Lobos tras 20 años en Carabineros.
Al mayor Lobos le interesaba saber qué opinaban otros carabineros sobre esos vehículos, aunque él ya tenía una opinión formada. Antes de llegar a Santiago pasó ocho años al mando del GOPE en la Región de La Araucanía y allá recibió uno de los cinco carros que llegaron a esa zona (uno para el GOPE, dos para las FF.EE. de Cautín y dos para las FF.EE. de Malleco). Esos cinco nuevos coches blindados eran parte de una flota de 29 jeeps tácticos que fue adquirida por Carabineros a Automotores Gildemeister S.A., sin licitación pública, en una operación de US$ 3.480.000 (cerca de $1.768 millones) y que fue promocionada en la revista institucional para ser utilizada en “labores de control y orden público entre Iquique y Punta Arenas”.
%;">
Pero apenas llegaron, Lobos vio que ni siquiera se acercaban a lo que el alto mando de la institución prometió cuando presentó los vehículos. Lo primero que le llamó la atención fueron las puertas: como no podían asegurarse desde adentro de la cabina, cualquier persona podría abrirlas y lanzar algún elemento hacia el interior. Tuvieron que sacar las manillas para evitar ese problema. Tampoco eran 4x4. En La Araucanía, esos vehículos ya no se usan en zonas rurales porque quedan empantanados o simplemente no son capaces de subir una cuesta. Y aunque supuestamente tenían capacidad para seis efectivos, el espacio para transportar pasajeros es tan pequeño que apenas cabe un hombre equipado de 1,65 metros, además del jefe de patrulla y el conductor que viajan en los asientos delanteros.
Ante esas fallas, el general Iván Bezmalinovic, jefe de la IXª Zona de Carabineros, le encargó al mayor Marcelo Lobos un informe donde detallara todos los problemas que presentaban los nuevos vehículos. Después de evaluarlos, el 30 de julio de 2012 Lobos le remitió a su superior un reporte titulado “Nuevo vehículo blindado: Puntos factibles de perfeccionar” (ver informe). En ese documento, además de los desperfectos ya indicados, se decía que la visibilidad desde la cabina es reducida, ya que presenta “amplios puntos ciegos”, y que ni el capó ni las protecciones de los neumáticos ni la tapa de combustible son blindados, y por lo tanto, “extremadamente vulnerables”.
Tras recibir el informe, el general Bezmalinovic decidió no hacer nada con él más que guardarlo sin que nadie conociera su contenido. La decisión la tomó, según dijo Lobos a CIPER, porque significaba cuestionar directamente al oficial de mayor rango que autorizó su compra: el general Jorge Rojas Langer, cuarto hombre en la escala jerárquica de Carabineros y jefe del Departamento de Adquisiciones de la institución.
Cinco meses después de haber despachado ese informe, en su nueva oficina en Las Condes, el mayor Marcelo Lobos preguntó a los oficiales que lo ayudaban a instalarse sobre esos mismos vehículos. Específicamente, si sabían qué oficial de Fuerzas Especiales encargó el informe para comprar los carros Mahindra, modelo Marksman. El capitán Baris Ratkevicius le dijo que no sabía, que simplemente habían llegado un día sin que nadie los solicitara. Lo mismo había pasado en La Araucanía, cuando Lobos era jefe del GOPE en esa región. Fue entonces que el mayor les reveló la existencia del informe.
Mientras la conversación fluía, ingresó a la oficina el joven teniente Nicolás Rojas González. Según contó Lobos a CIPER, Rojas se sumó a la charla y señaló que la decisión de comprar esos vehículos “blindados” había sido tomada por una comisión de expertos, como ocurre con todas las adquisiciones que hace la institución. El mayor le dijo que no creía en esas comisiones, porque no le habían consultado a las personas que usan esos carros y le mencionó el informe que él mismo elaboró en el que se reseñan serias falencias de seguridad.
Esas palabras fueron las que sellaron el destino de Lobos. Porque el teniente Rojas es hijo del general Rojas Langer, quien en sólo unas horas tomó cartas en el asunto. El primer día de Lobos en la 17ª Comisaría de Las Condes fue también el último.
Al mayor Lobos le interesaba saber qué opinaban otros carabineros sobre esos vehículos, aunque él ya tenía una opinión formada. Antes de llegar a Santiago pasó ocho años al mando del GOPE en la Región de La Araucanía y allá recibió uno de los cinco carros que llegaron a esa zona (uno para el GOPE, dos para las FF.EE. de Cautín y dos para las FF.EE. de Malleco). Esos cinco nuevos coches blindados eran parte de una flota de 29 jeeps tácticos que fue adquirida por Carabineros a Automotores Gildemeister S.A., sin licitación pública, en una operación de US$ 3.480.000 (cerca de $1.768 millones) y que fue promocionada en la revista institucional para ser utilizada en “labores de control y orden público entre Iquique y Punta Arenas”.
