martes, 28 de febrero de 2012

LOS EDIFICIOS DAÑADOS QUE AÚN PENAN EN SANTIAGO: 200 FAMILIAS SIN CASA Y EN LITIGIO CON INMOBILIARIAS

En marzo de 2010, CIPER contabilizó 24 edificios dañados por el terremoto en Santiago e identificó a las inmobiliarias que se negaban a responder. Dos años después, la mayoría de ellos ha sido reparados y sus dueños han podido dejar el terremoto atrás. No ocurre lo mismo con cerca de 200 familias que permanecen sin hogar. Atrapadas por inmobiliarias y abogados, ven pasar el tiempo con angustia; algunos siguen pagando dividendos por lo que hoy son escombros; otros incluso han sido multados por ser dueños de edificios que no han sido reparados y que probablemente no puedan nunca reparar.

Por Juan Pablo Figueroa y Gregorio Riquelme



-Parecía tiza. Era como cuando uno sopla un castillo de arena, algo tan fácil de derribar. Para nosotros era súper importante que se echara abajo ese monstruo para poder superar la angustia. Pero al desaparecer, podía olvidarse lo que había detrás de ese edificio: nosotros, los vecinos. Y eso fue lo que pasó.

Apenas partió en noviembre la demolición del Condominio Don Luis en Maipú, Alejandra Monasterio fue a ver cómo la maquinaria pesada arremetía contra esa mole a medio caer que hasta el 27 de febrero de 2010 fue su casa y la de otras 39 familias. Hoy, el único indicio del condominio son los restos de cimientos, algunos pedazos de muro, números en la pared de lo que antes eran estacionamientos y una puerta que sigue en pie, pero no lleva a ninguna parte. Tres palmeras alineadas sobreviven en una jardinera junto a la entrada de vehículos trasera. Hay también un auto completamente destrozado, retorcido como una madeja de metal, y una pelota de fútbol azul que cayó en algún momento desde la casa de al lado y permanece quieta en medio de maleza seca, piedras y montículos de tierra.

A dos cuadras de allí, también en Maipú, en la calle Tristán Valdés, entre casas enormes, un par de colegios y un centro médico hay un enorme agujero donde hasta mediados de 2011 hubo un condominio llamado Don Tristán. El conserje del edificio contiguo –que antes del terremoto trabajaba en Don Tristán–, dice que Flesan S.A., la empresa a la que el Ministerio de Obras Públicas le encargó la demolición, terminó la obra en julio de 2011. Del edificio de 36 departamentos, sólo quedó la pequeña piscina azul en un rincón del terreno, aunque desteñida, sin agua y llena de piedras.

Los dos edificios demolidos, ambos obra de Constructora Mujica y González Ltda. e Inmobiliaria Francisco de Aguirre Ltda., fueron una de las principales postales que dejó el terremoto de febrero de 2010 en la capital. Don Luis fue desahuciado un par de semanas después, cuando el municipio decretó que había que derribarlo. Con Don Tristán ocurrió lo mismo: luego de un informe que indicaba que el edificio no era recuperable, el alcalde Alberto Undurraga firmó el documento que selló su demolición. Con otro de sus edificios, el Vista Hipódromo, en Independencia, la historia es parecida, aunque no igual. Los estudios realizados a su estructura indicaron que podía ser reparado, pero los vecinos decidieron no volver. Hoy está completamente abandonado.

Durante los días siguientes al terremoto, CIPER catastró los edificios que tuvieron daños serios por el terremoto e investigó cómo las inmobiliarias se negaban a pagar las reparaciones. La nómina arrojó que en Santiago, al menos 24 edificios no soportaron el sismo. Para el primer aniversario del movimiento telúrico, investigamos en qué estado de avance estaba su recuperación. Muchos ya habían sido reparados o estaban siéndolo, principalmente con el financiamiento proveniente de los seguros de los propietarios. Dos años después, algunos edificios de la lista parecen no haber sufrido ningún daño, unos ya ni siquiera existen y otros se mantienen como si el terremoto hubiera sido ayer. Cientos de vecinos afectados han llegado a acuerdos que les han permitido rehacer sus vidas. Para al menos 200 familias, en cambio, el suelo no ha dejado de moverse.


LOS FANTASMAS DE DON LUIS Y DON TRISTÁN

-Las familias están desesperadas. Cada situación es particular, pero todos sentimos lo mismo. Los abogados nos dicen que hay que llegar a un acuerdo económico, pero no hay ninguna propuesta concreta. Yo no puedo esperar más. Lo perdí todo y en dos años no ha pasado nada. No sé cuánto más voy a poder aguantar.

