La Desdémona

EL SAQUEO DEL MAR CHILENO

2012-02-01T12:09:00.004-03:00

Hace 10 años, en las aguas chilenas de la zona centro sur había casi 6 millones de toneladas de jurel para pescar. Hoy no queda ni una. Entre las grandes empresas pesqueras se endosan la culpa de la sobreexplotación que ha llevado a la casi extinción del jurel y de otros peces. Mientras la disputa por el dominio del mar continúa a través de las cuotas de pesca, los estudios científicos y el historial de las leyes que pondrían coto a la depredación, muestran que, al final, los dueños del mar tienen la última palabra en la decisión de cuánto se pesca cada año en Chile.

Vea además: "La guerra por la redistribución del mar" y "Los nueve dueños del mar chileno".

La vida de Jaime Araneda y su familia ha estado siempre vinculada al mar. Su abuelo y su padre fueron pescadores, y ahora él sigue sus pasos. Los últimos 11 años los ha pasado como tripulante en distintas embarcaciones industriales de grandes empresas pesqueras en todo Chile. Pero ahora tiene miedo. Dice que no sabe si podrá seguir. Que cuando partió, los embarques para ir a pescar jurel eran de tres o cuatro días y que siempre las bodegas volvían llenas. Pero eso ya no ocurre. Para conseguir algunas toneladas de jurel las naves chilenas deben salir a aguas internacionales en viajes que duran por lo menos 12 jornadas en alta mar. Y cada vez es más común que regresen con sus bodegas prácticamente vacías.

-El mar no es de los chilenos; es de los empresarios. Si la cosa sigue así, de aquí a uno o dos años más ya no va a haber qué pescar en Chile –asegura.

Aunque puede sonar exagerado, el miedo de Jaime puede tener asidero científico. Desde 1997, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) realiza un estudio anual de evaluación hidroacústica de jurel. Y desde hace diez años ese registro indica una disminución acelerada, alarmante. Fue en 2001 cuando se registró la mayor biomasa presente en las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) correspondiente a la principal área de pesca chilena: la macrozona centro sur, que se extiende desde Valparaíso hasta la Región de Los Lagos. Entonces, se registraron 5.950.000 toneladas de jurel en aguas chilenas. Los años siguientes la cifra fue disminuyendo. Para 2008, sólo se pudo registrar la presencia de 1.528 toneladas. En 2009 no se encontró ninguna.

-En la pesquería nacional, en términos de peces, la única especie que está quedando es la sardina. No nos queda jurel ni merluza ni anchoveta. Las pesquerías de las que antes se extraía un millón o más toneladas, simplemente se acabaron por la sobreexplotación de las grandes empresas –dice Eduardo Tarifeño, biólogo marino de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo Nacional de Pesca (CNP) desde 2005.

De acuerdo a un informe elaborado en septiembre de 2010 por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), de las 17 especies de peces que tienen pesquería en el país, sólo cuatro se encuentran en un nivel seguro para su conservación. En la categoría de “altamente explotadas” hay otras cuatro, mientras que nueve han sido catalogadas como “sobreexplotadas”. De estas últimas, el jurel encabeza la lista.

LA MATANZA DE LOS ‘80

La noche del 2 de agosto pasado, en un café del centro de Concepción, el biólogo marino y patrón de pesca Juan Vilches recordaba los ’80 y los ’90 y decía: “Lo de esos años no fue pesca; fue una matanza”.

Hasta mediados de los ’80, para pescar en Chile bastaba tener un barco y pedir una autorización al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) para salir y capturar determinadas especies en algún área de pesca específica. Como el Código Civil indica que los peces no son de nadie, establece que están sujetos a un régimen de ocupación. Eso significa que son propiedad de quien los captura. En un sistema de libre acceso, sin límite ni controles, las empresas pesqueras extraían todo lo que podían y nadie fiscalizaba que se pescara en las áreas ni las especies especificadas en la autorización. Así fue como el sector pesquero pasó a la primera línea de la economía nacional.

En 2010, la industria extractiva chilena facturó unos US$ 1.263 millones en exportaciones, a pesar de que se capturaron menos de 465.000 toneladas de jurel. Según datos del IFOP, para 1986 las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Además, la producción de harina de pescado en Chile ya constituía el 17,3% de la producción mundial, superado sólo por Japón. Entonces, el desembarque de jurel bordeaba las 1,3 millones de toneladas.

En esos años, Vilches trabajaba como patrón de pesca para Alimentos Marinos S.A. (Alimar). Mientras bebe su café, cuenta que se pescaba tanto que a veces una sola nave llegaba a descartar hasta 80 toneladas de peces por estar bajo el tamaño legal. En el caso del jurel, el principal recurso pesquero del Pacífico Sur, ese límite para su preservación era hasta hace muy poco en Chile de 26 centímetros, pero se rebajó a 22 centímetros (ver recuadro). Los pescados quedaban flotando en el agua y varios pescadores consultados por CIPER recuerdan que de lejos se veía como si fuera un enorme manto blanco que flotaba sobre el mar. Para Juan Manríquez, uno de los tripulantes del Santa María II, el buque de la empresa de capital noruego Lota Protein S.A., lo que se hizo con la pesca en Chile fue “una cosa degenerada”.

En 1985 se puso fin al libre acceso pleno, cuando se cerraron por primera vez las tres regiones donde había más capturas: las de Tarapacá, de Antofagasta y del Bío Bío. El Sernapesca dejó de otorgar permisos y las declaró como zonas de plena explotación. Lo que hicieron entonces las empresas fue pedir autorizaciones para pescar en las regiones aledañas. Se las entregaron. Fue así como prácticamente no quedó metro cúbico de mar en Chile sin actividad pesquera.

-La medida se fundamentó en el concepto de que ante recursos naturales limitados, si no quieres acabar con ellos, el acceso también tiene que ser limitado –cuenta Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes, la agrupación gremial que reúne a las más grandes empresas pesqueras que operan en la zona centro sur del país.

Se pudo haber limitado el acceso a la pesca, pero como no se puso un límite de captura, en los años siguientes la sobreexplotación continuó. Para 1990, los registros del Sernapesca señalan que el desembarque total de peces en el país superó las 6.000.000 de toneladas. El 41,7% de esa cifra era jurel.

Al año siguiente, todo parecía cambiar cuando el Congreso promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que vino a reemplazar a la norma homónima que el régimen militar instauró en noviembre de 1989, sólo unos meses antes de que acabara la dictadura. La legislación, que sigue vigente, se basó en el control del esfuerzo pesquero, estableciendo no sólo límites de acceso, sino que también de capacidad de bodega a las embarcaciones.

El texto de la ley también contemplaba un sistema de cuotas globales anuales que limitaban las capturas en las pesquerías en plena explotación –se implementó a las pesquerías de merluza común y merluza de tres aletas– y la posibilidad de que se licitara “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. Esos dos puntos serían clave para lo que vendría. El primero, al dejar fuera las pesquerías más importantes, permitió que las empresas pesqueras llevaran la explotación de los principales recursos a niveles críticos. El segundo, que fue impulsado por el actual Presidente Sebastián Piñera cuando era senador, dejó la puerta abierta para que se desatara la guerra que 20 años después tiene enfrentados a los más poderosos actores del sector pesquero para repartirse los pedazos de una torta de la que sólo quedan migas.

CARRERA OLÍMPICA

Habían pasado seis años desde que entró en vigencia la LGPA cuando la Subpesca tuvo que tomar cartas en el asunto. Era 1997, y para entonces, las regulaciones que controlaban el esfuerzo pesquero no daban resultados. El acceso a las principales pesquerías estaba restringido y se habían fijado límites al número de barcos y a su capacidad de bodega, pero no se impidió la sustitución: el cambio de barcos viejos por naves nuevas.

-Se juntaban los permisos de un barco de 600 m³ y otro de 500 m³, y así obtenías uno de 1.100 m³. Ese barco lo mandabas a construir a Chile o al extranjero y resultaba una embarcación con mayor potencia, mejores sonares y mejor tecnología. Sin aumentar el esfuerzo ni la capacidad de bodega, aumentabas el volumen de captura por innovación tecnológica –explica Moncada.

La flota pesquera obtuvo mayor autonomía para salir a pescar por más tiempo, a mayores distancias y con mejor eficiencia. Lo que vino fue un disparo de las capturas efectivas realizadas en los puertos chilenos. Los datos del Sernapesca indican que, entre 1994 y 1996, se capturó por año un promedio de 7,2 millones de toneladas de peces. Pero el jurel fue la especie que más sufrió esa depredación. El promedio de desembarque en esos mismos tres años superó las 4.000.000 de toneladas anuales. De todo lo que se pescaba en Chile, el 56,6% era jurel.

-A veces teníamos tan llenas las bodegas, que expandíamos la red afuera en la cubierta y ahí llevábamos más pescado –cuenta Jorge Ramírez, un pescador consultado por CIPER.

Aunque los niveles de captura parecían indicar que quedaba jurel para rato, el principal recurso pesquero de Chile estaba en crisis: gran parte de la pesca registrada estaba bajo la talla de 26 centímetros que indica la ley para evitar la captura de aquellos que no han llegado a la edad de reproducción. Por esta razón, las autoridades, encabezadas por el entonces subsecretario de Pesca, Juan Manuel Cruz, decidieron instaurar en las pesquerías más importantes el sistema de cuotas globales anuales. En el caso del jurel, aunque la propuesta inicial de la Subpesca fue de 800 mil toneladas, la negociación en el Consejo Nacional de Pesca (CNP), donde la mayoría de sus miembros son representantes del sector industrial, la cerró en 1.980.000 toneladas para 1999. El resultado inmediato fue un desastre.

-Con el ingreso de una cuota global anual, una vez que se completaba la cuota del año, la pesquería se cerraba. Entonces las empresas salieron a pescar como locas, porque si no lo hacían, lo haría la empresa de al lado. Lo que maximizaban era la velocidad de pesca: pescar lo más posible en el menor tiempo. Eso es lo más depredador que puede haber, aun suponiendo que se respete la cuota. Era un sistema insostenible –cuenta un alto funcionario de la Subpesca de esos años que prefiere mantener su nombre en reserva.

A eso se le llamó la “carrera olímpica”.

Mario Rodríguez ha sido tripulante de embarcaciones pesqueras desde 1984, cuando llegó desde La Serena a la Región del Biobío deslumbrado por el auge que vivía el sector pesquero en el país. Varios pescadores que conversaron con CIPER aseguran que por entonces los sueldos de los tripulantes superaban en promedio el millón de pesos, mientras que los patrones de pesca podían llegan a ganar entre cinco y veinte millones mensuales. Eso porque les pagaban por tonelada capturada. Y Rodríguez cuenta que en esos años, como aún se encontraba jurel en aguas jurisdiccionales, “nos embarcábamos y después de navegar una hora echábamos las redes al agua. De un solo lance llenábamos el barco con jurel. Después volvíamos al puerto, descargábamos y volvíamos a salir. Hacíamos dos o tres viajes al día y sacábamos en promedio unas 2.000 toneladas diarias”.

Para controlar la sobrepesca, las autoridades decidieron implementar un sistema que combinaba las cuotas con las vedas. Como con eso las pesquerías se cerraron, la Subpesca comenzó a administrar la explotación mediante un sistema rudimentario de cuotas individuales a través de una vía completamente irregular: la entrega de permisos de pesca de investigación, que según la Ley de Pesca, corresponde a una “actividad pesquera extractiva (…) sin fines comerciales”.

La asignación de esos derechos pesqueros se entregó a cada empresa de acuerdo a su historial de capturas (registro de desembarques) y a la cantidad de empleados que tuvieran. Poco después, ese sistema se institucionalizó a través de la promulgación en 2001 de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA). Así se distribuyó el mar en unos pocos gigantes pesqueros industriales que hoy se encuentran enfrascados en dos peleas. La primera es por mantener en su poder las cuotas individuales que se les asignaron con esa ley. La segunda: porque se endosan mutuamente entre los actores del norte y del sur la responsabilidad sobre la depredación del jurel.

LA CULPA ES DEL NORTE, LA CULPA ES DEL SUR

La escasez no es un fenómeno local. Como el jurel es una especie transoceánica, se le puede encontrar en casi todo el Pacífico Sur, desde las costas de Nueva Zelanda hasta aguas chilenas. Por eso, desde 2007 se ha presentado un alza en la flota extranjera que captura jurel en aguas internacionales. Casi todos los estudios indican que es un solo stock que migra por el océano: desova cerca de Nueva Zelanda, frente a las costas del sur de Perú y el norte de Chile se concentra la población juvenil; y desde la V Región hacia el sur es la zona de reclutamiento, donde el jurel joven se suma a la población adulta. Para poder conservar ese ciclo es que se instauró desde 1981 una talla mínima de 26 centímetros para esa pesquería, aunque a fines de diciembre pasado el Congreso aprobó una ley que la reduce a 22 centímetros (ver recuadro).

Las causas en la disminución del jurel, a juicio de las grandes pesqueras de la zona centro sur asociadas en Asipes y Sonapesca, son dos: los enormes barcos factoría extranjeros que operan sin límites de captura y la pesca de jurel inmaduro por parte de las empresas del norte.

-El grupo Angelini es un gran depredador del jurel. En el norte se están pescando los especimenes bajo la talla legal. Tienen la teoría de que el del norte es un stock aparte, que es otro tipo de jurel, uno más chico. Los rusos sostenían que hay tres stocks distintos: uno en altamar, otro en el norte de Chile y otro en el sur. De eso se agarraron, pero ha quedado demostrado que al venirse abajo el jurel, lo hizo en todo el Pacífico Sur –dice el gerente de Asipes, Luis Felipe Moncada.

De acuerdo al informe que preparó la Subpesca en diciembre de 2011 con datos del Sernapesca y el IFOP para definir la cuota global de este año, “la temporada de pesca 2011 da cuenta de un consumo de cuota industrial de la zona norte (XV-II Región) de 29.545 toneladas, correspondientes a un 75% de la cuota establecida para esta zona. En cambio, la zona centro-sur (V-IX Región) registró un desembarque de 151.514 toneladas, equivalente a un 81% de la cuota establecida para esta macrozona”. Desde 2007 que las pesqueras chilenas no han podido completar la cuota asignada simplemente porque no hay peces.

La discusión sobre quién tiene la culpa de que el jurel se esté acabando llegó incluso al Parlamento. El 23 de marzo de 2011, el gerente general de Corpesca S.A., Francisco Mujica, se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Según consignó Diario 21, Mujica se defendió argumentando que la sobreexplotación existía, pero que estaba en la zona centro sur. Dijo que mientras la biomasa de jurel determinada por el IFOP es cero desde el año 2009 entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta la cifra alcanzó las 445.330 toneladas durante 2010. También señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de “pesca de investigación”. Lo que no dijo Mujica es que esa misma artimaña hoy rige para la pesca de jurel en el norte del país.

El mismo informe que elaboró en diciembre la Subpesca indica que desde 1998, en la zona norte “destaca la presencia de un alto número de ejemplares juveniles, que supera en promedio el 70% de la captura total, llegando algunos años a superar el 90% (2011)”. Entonces, la talla mínima del jurel era de 26 centímetros, pero el año pasado el 95% de las capturas estuvo bajo esa medida. Otro documento de la Subpesca indica que hay siete procedimientos sancionatorios en trámite. Dos de ellos apuntan a Corpesca S.A., del grupo Angelini, pero ninguno tiene que ver con pesca de jurel bajo la talla legal, sino que se refiere a infracciones por pescar en la zona exclusiva de los artesanales.

CIPER le preguntó al Sernapesca por qué si la ley sólo permite un 35% de captura bajo talla, no existen sanciones a las empresas que operan en la macrozona norte. Su respuesta fue:
“Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación (PI). La ley exceptúa a las PI de algunas medidas de administración lo cual en este caso se aplica. En otras palabras, la captura de jurel en la zona norte no tiene disposición de talla mínima. Consecuente con lo anterior, no hay infracciones en esta materia porque la medida no es aplicable”.
En cuanto a otro tipo de infracciones, ocho armadores de las zonas centro sur y austral figuran en la lista de procedimientos en curso por exceder el límite de captura de merluza común. Al final, los indicadores dan cuenta de un hecho: los armadores han aportado al unísono para que los recursos colapsen.

TODOS TIENEN INTERESES

-Cuando se habla sobre la responsabilidad en la sobreexplotación, hay que preguntarse quién hace el esfuerzo pesquero más grande, quién tiene la mayor pesquería. Chile ha tenido una presencia muy grande en la pesquería del jurel. Si alguien lo sobreexplotó, Chile tiene más culpa que cualquier otro país. Además hay otro factor: la regulación pesquera nacional permite que el Consejo Nacional de Pesca ignore las recomendaciones provenientes del mundo científico. La legislación permite que se pesque más de lo que se debería pescar –asegura Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace y vocero de la ONG ante la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur.

En la última década, la biomasa del jurel en el Pacífico Sur se ha reducido en un 79% debido a la sobreexplotación. De acuerdo al reporte que un grupo de trabajo científico internacional realizó en 2009 para la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur, la industria pesquera de Chile fue responsable del 88% de las capturas de jurel registradas en 2007 y 2008 en una región donde pescan enormes naves factoría de bandera peruana, china y europea, entre otras. La suma de las capturas informadas en el país durante esos dos años, fue de 2.198.973 toneladas. Casi todo ese volumen se repartió entre los 33 armadores chilenos que participaban para 2009 en la pesca industrial.

Desde entonces, lo único que ha cambiado es que el total de armadores chilenos se redujo a 27 y que si antes el 93,71% de esa pesquería se concentraba en 12 grupos económicos, ahora lo hace en nueve. Y son ellos los que al final han tenido la última palabra y decisión sobre cuánto se puede pescar en Chile.

A eso se refería un ex subsecretario de Pesca cuando le dijo a CIPER: “En el sector pesquero prácticamente no existe nadie que no tenga intereses”.

NUEVA LEY: PESCA DE INVESTIGACIÓN ES COMERCIAL
El 24 de octubre del año pasado, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que pretendía modificar la regulación de la pesca de investigación, la pesca artesanal y la cuota global de captura de distintos recursos marítimos. Dos meses y cinco días después, fue promulgada y el 3 de enero fue publicada en el Diario Oficial.

El texto que aprobaron los legisladores establece que se incluirán en el Registro Artesanal de Pesca los pescadores y sus naves que hayan participado en pescas de investigación entre 2008 y 2011 sin estar inscritos en el Sernapesca. Lo mismo con buzos y recolectores de orilla. También indica que la Subpesca podrá establecer un plan de manejo para la administración de recursos bentónicos por región o regiones.

Pero lo más importante fue lo que hicieron con el destino de las pescas de investigación y la talla mínima de captura de jurel. Dos límites precisos a la depredación actual.

La Ley de Pesca definía la pesca de investigación como una “actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización de los siguientes tipos de pesca sin fines comerciales”: pesca exploratoria, pesca de prospección y pesca experimental. Pero con la nueva ley, esa definición cambió. O más bien, lo que se puede hacer con lo que se pesque bajo ese régimen.

En el nuevo texto la pesca de investigación sigue siendo la extracción sin fines de lucro de recursos hidrobiológicos con fines de estudio, pero si antes la ley no decía qué se podía hacer con ellos después de realizada la investigación, ahora la norma es clara: “Los armadores podrán disponer de las capturas obtenidas, incluyendo el desembarque y procesamiento de las mismas, una vez recopilada la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la investigación”. En otras palabras, la pesca de investigación podrá ser comercializada.

La nueva ley también eliminó la extensión nacional para la talla mínima del jurel. Hasta fines de 2011, las empresas pesqueras de todo el país estaban obligadas a capturar jurel de 26 centímetros o más grandes, un tamaño bajo si se considera que en Perú la talla mínima es de 31 centímetros. Si eran más pequeños, el margen de tolerancia era el 35% de la captura. Si se sobrepasaba ese porcentaje, se aplicaban multas. Eso, al menos en la teoría, porque desde hace años que en el norte las pesqueras han estado exentas de esa restricción porque capturan el jurel bajo la figura de pesca de investigación. Desde 1998, más del 70% de sus capturas han sido bajo talla. Y los estudios que realizaron dieron frutos: con la nueva ley, la talla mínima para el jurel que se pesca en el norte, se redujo a 22 centímetros.

Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

Publicado originalmente en CIPER y en IDL-Reporteros (Perú) (27/1/2012)

SIN CONTROL, GIGANTES PESQUEROS DIEZMAN EL PACÍFICO SUR

2012-01-31T12:00:00.002-03:00

El stock de jurel ha disminuido un 90% en sólo 20 años en aguas meridionales donde antes abundaba el pescado: de unas 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Ello presagia una catástrofe mayor de alcance global. Los barcos más potentes del mundo compiten por capturar lo poco que aún queda en esos mares. Delegados de al menos 20 países se reunirán en Santiago el próximo 30 de enero para intentar avanzar en el difícil objetivo de frenar el saqueo de los recursos del Pacífico Sur. Esta investigación, realizada en ocho países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con CIPER e IDL-Reporteros, revela por qué la crisis del jurel presagia el alarmante deterioro de las especies marinas en todos los océanos.

Por Mar Cabra y Mort Rosenblum, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en colaboración con IDL- Reporteros y CIPER*

TALCAHUANO (Chile) — Eric Pineda se asomó a la bodega del Achernar y sólo vio diez míseras toneladas de jurel después de haber estado en faenas de pesca durante cuatro días. Hace menos de dos décadas, las aguas del Pacífico Sur eran tan ricas en pescado que se podía llenar ese barco de casi 18 metros de eslora y con una bodega con capacidad para 88 toneladas en apenas unas horas.

Este agente marítimo, como cualquier otro habitante de esta vieja ciudad portuaria de Talcahuano, creció conviviendo con ese pescado lleno de espinas y de tonos bronce llamado jurel chileno, una especie que deambula agrupado en bancos por las aguas del Pacífico Sur.

-Se está acabando muy rápido –admitió Pineda–, así que tenemos que pescar lo más posible antes de que se agote todo.

Cuando se le pregunta qué le dejará a su hijo, se encoge de hombros y afirma escueto: “Tendrá que buscar otra cosa”.

Pero, ¿queda algo por buscar?

El jurel, rico en ácidos grasos, un verdadero maná para un planeta hambriento, es un producto de primera necesidad en África. En otros lugares, la gente lo come sin darse cuenta ya que la mayoría del jurel capturado se transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las granjas de cerdos. Se necesitan alrededor de cinco kilos de jurel para producir un kilo de salmón de criadero.

En tan sólo dos décadas, el stock de jurel ha caído en picada: de unas 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad. Los barcos de arrastre más grandes del mundo, después de haber esquilmado otros océanos, ahora ponen rumbo hacia las aguas cercanas a la Antártica para disputarse lo poco que queda.

Un trabajo realizado en ocho países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la industria pesquera en el Pacífico Sur, revela por qué el estado crítico en el que se encuentra el jurel presagia de forma clara el alarmante y progresivo deterioro de las especies marinas en todos los océanos.

El caso del jurel es reflejo de un panorama mundial desolador: décadas de pesca sin controles fomentada por rivalidades geopolíticas, corrupción, mala gestión e indiferencia de la ciudadanía.

Daniel Pauly, eminente oceanógrafo de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), ve en la grave situación del jurel del Pacífico Sur una señal de alarma. “Éste es como el último de los búfalos”, contó al ICIJ en referencia a la época de la colonización de Norteamérica. “Cuando se haya ido, entonces todo lo demás habrá desaparecido con él. Marcará el final de los territorios conquistables”, añadió Pauly. La pesca será una cosa del pasado.

GRANDES FLOTAS PESCAN SIN CONTROL

Delegados de al menos 20 países se reunirán en Santiago la próxima semana, el 30 de enero, para intentar avanzar en el difícil objetivo de frenar el saqueo de los recursos del Pacífico Sur.

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (más conocida por sus siglas en inglés, SPRFMO), se fundó en 2006 gracias a la iniciativa conjunta de Australia, Nueva Zelanda y Chile, un país que suele evitar su participación en los organismos internacionales de pesca.

Su propósito original era proteger el estatus de las pesquerías, particularmente la del jurel. Sin embargo, hicieron falta casi cuatro años para que 14 países adoptaran 45 artículos provisionales que respondieran a ese plan. Hasta la fecha, sólo seis países han ratificado el acuerdo.

Entretanto, las flotas industriales, sólo sujetas a restricciones voluntarias, se afanan por pescar lo más posible en los confines del mundo.

Los científicos calculan que entre 2006 y 2011 la población de jurel disminuyó un 63 por ciento.

La convención de la SPRFMO necesita ocho firmas para ser vinculante, incluida la de un Estado costero sudamericano. Chile, que en un primer momento fue determinante para constituir el grupo, aún no la ha ratificado.

En sus comienzos, la SPRFMO decidió que en el futuro asignaría cuotas anuales para los Estados miembros en función del tonelaje de arqueo bruto de los barcos desplegados por cada uno de los países entre 2007 y 2009.

Con el fin de aprovecharse de esa decisión, varias flotas pesqueras se dirigieron a toda máquina hacia las aguas del Pacífico Sur. Los barcos de arrastre chinos llegaron en masa, así como lo hicieron otros procedentes de Asia, Europa y Latinoamérica.

Uno de los primeros en llegar fue la nave que por aquel entonces era el mayor barco pesquero del mundo, el Atlantic Dawn, un buque de 14.000 toneladas construido por armadores irlandeses. La empresa holandesa Parlevliet & Van der Plas lo compró y le dio el nombre de Anheléis Ilena. Este tipo de “superarrastreros” capturan jurel con redes de gran tamaño cuya boca tiene alrededor de 25 por 80 metros de apertura. Cuando las redes son recogidas, el pescado es introducido en la bodega mediante tubos succionadores similares a aspiradoras gigantes.

Gerard van Balsfoort, presidente de la Asociación de Grandes Arrastreros Congeladores de Pelágicos (PFA, por sus siglas en inglés), con sede en Holanda y que representa los intereses de nueve compañías y 25 barcos de bandera europea, confirmó algo obvio: los holandeses, al igual que el resto, fueron a marcar territorio. “Era una de las pocas zonas a las que podías acceder libremente”, admitió Van Balsfoort. A lo que añadió: “Parecía evidente que una gran cantidad de barcos iba a tomar rumbo sur, pero no había otra opción. Si te retrasabas en tomar la decisión de ir allí, te podían cerrar la puerta”.

En 2010, la SPFRMO contabilizó 75 barcos faenando en el área de su competencia.

La frenética carrera por pescar jurel también atrajo el interés de uno de los mayores actores del mercado mundial: la empresa Pacific Andes International Holdings (PacAndes), con sede en Hong Kong. Esa compañía invirtió en 2008, US$ 100 millones para transformar un petrolero de 228 metros de eslora y de cerca de 50.000 toneladas de peso en un buque factoría.

El Lafayette, de bandera rusa, tiene una longitud superior a dos campos de fútbol americano juntos. Succiona el pescado con una manguera gigante en barcos de arrastre auxiliares encargados de las capturas, para más tarde congelarlo en bloques. Luego, buques congeladores lo transportan a puertos de todo el planeta.

Si operase todos los días, el Lafayette por sí solo tendría la capacidad técnica de procesar a bordo 547.000 toneladas de pescado al año.

En septiembre de 2011, los científicos de la SPRFMO llegaron a la conclusión de que una captura anual por encima de las 520.000 toneladas podría dañar aún más el stock de jurel. Sólo las pesqueras chilenas tienen autorización parar pescar durante 2012 una cuota global de 252.000 toneladas.

Cristian Canales, científico del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el centro estatal de investigación pesquera chileno, manifestó que un límite de capturas más seguro sería de 250.000 toneladas. Algunos expertos discrepan y dicen que la única forma de recuperar esa pesquería es la implementación de una veda total durante cinco años.

UNA SOBREPESCA SUBVENCIONADA

El Trachurusmurphyi o jurel chileno se captura al oeste de Chile y Perú, a lo largo de una franja costera de 6.600 kilómetros, hasta aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino con Nueva Zelanda.

Pertenece la familia de los pequeños pelágicos, vitales como fuente de alimentación para las especies predadoras más grandes. Sus bancos se localizan en amplias zonas de aguas abiertas, donde comen plancton y pequeños organismos.

El jurel representa un tercio del total de las capturas mundiales.

La pesca agresiva ha diezmado las poblaciones de jurel en el Pacífico Sur en las últimas dos décadas - de 30 millones de toneladas a menos de 3 millones de dólares.

Biomasa de la población total: El total de los peces, tanto juveniles como adultos.
La biomasa reproductora: El peso total de los peces que tengan la edad suficiente para reproducirse.

Fuente: South Pacific Regional Fisheries Management Organization
Gráfica de Ajani Winston / Noticias iWatch

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la flota pesquera mundial “es dos veces y media mayor de lo necesario”. Esa estimación fue publicada en un informe de 1998. Desde entonces, la capacidad pesquera de las flotas se ha incrementado aún más. Si una pesquería no está convenientemente regulada, pueden esquilmarla rápidamente.

Según afirman los expertos, esa sobrecapacidad se ha visto potenciada por los subsidios estatales, especialmente en Europa y Asia.

Un prestigioso informe realizado por Rashid Sumaila, en colaboración con el oceanógrafo Pauly y otros científicos de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), estimó que los subsidios totales mundiales en el año 2003 ─últimos datos disponibles─ alcanzaron un valor de entre US$25.000 y US$29.000 millones. El trabajo demostró que entre el 15 y el 30 por ciento de los subsidios estaba destinado a sufragar el combustible que permite a las naves faenar en todos los rincones del planeta. Otro 60% costeó la construcción y modernización de embarcaciones.

El estudio calculó que las subvenciones concedidas por China alcanzaban los US$ 4.140 millones y las de Rusia los US$ 1.480 millones.
Un informe publicado en diciembre de 2011 por la organización ecologista Greenpeace critica con dureza a la Asociación de Grandes Arrastreros Congeladores de Pelágicos (PFA), con sede en Holanda, que representa al barco Annelis Ilena. El documento revela que, desde 2006 a 2011, las empresas de la PFA se beneficiaron con exenciones fiscales para combustible cuyo monto anual osciló entre 20,9 y 78,2 millones de euros.

El informe, elaborado por un consultor independiente para Greenpeace, señalaba que, conforme a un cálculo conservador, las ganancias anuales medias de la PFA, cercanas a 55 millones de euros, serían de tan sólo siete millones sin la ayuda del contribuyente. Haciendo una estimación más liberal, la PFA habría perdido anualmente unos 50,3 millones de euros.

Los fondos de la Unión Europea ─co-financiados por Alemania, Reino Unido y Francia─, ayudaron a la PFA a construir o modernizar 15 barcos de arrastre, aproximadamente la mitad de su flota. Según datos oficiales de la Comisión Europea obtenidos por el portal fishsubsidy.org, el arrastrero Helen Mary de la PFA, que empezó a faenar en el Pacífico Sur en 2007, recibió 6,4 millones de euros en subvenciones entre los años 1994 y 2006, más que ningún otro barco pesquero de la UE.