%;">
Pero apenas llegaron, Lobos vio que ni siquiera se acercaban a lo que el alto mando de la institución prometió cuando presentó los vehículos. Lo primero que le llamó la atención fueron las puertas: como no podían asegurarse desde adentro de la cabina, cualquier persona podría abrirlas y lanzar algún elemento hacia el interior. Tuvieron que sacar las manillas para evitar ese problema. Tampoco eran 4x4. En La Araucanía, esos vehículos ya no se usan en zonas rurales porque quedan empantanados o simplemente no son capaces de subir una cuesta. Y aunque supuestamente tenían capacidad para seis efectivos, el espacio para transportar pasajeros es tan pequeño que apenas cabe un hombre equipado de 1,65 metros, además del jefe de patrulla y el conductor que viajan en los asientos delanteros. Ante esas fallas, el general Iván Bezmalinovic, jefe de la IXª Zona de Carabineros, le encargó al mayor Marcelo Lobos un informe donde detallara todos los problemas que presentaban los nuevos vehículos. Después de evaluarlos, el 30 de julio de 2012 Lobos le remitió a su superior un reporte titulado “Nuevo vehículo blindado: Puntos factibles de perfeccionar” (ver informe). En ese documento, además de los desperfectos ya indicados, se decía que la visibilidad desde la cabina es reducida, ya que presenta “amplios puntos ciegos”, y que ni el capó ni las protecciones de los neumáticos ni la tapa de combustible son blindados, y por lo tanto, “extremadamente vulnerables”.
Tras recibir el informe, el general Bezmalinovic decidió no hacer nada con él más que guardarlo sin que nadie conociera su contenido. La decisión la tomó, según dijo Lobos a CIPER, porque significaba cuestionar directamente al oficial de mayor rango que autorizó su compra: el general Jorge Rojas Langer, cuarto hombre en la escala jerárquica de Carabineros y jefe del Departamento de Adquisiciones de la institución.
Cinco meses después de haber despachado ese informe, en su nueva oficina en Las Condes, el mayor Marcelo Lobos preguntó a los oficiales que lo ayudaban a instalarse sobre esos mismos vehículos. Específicamente, si sabían qué oficial de Fuerzas Especiales encargó el informe para comprar los carros Mahindra, modelo Marksman. El capitán Baris Ratkevicius le dijo que no sabía, que simplemente habían llegado un día sin que nadie los solicitara. Lo mismo había pasado en La Araucanía, cuando Lobos era jefe del GOPE en esa región. Fue entonces que el mayor les reveló la existencia del informe.
Mientras la conversación fluía, ingresó a la oficina el joven teniente Nicolás Rojas González. Según contó Lobos a CIPER, Rojas se sumó a la charla y señaló que la decisión de comprar esos vehículos “blindados” había sido tomada por una comisión de expertos, como ocurre con todas las adquisiciones que hace la institución. El mayor le dijo que no creía en esas comisiones, porque no le habían consultado a las personas que usan esos carros y le mencionó el informe que él mismo elaboró en el que se reseñan serias falencias de seguridad. Esas palabras fueron las que sellaron el destino de Lobos. Porque el teniente Rojas es hijo del general Rojas Langer, quien en sólo unas horas tomó cartas en el asunto. El primer día de Lobos en la 17ª Comisaría de Las Condes fue también el último.
CARROS INSEGUROS
Considerado por sus pares como una persona experta en prevención y resolución de situaciones complejas, el mayor Marcelo Lobos había sido especialmente seleccionado para poner coto a los crecientes niveles de delincuencia en el sector oriente de Santiago. Méritos tenía. Además de haber egresado como número dos de la Academia de Oficiales y haber sido jefe del equipo de Seguridad de Avanzada de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, fue por ocho años jefe del GOPE en una de las zonas más complejas del país: La Araucanía. Su hoja de vida no tenía ninguna mancha. Pero todo cambió el 17 de diciembre de 2012, tras cuestionar en una conversación informal la millonaria compra de vehículos blindados de la marca india Mahindra.
Esa misma tarde, el general Rojas Langer citó a su oficina a los dos capitanes que acompañaban al mayor Lobos. Los interrogó sobre lo que conversaron. Pocos días después, Carabineros inició una investigación interna contra Lobos por haber “cuestionado al mando”. Tras cinco meses de indagación, la institución resolvió sancionarlo con la pena de dos días de arresto. Pero eso no ocurrió, porque Lobos optó por acogerse a retiro a sus 42 años antes que aceptar una sanción por comentar las serias fallas de seguridad de los nuevos jeeps tácticos.