Claudia González vio a su edificio colapsar desde adentro y, a pesar de que hoy no es más que un hoyo, aún siente que en cualquier momento se le va a caer encima. Desde que desalojaron Don Tristán, vive junto a su esposo y su hijo como allegados en la casa de sus padres, también en Maipú. Todavía paga mes a mes el dividendo de un departamento que ya no existe porque el seguro que tenía en el Banco BCI no le cubrió el valor de la propiedad, sino que sólo el crédito hipotecario. Tendrá que seguir pagando el saldo por los próximos 25 años.

Al igual que Claudia, muchos de los dueños de los departamentos dañados todavía viven de allegados en casas de familiares. A muchos el seguro les cubrió la propiedad, pero no son pocos los que aún tienen que pagar el dividendo al mismo tiempo que pagan un arriendo en otro lugar, principalmente los que pagaron al contado. Para cientos ha sido muy difícil obtener otro crédito o un subsidio. Los ancianos son los más perjudicados. Del edificio de Claudia, una mujer tuvo que irse a vivir al extranjero con sus hijos porque simplemente aquí lo perdió todo. Y una vecina del Condominio Don Luis pasó casi dos años viviendo en su oficina en una clínica veterinaria. Allí donde atendía a los animales que le llevaban, tenía un sillón cama que cada noche extendía antes de dormir.

-¿Avances concretos en estos dos años? Sólo la formalización de Álvaro Mujica y la demolición de los edificios. Nada más. En todo lo demás, estamos igual que al día siguiente del terremoto –dice Alejandra Monasterio.

A Mujica, socio y representante legal de las dos empresas responsables de la construcción de los edificios, el fiscal jefe de Maipú, Tufit Bufadel, lo formalizó en octubre de 2010 por estafa. Antes de eso, un mes después de que sus construcciones colapsaran, la empresa ofreció a los vecinos una “ayuda humanitaria” de $200.000. La propuesta fue rechazada por unanimidad. Mientras los vecinos presionaban por medio de su abogado, Alfredo Morgado, para alcanzar algún acuerdo con las empresas de Mujica, los departamentos fueron saqueados. Se llevaron lavamanos, ventanas, cañerías, calefón; todo lo que podía extraerse. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo indemnizatorio siguieron mientras se demolían los edificios, pero sin éxito.

Dos semanas atrás, la inmobiliaria hizo una nueva oferta para llegar a un acuerdo. Alejandra prefiere no revelar de qué trató, pero asegura que era “tan ridícula”, que incluso el fiscal Bufadel les recomendó rechazarla.

-Lo que nos interesa es recuperar la inversión. No queremos ganar más plata, sino recibir lo que es justo –cuenta Alejandra.

El viernes 24 de febrero, Alejandra y sus ex vecinos recibieron una carta. Una semana después del terremoto, varios fueron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para denunciar la mala calidad de la construcción. Un año después los llamaron para solicitar más antecedentes. Ellos los entregaron. La carta que les llegó el viernes decía que el primero de diciembre de 2011 el Sernac declaró admisible la demanda colectiva contra la inmobiliaria. Los demandantes tenían 20 días hábiles para comparecer. Para Alejandra y sus vecinos fue como una mala broma. Llamó al Sernac para preguntar, pero le dijeron que ya se había cumplido el plazo. Al menos por esa vía, ya no podrían hacer nada.


UN EDIFICIO ABANDONADO FRENTE AL RÍO

-Esto no es sólo una vivienda, es un proyecto de vida que nos truncaron.

Marcela Leiva sostiene en sus manos un montón de papeles mientras conversa en el edificio Central Park (Balmaceda 2150), una torre de 19 pisos en la comuna de Santiago, frente al río Mapocho, donde los últimos dos años han pasado en vano. En el segundo piso, donde vivía Marcela y que parece como aplastado por el tercero, de una ventana con el vidrio quebrado se asoma una cortina polvorienta. Junto a ella, una enorme grieta cruza el muro de lado a lado, dejando los fierros expuestos. En ambos muros de ladrillo en la entrada hay graffitis. También rayados en contra de las empresas responsables: Inmobiliaria General S.A. (IGSA) –del holding Compañía General de Electricidad (CGE)– y DLP Constructora Ltda. “IGSA DLP CGE ESTAFA”, dice uno de ellos. Desde hace 24 meses que nadie vive allí.