Van Balsfoort, presidente de la Asociación de Grandes Arrastreros Congeladores de Pelágicos (PFA), no puso en duda esas cifras publicadas, pero defendió las exenciones fiscales al combustible como algo rutinario en la industria pesquera. A su vez, señaló que el Helen Mary y un barco gemelo eran arrastreros de la extinta Alemania oriental que presentaban un estado ruinoso y que fueron reconstruidos gracias al entusiasmo germano surgido tras la reunificación.

Según la regulación internacional, los barcos pueden pescar libremente en zonas marítimas no regidas por acuerdos ratificados. Aún así, la Unión Europea exige a los pesqueros de sus estados miembros que acepten las medidas interinas adoptadas por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO) como si fueran legalmente vinculantes. Además, los países de la UE están obligados a repartirse la cuota anual colectiva para la pesquería del jurel. Sin embargo, algunos armadores encuentran el modo de sortear la normativa vigente.

Por ejemplo, Unimed Glory, una filial de la compañía griega Laskaridis Shipping, opera tres barcos de arrastre en el Pacífico Sur. La empresa armadora está en Grecia, país miembro de la UE. Pero al estar abanderados en el archipiélago de Vanuatu, ubicado en el Pacífico Sur, escapan al control de Bruselas y pueden extraer mayor cantidad de jurel que lo que les permitiría una participación en la cuota europea total.

El noruego Per Pevik, director de Unimed Glory, dijo al ICIJ que debido a que Vanuatu no cumple con los estándares sanitarios exigidos por la UE, su pescado no puede ser vendido en Europa. Así que comercializa su jurel en África. Preguntado si las autoridades europeas habían planteado alguna objeción a sus banderas de Vanuatu, respondió: “No, no me molestan con esa cuestión”.

Los transbordos de pescado en alta mar también frustran la posibilidad de un control efectivo. Una vez que el pescado es descargado en grandes buques congeladores, su verdadero origen puede ser ocultado.

En el Pacífico Sur, las flotas industriales cada vez encuentran menos jurel tras años de pesca sin control. Los pesqueros abanderados con pabellones de países de la UE extrajeron más de 111.000 toneladas de jurel en 2009; al año siguiente, los barcos capturaron un 40% menos de pescado; en 2011, reportaron tan sólo 2.261 toneladas.

Echando una mirada hacia atrás, el presidente de la PFA, Van Balsfoort, admitió que el jurel tiene ciclos biológicos y que los barcos sobreexplotaron el recurso en un momento en que la población se encontraba vulnerable. “Pescamos demasiado… Toda la flota tiene que sentirse culpable por ello”, reconoció el ejecutivo holandés incluyendo en la acusación a la PFA.

EN EL INTERIOR DE PACANDES

La estructura empresarial de la Pacific Andes International Holdings (PacAndes) es como un rompecabezas. El Lafayette, su barco de 50.000 toneladas brutas, está registrado por Investment Company Kredo en Moscú y enarbola la bandera rusa. Kredo -por medio de otras cuatro empresas subsidiarias- pertenece a China Fishery Group, compañía registrada en Singapur, la cual, a su vez, está inscrita en las Islas Caimán.

China Fishery y Pacific Andes Resources Development son propiedad de Pacific Andes International Holdings, con sede en Hong Kong, pero bajo el paraguas de otro holding constituido en Bermudas. PacAndes, compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong, tiene más de 100 subsidiarias bajo el control de sus numerosas divisiones. Pero su red mundial, parcialmente impenetrable, incluye muchas otras filiales. Uno de sus mayores inversores es Carlyle Group, de EE.UU., que en 2010 compró acciones por un valor de US$150 millones.

China Fishery Group publicó un aumento del 27,2% en los ingresos del ejercicio de 2011. De los US$528,9 millones en 2010 pasó a US$ 685,5 millones. Esta cifra representa el 55% de los ingresos de PacAndes. La compañía lo atribuyó a operaciones más rentables de la flota del Pacífico Sur y de la producción de harina de pescado en Perú.

Ng Joo Siang, de 52 años, egresado de la Universidad del Estado de Louisiana (EE.UU.), obsesionado con el golf y de aspecto jovial, dirige PacAndes como la empresa familiar que en realidad es. Su padre, malayo de origen chino, se mudó junto a su familia a Hong Kong, donde creó su propio negocio de pescado en 1986. Cuando el consejo de administración se reúne en una sencilla sala de conferencias con vista al puerto, su retrato contempla desde arriba a su viuda, la actual presidenta, a sus tres hijos y a su hija.

-Mi padre me dijo que los recursos de los océanos eran ilimitados –dijo Ng en la entrevista-, pero era una afirmación falsa. Nosotros no queremos destruir los recursos, no queremos ser acusados de esquilmarlos. No creo que a nuestros inversores les agrade eso. Tampoco les va a gustar a nuestros hijos.

No obstante, muy a su pesar, reconoce que PacAndes se enfrenta al difícil reto de mejorar su imagen pública. En 2002, una compañía afiliada a PacAndes fue acusada de practicar pesca ilegal en la Antártica. Ng niega que su empresa estuviera implicada en conductas indebidas o que tuviera relación alguna con los barcos sospechosos de estar involucrados en esos hechos.

En aquellos días, según la versión contada al ICIJ por diplomáticos neozelandeses, un abogado ruso que trabajaba para la compañía, supuestamente amenazó a un empresario de la industria pesquera de Auckland mostrándole fotografías de su familia. Consultado sobre ese episodio, Ng negó que hubiera ocurrido y calificó el asunto como una nueva difamación divulgada por gente molesta con el éxito de PacAndes.

Empeñado en ofrecer una mejor imagen, Ng contrató a un nuevo ejecutivo para hacerse cargo de la responsabilidad social corporativa y dijo que quiere llevar científicos a bordo de sus barcos para ayudar a proteger los recursos pesqueros. Sin embargo, su respiración cobró otro ritmo cuando se le preguntó por el límite de 520.000 toneladas recomendado por la SPRFMO para la captura de jurel.

-¿En qué se basan? –replicó.

Alzando su pulgar humedecido, como si fuera a comprobar la dirección del viento, acotó: “¿En esto? No se basan en la ciencia. La SPRFMO carece de argumentos científicos. ¿Cuánto dinero han aportado Vanuatu o Chile o cualquier otro país para comprender algo sobre las pesquerías?”.

Chile, de hecho, invirtió US$ 10,5 millones de dólares en 2011 en el IFOP, su reputado instituto científico pesquero, lo que equivale a la cuarta parte de su presupuesto total en el rubro. En las intrigas de las políticas pesqueras, PacAndes se alinea con Perú, país en el que opera 32 barcos y donde posee una participación en la cuota de anchoveta, otra especie utilizada para producir harina de pescado.

Ng dice que el Lafayette enarbola bandera rusa porque así se perfecciona una vieja idea soviética: un buque nodriza que permanece fijo en un lugar, aspira pescado, el que es llevado por una flota de barcos pesqueros para procesarlo a bordo.

Expertos de la industria sospechan que es otra la razón por la que ese buque factoría lleva pabellón de Rusia: la manera opaca de hacer negocios en ese país.

El Lafayette no puede pescar por sí solo pero sí puede hacerlo junto a otro barco. Según Ng, el sistema consiste en que uno de los dos extremos de la red de arrastre es amarrado al Lafayette y el otro a un segundo barco que finalmente cobra la captura. En enero de 2010, una inspección francesa en Tahití no encontró aparejos de pesca a bordo del Lafayette.

Este asunto ocupa un lugar central en una reciente polémica surgida dentro de la incipiente Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO). La entidad está ahora asignando nuevas cuotas voluntarias en función de las capturas realizadas en 2010. En ese año, tanto Rusia como Perú reivindicaron capturas de 40.000 toneladas que parecen corresponder a la misma partida. Los rusos dicen que el Lafayette estuvo pescando mientras enarbolaba su bandera. Por su lado, los peruanos defienden que los arrastreros que realmente capturaron ese pescado, operaron bajo su pabellón.

EL PODER CUENTA EN CHILE

La crisis del jurel ha golpeado con extrema dureza a Chile, donde los principales industriales y las autoridades reconocen los graves excesos cometidos durante los años donde no había control. Una época que ellos llaman: “la carrera olímpica”.

Sólo en 1995, los chilenos pescaron más de cuatro millones de toneladas. Esa cifra es ocho veces superior a la cantidad que los científicos de la SPRFMO recomendaron desembarcar en 2012 para que la pesquería sea sostenible. Entre los años 2000 y 2010, Chile descargó en sus puertos el 72% del total de jurel extraído en el Pacífico Sur.

Juan Vilches es patrón de pesca. Su trabajo consiste en buscar cardúmenes de peces para una gran compañía. Es también biólogo marino. Se estremece al recordar tiempos pasados. “La matanza era tremenda, increíble”, afirma Vilches.

-Nadie tenía ni idea de los límites. Si las redes subían demasiado llenas y la captura excedía la capacidad de la bodega, arrojábamos toneladas por la borda. Los barcos venían tan cargados que el pescado llegaba apachurrado y su sangre estaba tan caliente que hervía a borbotones –sostiene Vilches.

Ahora la situación ha cambiado. Sin embargo, el ICIJ, en colaboración con CIPER, siguió la pista a ocho grupos que conforman un monopolio de facto de la pesquería en ese país y que han presionado al gobierno para que estipule cuotas por encima de la recomendación científica. Seis de esos ocho grupos están controlados por poderosas familias. Y en conjunto, las ocho poseen el 87% de la cuota global de captura del jurel en Chile.

Roberto Angelini, de 63 años, controla el norte. Es conocido como “El Heredero” por haber sucedido a su tío Anacleto, a quien Forbes situó en su ranking de 2007 como el hombre más rico de Sudamérica precisamente el año en que falleció.

Anacleto había emigrado desde Italia en 1948. En 1976, incorporó el negocio de la pesca a un imperio que al día de hoy incluye a Copec y explotaciones mineras y forestales, entre otros intereses. Las dos empresas pesqueras de Angelini poseen el 29,3% de la cuota global de jurel fijada por el gobierno chileno. Además, suministran el 5,5 % del total de harina de pescado mundial.

Según un informe del gobierno chileno, cerca del 70% del jurel capturado entre 1998 y 2011 en el feudo norteño de Angelini estaba por debajo de la talla mínima permitida. De acuerdo con la legislación vigente, la mitad de esas extracciones sería ilegal. Pero los funcionarios del gobierno dicen que en el norte las capturas entran en la categoría especial de “pesca de investigación” y, por tanto, están exentas de la ley que regula el tamaño. Angelini rehusó hacer comentario alguno para este reportaje.

En la Universidad de Concepción, el tono suave del biólogo marino Eduardo Tarifeño se agria cuando se habla de la depredación de los océanos:

-Ya no tenemos jurel ni merluza ni anchoveta. Las pesquerías que producían un millón o más de toneladas anualmente, simplemente se han agotado debido a la sobrepesca llevada a cabo por las grandes compañías –criticó el biólogo.

En Chile, la única especie relativamente abundante es la sardina, según Tarifeño, uno de los dos científicos que forman parte del Consejo Nacional de Pesca (CNP), el organismo chileno que aprueba las cuotas de captura. Allí se vota por mayoría. El 60% de sus miembros pertenece al sector productivo pesquero.

Anualmente, el IFOP, instituto estatal encargado de la investigación pesquera, recomienda una cuota a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) dependiente del Ministerio de Economía, departamento que a su vez propone su propia cifra. Si el CNP la rechaza, el nuevo límite de explotación equivaldría al 80% de la cuota del año anterior.

En 2009, el IFOP urgió a que se adoptara un drástico recorte que establecía un límite de capturas de jurel de 750.000 toneladas, según la organización ecologista sin fines de lucro Oceana, que examina las cifras de cuota sin publicar. Subpesca la amplió hasta las 1,4 millones de toneladas y el CNP la aprobó.

Mientras que el stock de jurel se desploma, los funcionarios y los empresarios de la industria se lanzan acusaciones mutuas por no haber adoptado, con mayor celeridad y firmeza, medidas para la reducción de las cuotas.

Se espera que este año se apruebe una nueva ley de pesca que quitará atribuciones al CNP y se las otorgará a un panel de expertos. Sin embargo, Tarifeño insiste en que ya es demasiado tarde para cualquier cosa que no sea tomar medidas drásticas:

-Si no salvamos el jurel ahora mismo, no seremos capaces de hacerlo en el futuro. Necesitamos que se adopte la total prohibición de su pesca durante al menos cinco años -señaló al ICIJ.

Desde la secretaría de Pesca de Valparaíso, Ítalo Campodónico reflexiona sobre este asunto y añade: “Como biólogo marino, tengo que estar de acuerdo. Deberíamos establecer una veda de cinco años. Pero como funcionario, debo ser realista. Por razones socioeconómicas, eso no va a suceder. La realidad es que los extranjeros pueden ir a pescar a otras aguas. Nosotros no”.

LA “EVAPORACIÓN” DE LA ANCHOVETA DEL PERÚ

El Perú es la segunda potencia pesquera mundial, sólo superada por China. En el destartalado puerto de Chimbote, el mayor del país, se descarga en un año más pescado que lo que toda la flota española captura en ese mismo periodo.

El problema no radica exclusivamente en la sobrepesca del jurel, sino también en la sobreexplotación de la anchoveta, un pez que se parece a una sardina con el tamaño de una anchoa y que es un recurso fundamental para elaborar las harinas de pescado usadas en la acuicultura.

La anchoveta peruana es la mayor pesquería mundial. Si las exportaciones de harina de pescado son un gran negocio en Chile -cerca de US$ 535 millones anuales-, en el Perú representan el triple de ese valor: US$ 1.600 millones al año.

Puedes oler Chimbote mucho antes de verlo. Hieden las nubes de humo negro grasiento que emanan de un bosque de chimeneas. Barcas artesanales se balancean sobre el agua en un trasiego continuo alrededor de los maltrechos muelles.

La legislación nacional vigente define claramente lo que supuestamente tiene que ocurrir cuando los barcos arriban a puerto con pescado a bordo. Pero cuando se le pregunta a un par de viejos pescadores cuándo fue la última vez que vieron inspectores, se miran uno a otro y se ríen.

El ICIJ, en colaboración con el grupo de periodismo de investigación peruano IDL-Reporteros, obtuvo una serie de documentos de la base de datos oficial de capturas que revelan el alcance real del fraude que se comete al otro lado de las puertas de las fábricas.

El análisis exhaustivo de más de 100.000 descargas entre 2009 y la primera mitad de 2011, reveló que la mayoría de las compañías peruanas que elaboran harina de pescado sistemáticamente hacen trampas en la mitad de los desembarques. En algunos casos, declaran capturas por un valor inferior al 50% del real.

Este fraude permite a las compañías pescar más de lo autorizado por las cuotas establecidas, además de darles la posibilidad de evadir el pago de impuestos y de los aranceles establecidos por tonelada, o de abonar menos salario a los pescadores que reciben un porcentaje sobre las capturas.

En total, al menos 630.000 toneladas de anchoveta -con un valor de casi US$ 200 millones en harina de pescado- “se evaporaron” en el proceso de pesaje en un periodo de dos años y medio. Simplemente no fueron contabilizadas. Los principales infractores son de nacionalidad peruana, pero la lista también incluye a la empresa China Fishery Group de PacAndes y a otras tres compañías de capitales noruegos.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, la principal asociación de industriales, minimizó los hallazgos de la investigación y aseguró que un cálculo a ojo del patrón no se puede comparar con la balanza. China Fishery Group denegó cualquier tipo de entrevista.

Patricia Majluf, vicepresidenta del prestigioso Instituto del Mar del Perú (Imarpe), hizo una descripción a ICIJ de lo que ella asegura son innumerables métodos usados por los pescadores y las plantas de harina de pescado para cometer fraude en el pesaje, evadir impuestos, reducir costes y violar la legislación vigente.

Si acaso se las descubre en infracción, precisó Majluf, las compañías pueden demorar el pago de las sanciones durante cuatros años y finalmente sólo abonan una fracción de las multas impuestas.

A pesar de su sólida reputación, las recomendaciones del Imarpe para lograr una disminución monitorizada de la actividad pesquera siguen siendo ignoradas.

¿SALVAR A LOS PECES O A LA INDUSTRIA?

Roberto Cesari, jefe de la delegación de la Unión Europea en la SPFRMO, que se reúne la semana próxima en Santiago de Chile, manifestó al ICIJ que espera que la convención se ratifique en 2013, no antes. En ese caso, esto sucedería después de siete años de un vertiginoso deterioro del stock de jurel.

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPFRMO) recortó las cuotas voluntarias en un 40% para 2011. Sin embargo, China, entre otros países, no aceptó el acuerdo. A posteriori Pekín acordó reducirlas en un 30 por ciento.

Cesari señaló que la Unión Europea intenta ejercer presión para alcanzar un necesario consenso o para resolver el conflicto, pero su influencia es limitada:

-Hemos venido expresando oficialmente nuestra decepción a China o Rusia, pero como puedes entender, estos no son actores menores en el mundo… Son gigantes –admitió Cesari.

Bill Mansfield, un abogado neozelandés que preside la SPRFMO desde 2006, manifestó que las restricciones voluntarias no han protegido las poblaciones de peces, por lo que ha llegado el momento de que la convención entre en vigor. Recalcó que la reunión de Santiago debería limitar las capturas de 2012 a 390.000 toneladas o menos. “La realidad es que todos necesitan tomarse en serio las restricciones si quieren que esta especie regrese”, dijo al ICIJ, sin mencionar el nombre concreto de ningún país que haya obstaculizado la adopción de reducciones drásticas.

Los funcionarios públicos evitan señalar con el dedo a nadie, pero dos excéntricos ex marineros que viven enfrascados en sus ordenadores en islas diminutas situadas en polos opuestos del mundo, no tienen reparos en denunciar los efectos de las grandes flotas subvencionadas. No se conocen, pero su discurso es el mismo.

Gunnar Album vive cerca de la ciudad noruega de Bodø, situada por encima del Círculo Polar Ártico. Desde allí dirige la Fundación TM y hace trabajos de consultoría para The Pew Charitable Trusts*. Cuando no está de viaje en encuentros internacionales, compagina su tiempo entre el cuidado de sus pollos y la llama que tiene para ahuyentar a los zorros y el análisis de datos obtenidos vía satélite para rastrear la actividad de los barcos pesqueros.

Album dice que las ayudas estatales han creado tanta capacidad pesquera que los grandes arrastreros están obligados a pescar lo máximo que pueden para recuperar la inversión realizada:

-Estos buques recorren los océanos en busca de cualquier pescado disponible, originando sobrepesca y ejerciendo una presión insoportable sobre los gobiernos que intentan gestionar los recursos –afirma.

Martini Gotje hace más o menos lo mismo que Album, pero desde la idílica isla neozelandesa de Waiheke, cerca de Auckland. Es un expatriado holandés que formaba parte de la tripulación del Rainbow Warrior de Greenpeace cuando fue hundido por los servicios secretos franceses en 1985.

Gotje elabora una lista negra de barcos para Greenpeace, que ayuda a los ecologistas y a las autoridades. Al igual que Album, critica sobre todo la sobrecapacidad, que es legal, pero devastadora. La prioridad –dice- debería ser salvaguardar la vida de las especies marinas, no la industria pesquera. “El Lafayette ha subido el listón a un nivel increíble, y Holanda está muy involucrada en ese juego”, señala. Gotje concluye: “Hay demasiados barcos, simplemente hay demasiados barcos”.

Al final, argumenta el oceanógrafo Pauly, esta tendencia mundial no cambiará a menos que una gran potencia -la Unión Europea o los Estados Unidos- adopte medidas resolutivas. “Alguien tendrá que asumir esa autoridad moral y otros le seguirán”, observa Pauly.

Duncan Currie, abogado medioambientalista residente en Nueva Zelanda que trabaja en la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos, ve en el problema del jurel un buen ejemplo para explicar lo que está sucediendo. Esta especie se agrupa en cardúmenes, en áreas marinas bien definidas. Además, no son muchas las flotas que lo persiguen.

Currie concluye: “Hay que plantearse una cuestión obvia, si no podemos salvar esta especie, ¿qué podemos salvar entonces?”.

Ver publicación original en Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

*Milagros Salazar (Perú), Juan Pablo Figueroa (Chile), Joop Bouma (Holanda) e Irene Jay Liu (Hong Kong) han colaborado en la redacción de este artículo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una red global e independiente de periodistas en más de 50 países que colaboran en investigaciones transnacionales. Forma parte del Centro para la Integridad Pública, una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación.

*En el pasado, el ICIJ recibió una ayuda económica de The Pew Charitable Trusts.

Publicado originalmente en CIPER, IDL-Reporteros (Perú), El Mundo (España), The New York Times, International Herald Tribune (EE.UU.), Le Monde (Francia), The Center for Public Integrity (EE.UU.), The Canberra Times (Australia) y Trouw (Holanda) (25/1/2012)

LOS NUEVE DUEÑOS DEL MAR CHILENO

2012-01-30T11:51:00.006-03:00

Con la repartición del mar chileno en 2001, partió un proceso que terminó por concentrar la explotación de los recursos marinos en unos pocos gigantes pesqueros. Nueve grupos económicos son dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. Un negocio que les reporta más de US$1.200 millones al año. Si se mantiene el acuerdo que en septiembre alcanzó con ellos el gobierno, así seguirá por los próximos 20 años. Aunque quizás no quede tiempo: la mala administración y sobreexplotación de las aguas chilenas por parte de las pesqueras tienen al jurel y otros peces a punto de desaparecer.

Vea el multimedia: Mapa: Los dueños del mar chileno.

Blumar S.A. es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola; pero de esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en el mapa de la pesca nacional. Así pasó a llamarse Pesquera Itata S.A. luego de fusionarse con Pesquera El Golfo S.A. y quedar con un capital de US$ 241.903.755 (poco más de $124 mil millones). Con esa fusión, las inversiones pesqueras de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz pasaron a ser una sola compañía, y de paso, a ser la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile.

Las dos sociedades que dieron origen a Blumar S.A. partieron casi de forma simultánea. Pesquera Itata S.A. fue constituida en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa. Un año después, Walter Stengel y Marcos Hinztler crearon Pesquera “El Golfo” Stengel y Cía. Ltda. Y a pesar de que las dos operaban en Talcahuano, sus historias corrieron por carriles distintos.

En las décadas siguientes, la propiedad de Itata –que desde 1992 participa en la Bolsa– sufrió varios cambios, aunque sólo en el papel: todas las sociedades a las que se le transfirió el control de la empresa pertenecen la familia Sarquis. La propiedad de El Golfo, en cambio, se modificó. En diciembre de 1986, la familia Stengel le vendió la empresa a Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Rentas Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz), Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Ltda., Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones, Compañía de Servicios Ltda. (de Jaime Santa Cruz). Así, el dominio de Pesquera El Golfo S.A. quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz.

Cuando se repartieron las cuotas individuales de captura en 2001, ambas empresas salieron muy bien paradas. Para entonces, en Chile había 78 firmas pesqueras que pescaban jurel de forma industrial y todas se adjudicaron un porcentaje de su cuota global anual. Como se consideraron los registros de captura de los cuatro años anteriores y la capacidad de bodega de sus barcos, las más grandes se aseguraron las mayores tajadas. Y como querían más, lo que vino fue un proceso de concentración que ha reducido a sólo 26 el número de participantes en la pesca extractiva de jurel. En ese camino, tanto El Golfo como Itata lideraron el recorrido.

Apenas unos meses después de entrar en vigencia la ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), El Golfo ya había absorbido cuatro empresas pesqueras y contaba con un capital de casi $52.000 millones, además del 10,24% de la cuota industrial de jurel. Ese mismo año, siete compañías del sector se disolvieron después de que el 100% de su capital quedara en manos de Pesquera Itata S.A., la que quedó con un fondo social que superaba los $39.609 millones y con el derecho a capturar el 10,03% del principal recurso pesquero del país. Durante los años siguientes, la constante disminución en las capturas de jurel, llevó a que en 2011 las dos compañías juntaran sus cuotas individuales y se fusionaran bajo el nombre de Blumar S.A. y un directorio compartido que preside Rodrigo Sarquis Said, quien además es presidente de Sonapesca y ex presidente de Asipes, las dos asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes e importantes del país.

La propiedad de la sociedad se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz, que además es dueño de Aquafish S.A., una empresa que hasta el año pasado participó en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza, pero que no figura entre los armadores que tienen una cuota asignada para 2012.

La fusión que dio origen a Blumar S.A. se dio en medio de la guerra que tiene enfrentadas a las pesqueras industriales por la redistribución del mar chileno. Ante la incertidumbre de cómo se reasignarán las cuotas individuales (si se mantendrán o se subastarán), cuando en diciembre de 2012 pierda vigencia el actual régimen de pesca, casi todos los armadores industriales, menos uno (Lota Protein S.A.), se aliaron para defender en bloque los porcentajes que se les asignó en 2001. Para evitar la licitación de sus cuotas, llegaron a un acuerdo con los pescadores artesanales y el gobierno a fines de septiembre pasado. Si la base de ese documento se respeta, salvo unos pequeños cambios, todo se mantendrá igual y el control del mar chileno y sus recursos seguirán, como hasta ahora, y por 20 años más, en manos de unos pocos gigantes pesqueros (ver mapa multimedia).

UNA HISTORIA DE ERRORES

Si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre. Especialmente con el jurel, el principal recurso marino del país. Cada vez que se ha modificado el régimen pesquero, ha sido porque los malos resultados de las medidas anteriores lo han hecho necesario. Si el jurel está desapareciendo de nuestras aguas, es en gran parte por la mala administración histórica de los recursos pesqueros en el país. De hecho, hace 15 años el jurel estuvo a punto de acabarse. Una historia que nadie quiere recordar.

Primero se cerró el acceso a nuevos actores en las zonas saturadas bajo la lógica de que si los recursos son limitados, el ingreso a su explotación también debe serlo. Era mediados de los ’80. Para entonces, las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Los que quedaron adentro después del cierre, siguieron pescando sin ningún control; y los de afuera, se adueñaron de las zonas que permanecían abiertas. No quedó metro cúbico de mar chileno sin explotación pesquera.

Después, en 1991 se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas simplemente invirtiendo en tecnologías que les dieron a su flota mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar en promedio 4 millones de toneladas de jurel al año. Y aunque las cifras parecían indicar que había jurel para rato, lo cierto es que ya se estaba acabando.

-La crisis se manifestó porque casi todo lo que se estaba pescando era bajo la talla mínima legal, que en el caso del jurel es de 26 centímetros. Si lo pescas antes de que pase por el proceso reproductivo, eliminas la especie –cuenta un funcionario de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) que pidió mantener su nombre en reserva.

El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector, la medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. “Fue lo peor que se pudo hacer”, dice un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER. La Subpesca implementó entonces un artilugio que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Como la pesca de investigación es por definición sin fines comerciales, la medida fue ilegal, pero todos callaron. Las compañías ya instaladas adquirían la garantía de que podrían pescar de acuerdo a sus capacidades productivas. Si la cuota resultaba ser baja, ya encontrarían mecanismos para aumentarla.

Ese sistema fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria. Fue entonces que comenzó formalmente la repartición del mar chileno. Para las grandes pesqueras, fue el reconocimiento de su “derecho histórico”.

LA DIVISIÓN DEL MAR

Ricardo Lagos aún no cumplía medio año como presidente cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía ser una norma transitoria. Según un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER, “los parlamentarios aprobaron esa legislación porque no quisieron hacerse más líos. Siempre los gobiernos han tratado de evitar el conflicto de cambiar el régimen de administración pesquero y enfrentarse a los industriales, y para entonces el lío ya era tremendo”. El proyecto pasó a ser ley en enero de 2001 y duraría sólo dos años. Su nombre: Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).

Con su aprobación, el manejo que implementó la Subpesca en la crisis de los ’90 obtuvo un marco legal para continuar. Entre otras medidas, el mar chileno fue dividido en cuatro macrozonas pesqueras. El norte se dividió en dos: una que va desde la frontera con Perú hasta el límite sur de Antofagasta; y otra que parte desde ese mismo punto y se extiende hasta el sur de Coquimbo. La zona centro sur quedó definida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, mientras que la zona austral está comprendida por el área marítima que va desde la XI Región hacia el sur. Cada una de esas macrozonas pronto se transformó en una especie de fundo marítimo, donde las mayores empresas pesqueras marcarían su dominio.

La nueva ley también consolidó la reserva de las primeras cinco millas desde la costa para la explotación exclusiva de los pescadores artesanales, a los que además se les asignó un porcentaje de la cuota global de las principales pesquerías. Las diferencias entre los artesanales que apoyaron el cambio y los que vieron la ley de LMCA como una “privatización del mar”, se tradujo en una división de su asociación gremial más poderosa, la Conapach, en dos grandes conglomerados: uno que se llamó Confepach (que apoyó los cambios propuestos por el gobierno); y otro que siguió con el nombre original y que incluso acusó ante la Contraloría al entonces subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, por tráfico de influencias. A todos ellos, a los 81.157 pescadores artesanales que figuran en el Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca, se les asignó el 5% de la cuota global de jurel.

Lo demás se fraccionó entre todos los armadores industriales que operaban en las zonas norte y centro sur del país. La fórmula utilizada para repartir las cuotas individuales transferibles fue el “coeficiente de participación relativo”: la suma del registro de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las empresas que más habían pescado durante los años que la Subpesca administró la crisis y las que tenían mayor capacidad de bodega se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global. Quienes tuvieran mayor “historia pesquera”, que en definitiva es lo mismo que mayor participación en el mercado, salieron más beneficiados.

-Durante los cuatro años que se consideraron para hacer historia pesquera, lo que más se capturó de jurel fue a través de pesca de investigación. Tener un buen registro dependía exclusivamente de cuánto la subsecretaría te había asignado para pescar. En el fondo, la pesca de investigación era industrial –dice Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein S.A.

A fines de 2002, para no empezar otra discusión sobre un nuevo manejo del sector, con el apoyo de las principales empresas pesqueras asociadas en Sonapesca, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley por 10 años más (hasta el 31 de diciembre de 2012).

Según Rodrigo Vial, presidente de Anapesca y fundador de Lota Protein S.A., la fórmula para asignar esas cuotas fue diseñada en Sonapesca, que es prácticamente lo mismo que Asipes (la lista de compañías asociadas es casi la misma), pero a nivel nacional. Una fuente que trabajó en la Subpesca en esos años asegura lo contrario: que fue un sistema determinado por las autoridades para manejar una crisis. Da lo mismo cual fue la intención, porque como las cuotas que les asignaron a varias de las empresas más pequeñas disminuían considerablemente su posibilidad de producción, se les hizo insostenible continuar operando. Muchas debieron vender sus barcos y sus cuotas. Las más grandes las compraron y terminaron absorbiendo a las más chicas, reduciendo gradualmente la cantidad de participantes en la actividad extractiva hasta llegar a concentrar la explotación de la mayoría de los recursos marinos en los mismos nueve grupos económicos que hoy concentran el 93,7% de la pesca industrial de jurel, el recurso marino más importante del Pacífico Sur.