Aunque la salida voluntaria de Lobos de la institución no generó mayor impacto, persisten las dudas sobre por qué Carabineros invirtió casi US$ 3,5 millones de dólares en una flota de vehículos que no cumple con los requisitos que se necesitaban. Varios de los policías consultados por CIPER para este reportaje señalan que prefieren no ingresar en esos carros a las poblaciones cuando se registran cortes de luz. “Es como entrar a ciegas”, dicen, por la escasa visibilidad desde la cabina. Otros cuentan que al menos cuatro de esos vehículos se han incendiado porque para proteger la toma de aire –que no es blindada y permite el ingreso de líquidos inflamables al motor– la han tapado con plásticos, sobrecalentando la máquina. Y algunos se refieren a problemas para cargar combustible, a fallas con las cajas de cambio y los embragues, y a que sólo el personal más joven y nuevo usa esos vehículos, ya que los más antiguos prefieren los carros antiguos.
Eso sí, todos coinciden en que los vehículos sí tienen una cualidad: cuentan con aire acondicionado.
Esta compra es sólo una de las que ha realizado Carabineros bajo la gestión del general Jorge Rojas Langer al mando del Departamento de Adquisiciones y que hoy son cuestionadas. A ella se suma otra que involucra cerca de $2.680 millones y que se basó en un informe adulterado que Rojas Langer le entregó al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. Precisamente, por esa compra es que el cuarto hombre de Carabineros hoy está siendo investigado por su propia institución.
Esa misma tarde, el general Rojas Langer citó a su oficina a los dos capitanes que acompañaban al mayor Lobos. Los interrogó sobre lo que conversaron. Pocos días después, Carabineros inició una investigación interna contra Lobos por haber “cuestionado al mando”. Tras cinco meses de indagación, la institución resolvió sancionarlo con la pena de dos días de arresto. Pero eso no ocurrió, porque Lobos optó por acogerse a retiro a sus 42 años antes que aceptar una sanción por comentar las serias fallas de seguridad de los nuevos jeeps tácticos.
Aunque la salida voluntaria de Lobos de la institución no generó mayor impacto, persisten las dudas sobre por qué Carabineros invirtió casi US$ 3,5 millones de dólares en una flota de vehículos que no cumple con los requisitos que se necesitaban. Varios de los policías consultados por CIPER para este reportaje señalan que prefieren no ingresar en esos carros a las poblaciones cuando se registran cortes de luz. “Es como entrar a ciegas”, dicen, por la escasa visibilidad desde la cabina. Otros cuentan que al menos cuatro de esos vehículos se han incendiado porque para proteger la toma de aire –que no es blindada y permite el ingreso de líquidos inflamables al motor– la han tapado con plásticos, sobrecalentando la máquina. Y algunos se refieren a problemas para cargar combustible, a fallas con las cajas de cambio y los embragues, y a que sólo el personal más joven y nuevo usa esos vehículos, ya que los más antiguos prefieren los carros antiguos. Eso sí, todos coinciden en que los vehículos sí tienen una cualidad: cuentan con aire acondicionado.
Esta compra es sólo una de las que ha realizado Carabineros bajo la gestión del general Jorge Rojas Langer al mando del Departamento de Adquisiciones y que hoy son cuestionadas. A ella se suma otra que involucra cerca de $2.680 millones y que se basó en un informe adulterado que Rojas Langer le entregó al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. Precisamente, por esa compra es que el cuarto hombre de Carabineros hoy está siendo investigado por su propia institución.
INFORME ADULTERADO
A comienzos de 2012, Carabineros decidió renovar parte de su flota de vehículos policiales. En total, pretendía comprar 700 nuevos automóviles, entre retenes móviles y radiopatrullas. El proyecto era parte de una política de modernización de la institución, y contemplaba también la compra de nuevas balizas. Para ello, antes de abrir una licitación, Carabineros invitó a varias empresas para buscar productos que se ajustaran a los estándares internacionales. Dos compañías estadounidenses se presentaron: SoundOff Signal y Federal Signal.
En las distintas reuniones que sostuvieron los representantes de las empresas con Carabineros, se discutieron los requisitos para las nuevas balizas. Se requerían luces que funcionaran independientemente, focos bajo los espejos y un sistema de sirena y control digital integrado, entre otros aspectos. Las conversaciones derivaron en dos diseños creados especialmente para la policía chilena, uno por cada empresa. Una vez fabricados los prototipos, serían instalados en vehículos policiales operativos para someterse a prueba.
Cuando le presentaron los distintos modelos en agosto de 2012 al general Gustavo González Jure, él manifestó que le gustaba más el de SoundOff Signal, pero dejó la decisión final sujeta a la evaluación técnica y económica que debía hacerse dentro de un proceso licitación pública. El paso que vendría sería la apertura de la licitación para la compra de vehículos equipados con las nuevas balizas. Pero esa subasta pública nunca se realizó.