Marcela es la presidenta del comité de vecinos del Central Park, o al menos de lo que queda de él. Y los papeles que tiene en sus manos son las citaciones que envió a fines de enero el municipio a los propietarios para presentarse ante los Juzgados de Policía Local de la comuna y pagar una multa de $3.900.000 cada uno por no reparar el edificio. Los 40 propietarios fueron el martes pasado hasta allá y se negaron a pagar. Alegan que la inmobiliaria es dueña del 73 por ciento del edificio puesto que otras 118 familias que vivían allí aceptaron revenderle –a un menor precio- los departamentos dañados. Por eso, y por la responsabilidad que le cabe a la empresa en los daños, los vecinos creen que es IGSA la que tiene que pagar esas multas.

En marzo de 2010, la inmobiliaria firmó un acuerdo con los propietarios que no quisieron vender. Entonces la empresa se comprometió a pagarle los arriendos alternativos durante un año, mientras duraran las reparaciones. En febrero de 2011, cuando dejaron de pagar los arriendos, el edificio estaba tal y como amaneció el día del terremoto. Ese acuerdo fue la base para que el 6º Juzgado Civil de Santiago acogiera la denuncia que hicieron los vecinos contra la inmobiliaria por daños y perjuicios, una causa que aún está en trámite.

-Hasta ahora, la inmobiliaria no ha fijado una fecha para iniciar las reparaciones –dice Miguel Abarca, un hombre que vivió hasta el 27 de febrero en el quinto piso del edificio y que hoy arrienda un pequeño departamento cercano donde vive con su esposa y su hija de ocho años. Además de pagar ese arriendo y los respectivos gastos comunes, sigue cancelando mensualmente el dividendo del edificio que tuvo que abandonar y los gastos comunes para mantenerlo con luz, agua y los guardias que lo vigilan día y noche para evitar, como ya ha ocurrido, que entren a robar lo que aún no se han podido llevar.

El 23 de enero pasado los vecinos se reunieron con la inmobiliaria para una conciliación, aunque en esa reunión no hubo tal cosa. Sí una promesa de querer llegar a un acuerdo, pero era exactamente la misma oferta que vienen proponiendo las empresas responsables desde septiembre de 2010. Los vecinos no aceptaron. Miguel, al igual que Marcela y los otros 40 propietarios, quiere que el edificio se repare para volver a vivir ahí. Dice que el Central Park nunca fue desahuciado y que por eso la orden del municipio fue repararlo. Hoy, la construcción sigue inclinada entre 10 y 15 centímetros luego de que un pilar en el subterráneo reventara. Los vecinos explican que el hormigón utilizado tenía piedras muy grandes, por lo que no se comprimió lo suficiente y dejó burbujas de aire que con el terremoto explotaron. También que los fierros de la estructura fueron amarrados con alambres delgados, de esos que se quiebran con sólo unas vueltas con un alicate. En las fisuras de los muros de lo que era el gimnasio o en el departamento de Marcela, se notan fácilmente esas fallas.

Hace unas semanas, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquet, se reunió con los vecinos del edificio de al frente, El Panorámico. Allí hay algunos ex habitantes del Central Park arrendando. La comunidad le exigió al alcalde que arreglara el edificio de sus vecinos, y él dijo que en marzo se iba a solucionar, que el primero de ese mes partirían las obras. Ante eso, el comité le envió una carta a Zalaquet para que les explicara eso, ya que ellos no sabían nada. Los citó para el 6 de marzo a una reunión en la alcaldía con Carlos Fabres, gerente de infraestructura de IGSA, y su abogado. Pero el abogado de ellos no podría ir. “Nos pidieron que (Alfredo) Morgado no fuera porque lo enreda todo. Nosotros igual vamos a llegar con él”, cuenta Miguel.


LAS DOS TORRES DE LOS HERMANOS CARRERA

Es poco el tráfico que tiene la calle Hermanos Carrera, en Maipú, y en general, es bastante silenciosa. Se oye el ruido de los árboles meneándose con el viento y los ladridos de un perro que, por lo agudo, debe ser pequeño. Los sonidos del animal provienen de un condominio de cinco torres contiguas de colores pasteles que está entre un enorme edificio de ladrillos (la Catedral Evangélica de Maipú) y un pequeño templo de la Iglesia Metodista de la comuna: Hermanos Carrera 2727.

A primera vista, desde la calle, el complejo se ve normal. Antenas de televisión, tendederos con ropa, un hombre limpiando un ventanal. Al mirar con más detalle, se ven pequeñas trizaduras en los muros y, en la entrada, pintura que se descascaró de las paredes. Pero nada que indique que esta es una de las construcciones más dañadas por el terremoto de 2010 ni que dos de sus dos torres, las de al fondo, terminaron con orden de demolición. Basta darse una vuelta para ver que todo sigue igual.