FAMILIAS DEL MAR

El documento que llegó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de enero de 2011 tenía la firma de Francisco Cifuentes, gerente general de la empresa que hasta el año anterior poseía el 10,63% de la cuota global de jurel: la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Allí decía que la decisión ya estaba tomada, que la fusión con Pesquera Bío Bío S.A., de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks, ya estaba en marcha y que se concretaría a más tardar en octubre de 2011. La sociedad naciente repartiría su propiedad en un 70% para los primeros y en un 30% para los segundos. La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre pasado, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., filial de la compañía de los Stengel. Aunque aún aparecen funcionando por separado, las empresas de Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel ya están bajo una misma estructura, aunque en forma parcial: sólo las operaciones pelágicas de la zona centro sur estarán a cargo de la nueva empresa. La explotación en el norte y de las especies no pelágicas -como la merluza-, las seguirán desarrollando de forma independiente.

La empresa que nació de la fusión no sólo pasó automáticamente a ser titular del 15,77% de la cuota industrial de jurel y del 19,16% de sardina común, sino que además consolidó los apellidos Fernández y Stengel en el grupo de familias que concentran la explotación de la mayor cantidad de recursos pesqueros del país. Si se suman las cuotas que controlan sus tres empresas, entre las dos familias poseen el derecho a capturar el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.

En ese grupo de familias, el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz es bastante conocido. Por medio de sus empresas Pesquera Bahía Coronel S.A. y Salmoalimentos S.A. –donde participa a través de su matriz Pesquera Nacional S.A.–, hasta el año pasado tenía asignado el 3,03% del jurel reservado para la pesca industrial. Este año, sólo Salmoalimentos aparece entre los armadores con cuota de pesca, adjudicándose sólo el 0,017% del jurel que se pesca industrialmente en Chile. En el directorio internacional pesquero Fish Information & Services, Bahía Coronel es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional”. La misma descripción aparece en un video institucional en el sitio web de Enapesca S.A., que funciona en el mismo domicilio que Pesquera Bahía Coronel S.A.

La sociedad que forman las familias de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk se llama Pesquera Landes S.A. y posee el derecho a capturar cada año el 3,91% del jurel y el 10,15% de la sardina común. Por otro lado, Foodcorp S.A. y Lota Protein S.A. también pertenecen a grupos familiares, aunque son las únicas dos empresas que explotan jurel cuyos dueños son extranjeros. El capital de la primera, que explota el 7,73% del jurel, está en manos de la familia noruega encabezada por Helge Møgster, el principal accionista de Austevoll Seafood ASA, una empresa del grupo pesquero DOF. La controladora de la segunda es el grupo Koppernaes, también de Noruega, una empresa familiar que opera en Europa desde 1884. En Chile, poseen el 1,5% de la pesca industrial de jurel.

Otro de los apellidos que pesan en la pesca chilena es Menéndez, aunque por dos ramas familiares distintas.

El polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez se divide en dos sociedades: Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). Si se suman las cuotas que cada empresa tiene asignadas, los Izquierdo controlan el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales, el 9,9% de la sardina común y el 9,24% de la merluza de cola. Aunque el grupo familiar no es el más grande del sector, tiene un gran peso en la industria pesquera: el presidente de su directorio, Roberto Izquierdo, también es la cabeza de la asociación gremial Asipes y ocupa una de las tres vicepresidencias en Sonapesca.

En este cuadro de los dueños del mar chileno, también están los Lecaros, la otra rama de la familia Menéndez con intereses pesqueros. A través de Pesquera Coloso S.A. y su filial Pesquera San José S.A., los Lecaros Menéndez han llegado a controlar durante la última década el 10,47% de las capturas industriales de jurel. Aunque ahora, después de que se fusionó con uno de los grupos económicos más importantes del país, ese porcentaje parece hasta irrisorio.

El GIGANTE DEL NORTE

En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país.

El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte.

El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú.

“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009.

Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca.

-De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010.

Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas.

LOS EXTRANJEROS DEL SUR
La zona marítima austral, desde el límite de Los Lagos con Aysén hacia el sur, representa un mundo aparte para la industria pesquera. Allá los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva, aunque para 2010 se contabilizaban en el área unos 8.500. Tampoco corre la restricción del uso de barcos factoría. Y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del país, las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras.

Las especies principales que se capturan en las pesquerías que tienen cuotas establecidas de acuerdo a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) en la zona austral, son el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza del sur y la merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés, aunque en una de ellas también participa el Grupo Del Río, presente también en la sociedad de Falabella.

La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de la compañía española radicada en el Puerto de Vigo, Pescanova. Para 2008, cuando según publicaciones del Diario Oficial su capital alcanzaba los € 138 millones (poco más de $49.000 millones), sus únicos socios eran la empresa española y Nave de Argo Sociedad Ltda., otra empresa perteneciente al mismo grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa-Faro y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España. Este año, la empresa controla la mayoría de las capturas industriales de congrio dorado (65,92%) y merluza del sur (45,85%).

Otra empresa española asentada en la zona austral es Pesca Cisne S.A., acusada de malas prácticas en Chile y fuera del país. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. En España también operan con una empresa del mismo nombre y Arcosmar S.A., que también opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá.

González Otero y González Corral han sido acusados de pertenecer a “la mafia gallega”, dedicados a la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. En 2005, el Sernapesca de Chile presentó una querella en su contra por falsear información de sus desembarques. Aun así, este año tienen autorización para capturar el 8,36% de la cuota industrial de merluza del sur y el 12,05% de congrio dorado.

Los japoneses de Emdepes S.A. son otros de los dueños de la zona austral chilena. La empresa pertenece al Grupo Nissui y no sólo controla casi exclusivamente la explotación industrial de la merluza de tres aletas (99,89%), sino que además posee parte importante de la extracción de merluza del sur (20,74%), merluza de cola (23,24%) y congrio dorado (6,82%). A eso se suma otra de sus empresas, Friosur S.A., donde está asociada con el Grupo Del Río.

Friosur S.A. desapareció el año pasado de la lista de armadores con autorización para pescar, ya que le traspasó su cuota a otras dos empresas: Pesquera Sur Austral S.A. y Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país en las pesquerías de jurel, los cuatro tipos de merluza y congrio dorado.

Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

Publicado originalmente en CIPER y en IDL-Reporteros (Perú) (25/1/2012)

CONFESIONES INÉDITAS VINCULAN A LA CMPC CON LA MASACRE DE 19 TRABAJADORES EN LAJA

2012-01-16T13:00:00.001-03:00

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque "militaba con los miristas". Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20

La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla de Rodríguez volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa, que los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Nunca más se supo de Luis. Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Monseñor Orozimbo Fuenzalida, pero nada.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo. Mientras que los demás habían sido llevados la Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún lo consideran un desaparecido.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 en el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

Publicado originalmente en CIPER (13/1/2012)

EL SANTIAGO MÁS BRAVO: LAS ZONAS SIN LEY EN EL PARAÍSO DE LATINOAMÉRICA

2011-12-15T12:00:00.008-03:00

La última edición de la revista latinoamericana Distintas Latitudes nada tiene que ver con renos, nieve, regalos ni el Viejo Pascuero. Porque la realidad de la región es harto más cruda. En cambio habla de armas, narcos, violencia, desconfianzas y abandonos en las diferentes ciudades del continente. Entre los barrios bravos de América Latina, Santiago no suele figurar. Porque es supuestamente una de las mejores ciudades para vivir: una imagen tan falsa como la nieve en los árboles de Navidad en un diciembre caluroso y seco. Me pidieron que les contara sobre ese Santiago que no se ve y no aparece en los rankings; ese que descubrí investigando para CIPER en 2009 sobre las Zonas Ocupadas. Santiago puede ser muy bravo.

El hijo de Raquel se fue hace unos cuatro años de la Villa Lago Puyehue. Ella no quiere decir a dónde ni por qué. Sólo cuenta que no puede volver después de ese día, cuando Los Guarenes, los dueños de las drogas y las armas en esa zona, lo sacaron de su casa a punta de balazos y lo persiguieron por cuadras hasta que simplemente desapareció. Desde entonces, nunca más se le ha visto por allí. El primer disparo sonó justo frente a la casa de Raquel. Quedó una marca en la pared, aunque fue sólo la primera, porque recuerdos de balas hay muchos en su casa. La madre recuerda que esa tarde fueron cerca de 40 las balas, aunque asegura que eran tantos los disparos que pensaba que habían sido más. Pero sabe cuántos fueron porque 40 eran los casquillos que encontró después tirados en la acera, junto a los autos estacionados y bajo ese árbol que da sombra los días de calor y que parecería un lugar tan perfecto para sentarse un rato a relajarse, quizás a tomar un vaso de jugo y jugar dominó con los vecinos, si no fuera porque en cualquier minuto pueden llegar de nuevo disparando. Su hijo tuvo suerte y salió ileso. Pero sabe que si vuelve, si llegara a cometer la estupidez de asomarse de nuevo por esas calles, es hombre muerto.

-Estas villas son como un pueblo aparte. Y el sector Santo Tomás es uno sin ley –dice Raquel, que no se llama Raquel, pero me pide que la llame así porque sabe que si habla conmigo, corre peligro.

La Villa Lago Puyehue es una de las 26 poblaciones que conforman el sector Santo Tomás en la comuna de La Pintana, al sur de Santiago, una zona donde la ley la imponen las armas de Los Guarenes, Los Cabros Chicos y La Traviatta, las tres bandas narco que se disputan el control del territorio. Atrás de la casa de Raquel hay un enorme sitio eriazo con pastizales secos y toneladas de basura y escombros que nadie se ha preocupado de recoger. Allí es donde por las noches violan, asaltan y desmantelan autos robados. Hay también una cancha de fútbol donde antes se organizaban campeonatos y jugaban los niños, pero ya no: hoy es sólo un lugar de encuentro para beber y drogarse y, a veces –más de las que Raquel quisiera-, un campo de batalla.

Raquel y sus más de 1.600 vecinos están condenados. Viven en una zona donde lo único que conocen del Estado es su completa ausencia. En las cercanías hay un solo supermercado que fue saqueado por completo el mismo día en que se inauguró. Por eso hoy está completamente enrejado y fuertemente custodiado por cuatro guardias de seguridad. No hay farmacias, bancos, centros de pago, restaurantes, comisarías, consultorios, escuelas ni nada. La locomoción colectiva apenas pasa cerca. Las cartas no llegan a sus casas porque los carteros temen ingresar. Lo mismo pasa con los técnicos de la luz o del agua. Tampoco llegan ambulancias ni bomberos ni policías.

Lo mismo dice José Ponce que ocurre en La Chimba, una población en la comuna de Conchalí, en el norte de la capital chilena. Pilar Acevedo, de la población Francisco Coloane, asegura que ni ella ni sus vecinos salen de sus casas con la certeza de volver vivos y que a veces, las balas perdidas ni siquiera se toman la molestia de esperar a que se asomen a la calle, que pueden entrar por una ventana y atravesarle la cabeza a alguien mientras ve televisión. En la población La Legua Emergencia los narco ya son toda una institución y allí no se mueve ni una hoja sin que ellos lo sepan –y lo permitan-. En la población Yungay, donde Sergio Robles me dio un tour, en cada esquina hay murales y animitas que recuerdan que tanto allí como en muchas otras zonas de Santiago, la sangre corre cuando te metes con el tipo equivocado.

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Hace sólo unas semanas un estudio internacional de la consultora Mercer situó a Santiago entre las 100 ciudades del mundo con mejor calidad de vida. En el continente, sólo la superan Pointe a Pitre (Guadalupe), San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina). Desde hace ya varios años que la capital de Chile figura en esos rankings como una de las mejores urbes para vivir y hacer negocios en América Latina y para muchos es como un paraíso. No existen aún cárteles tan fuertes y peligrosos como en México o Centroamérica y los niveles de corrupción aparecen entre los más bajos de la región. Su estabilidad economía y política también ha ayudado a que analistas la consideren un oasis.

Pero ninguno de esos estudios considera a los cerca de 100 ghettos donde reside más del 10% de la población de Santiago. Son una mayoría de trabajadores, estudiantes y dueñas de casa que se han visto obligados a sobrevivir bajo las reglas de unos pocos que se han adueñado de los territorios y han hecho desaparecer la estructura social de las calles. En zonas como esas, donde los niños aprenden a hablar con canciones sobre drogas, donde hay más licorerías que almacenes, donde los cables con zapatillas colgando te indican a qué calles puedes entrar y a cuáles no y donde se habla de balas y muertos con una naturalidad que inquieta, según Raquel, “sólo queda sobrevivir con cautela”.

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-Te voy a acompañar, porque si te ven solo, no vas a durar mucho –me dijo Ingrid cuando salía de la reunión de más de tres horas que tuve con ella y un grupo de vecinos en la población Cuatro de Septiembre, en la comuna de El Bosque.

Antes de eso, ya la habían llamado por celular para decirle que tuviera cuidado, que ya todos sabían que un extraño había llegado a la población a preguntar cosas que algunos no quieren que se sepan. Cosas como que en el Pasaje 28 están las casas más lindas, los autos más lujosos, los principales narco del sector, los amos de esas calles. Por eso ella temía por mi seguridad. Yo sentía ese temor hace rato, y se había acrecentado mientras veía por la ventana que se hacía de noche. Afuera, ya en cada esquina había un tipo armado repartiendo paquetes de pasta base, cocaína y marihuana prensada como quien reparte afiches en la calle. En las aceras, decenas de adolescentes fumaban lo que recién habían comprado, algunos con la plata que se hicieron asaltando en algún sector más acomodado de Santiago. Para todos ellos era algo tan normal, tan de todos los días. Algo que pueden hacer tan impunemente que ni siquiera se movieron u ocultaron cuando pasó ese carro policial, rápido y sin detenerse. Su presencia resultaba tan intimidante como la de una niña en un triciclo.

Para cuando esa noche de mayo de 2009 Ingrid me dijo que me acompañaría hasta el paradero de buses más cercano porque si no lo hacía me “comerían vivo”, ya llevaba cerca de cuatro meses investigando para CIPER las condiciones de vida en las zonas más peligrosas y abandonadas de Santiago. Visitando las distintas villas y poblaciones, conversando con sus habitantes, configurando el mapa de aquellas donde más se refleja el olvido de un Estado que le ha negado el acceso a los servicios y a una calidad de vida medianamente aceptable. Dos meses después, publicamos el reportaje: se tituló Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago.

Sólo en la capital logramos determinar que al menos unas 80 villas caben bajo esa categoría, la de los ghettos. Son cerca de 700 mil personas que viven hacinadas, presas de sus propios miedos y con una regla básica que les asegura, hasta cierto punto, su supervivencia: no confiar en nadie. Fue el primer mapa que se realizó en Chile que situaba geográficamente no sólo las zonas más violentas, sino que también las más vulnerables de una sociedad que a diario se tapa los ojos y hace como si eso no existiera, como si esa realidad fuera la de otro país, otro mundo. Por eso el mapa fue recogido por distintas instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda o el Metro. Por primera vez tenían un instrumento que graficaba la real situación de miles de chilenos que han sido víctimas de una política que expulsó hacia las periferias a la población más vulnerable, ocultándola de aquellos que no quieren verla, dejándolas a su propia suerte.

Desde entonces poco o nada ha cambiado la situación. Y ya no es un tema sólo de la capital. A partir de nuestra investigación, el estudio de arquitectos Atisba elaboró un catastro de los ghettos en todo Chile. Su trabajo vino a refrendar lo que ya habíamos descubierto: “A más de 30 años de su creación, la política de vivienda social basada en el subsidio a la demanda ha logrado cubrir gran parte del déficit habitacional de las familias más vulnerables de Chile. Sin embargo, y como ocurre con la educación, han aparecido nuevos problemas vinculados con la mala calidad de las soluciones entregadas y sobre todo, con su localización geográfica periférica y segregada”.

Hay estudios que indican que en Chile, mientras hay unos pocos que viven en las mismas condiciones a como si estuvieran en Noruega, hay otros tantos que viven como si estuvieran en el Congo. Definitivamente, los de las zonas ocupadas son los del Congo.

Publicado originalmente en Distintas Latitudes (12/12/2011)

MAXIMIANO ERRÁZURIZ: EL ÚNICO CONDENADO DE LOS CUATRO DIPUTADOS QUE MALVERSARON ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

2011-12-12T19:01:00.004-03:00

A Maximiano Errázuriz (RN) le salió caro el arriendo de sus sedes parlamentarias: 4 años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. El abogado se convirtió en el primer diputado condenado por defraudar al fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias. Aunque otros tres diputados han sido acusados e investigados desde 2009 por el mismo delito, finalmente el único sentenciado fue Errázuriz. Claudia Nogueira llegó a un acuerdo extrajudicial. Julio Dittborn hoy es subsecretario de Hacienda. Y a Jorge Sabag aún lo protegen su fuero y su padre.

Casi toda la mañana del viernes 9 de diciembre el ex diputado de Renovación Nacional (RN), Maximiano Errázuriz, se mantuvo con la mirada gacha y fija sobre la mesa donde tenía su Blackberry y un vaso de agua. Estaba allí, sentado, junto a su abogado Juan Carlos Manríquez en el banco de los acusados desde las 9:00, hora en que comenzó en el Centro de Justicia el juicio abreviado en su contra. Sólo un par de veces se volteó y se le vio el rostro con esos lentes que hacen que sus ojos se vean tan grandes. Durante el receso del mediodía, el ex parlamentario anunció a la prensa que podían tomar todas las imágenes que quisieran, pero que no hablaría ante ningún micrófono.

-La última vez que hablé fue el 15 de julio de 2009. Desde entonces que no digo nada sobre el tema y no voy a hablar ahora –dijo.

Aun así, al terminar la audiencia poco antes de las tres de la tarde, Errázuriz se fue rápido. Lo siguieron casi todos los periodistas y camarógrafos que habían llegado al lugar. Querían saber su opinión sobre la decisión de la jueza. Porque cuando Errázuriz llegó, lo hizo como un ex honorable diputado e imputado. Al salir, era culpable de fraude reiterado al Fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Así se transformó esa tarde en el único de los cuatro diputados que han sido acusados desde mediados de 2009 por hacer mal uso de sus asignaciones parlamentarias que ha recibido una condena. Cuando todo acabó, el abogado, periodista y ex diputado cumplió su palabra: no dijo nada.

La fiscal adjunta de Valparaíso, Paola Castiglione, y la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, llegaron con enormes maletas llenas de documentos que probaban sus acusaciones contra el ex congresista por las irregularidades que cometió entre 2000 y 2009 y que fueron denunciados por La Nación hace poco más de dos años. Allí estaban los detalles de la simulación que hizo del arriendo de sus cuatro sedes parlamentarias. Una resultó ser en realidad la oficina de su estudio de abogados, la segunda jamás funcionó como sede y otras dos resultaban más baratas de lo que Errázuriz cobraba a la Cámara de Diputados para así quedarse con la diferencia. Eso se tradujo en una serie de contratos falsos y una defraudación por más de $25 millones fiscales que traspasaba a su cuenta personal y con los que compraba tortas, panes y dulces para clubes de ancianos en su distrito, premios para realizar bingos, almuerzos, regalos de navidad para 86 personas, vinos, correos y pelotas de fútbol, entre muchas otras cosas. Por todo eso, arriesgaba hasta cinco años de cárcel y el pago de una multa consistente en el 25% de lo defraudado.

En todo caso, era poco probable que se le impusiera la pena máxima. Aunque su defensa argumentó que no se trataba de fondos fiscales, sino que públicos; que el fraude no sería tal porque las asignaciones parlamentarias no son ley sino que acuerdos internos; que no existió perjuicio porque no hubo enriquecimiento personal; y que no mintió al Comité de Auditoría Parlamentaria porque éste ni siquiera existía –fue creado después y producto del escándalo (ver recuadro)–, Errázuriz reconoció los ilícitos. Además devolvió a la Cámara un monto superior al defraudado –unos $31 millones que le permitieron acceder al procedimiento abreviado– y el tribunal le reconoció distintas atenuantes. Aun así, tanto la fiscalía como el CDE le pidieron a la magistrada que la pena no sea menor a los tres años y un día. Y así fue.

En la tarde del 12 de diciembre se leyó su sentencia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago: tres años y un día de pena remitida y una multa por el 10% de lo que defraudó. Aunque como medida precautoria, podrá cumplir su sentencia en cuatro años de libertad vigilada. No irá preso. Pero nunca más podrá optar a un cargo público.

Aunque su condena resulta ejemplarizadora, llama la atención que Errázuriz sea el único de los diputados investigados que terminó con una sanción. Porque su caso no es aislado. Casi al mismo tiempo los medios de comunicación dieron a conocer los casos de los diputados que habían incurrido en malversación fraudulenta de sus asignaciones: Claudia Nogueira (UDI), Julio Dittborn (UDI) y Jorge Sabag (DC). Pero existen diferencias. Si Errázuriz hoy se irá a la cama sabiendo que el próximo mes deberá comenzar a cumplir su condena, será sólo porque, a diferencia de los demás, a él desde el principio le quitaron el apoyo político.

VACÍOS PARA DEFRAUDAR

A mediados de 2009, CIPER realizó una investigación que desmenuzaba cada uno de los gastos en que incurrían los diputados con las platas provenientes de las asignaciones parlamentarias. Mes a mes, cada uno de los 120 diputados recibía poco más de $13 millones, incluyendo su dieta, para solventar sus gastos legislativos. Para el arriendo de sus sedes distritales, el pago de sus asesores o para cubrir sus cuentas de telefonía. Pero el 65% de ese monto resultaba, en la práctica, de libre disposición. No existía ningún tipo de control sobre el destino que cada uno de los miembros de la Cámara daba mensualmente a los casi $8,5 millones que manejaban a su arbitrio.

Los diputados sólo debían rendir cuentas por la asignación destinada a remunerar a sus secretarios y asesores, la asignación para arriendos de sedes y telefonía y el monto mensual para pagar un bono en compensación por la extensión de jornada a su personal contratado. Pero los controles sobre si las asesorías habían sido realizadas o si la sede efectivamente era utilizada, no existían. Lo único que había era tres funcionarios de la Dirección de Finanzas de la Cámara que llevaban la información contable, cada uno de 40 parlamentarios.

-Los estándares de fiscalización de la Cámara hacia terceros son mayores que los que ha instalado internamente. El Congreso del siglo XXI no puede tener estos estándares. No sólo por mejorar su administración o el proceso de formación de la ley, sino porque los chilenos exigen y merecen otro Congreso –dijo el actual ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, en una entrevista que dio a CIPER cuando era presidente de la Cámara.

Bajo ese sistema fue que la diputada Claudia Nogueira pagó con dineros públicos, sin que nadie se lo cuestionara, a dos asesores que luego le devolvieron esos dineros depositando en una cuenta de la misma parlamentaria. Sus asesores Jaime Jullian y Jenny Acevedo recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de pesos, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la congresista y su esposo, el ex alcalde de Recoleta y militante de la UDI, Gonzalo Cornejo. Como nadie revisaba si esas asesorías se habían cumplido o si su calidad correspondía al precio que por ellas se pagaba, no se pudo acreditar el ilícito hasta que llegó a ser materia judicial.

A diferencia de Errázuriz, que fue expulsado de RN cuando se supo que había cometido el fraude, a Nogueira nunca le quitaron el apoyo en su partido. Aunque en junio de 2009 el entonces fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, ya había decidido formalizarla por fraude al Fisco, la UDI no dudó en que volviera a ser su carta para ocupar el escaño del distrito Nº 19 (Independencia y Recoleta) en las elecciones de ese año. Los 38.297 votos que obtuvo le aseguraron otro período en el Congreso. Un mes después de reasumir su cargo, el 7 de abril de 2010, fue formalizada. Pero la investigación se acabó en octubre del año pasado mediante un acuerdo extrajudicial: Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. Ese fue el precio para que la diputada quedara sin prontuario, como si nunca hubiera cometido un ilícito.

LOS ARRIENDOS DE DITTBORN: “SÓLO POR AFECTO”

En la investigación que Abbott llevaba en curso, fue el caso del ex diputado también UDI, Julio Dittborn, el que lo obligó a extender sus indagaciones hacia el uso de las asignaciones destinadas al arriendo de sedes. Porque cuando el programa de investigaciones periodísticas Informe Especial denunció las irregularidades cometidas por varios miembros del Parlamento, el de Dittborn fue el que causó más revuelo.

La investigación dio cuenta de que el ahora ex diputado no usaba los recursos destinados a arrendar inmuebles para financiar las tres sedes distritales que registraba a su nombre, sino que les pagaba a militantes de su partido que le facilitaban sus casas para realizar reuniones y recibir recados. Cuando le consultaron, dijo que lo había hecho “sólo por afecto”, preocupado por el bienestar de dos familias integrantes de su comando que "estaban pasando un momento difícil". Aseguró también que lo venía haciendo así por años. Y apenas se supo que Abbott lo incluiría como protagonista de su investigación, desde la cúpula de su partido le dieron de inmediato un espaldarazo.

-Es un gran diputado, una persona honorable, un excelente profesional que ha hecho del trabajo en el Parlamento y del trabajo con la gente una misión de vida –dijo el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, sobre Dittborn unos días después de que fuera denunciado en televisión.

Nunca más se supo qué pasó con esa investigación. Dittborn no se presentó a las elecciones de ese año y con el nuevo gobierno asumió la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario, donde duró sólo un mes, hasta el 16 de abril de 2010. Poco más de un año después, asumió el cargo que dejó vacante Rodrigo Álvarez al hacerse cargo del Ministerio de Energía. Desde entonces Dittborn es subsecretario de Hacienda.

LOS INMUEBLES FAMILIARES DE SABAG

La forma en que el diputado Jorge Sabag arrendaba sus sedes distritales era incluso más enredada. La ley prohíbe a ambas cámaras del Congreso suscribir contratos entre sus parlamentarios, así como con sus familiares y socios. Pero como lo descubrió una investigación de CIPER, el contrato de arrendamiento de la sede distrital de Sabag pasaba por encima de todas esas restricciones: ubicada en la calle Río Claro 1050, la oficina del parlamentario en Cabrero era propiedad de Hosain Sabag Castillo, senador, padre del diputado, su socio en Transporte Cabrero Ltda. y su correligionario en la Democracia Cristiana.

La misma dirección que el diputado registraba como su sede, era el domicilio de dos sociedades de su padre, una empresa de su propiedad y, según el Diario Oficial, de sus hermanos Patricio y Marisol Sabag. Cada mes, $558.145 como arriendo de sede, eran depositados como parte de su asignación a nombre de Inmobiliaria Nabatieh S.A., una empresa de sus padres donde su hermano Patricio es gerente. Él era encargado de distribuir el dinero para el arriendo de sus tres verdaderas sedes parlamentarias: $120 mil en San Carlos, $230 mil en Quirihue y $200 mil en Yumbel. Para recibir a los vecinos en Cabrero utilizaba otra casa de su padre, quien, según él mismo aseguró, no le cobraba.

-Puede parecer que nosotros estamos lucrando con esto, pero no lucramos con el servicio público, sino que destinamos nuestros bienes para el servicio público –dijo Jorge Sabag a CIPER.

Para la DC tampoco fueron problemas los cuestionamientos. Al igual que Nogueira, Sabag se presentó a las elecciones con el apoyo irrestricto de su partido y fue reelecto a fines de 2009 con 32.174 votos. La diferencia está en que su caso aún está abierto.

Desde enero de 2010 que Sabag intentó que su causa por negociación incompatible fuera litigada en los tribunales de Cabrero, la localidad donde él y su familia tienen una gran influencia, y no en Valparaíso. Su petición se fundamentaba en que era allí donde tenía su sede, mientras que en Valparaíso sólo se había firmado el contrato de arrendamiento. En marzo de ese año, Sabag logró su cometido y cinco meses después, el tribunal de Cabrero ordenó la prohibición de informar sobre el caso.

En junio de 2011 el diputado fue reformalizado, pero no sirvió de mucho: dos meses después, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó su desafuero por 7 votos contra 6. La fiscal Castiglione, también a cargo de esa investigación, dijo entonces que apelaría. Los abogados del diputado de inmediato aseguraron que eso sería inconstitucional. Pero la fiscal confía en que podrá hacerlo.

-En Concepción perdimos el desafuero, pero seis miembros de la Corte estaban por desaforarlo porque consideraron que los antecedentes indicarían la existencia de fraude. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie para que podamos apelar ante la Suprema –dice Castiglione.

Si el TC aprueba la apelación, aún quedará la decisión de la Suprema, que puede conceder o rechazar el desafuero. Si su decisión resulta favorable al Ministerio Público, Jorge Sabag podría enfrentar un proceso similar al de Errázuriz y llegar a convertirse en el segundo parlamentario sancionado judicialmente por defraudar al fisco. Si los ministros rechazan el desafuero, Castiglione no podrá hacer nada más.

LAS AMENAZAS A LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Después de que la prensa dejara al descubierto las irregularidades cometidas por distintos diputados con las asignaciones a mediados de 2009, tanto la Cámara como el Senado decidieron crear una institucionalidad que regulara el uso que los parlamentarios dan a las platas que les entregan mensualmente para cubrir los gastos propios de su función. La iniciativa original vino de los entonces presidentes de ambas cámaras: el senador Jovino Novoa y el diputado Rodrigo Álvarez, ambos de la UDI. Fue así que comenzó a discutirse la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para dar origen a dos entidades autónomas que velarían por la transparencia y la probidad en el Poder Legislativo: el Comité de Auditoría Parlamentaria y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, ambas vigentes desde 2010, aunque recién comenzarán a operar bajo una nueva normativa en enero de 2012.

El Comité tiene la tarea de “controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales”. Lo integran un abogado, un contador auditor y un especialista en materias de auditoría que, de preferencia haya trabajado en la Contraloría. Entre los tres deben revisar las cuentas de 158 parlamentarios y las contrataciones de asesorías parlamentarias, que tienen su propia reglamentación.

El rol del Consejo es distinto. Mientras que el Comité audita los usos de los dineros públicos por parte de los congresistas, el Consejo los administra al determinar cómo y cuánto se les asigna a cada uno. Actualmente lo integran el ex consejero del Banco Central Vittorio Corbo; el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros; el ex senador Sergio Páez (que lo preside); el ex diputado Andrés Egaña; y el ex Director de Presupuestos, Alberto Arenas. Y uno de sus primeros actos fue definir las disposiciones que empezarán a operar desde enero próximo y que ya sacaron ronchas entre algunos parlamentarios.

La primera amenaza a la nueva institucionalidad vino de los senadores Antonio Horvath (RN) y Hosaín Sabag (DC), que pidieron eliminar al Consejo de la Ley de Presupuesto. Para ellos, “ya cumplieron su función y lo que correspondería ahora es reforzar las auditorías”. No lograron el apoyo de sus colegas y la indicación fue omitida. Pero no sería la última vez que se irían contra los encargados de asignarles las platas.