Philippe Reitich, representante en Chile de SoundOff Signal, se dio cuenta de que esa licitación no se realizaría cuando vio por la calle un radiopatrulla con una de las balizas de su empresa competidora. “Allí empecé a llamar a los oficiales que me habían solicitado las balizas y que me habían dicho que pronto se abriría la licitación, en la que participaríamos”, dice Reitich. Pero no obtuvo respuesta.
El 9 de octubre de 2012, Carabineros emitió una orden de compra por $2.699 millones para adquirir 232 radiopatrullas equipados con las balizas de la empresa Federal Signal. Los equipos que más le habían gustado al general director de Carabineros fueron desechados porque supuestamente les ingresaba agua. Así lo indica un informe que fue encargado por el general Jorge Rojas Langer y que él mismo le entregó al general director. Pero eso no es del todo cierto.
El informe habría sido confeccionado con datos adulterados, ya que las balizas de la empresa SoundOff Signal pudieron haber sido manipuladas para perjudicar a esa empresa. Los funcionarios que realizaron el informe están siendo investigados, pues se presume que abrieron la baliza y le metieron agua intencionalmente, a presión. Así, la empresa quedaba fuera de competencia y dejaba el camino libre a la segunda opción. Carabineros optó por concretar el negocio de la compra de los vehículos con E. Kovacs y Cía. Ltda., equipados con las balizas de Federal Signal, representados en Chile por la sociedad Grisolia y Cía. Ltda., que lleva años adjudicándose varias licitaciones de Carabineros.
Una vez que el general González Jure se enteró de que le habían entregado un informe basado en información que habría sido adulterada, ordenó de inmediato una investigación interna que apunta al general Jorge Rojas Langer. La indagación, a cargo del tercer hombre de Carabineros, el general Carlos Carrasco, ya habría corroborado varias de las irregularidades conocidas por CIPER, entre ellas, la manipulación de las balizas para favorecer a una de las empresas en competencia.
En las distintas reuniones que sostuvieron los representantes de las empresas con Carabineros, se discutieron los requisitos para las nuevas balizas. Se requerían luces que funcionaran independientemente, focos bajo los espejos y un sistema de sirena y control digital integrado, entre otros aspectos. Las conversaciones derivaron en dos diseños creados especialmente para la policía chilena, uno por cada empresa. Una vez fabricados los prototipos, serían instalados en vehículos policiales operativos para someterse a prueba.
Cuando le presentaron los distintos modelos en agosto de 2012 al general Gustavo González Jure, él manifestó que le gustaba más el de SoundOff Signal, pero dejó la decisión final sujeta a la evaluación técnica y económica que debía hacerse dentro de un proceso licitación pública. El paso que vendría sería la apertura de la licitación para la compra de vehículos equipados con las nuevas balizas. Pero esa subasta pública nunca se realizó.
Philippe Reitich, representante en Chile de SoundOff Signal, se dio cuenta de que esa licitación no se realizaría cuando vio por la calle un radiopatrulla con una de las balizas de su empresa competidora. “Allí empecé a llamar a los oficiales que me habían solicitado las balizas y que me habían dicho que pronto se abriría la licitación, en la que participaríamos”, dice Reitich. Pero no obtuvo respuesta. El 9 de octubre de 2012, Carabineros emitió una orden de compra por $2.699 millones para adquirir 232 radiopatrullas equipados con las balizas de la empresa Federal Signal. Los equipos que más le habían gustado al general director de Carabineros fueron desechados porque supuestamente les ingresaba agua. Así lo indica un informe que fue encargado por el general Jorge Rojas Langer y que él mismo le entregó al general director. Pero eso no es del todo cierto.
El informe habría sido confeccionado con datos adulterados, ya que las balizas de la empresa SoundOff Signal pudieron haber sido manipuladas para perjudicar a esa empresa. Los funcionarios que realizaron el informe están siendo investigados, pues se presume que abrieron la baliza y le metieron agua intencionalmente, a presión. Así, la empresa quedaba fuera de competencia y dejaba el camino libre a la segunda opción. Carabineros optó por concretar el negocio de la compra de los vehículos con E. Kovacs y Cía. Ltda., equipados con las balizas de Federal Signal, representados en Chile por la sociedad Grisolia y Cía. Ltda., que lleva años adjudicándose varias licitaciones de Carabineros.
Una vez que el general González Jure se enteró de que le habían entregado un informe basado en información que habría sido adulterada, ordenó de inmediato una investigación interna que apunta al general Jorge Rojas Langer. La indagación, a cargo del tercer hombre de Carabineros, el general Carlos Carrasco, ya habría corroborado varias de las irregularidades conocidas por CIPER, entre ellas, la manipulación de las balizas para favorecer a una de las empresas en competencia.
Vea el comunicado de Carabineros respecto a investigación sobre compra de balizas
Publicado originalmente en CIPER (21/8/2013)
Comentarios