Las dos torres que levantó la constructora Hermanos Carrera S.A. y que debían ser demolidas siguen en pie. Ambas están vacías y las pocas ventanas que tienen están quebradas. Algunas grietas se extienden desde el techo en el quinto piso hasta el suelo y parecen dividir la edificación en dos. Si la estructura sigue donde mismo, es porque en el primer piso, donde los habitantes estacionaban sus vehículos antes de que los desalojaran el 28 de febrero, está lleno de pilares de acero que soportan su peso. Si desde la calle se ve que la vida en el condominio ha seguido normalmente, lo que se ve al fondo es desolador.

La administradora del inmueble, Cristina Segura, explica que la demolición se ha atrasado porque el fiscal que investiga las responsabilidades penales se ha demorado en la realización de los peritajes. “Este era el tercer edificio que sería demolido en la comuna (después de Don Tristán y Don Luis), pero el fiscal se puso a pedir los peritajes y eso lo atrasó todo. Recién hace un mes avisó que ya no necesita más estudios, pero aún no libera el edificio para que se pueda llevar a cabo la demolición”, cuenta.

Según Segura, las primeras dos torres fueron reparadas por completo por la inmobiliaria con los seguros de los propietarios. El acuerdo al que llegaron los vecinos significó además que la empresa le devolviera los deducibles de los seguros y pusiera $6.000.000 para la recuperación de los espacios comunes. La tercera torre no ha sido reparada por completo. No porque haya tenido daños estructurales, sino que, como está unida a las otras dos que deben ser demolidas, no se harán las reparaciones en los departamentos contiguos hasta que sean erradicadas, ya que no se sabe cuál podría ser el impacto de esa acción sobre las viviendas.

Al momento del terremoto, las dos torres desahuciadas estaban sin vacante: sus 36 departamentos estaban ocupados. Como el seguro liquidó esos departamentos, las familias recibieron el dinero del seguro y la empresa negoció con ellos de forma individual para una compensación económica. Alrededor de 20 aceptaron la oferta de $2,5 millones. Los demás, aún podrían dar inicio a una demanda civil.

-Todos los peritajes han indicado que no hubo problemas de construcción, sino que de diseño –dice Segura, y agrega que entre marzo y abril debiera comenzar la demolición.


LOS REPARADOS, LOS MÁS O MENOS Y LOS QUE SIGUEN IGUAL

Por el edificio Geocentro Amunátegui, una estructura de 27 pisos que Inmobiliaria Aconcagua aún promociona en el centro de Santiago, pareciera que jamás pasó el terremoto. Al preguntar en la sala de ventas sobre cómo resistió el sismo, dicen que no pasó nada. No cuentan que uno de los pilares del subterráneo resultó con fierros retorcidos a la vista y que la losa se hundió. Tampoco que en elementos no estructurales los daños se presentaron en los muros de pasillos y en una escalera de emergencia fracturada. Sólo reconocen que las ventas bajaron, pero que después de un mes, era como si nada.

De los 200 departamentos del edificio, quedan 40 aún por vender y los ofrecen en eventos como el coctail que se realizó el jueves pasado por la tarde en la sala de eventos del edificio. Con la reserva de un departamento, la inmobiliaria ofrecía un 4% de descuento y una giftcard de $600.000.

La mayoría de los edificios que catastró CIPER en 2010 y que visitó durante los últimos días, hoy se encuentran reparados luego de que las empresas responsables llegaran a acuerdo con los propietarios. Eso ocurre con proyectos como Don Manuel (Macul), Regina Oriente (Ñuñoa), Dolce I (Santiago) y el Condominio Parque Dorsal (Conchalí). En el Condominio Jardín del Norte, en Huechuraba, los trabajos terminaron en noviembre de 2011. Y el Emerald, el proyecto en Ñuñoa de PAZ Corp que terminó con más daños –una de sus torres quedó inclinada–, fue reparado y desde hace un par de semanas que está nuevamente a la venta con la autorización del municipio. Cuando se aprobó la reapertura, el alcalde Pedro Sabat dijo que ante daños por un posible nuevo terremoto, la municipalidad no se haría responsable, debido a que fue otra la entidad encargada de hacer el estudio que dio como resultado que sí se podía habitar el edificio.

Otros tantos muestran avances, aunque aún no están listos. En el Condominio Los Reyes de Huechuraba, por ejemplo, recién hace dos meses que comenzaron las reparaciones. En el edificio Nuevo Mundo II, en Macul, aún hay departamentos que no han sido arreglados. En varios, después hubo una migración y, como ocurrió en el Condominio El Alto de Maipú, el número de propietarios frente a arrendatarios se invirtió. Hoy, en ese complejo de seis edificios cerca del 70% son arrendatarios. Antes del terremoto era al revés.