Horvath y Sabag pidieron que se flexibilice el reglamento para poder contratar directamente a sus colaboradores y para disponer de más tickets aéreos. Esto porque el nuevo ordenamiento indica que será el Congreso el que contratará a los asesores de cada parlamentario y que habrá un límite de viajes durante el año. Aunque recibieron apoyo de algunos diputados, los presidentes de ambas cámaras rechazaron por completo la idea. El titular del Senado, Guido Guirardi (PPD), dijo que la nueva normativa es “en pos de una mayor transparencia”, así que había que implementarla. Por su parte, el diputado Patricio Melero (UDI) sentenció a El Mercurio: “Es un avance sustancial en transparencia. Desde enero, los recursos estarán sujetos a revisión”.

Publicado originalmente en CIPER (12/12/2011)

LAS DESCONOCIDAS OPERACIONES DE ANGLO QUE BLOQUEAN EL ACCESO DE CODELCO A LA PROPIEDAD DE LOS BRONCES

2011-12-05T10:47:00.005-03:00

Nuevos antecedentes apuntan a que Anglo deliberadamente bloqueó el ingreso de Codelco a la propiedad de Los Bronces. Uno: la sociedad clave en la venta del 24,5% de la mina a Mitsubischi, se creó recién en mayo, después de que Codelco informó a Anglo que compraría el 49% de la mina. Dos: los abogados de Anglo, Claro y Cía., tuvieron acceso previo a información privilegiada sobre cómo la estatal financiaría la compra ya que asesoraron a Minmetals cuando Codelco le ofreció asociarse en esa adquisición. La guinda: el senador Carlos Larraín fue director de la mina cuando se vendió en 1977 a Exxon en US$93 millones.

Por Marcela Ramos y Juan Pablo Figueroa

“Anglo no quiere a Codelco como socio”. El economista senior del Banco Mundial y dos veces presidente de la minera estatal, Juan Villarzú, ni siquiera titubeó antes de decirlo en una entrevista que dio a CIPER. Para él estaba claro: a pesar del documento que garantiza a Codelco la opción de compra del 49% de Los Bronces, el quinto mayor yacimiento cuprífero del mundo; a su única dueña, la empresa británica Anglo American, no le interesa tenerlo como socio. Y los nuevos antecedentes indican que Villarzú puede estar en lo cierto, que incluso antes de que Codelco anunciara que ejercería esta vez su derecho, la gigante inglesa tenía ya un plan B en curso.

El 13 de octubre Codelco hizo pública su decisión de hacer efectiva esa opción de compra en enero de 2012, el período estipulado por contrato. Adquiriría el paquete accionario en unos US$ 6.750 millones que serían financiados con un préstamo de la empresa japonesa Mitsui. Según ha informado la minera estatal, desde enero de 2011 que Anglo sabía que la decisión de materializar la compra estaba en estudio. De hecho, para que Codelco tomara la decisión, Anglo American Sur S.A. –filial de la inglesa mediante la cual opera Los Bronces– debió hacerle entrega de todos los documentos financieros que le permitieran a Codelco evaluar los riesgos de la operación y fijar un monto a ofertar.

Pero sólo 27 días después, el 9 de noviembre, Anglo le frenó los planes a Codelco: le vendió el 24,5% de sus activos al grupo Mitsubishi, también de Japón, en una transacción millonaria que se realizó en un solo día, aunque estaba preparada desde antes.

Sólo unos meses después de que Codelco le informara por primera vez a Anglo que estudiaba la posibilidad de comprar, el 6 de mayo de 2011 se constituyó en Londres la sociedad que sería clave en el conflicto entre las dos mineras y de la que hasta ahora casi nada se conoce en Chile, sólo su nombre: MC Resource Development Ltd.

Poco más de dos meses después de que se creara esa empresa en Inglaterra, el 29 de julio, Anglo le hizo en Chile una oferta a Codelco para que desistiera de su derecho a comprar. En realidad fueron dos ofertas. La primera calculaba el precio de las acciones que la estatal podía comprar en base a las inversiones hechas por los oferentes con un interés anual. La segunda lo calculaba basándose en las utilidades de Anglo American Sur durante los cinco años previos multiplicado por ocho, más utilidades retenidas. Para Codelco, las dos opciones fueron insuficientes y siguió con su intención de comprar hasta que Anglo la paró en seco el segundo miércoles de noviembre.

Ese día, la minera británica anunció la venta a Mitsubishi de 303.983.890 acciones en US$ 5.390 millones. Aunque en rigor, la que adquirió ese paquete fue MC Resource Development, la nueva filial de la japonesa. Su directorio, compuesto sólo por ejecutivos nipones del grupo Mitsubishi, está conformado por dos vicepresidentes senior de esa empresa, Toru Nambu y Kanji Nishiura; el director de Minera Escondida Ltda., Norikazu Tanaka; el director de Jeco 2 Ltd. –otra empresa del grupo que funciona en el mismo domicilio en Londres–, Norihide Tsutsumi; y los administradores Kota Abe y Hiroshi Nakayama.

Hasta hoy no se sabía ni cuándo fue creada la sociedad en Londres ni la composición de su directorio. Ni siquiera en el contrato de compra de acciones aparecen esos datos. Porque ese documento es incompleto y remite a otro del que sólo quienes lo firmaron conocen los detalles. Por eso, el miércoles Codelco presentó ante el 17º Juzgado Civil de Santiago una medida prejudicial preparatoria en contra de Mitsubishi, un documento que se suma al recurso de protección que ya interpuso la estatal para detener la venta. Porque, les convenga o no a las cuatro mineras involucradas, su guerra ya es materia judicial.

EL SPA, UN CONTRATO OCULTO

Para los abogados que dan vida a este millonario litigio la etapa actual es la del apaleo. Entre hoy y el 1 de enero, cuando empiece la verdadera batalla, cada uno mueve las piezas y se muestra los dientes para preparar una negociación que va a ser dura, pero que debiera darse. Porque ni a Codelco ni a Anglo –menos a Anglo– les conviene que el tema se vaya por el largo e incierto camino legal.

La acción prejudicial que presentaron el miércoles por la mañana los abogados de Codelco tiene un fin claro: que el representante en Chile de MC Resource Development, el abogado del influyente estudio Barros y Errázuriz, Carlos José Ducci, ponga algunos papeles sobre la mesa. Los poderes con que cuenta y las características de la sociedad, entre otros antecedentes. El objetivo de fondo de los representantes de la minera estatal es conocer todos los detalles de la venta que hizo Anglo a Mitsubishi. Quieren demostrar “que tanto Anglo como Mitsubishi sabían que estaban violando el derecho de Codelco”, reveló una fuente a CIPER. O sea, que el origen del acuerdo “es ilícito”, que su objetivo era defraudar a Codelco.

Y si el contrato es ilícito, “se puede anular”.

Para demostrarlo, los abogados de Codelco requieren conocer el contrato inicial donde se plasmó el acuerdo entre Mitsubishi y Anglo. Un contrato oculto sobre el que hasta ahora no se sabe ni cuándo ni dónde fue firmado. De él sólo se conoce su nombre –Share Purchase Agreement (SPA)– y que fue refrendado en Chile el mismo día que la minera británica truncó los planes de compra de Codelco, el pasado 9 de noviembre.

Ese día, en la notaría de Raúl Iván Perry, en el centro de Santiago, los representantes de Anglo American y MC Resource Development firmaron un contrato de compraventa y transferencia de acciones por la suma de US$ 5.390 millones. En 6 páginas se selló la polémica compra del 24,5% de las acciones de Anglo. Una fuente asegura que es la inversión más millonaria que se ha hecho en Chile “en un solo acto”. Y podría tener razón. En la mayoría de los proyectos mineros las sumas envueltas son tan grandes como ésta, pero con plazos de 20, 30 o incluso 100 años para pagar.

CIPER tuvo acceso a ese contrato. Y se trata de un acuerdo bastante curioso. Como dice una persona vinculada a la defensa de Codelco, “lo que se firma en Chile es una apariencia de contrato, una carcasa”.

En el punto tercero del documento se menciona el citado SPA, el contrato madre sobre el que se no se entregan mayores luces, salvo que fue celebrado “en idioma inglés”. “Mediante instrumento privado denominado ‘Share Purchase Agreement’ (Acuerdo de Compra de Acciones) celebrado con esta fecha en idioma inglés entre el Vendedor y el Comprador, en adelante el SPA, el vendedor acordó vender, ceder y transferir al comprador (…) las acciones”.

Tan clave es el SPA, que en el contrato que se firma en Chile se señala que “toda controversia referida a la interpretación, ejecución o validez de este contrato será resuelta según lo establecido en el SPA” (…) Y que en caso de “contradicción, discrepancias o inconsistencias entre este contrato y el SPA, las partes expresamente acuerdan que el SPA prevalecerá por sobre este contrato”.

Que el SPA se ponga sobre la mesa es uno de los primeros objetivos de la defensa de la minera estatal. A través de su acción prejudicial quieren demostrar que el abogado de MC Resource Development, Carlos José Ducci, tenía poderes limitados por parte de Mitsubishi. Es decir, que la venta “se hizo sin que existan en Chile apoderados suficientes para poder discutir este asunto en los tribunales chilenos”. Para Codelco este sería otro antecedente más en el ilícito que da origen al acuerdo.

Carlos José Ducci es abogado del estudio Barros y Errázuriz, los mismos abogados que asesoraron al Presidente Piñera en la venta de sus acciones de Lan y que fueron asesores de La Polar hasta marzo de 2011. Aunque ese estudio jurídico no es el único que se ha visto salpicado en el conflicto por Los Bronces.

LA NOMINACIÓN QUE SE CAYÓ

Si el 16 de noviembre el Senado ratificó a la ex ministra de Defensa Vivianne Blanlot y al abogado José Luis Santa María como nuevos miembros del Consejo para la Transparencia, fue sólo porque los nombres que el gobierno propuso en un principio fueron polémicos y descartados. Después de que el Presidente Sebastián Piñera no renovara en sus cargos al presidente de esa instancia, Raúl Urrutia, y al consejero Juan Pablo Olmedo, luego de unos fallos contrarios a los intereses de La Moneda, los posibles reemplazantes que barajó el gobierno fueron los abogados y académicos Samuel Donoso Boassi (PPD), propuesto por la Concertación; y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN), por la Alianza. Pero ninguno de esos nombres duró mucho en carrera.

El primero en bajarse fue Donoso, el 5 de noviembre. La crítica transversal por haber participado como querellante en el caso Spiniak y litigante en el caso MOP-Gate, le pasó la cuenta. Quedaba entonces en carrera solo Eyzaguirre, aunque también era blanco de críticas por haber asumido la defensa de Augusto Pinochet cuando volvió de Londres. A pesar de ello, su partido le ratificó su apoyo dos veces antes de que súbitamente, renunciara a la nominación al Consejo por medio de una carta a Piñera:

“Considerando que diversos requerimientos se encuentran paralizados por la ausencia de un consenso político, es que he decidido declinar mi postulación, dejando de este modo a S.E. en absoluta libertad para formular una nueva proposición”, decía en su carta.

Pero lo cierto, es que nada tenía que ver la falta de consenso político en su declinación. Porque su carta la envió justo el día después del anuncio de la venta del 24.5% de Anglo Sur a Mitsubishi, el 10 de noviembre. ¿Qué relación hay entre su renuncia y la movida abrupta de Anglo? Que el influyente estudio jurídico donde Eyzaguirre es socio, Claro y Cía., está encargado de representar a la minera inglesa. Y que en la defensa de los intereses de Anglo, el entonces abogado nominado al Consejo habría incurrido en conflicto de intereses al presumiblemente utilizar información privilegiada a la que tuvo acceso al asesorar previamente a uno de los posibles financistas de Codelco para esa misma operación.

Hasta poco antes de que Codelco cerrara con Mitsui el préstamo para ejercer su opción de compra de Los Bronces, la minera del Estado mantuvo negociaciones con la empresa china Minmetals. Entre los negocios incluidos en esa negociación, estaba la compra del 49% de las acciones de Anglo American Sur. Los abogados en Chile que asesoraban a la compañía china Minmetals eran Claro y Cía., donde Eyzaguirre y dos de sus hijos son socios. Todos los contactos que tuvieron ambas empresas fueron bajo un acuerdo de confidencialidad. En su rol de asesores los abogados conocieron antecedentes reservados y relevantes, pues según ejecutivos de Codelco que participaron en ese proceso, una parte de esa gran operación era la compra de Los Bronces. El problema fue que días después los abogados de Minmetals pasaron a ser asesores de Anglo.

Al mismo tiempo que Codelco presentaba la acción prejudicial, Anglo entregaba un extenso informe para interponer un recurso de protección contra Codelco y el gobierno, por “intentar perpetrar un acto brutal de abuso de poder en contra de una empresa extranjera respetuosa del derecho”. CIPER también tuvo acceso a ese documento. El texto es patrocinado por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, hijo del ex nominado al Consejo para la Transparencia y también socio en Claro y Cía. Allí, Anglo justifica su posición diciendo que su contrato con Codelco “sólo puede ejercerse dentro de los treinta días siguientes al primero de enero, esto es, a partir del 2 de enero de 2012 y no de otra manera; y más relevante aun, el mismo contrato expresamente estipula que una operación como la anunciada sólo podría realizarse en la medida que mi representada no haya enajenado con anterioridad todo o parte de ese 49%”.

LAS AMENAZAS PARA ENERO

En Codelco aseguran estar tranquilos, pues ven que el escenario es mucho más complejo para Anglo que para ellos. Como dice una fuente de la minera estatal, “Codelco no arriesga nada de su plan de expansión ni de sus negocios habituales. Codelco está luchando por una oportunidad de un nuevo negocio, a diferencia de Anglo, que podría perder una parte importante de sus inversiones en Chile. O sea, la posición en la que entran a este pleito es totalmente distinta”.

La misma fuente grafica el complejo escenario que espera Anglo imaginando una nota en sus estados financieros. Un párrafo donde Anglo tiene que reconocer ante sus accionistas “que tiene una contingencia judicial que puede implicar perder el control de la compañía” en Chile. Es decir, “una embarrada de proporciones mayúsculas”. Y eso, durante todo el tiempo que se extienda el juicio.

Un juicio como éste puede durar entre 2 y 5 años. Y los abogados de Codelco están barajando solicitar medidas complejas para Anglo. Como que se nombre un interventor y se congele, por ejemplo, la distribución de dividendos para sus accionistas. Así lo reconoció a CIPER una fuente cercana a la defensa de Codelco. “Como vamos a pelear por las acciones, yo necesito que mientras se tramite el juicio, por ejemplo, éstas no se vendan y no se distribuyan los beneficios que se obtienen a través de ellas, que son los dividendos. Estamos hablando de las acciones objeto de la acción judicial, es decir, del 49%. De esta manera uno puede generar una incomodidad para Anglo no menor”, afirmó.

LA OTRA VENTA BAJO LA LUPA

El millonario conflicto económico y político que encierra la batalla por Los Bronces (Anglo American Sur), ha sepultado por ahora la necesaria revisión que emerge de la extraña venta que hizo el Estado de Chile de la mina en disputa a la compañía petrolera estadounidense Exxon, a fines del año 1977. Una venta que se decidió en el directorio Nº 467 de la empresa estatal ENAMI (Empresa Nacional de Minería) realizado el 26 de diciembre de 1977 y por la irrisoria suma de US$ 93 millones.

No sólo resulta extraña la fecha de la decisión, el 26 de diciembre, día después de la Navidad en que las actividades estatales funcionan por lo general a media máquina. También el precio. Exxon vendería más tarde la mina Disputada a Anglo American en US$1.300 millones. Para los expertos, la cláusula que se dejó estampada en el contrato de venta a Exxon, y que estipula el derecho a compra por parte de Codelco del 49% de la mina durante enero y cada tres años, y que rige desde entonces, es la prueba más explicita de que el precio de venta fue casi un regalo de Navidad para Exxon y otros.

A pesar de la intensa búsqueda que realizó CIPER para ubicar el documento y revisar sus contenidos e identificar a sus firmantes, éste no fue posible. Pero en documentos anexos se pueden rastrear algunos datos interesantes de esa venta. Como por ejemplo, que el actual senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña, fue uno de los actores principales de ese negocio redondo para Exxon en su calidad de director de la entonces estatal Compañía Minera Disputada de Las Condes (hoy Anglo American Sur).

CIPER le consultó al senador Larraín por los detalles de la operación. “No recuerdo nada. Fue hace mucho tiempo”, fue la escueta respuesta del parlamentario quien en esa época se dedicaba a asesorar como abogado a empresas extranjeras, principalmente mineras y estadounidenses.

El monto de la operación, que fue registrada el 24 de enero de 1978 ante el notario Patricio Zaldívar, surge de una de las memorias de ENAMI de mayo de 1979 donde bajo el título de “Juicio en Tribunal Arbitral” se da cuenta de lo siguiente: “El grupo financiero Peñarroya, antiguos accionistas mayoritarios de la Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A. ha interpuesto una demanda contra la empresa, con motivo de la compra de acciones que ellos poseían de esa sociedad anónima, efectuada por ENAMI, en 1973, y de la posterior venta de ese paquete de acciones realizada por ENAMI a la firma Exxon Minerals Chile Inc., en el año 1978. El monto reclamado es de aproximadamente US$ 93 millones de dólares, valor total del precio de venta del paquete de acciones”.

¿Cuánto le costó al Estado chileno ese juicio con el grupo francés Peñarroya? No hay registro del fin del juicio. Cómo tampoco de por qué la entonces Junta de Gobierno autorizó la garantía y gestión estatal para millonarios créditos que se adquirieron en el extranjero para invertir en la compañía minera Disputada a sabiendas de que se estaba vendiendo en esos precisos días a Exxon.

* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.

Publicado originalmente en CIPER (2/12/2011)

LA GUERRA POR LA REDISTRIBUCIÓN DEL MAR

2011-11-23T17:55:00.009-03:00

Desde hace 10 años que el mar chileno y sus recursos tienen dueños. Y hoy están en guerra. La ley que en 2001 repartió entre las empresas de pesca industrial las cuotas de captura, perderá vigencia a fines de 2012. Unos pocos pidieron la redistribución a través de licitaciones; mientras que los grandes quieren mantenerse como están. Entonces partió el lobby. Porque ellos poseen las tajadas más grandes de una torta que les reporta más de US$ 1.200 millones al año, sin pagar impuestos; la misma torta que han sobreexplotado al punto de casi acabar con ella. Por eso hoy les imponen un royalty.

La propuesta del ministro de Economía Pablo Longueira para calmar las aguas era simple: si los grandes industriales pesqueros querían seguir controlando el mar chileno y sus recursos, tenían que llegar a un acuerdo con los pescadores artesanales. Y en el plazo de un mes. Si no lo hacían, el gobierno llevaría a cabo el plan inicial, ese que decía que a partir de 2013 las cuotas individuales de pesca se licitarían. Una licitación que los industriales no podían permitir. Para ellos, esas cuotas, que les aseguran un pedazo de una torta que le reporta a la industria más de US$ 1.200 millones al año, son suyas por derecho. Si no aceptaban, una de las empresas, Lota Protein S.A., habría ganado la guerra. Porque fue esa empresa la que inició la disputa al pedir licitaciones.

¿Por qué Lota Protein pidió cambiar el sistema y bregó por una licitación? Para la mayoría de los protagonistas del sector hubo una sola razón: quiere más de lo que le corresponde hasta ahora. Y como emergían otros actores con la misma postura, decidieron sentarse a dialogar. Confiaron en que tenían la mayoría y al final, llegar a un acuerdo no sería tan difícil.

En el grupo de trabajo participaron 30 personas elegidas por las autoridades del ministerio después de conversar con los representantes de los industriales. Dos de ellas eran miembros del Consejo Nacional de Pesca (CNP) nominados por el Presidente: el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve y Beatriz Corbo, cuya participación fue cuestionada por conflictos de intereses, ya que es hija de Canio Corbo, director de Pesquera Coloso S.A., que forma parte de la sociedad controladora de una de las empresas pesqueras más grandes del país. Había también 14 dirigentes de las dos grandes confederaciones de pescadores artesanales: siete de la Confepach y siete de la Conapach. Por el sector laboral, hubo otros siete representantes de los tripulantes, los oficiales y los trabajadores de plantas procesadoras, todos vinculados a las grandes empresas industriales. Los otros cinco fueron los líderes de las principales asociaciones gremiales industriales: Roberto Izquierdo, Rodrigo Sarquis, Francisco Mujica, Carlos Vial y Sebastián Vera. Ninguno de ellos creía que las subastas eran una opción.

Además de unos pocos pescadores artesanales, Alfredo Irarrázabal, presidente de Pymepes, fue el único de los miembros de la mesa que apoyaba abiertamente la licitación de las cuotas. Por eso fue fácil llegar a un consenso.

Cuando a fines de septiembre por fin se selló el documento con las 27 firmas, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y el ministro dijo que el momento era “histórico”, que nunca antes los pescadores industriales con los artesanales se habían puesto de acuerdo. Parecía que las grandes empresas pesqueras habían ganado la guerra por la redistribución del mar. Ahora, dos meses después, dicen que el ex senador Longueira y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, “perdieron toda credibilidad”.

-Las más altas autoridades de gobierno cambiaron de posición y las bases del diálogo de mala manera. Fuimos presionados para llegar a un arreglo en el cual hicimos concesiones dolorosísimas, y ahora se vuelve todo a fojas cero, pero ya con estas concesiones otorgadas. Entonces, estamos en el peor de los mundos –dijo a La Segunda Roberto Izquierdo, el presidente de Asipes, una de las asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes y poderosas del país.

Longueira fue el primero en romper el acuerdo y lo hizo a fines de octubre por orden directa del Presidente Sebastián Piñera. El ministro no sólo anunció que el proyecto de ley que debe enviar en las próximas semanas al Congreso incluirá las licitaciones, sino que además, se establecerá un royalty a la pesca que le reportaría al Estado unos US$ 30 millones anuales, prácticamente lo mismo que ya percibe el fisco por las patentes de los barcos (ver recuadro). Precisamente para evitar eso, la industria había cedido en la mesa de trabajo parte de las cuotas que tenían en su poder desde 2001 a los 81.157 pescadores artesanales que figuran registrados en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Lo que más les dolió a los industriales fue doblarles su ración de jurel, el principal recurso pesquero del país. Así, los pescadores artesanales quedaron con el derecho a pescar el 10% del jurel que se extrae en Chile. Ese fue el precio de evitar la licitación de las cuotas. Aunque en rigor no fue tan alto, porque al final, gran parte de esos pescados igual irá a parar a sus plantas procesadoras.

“PALOS BLANCOS”

Minutos antes de que el Achernar llegue a Talcahuano y se inicie la descarga de la pesca de su último viaje, ya se han instalado a esperarlo en el puerto dos perros, casi una veintena de gaviotas, cuatro lobos marinos y un enorme camión que apenas traspase la carga desde el barco a su container refrigerado, partirá con aproximadamente 10 toneladas de jurel fresco rumbo a Perú. La nave tiene 17,6 metros de largo, 6,6 de ancho y una capacidad de bodega de 88 toneladas. Por eso, porque es pequeña, aún puede calar en Talcahuano. El azote del tsunami de febrero de 2010 sobre el puerto lo dejó inutilizable para el desembarque de barcos pesqueros industriales. Las instalaciones de SouthPacific Korp S.A. y Pesquera San José S.A., las dos grandes empresas pesqueras que utilizaban ese mismo puerto, quedaron completamente destruidas. De su infraestructura, sólo quedaron ruinas.

Desde entonces que al puerto de Talcahuano sólo llegan naves de pesca artesanal. La mayoría de las pesqueras industriales de la zona centro sur ahora se reparten entre los puertos de San Vicente, Coronel y Lota. Pero eso no significa que hayan desaparecido por completo del principal fondeadero de la VIII Región.

Esteban Salinas llegó temprano ese martes 2 de agosto al puerto de Talcahuano y señaló los barcos que estaban calados en la bahía. Los había de varios tamaños, aunque los más grandes eran como el Achernar. De acuerdo a las exigencias del Sernapesca, para que una embarcación sea considerada como artesanal no puede exceder los 18 metros de eslora ni las 50 toneladas de registro grueso (TRG). Además, debe ser propiedad de un armador artesanal y estar en el RPA, que a diciembre de 2010 contaba con 15.889 naves autorizadas para pescar en el país.

-Pero muchas de ellas son palos blancos. Las grandes empresas les dan créditos a los pescadores artesanales para comprar sus barcos. Así se adueñan también de las cuotas de pesca artesanal. Por ejemplo, ese de allá es de San José. El de al lado es de Pesquera Landes. Y esos dos son de El Golfo y Camanchaca. Casi todas las empresas grandes tienen barcos artesanales. Al final, son los dueños de todo –contaba Salinas mientras señalaba los barcos en el puerto.

Aunque pasó casi 50 años dedicado a la pesca artesanal, Salinas cambió hace poco de actividad. Ahora pasa los días paseando a turistas por la bahía en su pequeño bote y sólo a veces sale a pescar. Dice que le va mejor: que el jurel prácticamente ya ni existe en las aguas chilenas, que la pesca de arrastre (prohibida por ley a los pescadores artesanales) para capturar merluza ha sido excesiva y que la cuota artesanal de sardinas para este año ya está casi agotada. Que prácticamente, lo único que queda para pescar es jibia. Según él, la razón es que “a todos los peces les han dado como huasca”.

El Achernar no escapa a esa relación directa entre pescadores artesanales e industriales. Según el RPA, el barco está registrado con el número 30.822 a nombre de Pedro Ortiz Mickelsen, gerente general de la Sociedad Pesquera Orión Ltda., que en su sitio web lo incluye como una de las tres naves que componen su flota artesanal. Pero una publicación en el Diario Oficial el 2 de enero de 2009 da cuenta de que la nave fue entregada en prenda a Pesquera San José S.A. para garantizarle “el cumplimiento de todas y cualesquiera de la obligaciones que Pedro Andrés Ortiz Mickelsen y la Sociedad Pesquera Orión Ltda., tengan en la actualidad o en el futuro a favor de Pesquera San José S.A., en moneda nacional o extranjera, derivada de toda clase de actos y contratos”. Entre esas obligaciones, de acuerdo a lo que dijo Ortiz en una entrevista al portal Aqua.cl en 2007, está la entrega de la producción de toda su flota para producir harina y aceite de pescado.

Desde 2005, Pesquera San José S.A. ha recibido en prenda al menos unas 20 embarcaciones artesanales. Con ese tipo de convenios la empresa no sólo controla la cuota individual que se le asignó en 2001 cuando se promulgó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), sino que suma lo que obtiene de empresas y pescadores artesanales que pescan en un área que las compañías industriales tienen vetada: las primeras cinco millas desde la costa.

Pero Pesquera San José S.A. no es la única que ha dado créditos a pescadores artesanales para aumentar su cuota de captura. Según los registros del Diario Oficial, y sólo por mencionar algunas empresas, en el mismo lapso, la pesquera de capital noruego Lota Protein S.A. ha aceptado en prenda 25 embarcaciones artesanales; SouthPacific Korp S.A. obtuvo la posesión de 12; Corpesca S.A. cuenta con 11 a su favor; y Compañía Pesquera Camanchaca S.A. registra 36 botes que le han sido entregados como garantía. En algunos de los extractos publicados se indica expresamente que toda la captura obtenida en esas naves debe ser entregada a las compañías acreedoras. En todo caso, la pesca que las grandes empresas han obtenido a través de estos contratos con los pescadores artesanales representa sólo una pequeña parte de los recursos pesqueros que se explotan en el país. Todo lo demás ya estaba en su poder hace varios años.

EL GRAN NEGOCIO

Hasta principios del año pasado todo indicaba que el sistema seguiría más o menos igual. Como el 31 de diciembre de 2012 la ley de LMCA quedará sin vigencia, se acabarán las condiciones que regulan la actividad pesquera. Los pescadores artesanales perderán sus cuotas y la exclusividad en las primeras cinco millas y los armadores industriales quedarán sin las cuotas individuales que se les asignó en 2001, cuando se promulgó la norma. El gobierno debe armar un proyecto de ley que la reemplace y evite el caos. Y parecía que sería fácil: la única pelea que se esperaba era la que darían los artesanales: que exigirían una mayor porción de las cuotas. Pero incluso así, el control del mar y sus recursos se mantendrían prácticamente igual a como están hasta ahora. Y para la mayoría de las grandes empresas, eso era más que suficiente.

Desde que se promulgó en 2001 la ley de LMCA, el mar chileno tiene dueños. A mediados de los ’90, la crisis del jurel, el principal y más codiciado recurso marino en el Pacífico Sur, obligó a las autoridades a cambiar el régimen y establecer un sistema de cuotas globales anuales para regular su extracción. Para administrarlo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) le asignó a las distintas empresas industriales –los armadores– un porcentaje de esa cuota de acuerdo a sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las compañías que más habían pescado durante los últimos años y las que tenían mayor capacidad de bodega, se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global, y en consecuencia, las mayores tajadas de una torta millonaria.

En 2010, la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de US$ 1.263 millones (unos $644.609.940.000) sólo en exportaciones. Como las cuotas individuales de pesca le aseguran a cada armador industrial el porcentaje que puede pescar de la cuota global cada año, una mayor cuota individual significa una mayor participación en un mercado cerrado y cada vez más concentrado, donde los recursos más importantes son los peces pelágicos: el jurel, la anchoveta y la sardina común. Aunque de eso, casi nada va a parar a la mesa de los chilenos.

El principal producto pesquero del país es la harina de pescado. De todo lo que se pesca en Chile, más del 70% corresponde a capturas pelágicas y, de acuerdo a los registros del Sernapesca, se destina a la reducción más del 73% de los desembarques de jurel y alrededor del 99% de anchoveta y sardina, lo que ha mantenido a Chile desde hace 30 años como el segundo mayor productor mundial de harina de pescado. Y aunque las capturas han disminuido en la última década a niveles críticos por la sobreexplotación, la escasez ha hecho que el precio internacional de ese producto se dispare. Su valor promedió el año pasado los US$ 1.600 por tonelada, lo que implicó que el 42,35% de la facturación por exportaciones pesqueras viniera de la harina. Para julio de este año, la Subpesca informaba que las exportaciones a los 24 países que reciben harina de pescado chilena ya superaban los US$ 244.556.048 (alrededor de $113.215 millones).

Las cifras del mercado son lo bastante jugosas como para que algunos actores del sector pesquero sientan ganas de ingresar o de aumentar su participación. Sobretodo considerando que con la normativa vigente, las empresas no pagan un impuesto por la explotación de los recursos, sino que sólo las patentes de los barcos, lo que le significa al Estado un ingreso anual que promedia los US$ 30 millones, menos de un 2,5% de lo que perciben las empresas. Pero con la ley de LMCA eso es prácticamente imposible: todo el mar chileno y los derechos de explotación de sus recursos están repartidos en unos pocos gigantes pesqueros. Como de todas formas se tenía que discutir la preparación de una nueva ley, el momento era el preciso. Así fue que en marzo de 2010 vino el primer golpe: la guerra por la redistribución de las cuotas individuales había comenzado.

LA BATALLA DE LOTA

Lota Protein S.A. es una empresa pesquera industrial de capital noruego que opera desde 1991 en la bahía de Lota, posee el 1,5% de la pesca industrial de jurel en Chile y quiere más. Para lograrlo, en marzo de 2010 ingresó una consulta al Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) acusando a la Subpesca de haber actuado de forma ilegal al omitir la licitación de cuotas contemplada en el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), un punto que se incluyó en la norma de 1991 con el apoyo del entonces senador Sebastián Piñera.

El artículo que impulsó el actual Presidente desde su asiento en el Senado hace 20 años, establece la posibilidad de que se licite “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. El máximo subastable es el 50% de la cuota global, pero sólo si se trata de excedentes. Como jamás los ha habido, la Subpesca nunca lo ha puesto en práctica. Para Lota Protein S.A., eso es un atentado a la libre competencia, ya que mantiene el acceso cerrado a nuevos actores en una industria donde todas las cuotas se encuentran asignadas y existe un alto nivel de concentración de los recursos en unos pocos competidores. Por eso acudió al TDLC: para que se liciten las cuotas individuales, se modifique su sistema de transferencia y se derogue la institucionalidad completa del sector en una nueva legislación.

-Ellos fueron al TDLC a alegar que las asignaciones habían sido mal hechas y que no había posibilidad de entrar al sector. Pero las cuotas son transferibles y ha habido muchas transacciones de cuotas. Si Lota Protein no ha comprado, es porque no ha querido –asegura Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes.

Días después, la Subpesca le envió su descargo al tribunal antimonopolios. Allí, el subsecretario Pablo Galilea argumentó que la subsecretaría “no se encuentra en la obligación legal de aplicar la medida prevista en el artículo 27 de la LGPA, y por tanto, todas sus consecuencias que de ella derivaba la consultante no se vuelven inevitables, máxime si se considera que tales consecuencias son jurídicamente imposibles”. Por su parte, Asipes hizo entrega de dos oficios, uno firmado por la abogada Olga Feliú (actual presidenta del Colegio de Abogados) y otro con la rúbrica del ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. El primero concluyó que una norma que obligara a la autoridad a licitar los derechos de pesca infringiría el principio de confianza y afectaría “los derechos de propiedad y a desarrollar actividades económicas lícitas garantizados por la Constitución”. En el segundo, Correa Sutil sostenía que al terminar la ley de cuotas, la regulación de la actividad debía hacerse por medio de una ley de quórum calificado.

En junio del año pasado, el TDLC declaró inadmisible la consulta por ser improcedente y citó a todos los que aportaron antecedentes a una audiencia pública el 12 de agosto de 2010. Ese día llegaron representantes de Lota Protein S.A., la Subpesca, Asipes, Sonapesca y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Todo lo que dijeron fue considerado en el fallo que emitió el TDLC en abril de este año, donde se desestimó la subasta de las cuotas como necesarias para la libre competencia –aunque no la descartó–, se recomendó mantener y perfeccionar el sistema de cuotas individuales y se propuso mejoras en su sistema de transferibilidad.

Parecía ser un triunfo de las grandes empresas asociadas en las dos principales asociaciones gremiales de industriales pesqueros, Sonapesca y Asipes, que pretendían mantener todo como estaba. Pero lo que vino fue una ampliación del campo de batalla hacia los medios de comunicación, donde Lota Protein S.A. se ha enfrentado con el resto de la industria a través de decenas de editoriales y columnas de opinión firmadas por gerentes, académicos y ex autoridades de gobierno que han escrito para ambos bandos explicando tanto las virtudes y defectos de una posible licitación de las cuotas de pesca, como la maldad o la bondad de los que respaldan una u otra posición.

Se ha dicho que la licitación favorecerá la concentración del mercado, la entrada de gigantes extranjeros con sus enormes barcos factoría y la reducción de las cerca de 12.500 plazas de trabajo que genera la industria. Los que la defienden, dicen que precisamente lo hacen porque el mercado ya está altamente concentrado, que eso mismo ha hecho que el desempleo en el sector aumente y que los extranjeros que buscan jurel no van a participar en licitaciones en Chile porque pueden capturarlo gratis en aguas internacionales. Se han dicho verdades y mentiras por ambos lados y en cada bando han sumado adeptos políticos, académicos y entre los pescadores artesanales que dependen de la industria, ya que le venden la mayoría de sus capturas.

Al final, la industria pesquera se dividió entre los que quieren defender lo que ya tienen y consideran un “derecho histórico” y los que ven en la licitación de las cuotas individuales una forma de obtener mayor participación de una torta de la que sólo quedan migas. Por eso cuando el gobierno ingresó al campo de batalla asumiendo una posición, no hizo otra cosa que agitar más las aguas.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE FONTAINE

Al entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, le quedaba sólo un par de meses en el cargo, aunque no lo sabía. Era abril de 2011 cuando les informó a los representantes del sector pesquero que el gobierno ya tenía una fórmula pensada para el proyecto de ley que reemplazará a la ley de LMCA cuando caduque el último día del próximo año. Apenas lo dijo, las grandes empresas pesqueras lo amenazaron con tomar acciones legales. Punto para los de Lota: la administración de Piñera iba por la licitación.

La propuesta inicial que planteó el Ejecutivo a través de Fontaine, hablaba de la posibilidad de subastar hasta el 50% de las cuotas individuales de pesca. Eso implicaba que las grandes empresas perderían la mitad de los derechos de captura que se les asignaron en 2001. La idea era hacerlo por etapas: durante los primeros seis años se licitaría un 10% bianual y el 20% restante se adjudicaría con condicionantes.

-Estas pueden ser la concentración de algunas pesquerías, indicadores de concentración que nos lleven a licitar o excedentes productivos. Es decir, si se aumenta más del 50% de la cuota original, el excedente se licita –dijo el subsecretario Galilea a La Tercera.

La intención del gobierno era que la nueva norma, que debe entrar en vigencia desde el primero de enero de 2013, tuviera una vigencia de al menos 25 años, si es que no terminaba siendo indefinida. Pero los cambios también contemplaban modificar la institucionalidad pesquera. En ese sentido, lo que pretendía el gobierno era reformar el CNP, quitándole atribuciones y así convertirlo en un organismo consultivo y no resolutivo, como lo ha sido hasta ahora. La modificación consistía principalmente en cambiar su composición: si ahora, de los 30 participantes, 17 pertenecen a los grupos interesados (gremios industriales, artesanales y trabajadores pesqueros), el proyecto pretendía que el Consejo esté conformado por científicos y académicos. Así, el organismo funcionaría como apoyo a la Subpesca en materias de investigación.

-Pese a que ésta es la voluntad del gobierno, la autoridad se abre a la opción de cambiar su postura –agregó Galilea.

Eso fue lo que pasó.

LA MESA DE LONGUEIRA

Fontaine desapareció del mapa cuando el 18 de julio Piñera realizó su segundo cambio de gabinete. Además de enroques entre ministerios, el Presidente sacó a dos senadores del Congreso para sentarlos frente a la cabeza de alguna cartera. Uno fue Andrés Chadwick, que pasó a ser vocero del gobierno. El otro fue Pablo Longueira, que como nuevo ministro de Economía se encargaría de llevar adelante la nueva regulación pesquera.

-Creo que el nuevo ministro se va a tomar su tiempo y estudiará el punto. No creo que lo resuelva en una semana. Él va a tener una mirada política –decía Luis Felipe Moncada una semana después del cambio de gabinete.

Las palabras de Moncada fueron como una premonición. Después de reunirse con algunos representantes de los distintos sectores, Longueira decidió juntarlos en una mesa de trabajo que partió el 8 de agosto con una condición: si querían evitar la subasta de las cuotas de pesca en el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo, debían llegar a acuerdo en un mes.

Al cumplirse el mes, los miembros de la mesa alcanzaron un primer acuerdo: pedirle al ministro Longueira más plazo. El ministro accedió y el documento con el acuerdo final con 27 firmas de los 30 miembros de la mesa, se presentó el 26 de septiembre. Ese fue el día que Longueira calificó como “histórico”.

Además de comprometerse a conseguir la sustentabilidad de los recursos y a recuperar las pesquerías en estado crítico (nueve de las 17 especies de peces con pesquería en el país están catalogadas por la Subpesca como sobreexplotadas), el acuerdo trató el tema de la distribución de las cuotas. A falta de actores que abogaran por la subasta de las cuotas individuales, la discusión se centró sobre en todo en la repartición de las cuotas industriales y artesanales. Si los primeros cedían en las demandas de los segundos, se ganaban su voto en contra de la licitación. Así fue que los artesanales obtuvieron un aumento en las principales pesquerías.

Si los pescadores artesanales cuentan ahora con un 70% de la cuota global de sardina común, con el acuerdo quedarán con un 78% que les será vigente por los próximos 20 años a contar desde la promulgación de la ley. Ese mismo porcentaje obtuvieron en la pesquería de anchoveta en la zona centro sur, lo que les significó un aumento de un 39,3% en relación a lo que hasta ahora tienen reservado. Y en el caso del jurel, el premio mayor de toda la discusión, pasaron de un 5% a un 10% de la cuota global.

El documento dice que los firmantes respetarán y mantendrán el acuerdo sobre el fraccionamiento y que efectuarán un llamado al Congreso para que igualmente lo valide y respete durante la discusión legislativa. Pero el gobierno lo rompió cuando Longueira anunció que el proyecto que enviará al Congreso incluirá la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas, y además un royalty similar al de la minería para las que no se subasten, que se suma a las patentes que ya pagan las empresas por los barcos. La guerra sigue abierta y apenas el Ejecutivo envíe el proyecto, el campo de batalla será el Parlamento.

En todo caso, lo único que cambia el escenario actual es el royalty. Como ese impuesto es para recursos agotables, su implementación es un reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que los peces en Chile se están acabando y que, en definitiva, se van a acabar. Sobretodo si se aprueba el proyecto de ley que ingresó a trámite en la Cámara de Diputados con suma urgencia y que pretende reducir la talla mínima de jurel de 26 a 22 centímetros. Da lo mismo que los artesanales hayan aumentado un poco sus cuotas, ya que de todas formas esas capturas van a parar a la industria. Y como la licitación será de los excedentes y no tocará las cuotas individuales ya otorgadas a los industriales –muy similar a lo contemplado en la legislación vigente–, la propiedad del mar seguirá en manos de unos pocos gigantes pesqueros que se han ido comiendo a los pequeños hasta concentrar en nueve grupos económicos familiares la explotación de los principales recursos marinos del país. O mejor dicho, su sobreexplotación.

El impuesto por el fin de los peces y las nuevas licitaciones

-El objetivo principal del proyecto de ley es la sustentabilidad del recurso pesquero en el país. Introduciremos cambios relevantes y todos los estándares del OCDE –dijo Longueira a El Mercurio sobre el proyecto de ley que deberá enviar al Congreso el próximo lunes 5 de diciembre.

Aunque en un principio se dijo que el royalty sería similar al que existe en la minería, la fórmula que se usará en el sector pesquero es otra. En vez de calcular el impuesto en relación al margen operacional de las empresas y el precio del principal recurso (en el caso de la minería, el cobre), el royalty a la pesca se calculará en base a las cuotas individuales de captura que posean las compañías multiplicado por el precio de venta del recurso extraído.

Hasta ahora, lo único que han pagado las empresas pesqueras por funcionar es la patente de sus barcos autorizados para pescar de acuerdo a su capacidad de captura. Independiente de si estén o no operativas, los armadores deben desembolsar por cada tonelada de registro grueso (TRG) de sus naves: 0,4 unidades tributarias mensuales (UTM) para naves de hasta 80 TRG; de 0,5 UTM para barcos entre 81 y 100 TRG; de 1 UTM para embarcaciones de 101 a 1.200 TRG; y de 1,5 UTM para las que superen las 1.200 TRG. Por este concepto, el año pasado el Fisco percibió ingresos por poco más de US$ 30 millones. Con los cambios que propone el gobierno, a eso se le sumaría el royalty.

En el Ministerio de Economía estiman que el cobro de ese impuesto representaría ingresos al Estado similares a los de las patentes y que en la próxima década debería incrementarse hasta los US$ 40 millones. Pero eso sólo se les cobraría a las empresas que ya tienen cuotas históricas de pesca. Las que obtengan cuotas a través de subastas, no deberán pagarlo.

Las licitaciones que contempla el Ejecutivo sólo se considerarán para pesquerías que operen en condiciones aceptables de sustentabilidad y serán de dos tipos. La primera será por concesiones indefinidas para la explotación de recursos cuya sustentabilidad no se encuentre amenazada. Por lo tanto, ya quedan fuera de esa medida el jurel y las otras ocho especies consideradas por la Subpesca como sobreexplotadas. La segunda entregará permisos de pesca por sólo un año y se llevará a cabo sólo en pesquerías que han presentado mejorías en su biomasa, pero que siguen en riesgo. Ninguna de las empresas que se adjudiquen estas licitaciones pagará royalty, ya que el pago al Estado será el cobro por la concesión otorgada.

Publicado originalmente en CIPER (24/11/2011)

LA CAÍDA

2011-11-10T16:28:00.002-03:00

La sola presencia de Marcelo Bielsa en Juan Pinto Durán hacía pensar que la Selección Chilena estaba para grandes cosas. Que aún quedaba mucho, que lo mejor estaba por venir. Pero su jefe, Harold Mayne-Nicholls, perdió las elecciones y atrás de él partió el argentino. Todo fue tan turbio; tan doloroso. De eso ha pasado un año y desde entonces, todo ha cambiado en el fútbol nacional. Esa transformación es la que retrata el periodista Francisco Sagredo en “La Caída”, una rigurosa investigación que devela la sucia trastienda política, empresarial y deportiva que acabó con uno de los procesos que más ilusiones ha despertado en el pueblo chileno. Así es el fútbol.

Ha pasado un año de las elecciones que gatillaron la salida de Harold Mayne-Nicholls y su directorio de la cúpula de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Un año y hoy todo es distinto. Marcelo Bielsa dirige ahora un equipo español que la semana pasada empató con el Barça; la Selección Chilena, con Claudio Borghi al frente, aún no termina de salir de un escándalo protagonizado por los mismos de siempre (los de antes, los que ya se pensaba que no hacían esas cosas); y Sergio Jadue preside la ANFP porque Jorge Segovia fue inhabilitado después de ganarle la elección a Mayne-Nicholls con el apoyo de los clubes grandes. Hubo mucha plata detrás de eso, muchos intereses, mucha política.

Precisamente de cómo se fraguó la salida de Mayne-Nicholls es que trata “La Caída”. El periodista y editor de Deportes de Televisión Nacional, Francisco Sagredo, investigó a fondo las aristas que configuran “la historia secreta del autogol político y empresarial de Mayne-Nicholls, Bielsa y el fútbol chileno”. Son cosas del fútbol, pero al final, no es un libro de fútbol. Sagredo relata en detalle cada uno de los pasos de un proceso que por haber sido tan exitoso y tan enriquecedor para el fútbol nacional (al menos como se vio desde afuera en lo deportivo), terminó siendo un botín que no pocos querían para sí.

Pero el libro, que ya está a al venta y que será presentado por su autor el sábado 12 de noviembre en la Feria del Libro, no sólo retrata el fin, sino que revisa cada uno de los factores que llevaron al fútbol chileno a esa situación. Su investigación revela cómo los mismos que en 2006 le daban la dirigencia, cuatro años más tarde se transformarían en sus principales enemigos. Al final, todo se traduce en un juego de ambiciones, traiciones, dinero y poder que no sólo se jugó en el último tiempo, porque el partido había comenzado hace rato.

Los cambios en el fútbol chileno eran evidentes. La transformación en sociedades anónimas de los 32 clubes profesionales ya marcaba el inicio de una nueva forma de ver y administrar el medio futbolístico en el país. Así fue que poderosos hombres de negocios y del mundo político asumieron un papel protagónico en un escenario que supieron explotar muy bien. Y ante la primera amenaza a sus inversiones, se agruparon en bloque para crear una fuerza opositora. Esa amenaza fue Harold Mayne-Nicholls. Fueron a elecciones y le ganaron. Esa fue su caída.

Puedes revisar acá el capítulo ocho del libro: “Los Buenos Muchachos”.

Publicado originalmente en CIPER (10/11/2011)

PERSEGUIDOS Y EXCLUIDOS POR EL MUNDO: LO QUE SE ESPERA QUE EN CHILE EVITE LA LEY ANTI-DISCRIMINACIÓN

2011-11-09T19:43:00.002-03:00

Ayer por la tarde, el Senado aprobó por 28 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención la Ley Anti-discriminación en medio de protestas. Ya a la entrada del Parlamento los grupos religiosos atacaban a los que promovían una ley que, a su juicio, es contraria a la familia. Al escritor Pablo Simonetti, presidente de la Fundación =Iguales, que promueve la no discriminación por orientación sexual, le gritaron: “¡Arrepiéntete, degenerado!”. Por su parte, el pastor de la Iglesia Cristiana de la Región del Bio Bío, Luis Silva, dijo a The Clinic: “Nosotros no discriminamos a los homosexuales y nadie los discrimina, nosotros los amamos a ellos, pero lo que no amamos de ellos es el pecado, como Dios ama su creación pero no ama el pecado del hombre”.

Hubo gritos, banderas, pancartas y empujones. Al final, el Congreso tuvo que ser desalojado porque los grupos de evangélicos que llegaron no permitían que se desarrollara la discusión. Eso porque el proyecto ha sido celebrado e impulsado principalmente por las agrupaciones que defienden los derechos de la comunidad de lesbianas, bisexuales, gays y transexuales (LBGT), ya que con ella quedarían penalizados los actos de discriminación en contra de las orientaciones sexuales y la identidad de género.

Pero el proyecto de ley no sólo contempla el resguardo de los homosexuales. Además, considera como discriminación los ataques contra la raza, nacionalidad, situación socioeconómica, ideología, opinión política, idioma, sexo, estado civil, edad, apariencia personal, enfermedad, discapacidad, filiación, sindicalización y participación en organizaciones gremiales. De aprobarse definitivamente (después de que el Senado le diera el vamos pasó al tercer trámite legislativo), en caso de discriminación, los infractores se arriesgarían a una "multa de cinco a 50 UTM (de $193.170 a $1.931.700) a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto y omisión discriminatoria".

En todo caso, que la ley se apruebe no quiere decir que la discriminación se acabe. Porque lamentablemente, y como ocurre en todo el mundo, la persecución es algo que incluso en países desarrollados no se ha podido erradicar por completo.

Hay lugares de África donde a los albinos los consideran seres mágicos, especiales. Y esa es su maldición. Por eso los cazan y, si los encuentran, los desmembran y los venden por partes como amuletos. En países como Tanzania, Burundi, Kenia y Uganda se paga alrededor de cuatrocientos dólares por una mano y hasta US$ 65.000 por el paquete completo que incluye: cuatro extremidades, genitales, orejas, lengua y nariz. Uno de cada 5.000 nacidos en ese continente es albino y, si tienen suerte y se salvan de los machetazos, según la crónica que publicó la revista colombiana Soho, simplemente serán parias.

En Tierra Santa hay unos 10.000 gitanos que tienen la mala suerte de serlo en un lugar donde no hay cabida para ellos. Según el reportaje que hoy publica Periodismo Humano, están allí desde el siglo III, por lo que podrían tener tantos derechos como judíos y árabes para llamar a esa “su tierra”. Pero llevan toda la vida cambiando de nombre para no ser descubiertos y tomando la religión de los que los rodean para no ser rechazados. Y eso de poco ha servido: como no son ni israelíes ni palestinos, a nadie le importan. Por ser gitanos, están fuera de cualquier agenda. Lo mismo que pasa en Francia, donde sólo en 2010 se expulsaron cerca de 8.000 gitanos. Si se suman los que ya habían sido echados el año anterior, la cifra se alza casi hasta los 20 mil.

La discriminación ocurre en todos lados, incluso en ciudades “cosmopolitas”, lugares donde pareciera existir mayor tolerancia. Para 2006, un informe de Amnistía Internacional identificó a 36 países que aún tenían leyes discriminatorias contra la mujer. A principios de este año, los musulmanes en Francia sufrieron un veto con la ley que prohíbe el uso de la tradicional 'burka' en espacios públicos. En junio, siguiendo el ejemplo de lo que ya se había hecho en Arizona y Georgia, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, aprobaron una ley de inmigración que concedía a la policía la autoridad para detener y solicitar documentos a cualquier extranjero –o cualquiera que lo parezca– ante la sola sospecha de ser indocumentado. Los padres inmigrantes, en su mayoría latinos, temen que si llevan a sus hijos a la escuela, los deporten.

Hace menos de dos meses, Gran Bretaña levantó la prohibición que vetaba a los hombres homo y bisexuales para donar sangre. La medida podría haber sido celebrada por todos los países británicos de no haber sido porque en Irlanda del Norte, la negativa continúa vigente.

Ojala que si se aprueba la ley en Chile, se garantice realmente la igualdad en la ciudadanía. Pero se ve difícil. En su libro Dios Mío, el cronista argentino Martín Caparrós se refiere al secularismo en la India, y dice que, a veces, la aparente aceptación entre distintas culturas y credos “no parece ser la suma de la tolerancia de cada cual, sino la combinación de todas las intolerancias. El respeto no consiste en tolerar lo que hace el otro, sino en garantizar que el otro no va a hacer nada que uno podría no tolerar”. Y esa pareciera ser la premisa aún arraigada en varios sectores de la sociedad.

Publicado originalmente en CIPER (9/11/2011)

LAS POSTALES OLVIDADAS DE GADDAFI

2011-10-27T19:35:00.009-03:00

Los rebeldes afirmaban que “murió en un ataque de los combatientes”. Pero la imagen que muchos medios mostraron ese 20 de octubre mostraba a un Muammar al Gaddafi que parecía desorientado mientras era jalado por un grupo de hombres eufóricos y con armas. Su rostro estaba rojo, bañado en sangre, la suya, porque apenas los rebeldes lo encontraron en Sirte, lo golpearon cuanto pudieron. El video que difundió al día siguiente El Mundo de Venezuela, lo muestra pidiendo piedad. “¿Es que acaso no conocen la clemencia?”, les decía a sus captores mientras lo zamarreaban. Después le pegaron un tiro en la cabeza. Incluso en Chile la imagen del ex líder libio muerto fue portada.

Durante los 42 años que pasó Gaddafi al frente del gobierno libio, su relación con occidente fue de amor-odio. El dictador fue retratado en los últimos meses por varios medios de comunicación. En ABC, lo presentan como el “responsable de torturas y asesinatos de opositores, la explosión del avión lleno de pasajeros en Lockerbie, el apoyo a grupos como el IRA, las FARC o ETA…” Dice que la orden que dio en febrero a su ejército para que disparen contra los manifestantes, fue “el último de la larga serie de crímenes del hasta entonces incontestado «líder de la revolución libia»”. En marzo, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) y Premio Nobel de la Paz 2009, Barack Obama, se refirió a él como un hombre que estaba “en el lado equivocado de la Historia”.

Pero existe una serie de fotografías que no fueron difundidas el día de su muerte y que demuestran que el dictador al que muchos ahora atacan, no fue tan lejano a los líderes occidentales como se ha mostrado en el último tiempo. Antes de que la revuelta en Libia explotara, Gaddafi, a los ojos de Occidente, había pasado de ser un paria a un bienvenido.

Para el 9 de julio de 2009, Obama ya llevaba un año y un mes en la Casa Blanca. Y ese día, se reunió con Gaddafi en Italia, en la cumbre de la G8. El líder libio no asistía como gobernante de su país, sino que como presidente de la Unión Africana. Al encontrarse, se estrecharon la mano y se dedicaron mutuamente palabras protocolares. Era la primera vez en 39 años que Gaddafi se reunía con un presidente estadounidense. En ese entonces, Washington consideraba a Libia como “un ejemplo para otros países” como Corea del Norte o Irán, ya que había abandonado su programa nuclear en 2003. Después de que lo asesinaran, sentado frente a una cámara, Obama dijo: "Y en Libia, la muerte de Gaddafi demostró que nuestro papel (el de EE.UU.) en la protección del pueblo libio, y en ayudarles a liberarse de un tirano, era lo correcto".

La imagen que retrata la reunión de Gaddafi con Silvio Berlusconi es –como suelen ser las fotos de il Cavaliere– mucho más informal. Y no es coincidencia. El mandatario italiano ha sido catalogado como el “mejor amigo europeo” del fallecido líder libio. Tanto así que Berlusconi aseguraba en marzo de este año: “Yo puedo convencerlo de que se vaya al exilio”. Incluso se ofreció a ir personalmente a Trípoli a negociar una “salida honorable” para el dictador. “Lo que pasa en Libia me afecta personalmente”, dijo. Meses después, Berlusconi recibió una carta de su amigo el dictador. Ahí, el libio escribía: “Me ha sorprendido la actitud de un amigo con el que he sellado un tratado de amistad en favor de nuestros dos pueblos”. Il Cavaliere había apoyado el bombardeo a Libia.

En 2004, cuando se reunieron en Trípoli, el entonces primer ministro británico Tony Blair dijo que había una esperanza real para una “nueva relación” con Gaddafi y su país. Después de esa reunión, la empresa anglo-holandesa Shell selló un trato para hacer una exploración en busca de petróleo en la costa de Libia. Además, Blair manifestó su sorpresa por la intención que tenía el coronel Gaddafi de hacer "causa común con nosotros contra Al-Qaeda, los extremistas y el terrorismo". Ese cambio en las relaciones llevó a que en febrero pasado uno de los hijos de Gaddafi le pidiera ayuda a Blair para “aplastar al enemigo”. Por supuesto, el ex primer ministro no respondió a ese llamado.

En los últimos años Gaddafi se reunió con varios líderes de occidente y con todos ellos se estrechó la mano. Fidel Castro, Hugo Chávez, Gordon Brown, Ban Ki Moon, Vladimir Putin, Lula da Silva, José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Fernández y hasta Michelle Bachelet. Y esos no son todos. Aquí, una colección de saludos que autoridades mundiales tuvieron con quien fuera catalogado por Ronald Reagan como el “perro loco del medio oriente”. Y que ahora está muerto.

Publicado originalmente en CIPER (27/10/2011)

LAS ACUSACIONES QUE LLEVARON AL JUEZ ROMANO A HUIR DE ARGENTINA Y PEDIR ASILO EN CHILE

2011-09-22T10:33:00.004-03:00

Desde que llegó pidiendo asilo político, el juez argentino Otilio Romano ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Chile. Huyó de Mendoza para evadir un juicio en su contra por 103 acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La UDI le pidió a La Moneda que dilate el proceso hasta que se extradite a Galvarino Apablaza, algo que resulta difícil frente a las acusaciones que enfrenta Romano. CIPER tuvo acceso al documento que detalla cómo Romano y otros jueces protegieron a victimarios y omitieron información clave que pudo impedir desaparecidos y secuestros en Argentina. En su nueva casa en Algarrobo, Romano espera que Chile lo acepte como refugiado.

Cuando a Luz Faingold se la llevaron sólo tenía 17 años. Ella no figuraba en la lista de personas que debían ser detenidas ese día por orden del juez federal Luis Francisco Miret, pero tuvo la mala suerte de haber llegado ese 28 de agosto de 1975 a la casa donde estaban León Glogowski, Ismael Calvo y otras ocho personas que sí aparecían en su nómina como presuntos subversivos. Apenas tocó a la puerta, los seis policías que alcanzó a ver y que habían ingresado a la fuerza la jalaron hacia adentro, la encapucharon, la encañonaron y la tiraron al suelo junto a los demás. Así había sucedido con cada una de las personas que llegaban a ese domicilio. Jamás apareció en la escena una orden de detención, pero eso no importó: a todos se los llevaron al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza.

Cuatro días después, el papá de Luz acudió a la justicia para pedir la restitución de su hija. Como era menor de edad y no existía una orden de detención con su nombre, la ley argentina establecía que debía ser entregada a sus padres. Pero el juez Miret, que sabía desde el mismo día del allanamiento que entre los detenidos había una menor, no hizo nada. A sabiendas de que la detención era ilegal, la mantuvo detenida e incomunicada. El fiscal de la causa, Otilio Romano, también sabía lo que estaba pasando con Luz, pero no investigó y el mismo día que presenció la audiencia de la joven, dictaminó que debía seguir encerrada e incomunicada.

Durante los días que Luz estuvo secuestrada, los policías la golpearon, la torturaron y la violaron. El 5 de septiembre de ese mismo año, tanto Miret como Romano participaron en los interrogatorios a algunos de los detenidos. Entonces les contaron de golpizas, torturas y robos que habían sufrido desde el momento del allanamiento. También les relataron que los habían hecho firmar con los ojos vendados documentos con confesiones en medio de golpes y amenazas. Les mostraron ahí mismo sus magulladuras. Pero los magistrados sólo se limitaron a formular preguntas formales. Ninguna de sus declaraciones fue investigada. Ni siquiera la de León Glogowski que además dijo que “escuchó a la señorita (Luz) Faingold a gritos reclamar que no la ultrajaran”.

El 19 de septiembre de 1975, después de pasar por un centro clandestino de detención y un hogar de menores, Luz volvió a la casa de sus padres. Ni Miret ni Romano hicieron algo para investigar y determinar lo que le había pasado.

De eso han transcurrido 36 años y hasta hace sólo unos meses, los dos magistrados formaban parte de la cúpula del Poder Judicial argentino. Tanto Miret como Romano eran miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, pero ya no. Luis Francisco Miret fue destituido en marzo por el "mal desempeño" de su función durante la década del ‘70, cuando estuvo implicado en crímenes de lesa humanidad. Lo mismo pasó hace menos de un mes con el juez Otilio Romano, aunque con él, la cosa ha sido un poco más complicada, sobretodo desde que escapó a Chile.

EL MAGISTRADO PRÓFUGO

La tarea que tenía que cumplir en Mendoza a fines de agosto el secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Marcelo Bová, era sólo un trámite. Su misión era llegar hasta el domicilio del juez Otilio Romano y entregarle la notificación de la suspensión de su cargo y de la apertura de un proceso judicial en su contra. Pero no pudo hacerlo. Cuando llegó, el conserje del edificio le dijo que Romano ya no vivía allí.

Apenas Romano supo que ya no rendirían frutos las medidas cautelares y otros recursos legales que interpuso para dilatar durante un año y medio el proceso de su destitución, optó por huir. El 25 de agosto el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó suspenderlo y abrir un juicio político en su contra por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado que imperó durante la última dictadura en Argentina, entre 1975 y 1983. Así, Romano quedó sin fuero y disponible para ser detenido o al menos quedar con arraigo en su país. Pero el juez se anticipó a todo eso: un día antes de que se aprobara su suspensión, Romano subió a un avión, cruzó la cordillera y aterrizó en Chile con la idea de radicarse como refugiado político.

Desde entonces, lo de Romano se ha convertido tanto en un asunto diplomático entre Chile y Argentina como en una cuestión política que enfrenta a la UDI con el gobierno. Especialmente desde que el fin de semana pasado se emitiera desde Argentina una orden de captura internacional en su contra.

Para evitar que la situación de Romano pase a ser un impasse diplomático, la Presidenta argentina Cristina Fernández le solicitó a su embajador en Chile que el consulado no intercediera en su detención, dejando que todo se solucione a través de la vía jurídica. Aunque oficialmente se negó, se ha especulado que el caso Romano tendría que ver con la cancelación de la visita que tenía agendada Fernández para el 19 de septiembre a la Parada Militar. Aunque en Chile también ha resultado difícil mantener el tema fuera del área política.

El 12 de septiembre la comisión política de la UDI le solicitó a La Moneda que dilate el proceso de refugio político al ex juez Romano, o que al menos no lo agilice hasta que el gobierno argentino le quite la condición de asilado a Galvarino Apablaza, cuya extradición fue solicitada en septiembre del año pasado por ser el principal inculpado en el asesinato en 1991 del ex senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI. Al día siguiente, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, militante de Renovación Nacional, dijo que el gobierno no aplicaría ese principio de reciprocidad y que Romano no sería usado como una “moneda de cambio”.

Mientras una comisión presidida por la jefa del Departamento de Extranjería y Migración (dependiente del Ministerio del Interior) evalúa si el caso del juez se ajusta a las exigencias contempladas en la ley que establece las disposiciones legales para la protección de refugiados, Romano goza de una visa de residencia temporal por un máximo de ocho meses, el mismo plazo que tiene la comisión para decidir si le otorga o no el asilo. Ahora, espera la respuesta en la casa que posee en Algarrobo.

-No sé de qué carajo se me acusa –dijo el juez argentino a El Mercurio cuando le preguntaron por las acusaciones que lo llevaron a considerarse un “perseguido político”.

Pero Otilio Romano sabe muy bien cuáles son los delitos que lo complican. CIPER tuvo acceso al documento que el fiscal general Omar Palermo presentó para requerir el juicio tanto de Romano como de otros tres funcionarios del Poder Judicial de Mendoza involucrados en crímenes de derechos humanos. El extenso informe entrega el detalle de al menos 103 casos en que jueces y fiscales de esa provincia recibieron información de secuestros, torturas, allanamientos ilegales y desapariciones ocurridas durante la dictadura en Argentina, y no hicieron nada. El de la detención ilegal y la violación de Luz Faingold es sólo uno de muchos.

JUECES POR LA IMPUNIDAD

Todo comenzó con una denuncia hecha en abril del año pasado que se refería a omisiones de hacer cesar privaciones ilegítimas de libertad o de investigar casos de tortura que habían sido denunciados antes los magistrados. En la acusación también se incluía el caso de Rebecca Celina Manrique Terrera, que sólo tenía nueve meses cuando fue detenida junto a sus padres. Ellos nunca aparecieron. Su hija había sido sustraída. Cuando esos delitos se investigaron en 1987, diez años después del secuestro, los jueces de la Cámara archivaron la causa sin indagar lo que había ocurrido. La decisión fue notificada y ratificada por Romano el 17 de septiembre de 1987.

Una vez recibida la denuncia en la Oficina Fiscal, el fiscal Palermo se dio cuenta de que todo lo relatado era muy similar a lo que ya se estaba investigando desde noviembre de 2009. Por lo mismo, se revisaron todos los expedientes reservados en el Archivo General relacionados con lo que ocurrió durante la época de la lucha antisubversiva, entre 1975 y 1983. Eso dio origen a la revisión de más de 900 sumarios, entre ellos 350 hábeas corpus interpuestos a favor a personas secuestradas. El resultado: “en ninguno de los casos los magistrados intervinientes promovieron medida alguna a los fines de investigar la posible comisión de un hecho ilícito”.

La investigación que dio inicio a la causa contra Miret, Romano y otros dos jueces –Rolando Carrizo y Guillermo Petra–, según consta en el documento, determinó que “el terrorismo de Estado contó en Mendoza con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó sin más al plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión imperante en aquellos años”. El texto indica:

“Su actuación fue determinante para que, en su conjunto y sin perjuicio de la determinación de responsabilidad individual de cada uno de sus miembros, el Poder Judicial Federal de la provincia de Mendoza evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron. Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales, entre otros numerosos delitos que se cometieron durante aquellos años, no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos hechos”.

Las acusaciones que pesan contra Romano y los demás jueces apuntan a que su actuar durante esos años no sólo fueron casos aislados, sino que una conducta sistemática de protección a las fuerzas de represión de la dictadura argentina. La investigación del fiscal Palermo determinó que la mayoría de las denuncias recibidas fueron archivadas o sobreseídas provisoriamente, lo que en los hechos fue definitivo: sin una investigación que recabara nuevos antecedentes, resultó imposible reabrirlas. Se determinó también que fiscales y jueces omitieron la promoción de una indagación en casi todas las denuncias que indicaban claramente la existencia de secuestros, torturas y desapariciones; los sumarios policiales instruidos para averiguar privaciones ilegítimas de libertad eran archivados inmediatamente después de que los denunciantes decían no poder reconocer a sus victimarios; y si se acusaban torturas en los interrogatorios a personas encausadas por la Ley 20.840, que penalizaba las actividades subversivas en Argentina, la denuncia simplemente era omitida.

La forma más común en que los jueces de Mendoza investigados habrían protegido la impunidad de los represores fue a través del rechazo de cientos de hábeas corpus, el recurso más utilizado por las víctimas o sus familiares para la obtención de su derecho a libertad, sin considerar siquiera si la detención era legal o si incluso existía un decreto que la justificara. Se eliminaban sin otra tramitación que la meramente formal.

EL HABEAS CORPUS DE LUIS MORIÑA

Lo último que se oyó de Luis Rodolfo Moriña Jung fueron sus gritos. Unos días antes, durante la madrugada del 22 de noviembre de 1975, catorce hombres con uniforme policial, armas y capuchas sobre sus rostros, entraron a su casa en la ciudad de Mendoza. Jamás mostraron una orden de allanamiento. En cosa de minutos y en medio de gritos y amenazas, encerraron a sus padres y a su hermana en el baño. Moriña tenía 24 años y estudiaba medicina. Así fue que se lo llevaron y lo convirtieron en uno de los cerca de 30.000 detenidos desaparecidos de la dictadura en Argentina.

Ese mismo día, el hermano de Moriña presentó un recurso de hábeas corpus ante el entonces juez federal de Mendoza, Luis Francisco Miret. Al día siguiente, Miret envió un oficio al auditor del Comando de la Octava Infantería de Montaña, Arnaldo Kletz, ordenándole que le informara si Moriña estaba detenido y, en caso de estarlo, dónde se encontraba, por orden de qué autoridad y por qué causa. De todo eso tuvo conocimiento el juez Otilio Romano, que entonces era procurador fiscal.

Pasaron dos días. Como la respuesta no llegó, Miret se comunicó con Kletz y le dio dos horas para contestar. Al mediodía del 26 de noviembre, desde el Comando se informó que Moriña sí estaba “detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en uso de las facultades que le confería el Estado de Sitio en el país”. Luego de eso, Miret solicitó al Ministerio del Interior una copia autenticada del decreto que ponía a Moriña a disposición del PEN. Ese documento llegó el 1 de diciembre de ese mismo año: Moriña se encontraba detenido “en virtud del Decreto nº 3608 del 27/11/75”. Miret se limitó a dejar constancia de la respuesta, aunque ni siquiera advirtió que la orden de detención fue realizada cinco días después de que Moriña fuera secuestrado.

Un mes y medio después, a pedido del hermano de Luis Rodolfo Moriña, el juez federal Rolando Carrizo solicitó mediante oficio al Comando que se informara dónde estaba detenido. La respuesta llegó el 19 de febrero de 1976 y decía que Moriña estaba prófugo. Antes de eso, el 11 de diciembre de 1975, Romano había solicitado el sobreseimiento definitivo de la causa, lo que, sin haberse diligenciado ninguna medida investigativa, el 6 de abril de 1976, fue acogido favorablemente por el juez Carrizo.

Años después, en otra investigación, Daniel Pina declaró que fue detenido en su casa poco antes que Luis Moriña. Pina era su vecino y compañero de la facultad de Medicina, pero después del secuestro, ambos se encontraron detenidos en la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8. Allí fueron brutalmente torturados. Pina dijo que escuchó los gritos de Moriña durante una de las sesiones de tortura. Después de eso, nunca nadie lo volvió a ver con vida.

Publicado originalmente en CIPER (21/9/2011)

ROBERTO MÉNDEZ (ADIMARK GFK): “CON LOS DATOS QUE PLANTEA CIPER QUEDA CLARO QUE EL SISTEMA SE AGOTÓ”

2011-09-21T11:20:00.002-03:00

Roberto Méndez, conoce muy bien la crisis de representatividad del sistema político. La última encuesta de Adimark GfK, institución que dirige, arrojó que el rechazo a todos los sectores de la política –gobierno, Presidente, oposición, oficialismo, parlamentarios– se alza por sobre el 64%. Méndez opinó después de revisar la investigación de CIPER que evidencia la escasa representatividad del Congreso. Los datos, dice, confirman una serie de señales que apuntan a un agotamiento del sistema político y electoral. Para él, los tres pilares que se deben revisar son el binominal, la estructura democrática de los partidos y el sistema de reelección ilimitada que ha transformado a los parlamentarios en “profesionales” de la política.

-¿Qué pasa con un sistema que permite que algunos diputados sean electos con un 7% de representatividad respecto del total de mayores de edad que hay en sus distritos, como lo demuestra la investigación de CIPER?
Es una señal del agotamiento de nuestro sistema político y electoral. Creo que ya es bastante evidente y estos datos son una evidencia más que se agrega a este hecho. Probablemente ésta es una reacción de las personas a esta falta de representatividad en el sistema. Esto no sólo es producto de los que no están inscritos, que es el caso de los más jóvenes, sino que también de los que estando inscritos no van a votar o no se manifiestan o votan en blanco o nulo.

-¿Esto es algo que se extrapola a todo el espectro político o sólo se concentra en el Congreso?
Las encuestas de opinión nos indican que las personas no se sienten representadas especialmente por el Congreso. Este sistema electoral que se aplica al Parlamento no es el mismo que corre para el presidente o para los alcaldes. Hay una mezcla de cosas, pero lo general es que en Chile tenemos una crisis de representación. Sobre eso se está generando un consenso y los datos de CIPER son un elemento muy valioso para confirmar la idea de que el sistema político se agotó. Hay distintas opiniones del rol que tuvo el sistema político que se creó y que nos ha regido durante los últimos 20 años.

-Cuando se refiere al sistema, ¿es al sistema político completo o sólo al binominal?
Fundamentalmente, al sistema binominal. En el sistema de elección presidencial hay un mayor grado de legitimidad al ser unipersonal. Pero es el sistema binominal el que le ha hecho perder legitimidad al Congreso, aunque no es sólo eso. Esto se explica también por la falta de legitimidad que tienen los partidos. La crisis del sistema político no sólo incluye al sistema binominal, sino que también una reforma al sistema de los partidos. Hay que revisar su estructura democrática interna porque la verdad es que en un sistema binominal, los partidos son muy poderosos: al final, son los que nominan a los representantes, pero carecen de un sistema democrático transparente. Uno ve que los partidos están cautivos de grupos, de cúpulas, de máquinas. Entonces no es sólo el binominal, sino que el fenómeno de los partidos también forma parte, y a eso se le suma un tercer tema: la reelección prácticamente indefinida que presentan los diputados y senadores, donde vemos a algunos que se han eternizado en los cargos.

-Uno de los factores que inciden en la baja participación política, principalmente en los jóvenes, es que elección tras elección los parlamentarios son casi los mismos.
Efectivamente. Muchos de ellos llevan más de 20 años en el Congreso, lo que ha dado origen a una profesionalización de la política. Lo que vemos es que hoy, lo que llamamos “clase política”, es en realidad un grupo de personas que se ha dedicado de forma profesional a la política como una carrera de vida, como si fuera su carrera profesional. Eso tiende a separarlos, desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente común. Este agotamiento del sistema político requiere revisar el binominal, que es parte del problema, pero además está el tema de los partidos, la reelección y, probablemente lo más complejo que es la inscripción automática, que por sí sola no soluciona mucho. Si al final, con o sin inscripción automática, la gente que no quiere votar no lo va a hacer. Ese no es el tema. Lo que hay que hacer es lograr que la gente se sienta representada y para eso, creo que los tres pilares son una revisión tanto del binominal, como de la democracia al interior de los partidos y la reelección indefinida.

-¿Cómo se mejora la estructura de los partidos para acercarlos a la gente?
Probablemente por medio de primarias vinculantes al interior de los partidos. Con eso, la gente participaría en las nominaciones y dejaría de ser un acuerdo de estas mismas cúpulas no representativas. La misma elección de las cúpulas y su renovación es un tema. La gente ve a los partidos y se encuentra con directivos que llevan 20 ó 30 años en sus cargos, que van rotando. Todo esto ha sido un atentado para la legitimidad de los sectores políticos.

-Pero todos esos cambios son a largo plazo.
No es fácil cambiarlo porque tampoco tenemos claro cómo se cambia ni por qué se cambia. Podemos cambiar el sistema binominal, pero hay muchas opiniones y muchos sistemas, todos con sus ventajas y desventajas. Creo que trabajos como el que están haciendo ustedes son elementos para abrir una discusión que tiene que ser amplia. No es sólo el sistema binominal.

-En el oficialismo son pocos los que consideran la opción de cambiar el binominal. Algunos dicen que sirvió para equilibrar las fuerzas políticas y que podría ser momento de revisarlo, pero no estiman que necesariamente influya en la poca participación de la ciudadanía.
Con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema ya se agotó. Creo que no es momento de una discusión más académica, de mirar hacia atrás y ver si fue bueno o malo. Sentarse en una discusión eterna para evaluar lo que fue este sistema, si viene de la dictadura y si es legítimo o no, no es lo más relevante. Cumplió un rol y un ciclo, pero eso hay que dejárselo a los historiadores y analistas. La evidencia que muestran estos datos, las encuestas, la insatisfacción de las personas en la calle y los estudiantes que no quieren llevar la conversación al Congreso porque no lo encuentran legítimo como lugar de discusión, demuestran que hoy ese ciclo ya se agotó y hay que pensar en una cosa nueva. Lo importante es ver cómo modificamos este sistema para hacerlo representativo, para que la gente se sienta representada en las instituciones políticas. Y no sólo en el Congreso, sino que también en los partidos, que están completamente deslegitimados.

-Gran parte del descontento social tiene que ver con temas cruciales que no se han solucionado en el Congreso. ¿Cuáles son las grandes deudas que la gente le cobra a los parlamentarios?
Creo que la reforma del sistema político es un tema bastante técnico que la mayoría de la gente no entiende demasiado. Deben ser los cientistas políticos y los que conocen la experiencia internacional los que deben buscar, evaluar y proponer alternativas, porque al final lo que la gente siente son los efectos de los sistemas. Efectivamente, nuestro Congreso no ha sabido responder a las inquietudes de las personas, algo que ha quedado más que claro con las demandas estudiantiles. Obviamente que resulta irritante para los jóvenes que algunos de los acuerdos que se tomaron en 2006, con el movimiento de los pingüinos, han demorado unos cinco años en aprobarse o aún están en discusión. Todo eso ha significado un fracaso de un Congreso que no está respondiendo a los ritmos ni a las inquietudes de las personas. Se han sentido estafados. Entonces aparece otro tema: la falta de legitimidad también viene de eso, no sólo de la estructura del sistema. Mucho tiene que ver la incapacidad de responder a los intereses ciudadanos. Ahí también están todas las comisiones investigadoras que se han formado y que al final no llegan a ninguna parte. Es un conjunto de elementos que hoy tenemos que enfrentar y que le han pasado la cuenta al Congreso.

-Muchos diputados están de acuerdo en que la inscripción automática y el voto voluntario, que incluso está garantizado por la Constitución desde 2009, son un paso adelante. Pero la Ley Orgánica de Elecciones que permitiría ese derecho aún no se ha aprobado.
La gente siente que el Congreso se ha deslegitimado en su origen, hay una duda sobre su generación, pero actualmente hay también una fuerte crítica a su manera de actuar. Eso crea esta situación que hoy es insostenible y muy incómoda para los parlamentarios, además de dificultar el sistema político. Si no tenemos un Congreso legítimo, la discusión política queda afuera de él y se empieza a destruir la institucionalidad. Así ha pasado con las discusiones y negociaciones del conflicto estudiantil. Es vergonzoso para el Congreso que el gobierno y los estudiantes estén discutiendo directamente sin la presencia del Parlamento. Es una demostración de la humillación a la que ha llegado esta situación y de lo crítica que es la situación de nuestro Congreso.

-¿A eso responde el llamado a plebiscito que han hecho los estudiantes?
De alguna manera, ese llamado es una forma de saltarse la institución donde están representados los ciudadanos, que es el Congreso Nacional. Hay varias señales bastante complejas, porque en definitiva es una deslegitimación del Congreso y las instituciones. El gran orgullo que hemos tenido en estos años, desde el Presidente Ricardo Lagos, es que las instituciones funcionan. Y en estos últimos meses, está claro que no están funcionando.

-Tanto en las encuestas como en las manifestaciones ciudadanas se ha demostrado que una gran parte de la población rechaza tanto a la derecha como a la Concertación. Hay sondeos que indican que los líderes del movimiento estudiantil tienen más apoyo que los dos principales conglomerados políticos.
Eso es notable: el movimiento estudiantil ha logrado un nivel de unanimidad, adhesión y simpatía en la opinión pública que es sorprendentemente alto, un grado de legitimidad que no tienen las instituciones. Eso les ha dado un poder inmenso que muy probablemente para ellos mismos es muy difícil de manejar. Son instituciones muy difíciles. Ellos son dirigentes que tienen que responder a una confederación que también es difícil de dirigir. Es una situación anómala y muy peligrosa, porque no es un poder institucionalizado, sino que es un poder de facto que se ha creado precisamente por la debilidad del sistema político y que los estudiantes no saben cómo administrar. Es un arma de doble filo muy compleja. Pero la adhesión ha sido impresionante. Es una de las pocas causas que actualmente gozan de acuerdo general, porque tiene que ver con un problema real y representa una situación que afecta a la clase media chilena, algo que los estudiantes han sabido comunicar muy bien.

Publicado originalmente en CIPER (12/9/2011)

LAS REVELADORAS CIFRAS DE LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD DE LOS PARLAMENTARIOS

2011-09-20T10:57:00.008-03:00

CIPER cruzó las estadísticas poblacionales del INE y el registro del Servel para dimensionar la falta de representatividad del sistema político y electoral. El análisis arrojó que 5,5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato en las últimas elecciones de diputados, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En los distritos más populosos el porcentaje de compatriotas que opta por no elegir parlamentarios se empina hasta un dramático 70%. Hay diputados que sólo representan al 7% u 8% del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

Por Juan Pablo Figueroa y Pedro Ramírez

Vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito

Vea el cuadro con la representatividad real distrito por distrito
Vea el cuadro con la representatividad real a nivel nacional

Elizabeth Oliva (40 años) es auxiliar paramédico de odontología, vive en Pudahuel, es casada y tiene un hijo. Nunca se inscribió en los registros electorales y jamás ha puesto una raya junto al nombre de un candidato en una papeleta. Ella es parte de los 5,5 millones de chilenos que en la última elección parlamentaria, de acuerdo con la investigación desarrollada por CIPER, optaron por no elegir un representante al Congreso. Pero no se engañe, Elizabeth Oliva tiene opinión política. Una opinión crítica y preñada de descontento, especialmente con el manejo económico de las cúpulas gobernantes:

-Los políticos se preocupan más de los indigentes y no de la clase media. Nos tienen descuidados. Y esto viene de años, ya que ningún gobierno ha establecido reformas para corregir las desigualdades -dice Elizabeth, quien cuenta que le quedan nueve años para saldar su préstamo hipotecario, por el que paga $ 58 mil mensuales, que debe $700 mil a una caja de compensación y otros $600 mil en multitiendas.

Admite que la única vez que sintió deseos de votar fue en la última presidencial: “Quise participar en el cambio del gobierno de la Concertación al de la derecha. Pero el cambio prometido no ha sido tan así, porque lo que se prometió no se cumplió”.

Elizabeth Oliva no es anarquista ni bolchevique. Ni ecologista ni hippie. Tampoco ha salido a marchar con los estudiantes. Es una mujer de clase media, con estudios, empleada y endeudada, como la mayoría de los chilenos que han decidido permanecer al margen del sistema político y electoral. Un grupo que de continuar la tendencia actual, será mayoritario al cabo de unos diez años. Hoy, según la investigación de CIPER, suman el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En 1988 eran sólo el 17,9%, pero subieron a 29,1% en 1999 y a 38,5% en 2005. De continuar la tendencia y si no hay reformas que impulsen la participación electoral, al 2021 superarán con comodidad el 50%.

Errázuriz, Platovsky y los estudiantes

-Los partidos no tienen conexión con el ciudadano y está agotado el sistema (político) que tenemos. Es muy bueno que se analice el cambio del sistema binominal y la renovación de los políticos, porque en 20 años hemos creado una casta. De senador pasan a ministro y luego volverán a ser senador o presidente de partido (…). La población se ha dado cuenta de que estos señores que son profesionales de la política no los representan.

Estas palabras, que retratan con acierto a quienes comparten la posición de Elizabeth Oliva, resonaron en un salón universitario sólo un día después de la marcha del 9 de agosto que congregó a más de 100 mil manifestantes. Pero no las pronunció un dirigente estudiantil ante una asamblea. Fueron dichas en las aulas de la conservadora Universidad Finis Terrae. Para mayor precisión, en el encuentro mensual del Club Monetario de esa casa de estudios. Y su autor fue nada menos que el principal “gurú” de los inversionistas chilenos, el hombre cuyas decisiones iluminan el mercado y señalan el camino a quienes buscan el lucro: Jorge Errázuriz Grez, presidente de Celfin Corredores de Bolsa y miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El “hombre fuerte” del mercado chileno debía hablar sobre los riesgos de la crisis económica internacional, pero -según la versión de La Segunda- sacudió a la audiencia indicando que los problemas de Chile no están en las ruedas bursátiles: “Están en la calle y son mucho más serios (…). El interlocutor del gobierno no es la oposición, sino dirigentes estudiantiles. Y la democracia republicana que tenemos, no sabe cómo reaccionar”.

En esos días el gobierno se esforzaba por radicar el quemante conflicto estudiantil en el Congreso Nacional y los presidentes de las dos cámaras legislativas se apuraban a ofrecer el Parlamento para albergar las negociaciones. La respuesta de los jóvenes fue un “no” rotundo. Entre las razones que esgrimieron, señalaron que el Congreso ya no es representativo de la sociedad chilena y que sus integrantes surgen de un sistema electoral excluyente.

Si ya resultaba curiosa la sintonía de Errázuriz y los líderes estudiantiles en sus diagnósticos sobre el agotamiento del sistema político y electoral, se les sumó el empresario Daniel Platovsky, amigo del Presidente Sebastián Piñera y militante de Renovación Nacional:

-El que se exija más calidad en la educación demuestra que tenemos una ciudadanía ilustrada, que se da cuenta de que no hay igualdad de oportunidades (…). Al inicio de la transición se produjo un acuerdo de actores políticos, que le dio estabilidad al país (…). Hoy la realidad es diametralmente distinta, por lo que la gente exige un nuevo pacto social, donde todos se sientan integrados –dijo en La Tercera del 22 de agosto.

¿Cuán divorciado está el sistema político de las demandas de la ciudadanía? ¿Cuán profunda es la falta de representatividad del Congreso Nacional? CIPER intentó responder estas preguntas y revisó, distrito por distrito, los resultados de la última elección de diputados, comparando el número de chilenos que dieron su voto a un candidato y la cifra de compatriotas que optó por no elegir representante. Las conclusiones son decidoras (vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito).

¿Jubilados o estudiantes?

El 45,68% del universo total de chilenos mayores de 18 años prefirió no elegir un candidato a diputado en las votaciones de 2009. Sólo el 54,32 % de la población que cumple con el requisito de ser mayor de edad efectivamente eligió un postulante. Y apenas el 32,54% de todos los mayores de 18 años está representado en el Congreso por el candidato al que le dio su voto. Más alarmante aún es que en el hemiciclo hay diputados que se sientan en sus escaños aunque sólo obtuvieron el respaldo del 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

La falta de representatividad se agrava en los distritos más populosos, como lo son San Bernardo-Buin, Maipú-Estación Central y La Pintana-Puente Alto (vea los cuadros de representatividad distrito por distrito y a nivel nacional).

Los especialistas en materia electoral señalan que en Chile cerca del 60% de las personas con derecho a voto están inscritas en el registro electoral. Un porcentaje aceptable en comparación a otras democracias consolidadas, tales como Alemania (64,6%) y Reino Unido (61%). Y francamente superior al de Francia (43%) y Estados Unidos (38,46%).

No obstante, la representatividad del sistema político chileno es bastante más baja de lo que indican estas cifras. En primer lugar, porque hay más de 1,6 millón de chilenos que estando inscrito, no vota o lo hace en blanco o nulo. Y en segundo término, porque a diferencia de lo que ocurre en sistemas como los de Francia y Estados Unidos, donde el padrón es bajo pero representa equitativamente los diversos grupos sociales, en Chile el registro electoral no es una “foto” fiel de la ciudadanía: es más “viejo” que el país real.

Así se dio la paradoja de que en la elección presidencial de 2005 el principal tema de campaña de los candidatos Bachelet, Piñera y Lavín fue la reforma al sistema de pensiones, pero a tres meses de iniciado el nuevo gobierno se produjo una revuelta estudiantil que puso en agenda un tema que nunca estuvo en los cálculos de las cúpulas -la reforma educacional- y que cinco años después sigue siendo el mayor foco de conflicto social.

Los que no eligen: 5,5 millones

Las multitudinarias marchas de las últimas semanas han dejado en evidencia que existe un amplio grupo de chilenos interesados en las políticas públicas, pero que no están inscritos en los registros electorales, no votan ni se sienten representados en el Parlamento. De hecho, el Presidente Piñera sorprendió al mundo político este martes 6 al anunciar que su gobierno está estudiando una reforma al sistema electoral: “Llegó el momento de reaccionar y no simplemente quedarnos indiferentes ante estos signos y gritos que la ciudadanía está dando, con mucha fuerza y claridad”.

Un día antes se había conocido la encuesta Adimark, uno de los oráculos más esperados por los políticos, que indicó que el 66% de los consultados desaprueba al bloque oficialista, el 71% a la Concertación, el 64 % a la Cámara de Diputados, el 69% al Senado, el 68% al Presidente Piñera y el 70% al gobierno. La representatividad del sistema político está en crisis y el director de Adimark, Roberto Méndez, tras conocer las cifras de la investigación de CIPER, señaló que “con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema se agotó” (vea la entrevista a Méndez).

CIPER tomó las proyecciones de población para el 2009 hechas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en cada comuna del país y las cruzó con las cifras de la elección parlamentaria de ese mismo año consignadas por el Servicio Electoral (Servel). La investigación arrojó una extensa base de datos que indica que en 2009 había 12.180.403 chilenos que cumplían con el requisito que exige la ley para votar: ser mayor de 18 años. De ellos, más de 5,5 millones prefirieron no votar por un candidato en la elección de diputados de 2009.

En los registros electorales hay 8.285.186 inscritos. Es decir, cerca de 3,9 millones de chilenos no están en el padrón. A éstos últimos, en la elección de diputados de 2009 se sumaron 1.021.649 personas que no concurrieron a votar, aunque estaban inscritas. Y se les agregaron también aquellos que fueron a sufragar, pero no manifestaron preferencia por alguno de los candidatos, es decir, los que votaron nulo o blanco (442.161 y 205.520, respectivamente).

En total, en la última elección de diputados, 5.564.547 chilenos no marcaron una preferencia para elegir un representante en el Parlamento. En contraste, sí votaron por una de las candidaturas en competencia un total de 6.615.856 personas (54,32% de todos los mayores de 18 años).

Los ciudadanos que votaron por un postulante que resultó electo y que son los únicos que con toda propiedad pueden sentirse representados en el Congreso Nacional, sumaron 3.963.651 electores, que corresponden sólo a un 32,54% del total de chilenos mayores de 18 años.

La subrepresentación se agrava en los distritos más populosos. En La Pintana-Puente Alto, por ejemplo, había 649.010 mayores de 18 años en 2009, pero los que no votaron por un candidato alcanzaron al 71,56% de esa cifra. Aunque los datos del Servicio Electoral (descontados los votos blancos y nulos, que se contabilizan dentro de quienes no eligieron candidato) indican que los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Leopoldo Pérez (RN) fueron electos con un 26,34% y 21,71% de los sufragios, esos porcentajes se diluyen si se comparan con la población total de mayores de edad del distrito: la votación que obtuvo Andrade sólo representa el 8,5% de ese universo y la de Pérez, el 7,1%.

En San Bernardo-Buin, los que no votaron por un postulante suman el 64,99% de los 319.120 mayores de edad que hay en el distrito. Ahí los diputados Ramón Farías (PPD) y José Antonio Kast (UDI), representan el 9,19% y el 16,74%, respectivamente, de la población total que podría votar.

Y en Maipú-Estación Central, los que optaron por no elegir representante en el Parlamento alcanzan al 64,8% de los 686.395 mayores de edad que residen en el distrito. En esa zona, los votos que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD) corresponden al 7,28% del total de los mayores de edad y los que consiguió la diputada Mónica Zalaquett (UDI) suman el 8,18% de ese mismo universo.

El perfil de los desencantados

Diversos son los estudios que demuestran que el padrón electoral chileno está envejeciendo. En 1988 los inscritos que tenían entre 18 y 29 años correspondían al 36% de los votantes, constituyendo el grupo etário con mayor representación. Hoy sólo conforman el 8,1% del padrón.

En contrapartida, el grupo de “70 años y más” representaba el 5,4% del total de inscritos en 1988, pero ahora se empina sobre el 11,8%. Las estadísticas indican que hace 15 años el 50% de los inscritos tenían menos de 40 años y ahora sólo un 27% corresponde a ese rango de edad.

Circunscribir el fenómeno de los no votantes a una caricatura de jóvenes rebeldes y anarquistas o personas sin educación, es un grave error. Entre quienes hoy optan por no elegir a las autoridades, va aumentando paulatinamente el perfil de personas que superan los 30 años de edad, de clase media, con mayor escolaridad. Son jefes de familia, empleados, endeudados y críticos de un sistema electoral que no genera incertidumbre sobre sus resultados, pues dicen que siempre ganan los mismos -Concertación o Alianza-, sectores con los que no se sienten representados.

Con dos hijos y separada, Paulina Parada (36 años) es una jefa de hogar de Cerro Navia, trabaja en una carnicería, tiene deudas por $600 mil en ABC y Líder. No está inscrita y dice que los políticos la decepcionaron: “Yo me separé y estaba súper mal. Un político me prometió una mediagua si me inscribía en los registros electorales. Eran puras mentiras”. La única vez que tuvo ganas de votar, cuenta, fue en la elección presidencial de 2005. “Sentía simpatía por la Bachelet y por ella habría votado”.

José Pérez (44 años) es un desencantado. Se inscribió en 1988, pero después dejó de votar. Trabaja en la construcción, vive en La Florida, es casado, tiene dos hijos y está endeudado por los estudios universitarios de su hija mayor: "Ya no voto porque me decepcionó la política. Está muy lejos de la gente. Mira lo que ocurre con los estudiantes. Y la gente de clase media es la que más se da cuenta de esto, porque ha estudiado más. A las clases populares les cuesta comprender eso. Solamente voté para el Sí y el No. Ahora no me motiva ninguno de los sectores”.

“Si no estás en el padrón, no existes”

En el distrito Nº 20, donde Mónica Zalaquett (UDI) compitió para representar a las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú, en 2009 sólo votó por algunas de las listas el 35,18% de todos los mayores de 18 años. Ella obtuvo el 20,99% de los votos, lo que equivale a una representación efectiva en la Cámara de sólo un 8,19%. Si se suma el porcentaje que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD), entre los dos hacen un 15,47%: ese es el porcentaje de chilenos de ese distrito que tiene representación en el Parlamento.

Zalaquett recibió a CIPER en su oficina del Congreso. Allí tiene una vista privilegiada al puerto de Valparaíso, una foto de su hermano Pablo y otra de Jaime Guzmán. De entrada, aseguró que está conciente de la falta de representatividad en el Parlamento. Calculó que tres de cada diez personas votan. Según ella, fue precisamente por eso que compitió.

Después de ver las cifras del estudio de CIPER, Zalaquett dijo que la representatividad debe medirse en relación a la masa votante y no a la población mayor de 18 años. A su juicio, sólo habría que considerar a los que están inscritos y cumplen con su deber cívico: “Muchos alegan por sus derechos, pero no están conscientes de sus deberes”.

Mientras hablaba recibió un llamado. Dijo que debía bajar a votar y que al rato seguiría con la entrevista. La diputada bajó a votar el proyecto sobre el plebiscito que exigen los estudiantes. Antes de que esa propuesta se rechazara por 52 votos contra 48, el diputado Edmundo Eluchans, del mismo partido de Zalaquett, argumentó que los plebiscitos no correspondían porque el país tiene representación en el Congreso para esos temas. Tras la votación, el presidente de la Cámara, Patricio Melero, también UDI, dijo: “Este mayoritario rechazo deja en evidencia que la democracia representativa y la aprobación de distintos proyectos de ley son los caminos por los cuales se deben generar las modificaciones al sistema educacional”.

Zalaquett volvió a su oficina. Uno de los votos en contra del plebiscito fue el suyo. Consultada por qué se sumó a su partido bajo el argumento de que la representación política está en el Congreso, si recién había reconocido que había una crisis de representatividad en el Parlamento, respondió que aunque la poca participación electoral podría poner en peligro la democracia, el Congreso es la institución representativa del país. Y soltó una máxima dramática: “Si se quiere plebiscitar todo, que se acabe con el Congreso, pero mientras yo esté aquí no lo voy a permitir”.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) revisó las cifras del estudio de CIPER y reconoció que su representación es bajísima: 7,01% de los mayores de edad que hay en La Pintana-Puente Alto:

-Claro que es bajo, pero esas son las reglas del juego. Por eso no creo que exista una crisis de representatividad. Guste o no, es el sistema que hay (…). La única forma de manifestarse es dentro del sistema. Si no estás dentro, no existes, no eres un voto. Si no estás en el padrón, no cuentas.

Uno de los chilenos que a juicio de Pérez no cuenta es Marcelo Arriagada (34 años), quien trabaja en Saxoline, vive en Santiago, estudia Administración de Empresas en la Universidad de las Américas y tiene una deuda por un año de estudios que cursó en la Universidad de Chile. Nunca se inscribió y para él, todos los parlamentarios tampoco cuentan: “Para mí, la política es un montón de tipos sentados en el Senado haciendo nada. Las revueltas sociales son reflejo del malestar popular”.

El diputado Pérez intenta explicar la baja participación electoral de su distrito con dos argumentos: que los jóvenes de esas comunas tienen poco interés en los temas públicos, ya que el 40% provienen de hogares vulnerables carentes de uno de los jefes del hogar; y que su distrito se ha poblado con erradicaciones de familias que vienen de otras comunas, por lo que sus habitantes votan en sus lugares de origen.

Efectivamente, hay comunas donde residen muchos ciudadanos que están inscritos en otros distritos. Por eso la investigación de CIPER hizo también el cálculo a nivel nacional, para corregir esas distorsiones. Se dan casos, por ejemplo, de comunas rurales donde hay más inscritos que residentes mayores de edad, porque muchas personas se sumaron al padrón antes de independizarse de sus familias y mudarse a otros lugares. También hay casos, como en Santiago, donde hay más inscritos que residentes en edad de votar porque muchas personas se inscriben en su lugar de trabajo.

La reforma en el clóset

Pepe Auth (PPD), diputado por Maipú al igual que Mónica Zalaquett, representa al 7,28% de los mayores de 18 años de su distrito. Pero a diferencia de sus colegas, sí cree que hay una profunda crisis en el sistema y la divide en dos áreas: participación y representación.

-La crisis de participación es porque el padrón ha ido envejeciendo y el país electoral cada vez se corresponde menos con el país real, que es más joven. Entonces, la oferta de los candidatos se centra en los temas que interesan a las personas de más edad -dice Auth, quien paradójicamente llegó exhausto a la cita con CIPER después de bailar en Estación Central con una centena de veteranas que celebraban haber pasado agosto.

“Y la crisis de representación se refleja en que lo que está en el Parlamento no representa a toda la sociedad. Y con cada elección que pasa, el Congreso representa a un sector menor”, agrega.

A juicio de Auth, el principal escollo para mejorar la participación es el sistema electoral binominal: “El problema del binominal es doble. En primer lugar, la mayoría empata con la minoría y no puede generar cambios de fondo. Y el segundo problema es que excluye a todo aquel que no es de la primera o segunda mayoría. Uno puede constituir una fuerza del 20% o 25% y no existir. El binominal es un sistema proporcional distorsionado, porque proporciona entre los dos actores más fuertes y excluye al resto”.

Para Auth, la corrección pasa, en primer lugar, porque se cumpla con la reforma constitucional aprobada en 2009 que ya consagró la inscripción automática de los mayores de edad y el voto voluntario, un cambio que no se ha concretado porque el gobierno y los parlamentarios no han hecho las modificaciones a la ley orgánica que regula las votaciones:

-Cada día que pasa aumenta la deuda del sistema político con el país, porque la Constitución ya asegura el voto voluntario para todos los mayores de 18 años y alguien podría, incluso, acusar a las autoridades de notable abandono de deberes por negarle ese derecho constitucional- dice Auth.

De materializarse esa reforma, se ampliaría automáticamente el padrón a casi cuatro millones de nuevos electores. Y eso, dice Auth, aterroriza a algunos partidos y parlamentarios que temen perder sus escaños si hay más competencia: “Entre la derecha y una parte de la DC han bloqueado el cambio. El voto voluntario para millones de electores nuevos obligará a los candidatos a plantear temas de interés real para la gente, que pueden ser incómodos en algunos partidos. La próxima campaña podría enfrentar, por ejemplo, a los que están por el lucro y los que estamos en contra”.

Libertad y Desarrollo, por el cambio

Pero, a pesar de lo que sostiene Auth, no toda la derecha se opone a los cambios. José Francisco García y Álvaro Bellolio, expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, que presta asesoría legislativa a las bancadas oficialistas, trabajan actualmente en un texto con propuestas para activar la participación electoral, las que no excluyen eventuales cambios al binominal (vea la columna que ambos prepararon para CIPER).

Bellolio plantea que factores como la inscripción automática, voto voluntario, voto de chilenos en el extranjero, límite a la reelección, mayor financiamiento para candidatos que "desafían" a los autoridades que intentan reelegirse y primarias reguladas por el Servel, “podrían tener un impacto a corto plazo, al generar mayor representatividad y darle un aire fresco al padrón”. Otra opción, dice, es el redistritaje y/o aumentar el número de parlamentarios.

Ambos indican que para hacer modificaciones al sistema electoral debe consensuarse primero, cuál es el objetivo: más gobernabilidad o más proporcionalidad. El binominal privilegia la gobernabilidad. “Si el diagnóstico es que nuestro sistema adolece de niveles de proporcionalidad que son atentatorios contra principios de igualdad básicos, podrían darse perfeccionamientos”, dicen. Uno de ellos podría ser asignar un número de diputados “a las coaliciones que obtengan más del 5%, 6% ó 7% de la votación a nivel nacional”

-El sistema binominal está empantanado porque se están reforzando sus atributos de gobernabilidad. Aquello que uno querría que tuviera un sistema electoral, que es una competencia muy robusta, está frenado. Y las directivas de los partidos estarían teniendo demasiado poder (para designar candidatos con el triunfo casi asegurado) cuando uno querría un sistema más competitivo -acota García.

El poder de los partidos, en contraposición al principio de representatividad, llega al extremo cuando se trata de reemplazar a un parlamentario. En esos casos las directivas eligen sencillamente “a dedo”. A continuación, los tres casos que se han dado en la actual Cámara de Diputados, para que juzgue usted:

1. Gonzalo Uriarte fue designado senador en reemplazo de Evelyn Matthei, luego de que ésta asumiera como ministra del Trabajo, en enero de 2011. El cupo que dejó en la Cámara ahora lo ocupa el diputado Cristian Letelier, quien perdió con el 1,67% de los votos cuando en 2009 compitió en la Tercera Circunscripción Senatorial.

2. El diputado Alejandro García-Huidobro remplazó a principios de agosto a Andrés Chadwick en el Senado, luego de que éste asumiera la vocería del gobierno. García-Huidobro fue reemplazado en la Cámara por el historiador Issa Kort, ex seremi de Cultura de la VI Región. Kort nunca ha participado en una elección.

3. En abril de este año, el diputado Juan Lobos falleció en un accidente vehicular. En su reemplazo asumió a principios de mayo Joel Rosales. Éste último, al menos, había sido electo alcalde de Los Ángeles en 2008 con 33.739 votos.

(*) Esta investigación contó con la colaboración del estudiante en práctica Jorge Aliaga, y contempló sólo el universo de la Cámara de Diputados por ser esa entidad la que se renovó completamente en la última elección a nivel nacional.

Publicado originalmente en CIPER (12/9/2011)

LA ACUSACIÓN QUE VINCULA A ÁLVARO URIBE CON LA FORMACIÓN DE UN GRUPO PARAMILITAR

2011-09-08T19:02:00.003-03:00

Iván Cepeda se paró ayer frente a los micrófonos de los medios y, agitando unos documentos en su mano, dijo frente a las cámaras que toda la información ya estaba sobre el escritorio de Viviane Morales, la fiscal general de Colombia; que él mismo se había encargado de entregársela. Así partió una rueda de prensa que duró más de 20 minutos de transmisión ininterrumpida y que el sitio web ContravíaTV rescata íntegramente. Por supuesto, hoy sus palabras fueron recogidas en los principales medios colombianos. No todos los días un ex presidente es acusado de formar un grupo paramilitar.

Cepeda es un reconocido activista de los derechos humanos en Colombia y desde el año pasado ocupa un puesto como representante a la Cámara por Bogotá. El 19 de agosto, Cepeda fue con una grabadora hasta la cárcel de Itagüí, en las afueras de Medellín, como parte de las visitas que realiza a distintos penales del país, según explica, en ejercicio de su “función de control político”. Allí conversó con el ex comandante Hernán Sierra García, más conocido por su chapa “Alberto Guerrero”, líder de un grupo paramilitar que operaba ilegalmente en los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda bajo el nombre de Bloque Cacique Pipintá. Lo que entonces le dijo a Cepeda es lo que hoy ha causado revuelo en toda Colombia. Todo quedó grabado.

Como consigna Semana.com, Sierra declaró que en los ‘90 el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, conformó un grupo paramilitar en el municipio de San Roque para hacerle frente a la presencia de un bloque guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Allí habrían usado como una especie de cuartel general la finca “Guacharacas”, un terreno que pertenece desde 1996, entre otros, a la sociedad Inversiones Uribe Vélez, la misma que habría sido quemada en gran parte por la guerrilla y de la que habrían robado unas 600 cabezas de ganado. Junto al ahora ex presidente habrían participado su hermano Santiago, Luis Alberto Villegas Uribe, el diputado Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao, un ganadero y caballista que además de haber estado involucrado con el narcotráfico, en 2009 fue condenado por financiar el paramilitarismo.

De acuerdo a la declaración de Sierra, el grupo paramilitar no sólo habría incurrido en dos masacres (una en el propio municipio de San Roque y otra en el corregimiento Providencia de ese municipio antioqueño), sino que es el mismo que en octubre de 1996 se “legalizó” en la Convivir ‘El Cóndor’ y posteriormente, en el embrión del Bloque Metro, que cometió miles de crímenes en Medellín y en algunas regiones de Antioquia.

En otra entrevista otorgada a Noticias Uno, el ex comandante Alberto también apuntó a los vínculos de Uribe con el paramilitarismo. En ella, asegura que sus contactos políticos comenzaron en las elecciones presidenciales de 2002, cuando su grupo de paramilitares apoyó la campaña del antecesor de Juan Manuel Santos en Casa de Nariño.

-Ese año se hizo una subasta ganadera en el municipio La Pintada, en el paraje que se llama La Bucana. La subasta era para recolectar fondos para el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, para su primera campaña –dijo en esa entrevista.

A través de sus declaraciones, Sierra, quien fue condenado por el asesinato de cuatro indígenas en 2003, busca obtener los beneficios de la ley de Justicia y Paz, un marco jurídico con dos objetivos formales: facilitar los procesos de paz y de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por eso es que Sierra ha manifestado su disposición a confesar todo lo que sabe sobre narcotráfico, política y las 1.200 víctimas que está dispuesto a admitir ante los tribunales.

En todo caso, no es la primera vez que Uribe enfrenta este tipo de acusaciones. Según Semana.com, “estas denuncias se asemejan a las que en 2007 reveló en el Congreso el entonces senador del Polo Gustavo Petro, en un debate de control político sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia. Tras ese debate, el presidente Álvaro Uribe Vélez convocó a una conferencia de prensa en Casa de Nariño para explicar el origen y tradición del predio ‘Guacharacas’”.

Ante las acusaciones, el ex presidente Uribe reaccionó de inmediato en su cuenta de Twitter, negando todo: “Iván Cepeda desesperado busca más calumnias. ¿Estará aliado con extraditados? ¿Se le puede decir algo diferente a sicario moral?”, escribió en la red social. Después de eso, colgó en su sitio web un audio descargable en que se defiende de los dichos de Sierra y la acusación de Cepeda. Por Twitter lo promociona como “Respuesta a infamia de Cepeda, manipulador de la justicia y su aliado y antiguo verdugo criminal encarcelado”.

Publicado originalmente en CIPER (8/9/2011)

CIPER OBTIENE DOS MENCIONES HONROSAS EN EL PREMIO LATINOAMERICANO DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

2011-09-07T20:22:00.006-03:00

Entre el 2 y el 5 de septiembre se llevó a cabo en Guayaquil la 3ª Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN 2011). Durante esos días, varios de los más destacados periodistas del continente presentaron sus trabajos y también se entregó el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que otorga cada año el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) junto con Transparency International (TI). El trabajo “Diarios Secretos”, publicado por un equipo del periódico Gazeta do Povo y RPC-TV de Brasil, fue galardonado con el primer lugar. CIPER figuró entre los finalistas y obtuvo dos menciones honrosas, además de una mención especial por ser uno de los “nuevos medios digitales sin fines de lucro como un modelo de excelencia periodística”.

Para develar lo que ocurría en la Asamblea Legislativa de Paraná se necesitaron dos años, cuatro periodistas y la revisión de miles de páginas de información. Al principio, el objetivo era sólo mostrar cuántos eran los empleados de la institución legislativa estatal, un dato que la dirección de la Asamblea se negaba a entregar. Entonces, los periodistas de Gazeta do Povo y RPC-TV recurrieron a los diarios oficiales. Así comenzó a configurarse “Diarios Secretos”, el trabajo que este año fue galardonado con el primer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorgan anualmente el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparency International (TI).

El equipo compuesto por los periodistas James Alberti, Gabriel Tabatcheik, Karlos Kohlbach y Katia Brembatti, después de revisar cientos de documentos, algunos de carácter secreto y otros que se habían mantenido ocultos, y consolidar la información en una gigantesca base de datos, logró revelar un esquema millonario de desvío de fondos públicos. El trabajo, que pretendía publicarse en entregas que no durarían más de dos semanas, se tradujo en tres meses de publicaciones que cada día revelaban una nueva irregularidad y que generaron la movilización de una ciudadanía indignada con una malversación que salpicó a todo el aparataje legislativo de Paraná.

El jurado compuesto por los periodistas Gustavo Gorriti (Perú), Marcelo Beraba (Brasil), Gerardo Reyes (Estados Unidos) y María Teresa Ronderos (Colombia) se reunió en la 3ª Conferencia Latinoamericana de Investigación (COLPIN), que se realizó en Guayaquil entre el 2 y el 5 de septiembre. En el evento, se presentaron trabajos del primer Curso Latinoamericano de Proyectos de Investigación, se compartieron estrategias y herramientas para desarrollar investigaciones periodísticas, se presentaron libros y hubo ponencias y exposiciones de los principales trabajos publicados en el continente.

183 trabajos en competencia

Para otorgar el premio, el jurado revisó 183 trabajos inscritos en prensa, radio, televisión e Internet, preseleccionando 34 como finalistas. De ellos, “por su destacada calidad”, el jurado decidió darle menciones honrosas a 14 y premiar a tres ganadores.

Por recibir el primer lugar, el equipo brasileño cobró un premio de US $15.000. El segundo puesto, con un premio de US $10.000, lo obtuvo el salvadoreño Carlos Dada por su investigación publicada en El Faro y titulada “Así matamos a monseñor Romero”, donde revela cómo se planeó y ejecutó uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia de El Salvador a partir de las confesiones de uno de los autores. El tercer lugar –además de un cheque por US $5.000– lo recibió el periodista Hugo Alconada (La Nación de Argentina) por el trabajo sobre la Unidad de Investigación Financiera como arma política, en el que documenta cómo se utilizó a un organismo del Estado argentino para atacar a opositores políticos.

Entre los trabajos finalistas, el jurado destacó dos series de reportajes realizados por CIPER con mención honrosa. Uno de ellos fue el especial sobre reconstrucción, un trabajo coordinado por el periodista Pedro Ramírez que agrupó una serie de reportajes que develan, entre otras cosas, las fallas estructurales en la construcción de varios de los edificios más dañados con el terremoto de febrero de 2010, el abandono de las familias damnificadas frente a las empresas responsables y los intereses de algunas autoridades –entre ellas el Presidente Sebastián Piñera– en inmobiliarias y constructoras con edificios dañados.

La segunda investigación de CIPER destacada por el jurado fue la serie de reportajes “Médicos sin control”, realizada por el periodista Juan Pablo Figueroa. Esos textos pusieron en evidencia las irregularidades que cometen a diario los médicos en el sistema de salud pública y la nula fiscalización a la que son sometidos.

Ambos trabajos fueron resaltados al cierre del congreso por el relator del evento, el argentino Fernando Ruíz (FOPEA), quien los calificó como “modelos de investigación periodística” que deben ser replicados en todos los países de la región, pues van más allá del tradicional esquema de casos de corrupción política, policial o judicial, y se basan en necesidades más sentidas por la ciudadanía.

Además de las dos distinciones entregadas a los reportajes de CIPER, otros 12 trabajos recibieron menciones honrosas, entre los cuales hay dos de Argentina, cuatro de Brasil, dos de Colombia y otros cuatro que se reparten entre México, Paraguay, Perú y Nicaragua.

Nuevos medios digitales

El jurado también decidió hacer dos menciones especiales. La primera de ellas nuevamente distinguió a CIPER y fue para “destacar el trabajo de los nuevos medios digitales sin fines de lucro como un modelo de excelencia periodística. Muestra de esta reciente pero exitosa experiencia son las investigaciones trabajadas por El Faro (El Salvador), CIPER (Chile), IDL-Reporteros (Perú), y Verdad Abierta (Colombia)”.

La segunda mención especial fue para el reportaje “Guerras desconocidas de Brasil”, realizado por Leonencio Nossa del diario O Estado de Sao Paulo, mediante el cual reconstruyó 32 revueltas populares ocurridas en los últimos 110 años en Brasil, muchas de ellas “perdidas” y clasificadas como crímenes de tierra y vandalismo. En éstas murieron 556 civiles y alrededor de 100 militares. El jurado determinó que el trabajo era digno de una mención especial “por apostar por el género periodístico de revelación histórica como un modelo de extraordinario desarrollo investigativo”.

Publicado originalmente en CIPER (6/9/2011)

10 PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN CHILE

2011-08-26T20:15:00.005-03:00

Hace un par de semanas, la revista latinoamericana Distintas Latitudes me encargó un texto que explicara al lector extranjero el conflicto estudiantil en Chile. Ese texto daría inicio a un convenio de de colaboración entre esa revista y el sitio web mexicano Animal Político. Entonces escribí sobre la inequidad, los costos de estudiar en Chile y, entre otras cosas, cómo el lucro afecta a la población en uno de los países donde el futuro de la gente se define de acuerdo a qué tan pudiente sea la cuna donde le tocó nacer. Estos son los 10 puntos clave que, a mi juicio, explican por qué la sociedad chilena no aguantó más y salió a las calles.

Cuando el 19 de julio el presidente chileno Sebastián Piñera dijo que la educación es “un bien de consumo”, demostró que poco entiende de lo que está pasando en su país. Hasta hace poco, incluso desde la Casa Blanca, se alababa el modelo chileno, ese que se hizo tan famoso con el mediático rescate de los 33 mineros atrapados en 2010. The chilean way, lo denominaron, y Piñera lo promovió en una gira mundial con un papelito en cada reunión y pedazos de piedras de la mina San José para cada uno de sus anfitriones. Pero precisamente la base de ese modelo es la raíz del movimiento social que hoy tiene en jaque al gobierno de Piñera y también el primer punto clave a entender: en Chile, la educación es un mercado.

En un informe emitido en abril de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situó a Chile como el país con mayor inequidad social entre los 34 que componen la organización. La economía ha crecido y puede ser una de las más estables en la región, pero la población chilena sigue siendo una de las más desiguales del planeta. El 20% más rico gana 15,7 veces más que el 20% más pobre. Varios estudios dicen que mientras los más pudientes tienen una situación de bienestar como en Noruega, los de menos ingresos viven como si estuvieran en el Congo. Esa es, al final, la ecuación que lo determina todo: dónde te atenderás si estás enfermo, dónde vivirás, dónde estudiarás y dónde trabajarás. De eso depende lo que podrás darle a tu familia. Es un círculo vicioso. Aunque la educación primaria y secundaria en Chile es un derecho garantizado por la Constitución, en la práctica todo se define según cuál haya sido tu cuna. O por cuánto dinero haya en ella. Ese es el segundo punto clave; eso es lo que los estudiantes quieren acabar.

Todos los años, los alumnos de educación primaria y secundaria rinden un examen a nivel nacional que mide los niveles de educación en los distintos establecimientos del país, el SIMCE. Allí radica un tercer punto clave. El resultado siempre es el mismo: mientras que los estudiantes de colegios privados obtienen los mejores puntajes, los alumnos de escuelas particulares subvencionadas (de financiamiento mixto) y municipales (públicos) figuran al fondo de la tabla. Eso significa que mientras los primeros van acorde a su nivel de desarrollo, los segundos presentan desfases de hasta dos o tres años. Son niños que pasan cursos sin saber leer ni escribir ni sumar ni multiplicar ni dividir. Si están en uno o en otro depende sólo de cuánto pueden pagar sus padres. Y todos ellos son finalmente parte de la misma competencia, aunque con distintas posibilidades de éxito.

Para ingresar a la educación superior, todos los egresados rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU) al final de cada año escolar. La prueba es la misma, independiente de cuál haya sido el tipo de educación. Según el puntaje que obtengan, pueden “elegir” carrera y establecimiento. Pero lo cierto es que todo se define en una relación de precio/calidad. Las universidades públicas generalmente captan los mejores puntajes y la mejor puntuación depende exclusivamente de cuánto se invirtió en la educación de cada persona. Si tu familia tuvo los US$ 420 que cuesta en promedio por alumno cada mes de educación en un buen colegio particular, sacarás un mejor puntaje y podrás ingresar a una de las mejores universidades públicas, que resultan ser las más baratas. Si no tuviste tanta suerte y estudiaste en una escuela pública, sólo te queda ingresar a una universidad privada donde los requisitos académicos son menores y el costo mucho mayor. Y el 65% de los chilenos gana menos de dos sueldos mínimos mensuales, o sea, menos de US$ 725. En promedio, estudiar una carrera en Chile cuesta unos US$ 4.200 al año sin contar materiales, matrícula ni costos de alimentación y transporte. Al menos en lo económico ya no hay diferencia entre educación pública o privada, ya que los aranceles están equiparados y cada año suben. Allí está el cuarto punto clave: como las familias y los estudiantes son los principales encargados de financiar su educación (costean hasta el 90% del valor), la gran mayoría de los chilenos está condenada a vivir endeudada por estudiar.

La banca ha sido una de las grandes beneficiadas con el sistema educacional chileno. Para pagar las altas mensualidades, las familias deben obtener créditos. Las tasas de interés varían según cada universidad y cada banco, pero suelen ser altísimas. También existe, desde finales del gobierno de Ricardo Lagos, el crédito con aval de Estado, el que funciona como garante. Ese mecanismo aumentó en los últimos años, especialmente después de que en 2006 los estudiantes se movilizaran por primera vez, pero no ha cambiado la situación y los egresados siguen estando endeudados. A mayo de este año había al menos unos 110 mil deudores morosos. Esa cifra no incluye a los deudores de créditos con la banca. Si se consideraran, se hablaría no de miles, sino que de millones.

El quinto punto clave tiene que ver con la calidad de la educación. Esa relación de precio/calidad que define el acceso a la educación superior no se mantiene en las universidades. Que se pague más no implica que se recibirá una mejor educación. Para que una universidad funcione debe estar acreditada ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Pero el sistema ha fallado, al punto de que sólo una de cada cuatro carreras que se imparten en los planteles particulares más grandes está acreditada. Hay una discusión sobre los factores que confluyen en ese resultado: mala calidad o simplemente la negativa de las instituciones a someterse a un nuevo sistema. Puede ser también porque en definitiva, se acreditan entre ellas mismas. Sea como sea, lo cierto es que la calidad de la educación que se está impartiendo está en tela de juicio. Universidades que apenan invierten en investigación, donde la calidad docente es baja, con enorme infraestructura que funciona sólo para tener más alumnos, pero no entregarles mejor educación, y con costos elevadísimos. Y allí aparece un sexto punto clave: la lógica con la que se maneja el sistema es, más que cualquier otra cosa, comercial.

Uno de los principales puntos que los estudiantes exigen es el fin del lucro en la educación. En Chile la educación es un muy lucrativo negocio, a pesar de que la ley les exija a todas las instituciones educacionales que sean fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. En varios casos –si no la mayoría- los directores de las mismas han creado inmobiliarias a través de las cuales desvían su capital hacia sociedades anónimas, arrendándole los edificios a sus propias universidades. También hay grupos económicos que tienen polos de inversión en colegios y establecimientos de educación superior y otras que han visto como una alternativa convertirse en fondos de inversiones. Mientras no existe una garantía del nivel de educación que se recibe, los dueños de las universidades se han hecho millonarios. Por eso fue que Piñera cambió hace sólo unas semanas al ministro de Educación. Joaquín Lavín por más de 20 años fue miembro de ese grupo de empresarios que fundó una universidad privada y que a través de una sociedad anónima inmobiliaria obtuvo ganancias. Aunque se desvinculó de las sociedades que lo unían a la Universidad del Desarrollo antes de asumir el cargo, su credibilidad ante la ciudadanía para manejar el conflicto se fue en picada. Sobre todo después de que el gobierno presentara su propuesta G.A.N.E. (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) en la que, en vez de tomar el rechazo de los estudiantes al lucro, proponía modificar la normativa para permitirlo, transparentarlo y en definitiva, institucionalizarlo.

Con la propuesta, aparece un sexto punto clave. Además de considerar la educación con un fin lucrativo, la propuesta del gobierno siguió por el mismo camino que partió en dictadura y que durante los 20 años que estuvo la Concertación en el poder no cambió. En vez de buscar los mecanismos para volver a una educación gratuita, como exigen los estudiantes, se propusieron paquetes económicos para paliar el gasto familiar, pero el sistema seguiría siendo el mismo. Por supuesto, los estudiantes lo rechazaron. Fue entonces que se recrudeció el movimiento.

Durante tres meses la mayoría de los colegios públicos y universidades han estado en paro o en tomas y algunos alumnos han pasado varias semanas en huelga de hambre. Lo que partió como una demanda de los jóvenes, se ha convertido en el mayor y más poderoso movimiento social de las últimas décadas. Cada vez que se llama a una marcha, son alrededor de 150.000 personas las que se mueven en todo el país. Eso, en una nación de 17 millones de habitantes, es mucho. Todos los puntos confluyeron para que el octavo exista: el movimiento es transversal. Actualmente existe un consenso más bien amplio sobre que la educación debe ser un derecho constitucional garantizado por el Estado. La discusión hoy se centra en cómo hacerlo. Para definirlo, los estudiantes solicitan un plebiscito que el gobierno y la clase dirigente se ha empecinado en obstruir. Porque allí hay un noveno punto clave que, si bien no tiene que ver estrictamente con la educación, está muy ligado al cómo se hacen las políticas en Chile.

La población no se siente representada por los políticos. En las últimas encuestas, el apoyo al gobierno de Piñera ha caído estrepitosamente hasta los niveles más bajos desde el retorno a la democracia. Pero no existe una alternativa y a todos le han llegado golpes por igual. La Concertación no ha sabido capitalizar los fracasos del gobierno y si no está al mismo nivel, el rechazo es aún mayor. Eso se ha acrecentado con la escasa autocrítica de los ex presidentes, al punto que Michelle Bachelet, quizás la figura con mayor aprobación en la política nacional, no se ha pronunciado ni una sola vez desde que comenzó el conflicto en mayo.

El último punto clave que habría que entender es que aún se ve lejano el final del conflicto. Cada día aparece una nueva convocatoria a marchar y los noticiarios siguen mostrando los enfrentamientos de policías y jóvenes encapuchados que queman autos, tiendas y destruyen todo a su paso. Pero esos son sólo unos pocos que se aprovechan del pánico. Incluso los manifestantes se han enfrentado a ellos para que no desvirtúen el movimiento. Queda ver si la Iglesia Católica va a poder funcionar como mediadora y si el gobierno da el paso que permita un plebiscito. Se ve difícil: ambas partes están reacias a negociar. Queda esperar que la demanda de una educación gratuita y de calidad para Chile sea en algún momento una realidad.

Una versión de este texto fue publicado en Animal Político (25/8/2011)

LA NOCHE EN QUE LOS ESTUDIANTES LE DIERON RATING A TVSENADO

2011-08-17T17:33:00.004-04:00

Desde un principio, se dijo que de la reunión de anoche no saldrían soluciones. La cita de la Comisión de Educación del Senado, donde participaron como invitados los principales líderes del movimiento estudiantil, era sólo una sesión normal de trabajo para discutir una posible reforma a la Ley de Universidades. El tema central fue precisamente el que saca más ronchas en el gobierno: el lucro en la educación.

El tema es sensible en el oficialismo. Hoy El Mostrador publicó una nota donde señala que la Universidad Autónoma, cuyo dueño es el reemplazante de Felipe Bulnes en el Ministerio de Justicia, Teodoro Ribera, fue la tercera universidad con más ganancias en 2009. Además, si el Presidente Piñera sacó a Joaquín Lavín del Ministerio de Educación para poner a Bulnes, fue precisamente por las dudas que presentaba su pasado con la Universidad del Desarrollo y sus evasivas para responder una simple pregunta: ¿ganó plata con ella?

Pero la reunión de anoche fue también el primer paso para la creación de una eventual mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo. Por eso, era esencial que los estudiantes expusieran sin tapujos sus demandas y posturas. Eso fue lo que hicieron. A juicio del sitio web Sentidos Comunes, lo de los estudiantes fue “una cátedra” a los senadores que participaron en la reunión, convirtiendo la del 16 de agosto en la noche en que los chilenos que no tienen cable se olvidaran de los comerciales que hablan de partidos de fútbol, películas y series gringas, y ansiaran tenerlo sólo para ver la señal de TVSenado.

Fueron, probablemente, las cuatro horas que más rating ha tenido hasta ahora el canal.

-Si el Estado nos pregunta hasta cuándo vamos a estar movilizados, le respondemos que en México estuvieron nueve meses, en Argentina fueron 10 y Nicaragua estuvo un año y medio. No creo que Chile sea la excepción y lo hagamos en dos o tres meses. En ese sentido, lo tenemos bien asumido: si tenemos que perder el año haciendo esto, lo vamos a hacer –dijo Patricio Araujo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, cuando le tocó hablar.

Para ese momento, la discusión, que era más una exposición unilateral en la que los dirigentes del movimiento hablaban ante los integrantes de la comisión que permanecían en silencio, ya había subido de tono. El mismo Araujo había dicho que no aceptarían en la mesa “la presencia de congresistas que no han sido electos democráticamente”. Su frase tenía un destinatario claro: la ex vocera del gobierno y ahora senadora, Ena Von Baer, que miraba desde el otro lado de la mesa sin decir palabra alguna.

Después de Araujo, la presidenta de la FECH, Camila Vallejo, cogió el micrófono. Entonces, la más mediática de los dirigentes, se refirió al antiguo modelo que garantizaba la educación gratuita y que acabó durante la dictadura. Sobre el modelo actual, Vallejo dijo que “ya perduró lo que tenía que perdurar”.

-Hoy tenemos un sistema perverso. No constituimos un país libre porque el endeudamiento es una especie de esclavitud. No es opcional. Yo no escojo el crédito: si lo tomo es simplemente porque no puedo pagar. Lo que esto produce es desigualdad –dijo.

La intervención más recogida por la prensa hoy fue la del presidente de la FEUC, Giorgio Jackson. Con datos duros, expuso claramente cómo se manejan las universidades que lucran bajo una lógica exclusivamente comercial. Habló de instituciones que no cuentan con plantas docentes consolidadas ni inversión en investigación, de los millones que cada año los establecimientos de educación superior destinan a hacer publicidad para captar más y más alumnos, de los aranceles y el co-pago, de los planteamientos del académico Fernando Atria, y de cómo el Estado estaría saneando su responsabilidad moral con sus propuestas, las que a su juicio van en la dirección correcta, “pero obviamente son el primer paso”.

-Creemos que es un imperativo moral pasar esta Ley. Que pase no sólo por el Senado, sino que también por la Cámara de Diputados, y que definamos una hoja de ruta en la que el Estado sea garante de derechos y no de bienes de mercado –argumentó Jackson al terminar su exposición.

Después hablaron otros dirigentes, entre ellos Gastón Urrutia, de la Universidad del Bío Bío. Se refirió a la represión de los Carabineros, a la democracia y, entre otros temas, a la “traición” de la que fueron víctima los estudiantes después del movimiento de 2006. Él también se refirió al lucro y la calidad en la educación y le preguntó, en medio de su intervención, directamente a Von Baer sobre cómo ella distingue entre un colegio de mejor o peor calidad. La cámara enfocó a la senadora. Ella no dijo nada. Urrutia esperó unos segundos. Nada. Él insistió. Von Baer sonrió. El dirigente estudiantil continuó:

-Si esto es una comisión de educación, creo que se tienen que manejar los elementos mínimos de conocimiento, así como lo hemos mostrado nosotros los estudiantes en estas intervenciones –señaló Urrutia poco antes de que acabara la sesión.

A medida que avanzaba la reunión, las redes sociales se encendían cada vez más. Quizás sea cierto lo que escribió el twitero @aharombour: “Si fueron capaces de darle rating a TVSenado, los estudiantes pueden hacer cualquier cosa”.

Publicado originalmente en CIPER (17/8/2011)

LA VENTA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. UCEN... ¿EN CRISIS?

2011-07-29T11:59:00.004-04:00

Durante el primer semestre de 2011, CIPER realizó un convenio con el programa de Vía X, Cadena Nacional, que conduce Humberto Sichel. Todos los miércoles, el programa completo se dedicó a debatir sobre algún reportaje realizado en CIPER, con el periodista que investigó el tema y otros invitados relacionados. El 25 de mayo fue la tercera vez que me tocó ir. Para ese entonces, la venta de la Universidad Central (UCEN) había provocado una crisis en esa casa de estudios. Paros, desalojos, protestas. Así fue que comenzó el movimiento estudiantil que hoy se ha transformado en la movilización social más importante de las últimas décadas. Lo que ocurre en la UCEN es pecisamente la muestra de cómo funciona el modelo del lucro en educación.

Parte 1:

Parte 2:

Parte 3:

Emitido originalmente en Cadena Nacional (25/5/2011)

LAS TRES SOCIEDADES QUE VINCULAN A LAVÍN CON LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

2011-07-07T10:50:00.004-04:00

Joaquín Lavín tiene 10 días. Ese fue el plazo que le dio la Contraloría al ministro de Educación para que aclare el nexo que tiene con la Universidad del Desarrollo (UDD), luego de que un grupo de estudiantes acudiera al organismo contralor a pedirle su pronunciamiento sobre una posible incompatibilidad para ejercer su cargo. De acuerdo a lo que él ha dicho, antes de asumir el 11 de marzo de 2010, se deshizo de sus participaciones en las tres sociedades que lo vinculaban a la universidad privada. De ser así, aún queda una duda cuya respuesta Lavín ha evadido cada vez que puede: ¿cuánto ganó con la UDD?

Por Juan Pablo Figueroa y Tania Araya, CIPER

Después de que el 9 de febrero de 2010 Sebastián Piñera definiera quiénes serían las 22 personas que compondrían su primer gabinete, varios de los elegidos se vieron en problemas. Muchos de ellos formaban parte de empresas cuyos intereses estaban precisamente en el área que como ministros les tocaría regular. El conflicto de intereses se instaló antes que el terremoto como el gran obstáculo a resolver para el nuevo gobierno. Si no querían entrar en conflicto con incompatibilidades, debían deshacerse de sus sociedades. Empezando por el propio Presidente, quien debió enfrentar durante meses la demanda ciudadana que exigía que vendiera sus empresas, la más importante, su participación accionaria en Lan. Y Sebastián Piñera vendió.

Una decisión que el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, no adoptó: aunque dejó la presidencia de Blanco y Negro S.A. (la sociedad controladora de Colo Colo), siguió siendo su accionista mayoritario hasta que en julio del año pasado la Contraloría General de la República lo inhabilitó de tomar cualquier decisión que tuviera que ver con el fútbol. Recién entonces vendió su participación, cuatro meses después de haber asumido el cargo. Pero hay otros ministros y altas autoridades de gobierno que aseguran no haber cometido el mismo error.

Anoche, luego de que el Presidente Piñera anunciara por cadena nacional un Plan de Reformas a la Educación, el ministro del ramo, Joaquín Lavín, se paseó por distintos canales dando entrevistas sobre los cambios que propone el gobierno, entre los que se cuenta una modificación a la normativa que permitiría la existencia de universidades con fines de lucro. Cuando pasó por Chilevisión, el periodista Matías del Río le preguntó sobre sus actuales vínculos con la universidad privada que fundó a principios de los ’90: la Universidad del Desarrollo (UDD).

-La UDD nunca se manejó con fines de lucro. Y en todo caso, en lo personal no tengo relación con esa universidad ni con ninguna institución educacional ni con inmobiliarias ni nada –le respondió el ministro.

Aunque desde que asumió en marzo del año pasado ese ha sido su discurso, muchos aún tienen dudas no sólo de que Joaquín Lavín efectivamente se haya desvinculado de la UDD, sino también de que haya recibido ganancias a través de su participación en las sociedades relacionadas a la universidad. Para poder definir eso, un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile solicitó a fines de junio a la Contraloría que investigara “el eventual conflicto de intereses e inhabilidad vigente que el ministro de Educación, señor Joaquín José Lavín Infante, tiene en materias relacionadas con educación superior”. El organismo contralor aceptó la petición y el miércoles 5 de julio le mandó un oficio al ministro para pedirle que aclare sus nexos con la universidad privada. Lavín tiene un plazo de 10 días para responder.

Las sociedades educativas del ministro

El mismo día que se definió el nombre de los ministros que conformarían el primer gabinete de Piñera, CIPER comenzó una investigación para definir cuáles eran sus empresas y dónde estaban sus áreas de interés. Se revisaron distintas bases de datos oficiales, se contrastaron con lo que un mes después de asumir incluyeron en sus declaraciones de patrimonio e intereses y se le preguntó a cada uno sobre su participación en las sociedades que logramos detectar y que no figuraban en los documentos que les exige la ley. Tanto en su declaración de patrimonio como en la de intereses, el titular de Educación sólo incluye dos de las cinco sociedades a las que ha estado vinculado: Estudios Económicos Ltda. y ASADEP S.A. Las otras tres, todas relacionadas a la UDD, habían desaparecido.

En esa oportunidad, CIPER le envió una carta –al igual que a los demás ministros– para consultarle sobre su participación en las empresas a las que figura vinculado tanto directa como indirectamente en el Diario Oficial. En esa misiva, se le pidió a Lavín que enviara los documentos que certificaran, en caso de que correspondiera, su salida de dichas sociedades. Pero el ministro de Educación no envió ningún documento. El 13 de abril del año pasado, respondió por teléfono a CIPER asegurando que si bien mantenía el 3,5% de las acciones de ASADEP S.A. (la sociedad que controla el club deportivo Santiago Wanderers), se había desprendido completamente de su participación en las tres sociedades vinculadas a la UDD: Inmobiliaria Ainavillo S.A., Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda. y Desarrollo Educacional La Concepción Ltda.

La historia de Lavín con esas sociedades partió incluso antes de que se constituyeran. En enero de 1990, el Ministerio de Educación recibió los estatutos de la naciente Universidad del Desarrollo (UDD), un proyecto educacional creado por cinco profesionales, todos miembros activos de la UDI: Joaquín Lavín, Luis Ernesto Silva, Federico Valdés, Alfredo Valdés (padre de Federico) y el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. Como lo obliga la ley a todas las universidades, la institución funcionaría sin fines de lucro. Pero como lo han hecho varias instituciones privadas de educación superior desde entonces, pronto hallaron el mecanismo para saltarse las disposiciones legales que prohíben a las corporaciones y fundaciones lucrar con sus utilidades.

En agosto de 1991, los mismos nombres se juntaron en la creación de Inmobiliaria Ainavillo Ltda. (que en 2002 se transformaría en sociedad anónima) con un capital $36,5 millones. A ellos se sumó Carlos Alberto Délano, actual presidente del Grupo Penta. A través de esta sociedad, Lavín se transformó en uno de los dueños del edificio que alberga a la casa matriz de la UDD en Concepción, entre otros inmuebles que le arrienda a la universidad “a precio de mercado”, según ha dicho el actual ministro. Sólo unos meses después, los mismos socios dieron nacimiento a Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda., que funcionaría igual que la inmobiliaria, aunque en vez de bienes raíces, su negocio estaría en la adquisición, arriendo y subarriendo de bienes muebles.

Al año siguiente (1992), la propiedad de ambas sociedades se modificó, aunque sólo en el papel. En vez de continuar con su participación directa como personas naturales, los socios cedieron sus porcentajes a distintas sociedades que ellos mismos controlaban. En el caso de Lavín, el traspaso se lo hizo a Estudios Económicos Ltda., la sociedad de inversiones que creó junto a su hermano en 1988 y donde además participan su esposa y uno de sus hijos. Desde entonces, la participación de Joaquín Lavín en la UDD ha sido a través de ésta sociedad, donde posee el 85% de la propiedad.

Para cuando Sebastián Piñera incluyó el nombre de Joaquín Lavín entre las 22 personas que serían sus ministros, Estudios Económicos Ltda. aún era parte de las empresas vinculadas a la UDD, incluyendo Desarrollo Educacional La Concepción Ltda., que nació de la división en octubre de 2006 de Inmobiliaria Ainavillo S.A. De acuerdo a los registros del Diario Oficial, para ese entonces la suma de los capitales de las tres sociedades daba como resultado un monto de $2.075.035.088. En dicha base de datos no se indica qué porcentaje de acciones poseía en la sociedad inmobiliaria ni se deshizo de esos títulos. Pero sí figura su salida de las otras sociedades.

Al retirarse de Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda., el 5 de marzo de 2010 vendió el 17,21% que le correspondía de un capital social de sólo 2 millones de pesos. Cinco días después, el patrimonio de Desarrollo Educacional La Concepción Ltda. disminuyó luego de que la sociedad de Lavín retirara los casi $48 millones de pesos que le correspondían por su 12,5% de participación.

¿Ganó dinero?

El pasado 24 de junio, el ministro de Educación envió un documento firmado por el secretario del directorio de Inmobiliaria Ainavillo S.A., Carlos Schulz, al diario El Mercurio. El oficio indica que a diferencia del ministro Cristián Larroulet, quién esta semana anunció que el gobierno “no estaba dispuesto a derogar el lucro en la educación” y que aún es socio de la sociedad, el nombre de Joaquín Lavín ya no aparece en sus listas de asociados.

Según la carta firmada por Schulz, de acuerdo al registro de accionistas de la sociedad al día 11 de marzo de 2010, Lavín “no figuraba como accionista como persona natural o a través de sociedades en las que tuviera interés o participación. Dicha situación se mantiene al día de hoy”.

Lo mismo aseguró el ministro hace una semanas cuando fue invitado al programa de televisión Tolerancia Cero, donde además, sin decir si había obtenido alguna ganancia, afirmó que recuperó lo que había invertido. Pero la duda sobre las utilidades que obtuvo en los 20 años que estuvo ligado a las sociedades de la UDD, quedó abierta: el documento que envió a El Mercurio no dice ni cuándo vendió sus acciones ni el precio que le pagaron por ellas. Sobre eso mismo le preguntó anoche el periodista de Chilevisión, Matías del Río.

-¿Cómo recuperó su inversión en la universidad? –le preguntó.
-No en la universidad, porque allí no hay inversión. La inversión está en la sociedad inmobiliaria que construyó edificios y evidentemente cuando me desprendí de la participación, me salí de ahí. Vendí las acciones. La inmobiliaria le arrendaba los edificios a la UDD a precios de mercado.

-¿Cuánta plata puso y cuánto recuperó?
-No ahondemos en situaciones particulares. Estamos hablando de un tema de políticas públicas. Lo que digo es que he cumplido la ley en la letra y el espíritu.

-¿No ganó plata con su inversión en la inmobiliaria?
-Con la universidad, no.

Publicado originalmente en CIPER (6/7/2011)

LA INVESTIGACIÓN “SECRETA” SOBRE EL ALCALDE DE HUALPÉN QUE COMPLICA A LA FISCALÍA REGIONAL DEL BÍO BÍO

2011-07-05T19:57:00.001-04:00

La renuncia el viernes pasado del fiscal jefe de Talcahuano, Andrés Cruz, nada tenía que ver con las causas que ha dirigido contra comuneros mapuche por el ataque al fiscal Mario Elgueta o contra narcotraficantes de la zona, como Jaime “El Martillo” González. Nada de eso. Su salida está relacionada a una investigación secreta, un alcalde a punto de ser detenido, una supuesta filtración de información, un sumario que no arrojó resultados y un quiebre con el que habría filtrado los datos: su superior, el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo.

Hace unas semanas, la Fiscalía Nacional ordenó que se realizara un sumario administrativo para investigar a Contardo, quien habría filtrado información sobre una investigación que Cruz tenía a su cargo; una investigación catalogada como “secreta”. Los supuestos delitos que Cruz buscaba probar: fraude al fisco y lavado de activos, entre otros. El principal investigado: el alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD).

El portal SoyConcepcion.cl señala que la investigación de Cruz ya estaba lista para entrar en su fase pública, o sea, “registrar e incautar domicilios particulares y además, tomar detenidos y pedir para ellos la prisión preventiva, entre ellos, al alcalde Marcelo Rivera”. Además del edil, quien asegura que desconocía la existencia de la investigación, se contaban 20 personas imputables por seis supuestos delitos, entre los que estaría también el diputado Cristián Campos (PPD). Según un “testigo protegido” que habría aportado a la indagación del fiscal Cruz, el partido político ya sabía de las acusaciones que había en su contra, cosa que la dirección del PPD negó.

El que se hiciera pública la existencia de una posible investigación sobre el alcalde Rivera, generó varias reacciones en el terreno político regional. Como ocurre cada vez que una autoridad resulta involucrada en una investigación, Rivera aseguró que todo se trataba de “una manipulación política”. En la edición del domingo de Diario El Sur, Cristián Campos, quien además es presidente regional del PPD, lo respaldó e indicó que lo que había era una persecución contra el alcalde. Pero el apoyo no es transversal: tanto el presidente regional de la DC como del PS anunciaron su renuncia si sus partidos apoyaban una nueva candidatura de Rivera a la alcaldía de Hualpén.

Fuera de la arena política, el Diario El Sur indicó en su edición del sábado 2 de julio que después del sumario a Contardo no hubo sanciones, “puesto que los hechos denunciados no lograron ser acreditados durante la indagatoria”. El fiscal regional siguió en su cargo, pero el quiebre en la institución fue inminente.

Cuando ayer Contardo se refirió a lo que pasó, prefirió no dar detalles ni de la investigación a Rivera ni de la causa de la renuncia del fiscal Cruz, aunque sí confirmó su dimisión. Sin embargo, hoy cambió el escenario: el fiscal nacional, Sabas Chahuán, rechazó la salida de Cruz. Se espera que el jueves se reúnan ambos para definir el futuro del fiscal de Talcahuano en el Ministerio Público. Así, queda aún en suspenso lo que pasará con Cruz, pero ya se confirmó la existencia de la investigación contra Rivera: esta tarde, la Policía de Investigaciones allanó su casa.

CAMBIO DE DIRECTORIO EN LA ACHS: LAS SORPRESAS TRAS UN SISTEMA DE ELECCIONES MANIPULADO POR LA DIRECCIÓN

2011-06-30T11:50:00.004-04:00

El martes 28 de junio se eligió el nuevo directorio de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Aunque el mecanismo de la votación fue el mismo que se ha usado durante décadas para mantener a los mismos nombres en sus puestos, este año hubo sorpresas: el actual presidente, Jorge Matetic, no ganó. Pero no fue porque los representantes de sus más de 40.000 empresas afiliadas no le hayan dado su voto, sino que porque él se los cedió a Fernán Gazmuri, otro de los directores de la mutual. Al final, el que será el nuevo el presidente de la ACHS fue elegido por el que hoy ocupa ese cargo.

Por Juan Pablo Figueroa y Gustavo Villarrubia, CIPER

La reunión de ayer debía haberse realizado el 7 de junio. Ese día, poco más de cien representantes de las empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) llegaron hasta el auditorio ubicado en el quinto piso del edificio de la mutual para participar, como cada tres años, en la votación que definiría a los miembros de su directorio. Al llegar, debían pasar a acreditarse en el sistema de registro. Pero todos debieron volver a sus casas: no hubo quórum suficiente para llevar a cabo la elección. Desde entonces, la asamblea había quedado agendada para el martes 28 del mismo mes.

-Siempre pasa lo mismo. Como no todas las empresas mandan sus poderes a tiempo, nunca hay quórum para elegir al directorio en el primer llamado –dijo una de las ejecutivas de la ACHS que acreditaba ese día a los asistentes.

Tres semanas después, la ACHS ya había recopilado los votos necesarios.

Al comenzar la asamblea, había cerca de 150 representantes de sus casi 40.000 empresas afiliadas sentados en el auditorio del quinto piso, donde de un muro cuelga un enorme cuadro al óleo con el retrato de Eugenio Heiremans, el empresario que fundó la ACHS, la presidió durante 52 años y configuró el gigantesco imperio de negocios que la mutual hizo crecer con los dineros que recibe mensualmente por ley para proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades laborales. Heiremans murió en diciembre del año pasado, sólo dos meses después de renunciar a su cargo. Su nombre fue el primero que se mencionó al partir la ceremonia.

-La muerte de Eugenio Heiremans ha sido una gran pérdida no sólo para la institución, sino que para el país, por su gran aporte y dirección de la ACHS –dijo el actual presidente de la mutual, Jorge Matetic.

La reunión siguió con una mención a “la gran labor” que la ACHS tuvo en el rescate de los 33 mineros atrapados el año pasado en la mina San José. Que tuvo una gran presencia en el lugar, que dio cobertura asistencial durante las 24 horas y que instaló allí un hospital de campaña especialmente para ese fin. Nada se dijo del informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que le atribuyó a la ACHS parte de la responsabilidad en el accidente.

Antes de que comenzara el conteo de votos, tanto Matetic como el nuevo gerente general, Cristóbal Prado, hablaron sobre los logros en la reducción de accidentes, los premios que la mutual ha recibido y lo barato que le resulta a las empresas costear el seguro para proteger la vida de sus trabajadores. También hicieron una “comparación comparativa” con las otras dos mutuales del mercado: mientras que la ACHS recibe el 52% de las cotizaciones que por ley pagan las empresas, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) sólo percibe un 14% y a las arcas de la Mutual de Seguridad –socia de la ACHS en más de una docena de empresas que compiten con las clínicas privadas– ingresa el 34%. Para la ACHS, ese 52% le significa ingresos por más de $165.550 millones al año.

-Como ya mencionó Jorge Matetic, nuestra misión será focalizarnos en nuestras cuatro unidades de gestión: ACHS, Hospital del Trabajador, Clínicas regionales y empresas relacionadas. Queremos convertir a la ACHS en una empresa de “modelo de negocios a nivel internacional” –dijo Cristóbal Prado sobre la mutual, una corporación sin fines de lucro que por ley tiene como principal objetivo la prevención de accidentes laborales.

Después de presentar la Memoria de 2010, Prado dio inicio a la elección del nuevo directorio, el verdadero motivo de la reunión.

Un sistema poco democrático

La dirección de la ACHS está conformada por un directorio paritario de seis miembros titulares y seis suplentes. Allí tienen representación tanto los empresarios de las firmas asociadas como sus más de dos millones de trabajadores afiliados. Los representantes de estos últimos son elegidos por elección directa de sus delegados en los comités paritarios de cada empresa. Por su parte, los empresarios deben enviar un voto-poder para elegir a los miembros del directorio que los representarán por períodos de tres años. El número de votos que representa cada poder depende del número de trabajadores que tenga la empresa. Pero el mecanismo con que funciona ese sistema ha sido –y es– cualquier cosa menos democrático.

Para casi todos los asistentes, el resultado de la lectura de votos que hizo ayer en la tarde el notario público Jaime Morandé Orrego era predecible. Esto porque, en vez de poner un nombre en el documento, los empresarios suelen entregar su voto-poder a los agentes de la mutual, que antes de las elecciones se encargan de recogerlos por todo el país. Durante ese período, la prevención queda relegada y las agencias se convierten en captadoras de votos en blanco. La orden que reciben los agentes desde la ACHS es que induzcan el voto por la directiva vigente o, que en su defecto, los recopilen en blanco. Después la ACHS rellena el documento con el nombre que le convenga a la dirección. Así fue que Heiremans se mantuvo durante más de medio siglo al frente de la mutual.

Ese mismo mecanismo fue el que se implementó en la previa a esta elección, con el fin de que Jorge Matetic se renovara como presidente de un directorio del que ha formado parte los últimos 21 años.

Los directores son…

Los primeros miembros del nuevo directorio en ser nombrados fueron los representantes de los trabajadores. Allí la única sorpresa fue la salida de Mario Pinto y la llegada como nueva directora de Elizabeth Tapia Fuentes, de la Casa de Moneda. Tanto Víctor Riveros como Freddy Fritz fueron reelegidos en sus cargos. El primero lleva ocho años como director; el segundo ha estado ahí al menos desde 1996 representando a los trabajadores.

Luego vino el turno de los directores empresariales. Frente a los asistentes, el notario abrió la urna y comenzó a sacar los votos uno a uno y leerlos en voz alta. Junto a él estaba el fiscal de la ACHS, Alfredo Grasset, y un hombre que anotaba los votos en una pizarra.

Salió el primer papel de la urna: un voto para Jorge Matetic. El segundo: cinco votos para Jorge Matetic. El tercero: cuatro votos para el actual presidente. Y así siguió con la siguiente papeleta y la que vino después de esa; lo que duró la lectura de los primeros seis poderes fue lo mismo que duró lo que parecía un triunfo de Matetic.

A continuación sonó un nombre que constantemente aparece en las votaciones, pero que nunca ha resultado electo: Gustavo Burgos contaba con 60 votos. Después se mencionó al ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y actual director de Radio Agricultura, Andrés Santa Cruz, con 111 votos. Los asistentes comenzaron a mirarse extrañados. “¿Y quién es ese?”, murmuraron algunos. En los siguientes minutos se sumaron más votos para Santa Cruz y aunque otros tantos fueron para Matetic, ninguno superó las dos cifras. En eso, se escuchó que Pablo Bosch, presidente ejecutivo en B Bosch S.A., obtenía de una sola vez 2.140 votos. De nuevo hubo caras de sorpresa. Una funcionaria de la ACHS le preguntó a otra quién era él. La respuesta fue: “Ni idea. ¡Estoy Plop!” Luego el notario leyó el nombre de Fernán Gazmuri, quien el año pasado pasó de ser director suplente (cargo que ocupó al menos desde 2002) a titular, y todo quedó zanjado: 3.500 votos.

-¡¿Qué?! ¡¿Matetic le pasó sus votos a Gazmuri?! –le preguntó en voz baja la encargada de marketing de la ACHS a la periodista del área de comunicaciones Victoria Abarca, mientras el auditorio quedaba en silencio.

-No tenía idea, pero parece que así fue –le respondió.

La designación de Matetic

Al terminar las elecciones casi nadie –ni siquiera varios de los ejecutivos de la ACHS– entendía lo que había pasado: Matetic no había ganado. En un mes más el nombre del nuevo presidente de la mutual saldrá de entre los tres directores empresariales titulares que resultaron electos: Fernán Gazmuri (3.500 votos), Pablo Bosch (2.503 votos) y Andrés Santa Cruz (1.892 votos), quien es socio de Pelayo Eugenio Correa Krumenacker, cuyo hermano Pablo fue gerente general de Clínica Los Coihues y fundador del Colegio San Luis de Alba, ambas sociedades que forman parte de la red de negocios de la ACHS. Según la encargada de prensa de la ACHS, Victoria Reyes, siempre se elige al que obtuvo más votos, por lo que se espera que el cargo lo ocupe Gazmuri. Pero lo cierto es que él no fue elegido por los empresarios, sino que por el actual presidente, Jorge Matetic.

-¿Viste cómo sí cambió el directorio y no estaba todo planeado, como decían ustedes? –dijo la encargada de prensa a CIPER, negando que el presidente haya cedido sus votos.

Una vez acabada la ceremonia, CIPER se acercó a conversar con Matetic para preguntarle, entre otras cosas, si había traspasado sus votos a Gazmuri y por qué lo había hecho. Su respuesta fue:

-Los cedí porque yo mismo he dicho que los directores no deben permanecer en sus cargos más de nueve años, así que para ser consecuente con lo que he defendido, he dejado la presidencia. Lo hubiera hecho antes, pero no podía porque el mismo Eugenio Heiremans era el que me escogía en el cargo y como él también se perpetuaba yo lo acompañaba. Así estuve por más de 21 años, y ahora doy un paso al lado, dejando lugar a gente joven, a nuevos talentos mejores que yo.

-¿Qué nos puede decir sobre los maltratos que se cometían en el Hotel Victoria Simpson contra trabajadores accidentados de regiones que venían a tratarse en el Hospital del Trabajador en Santiago?

-Eso fue una vergüenza para la institución, y el más indignado soy yo. He ordenado una auditoria interna para pedir cuenta a los responsables. Pero eso fue un caso puntual, que tengo claro que no debería haber pasado, ya que nosotros somos una institución con los mayores estándares de seguridad del país. Por eso apenas supimos lo solucionamos.

Después de esa respuesta, Matetic se fue. Mientras todos los asistentes se retiraban del lugar, un funcionario de la ACHS que pidió reserva de su nombre aseguró que todo lo que había pasado había sido un show. Que por primera vez la elección había sido en el edificio de la ACHS y no en el Hotel Sheraton. Que la presencia de la urna y el notario eran algo que nunca antes se había visto en la ACHS. Y que se supo que el resultado estaba “cocinado desde antes” cuando previo al conteo final de votos, en la pizarra se proyectó una diapositiva con los resultados finales.

Publicado originalmente en CIPER (29/6/2011)