Pero en el Condominio Sol Oriente de Macul, no han tenido tanta suerte.

-Estamos mal. Ha sido lento y engorroso el proceso. Ya vamos a cumplir dos años. Hay acumuladas varias causas contra la constructora en los juzgados civiles 24, 21 y 12 de Santiago –dice Mirta Peña, vocera del comité de vecinos del edificio.

El 17 de enero pasado, Peña denunció en Radio ADN el abandono en que se encuentran ella y sus antiguos vecinos del primer edificio que tuvo orden de demolición en la capital. “No hemos tenido respuesta de la inmobiliaria”, decía. Poco más de un mes después, todo sigue igual: el edificio sigue en pie, en las mismas condiciones que hace dos años, porque las empresas responsables de la obra, Inmobiliaria Viva y la Constructora Sigro, presentaron una demanda civil para evitar la demolición. Eso, a pesar de que los estudios dicen que el edificio no es reparable.

Los vecinos que no aceptaron los $200.000 que ofrecieron las empresas, exigen la devolución total del valor de sus propiedades. Pero las demandas que pusieron contra ellas unos 120 propietarios de forma independiente, deben ser aunadas en un mismo tribunal y bajo una misma causa. Mientras, la inmobiliaria sigue cobrando los gastos comunes. Nadie los paga.



Vea las fichas de los edificios catastrados por CIPER:

Edificio Dolce I
Dirección: Amunategui 620, Santiago.
Constructora: Ingevec.
Inmobiliaria: Max S.A.
Arquitecto: Pablo Gellona Vial.
Características del inmueble: Edificio de 24 pisos con 250 departamentos, tres subterráneos, estacionamiento, lavandería, piscina, sala de eventos, zona deportiva. Tiene alrededor de un 85% de los departamentos vendidos.
Valor de los departamentos: Desde 900 UF a 2.300 UF
Antigüedad: Tres años.
Daños: La escalera de emergencia cedió entre el piso 17 y 18, por lo que no había una vía de acceso para evacuación. También presentó algunas grietas y caída de revestimiento en muros de algunos pasillos y escalera.

27 de febrero de 2012.
Por fuera, el edificio es otro más del centro de Santiago. Por dentro, lo mismo. Nada recuerda que hace dos años la escalera de emergencia cedió entre el piso 17 y 18, dejando a la estructura sin vía de acceso ni evacuación. Tampoco que presentó algunas grietas y caída de revestimiento en muros de algunos pasillos y escalera. Todo parece estar bien. Eso dice un propietario que conversó con CIPER: “Ya está todo solucionado desde el año pasado”.


Edificio Geocentro Amunátegui
Dirección: Amunategui 810, Santiago.
Constructora: Novatec.
Inmobiliaria: El Bosque S.A., relacionada con la red societaria de Novatec a través de Constructora Aconcagua.
Características del inmueble: Una torre de 27 pisos con 295 departamentos, dos niveles de estacionamiento, piscina, sauna, lavandería, gimnasio, lavandería, sala multiuso, sala de juegos para adultos y para niños.
Valor de los departamentos: Desde 1.488 UF hasta 2.300 UF, aproximadamente.
Antigüedad: Tres años.
Daños: Uno de los pilares del subterráneo resultó con fierros retorcidos a la vista y la losa hundida. En elementos no estructurales los daños se presentaron en los muros de pasillos y en una escalera de emergencia fracturada.

27 de febrero de 2012.
Hoy no se aprecian rastros del terremoto. Hay plantas en los balcones, antenas de TV, ventanas sin polvo. En la entrada del edificio, pendones de Inmobiliaria Aconcagua anuncian la venta de departamentos de 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata.
Según cuentan propietarios, Muchos residentes abandonaron sus departamentos. Con el tiempo fueron llegando arrendatarios. De los 200 departamentos del edificio, quedan 40 aún por vender.
La tarde del jueves 23 de febrero la inmobiliaria realizó un cocktail en el edificio para atraer compradores. Con la reserva de un departamento, la inmobiliaria ofrece una giftcard por $600.000 y un descuento del 4%.


Edificio Central Park
Dirección: Balmaceda 2150, Santiago.
Constructora: DLP Constructora Ltda.
Inmobiliaria: General S.A. IGSA.
Características del inmueble: Torre de 19 pisos con nueve departamentos por piso, lavandería, gimnasio y estacionamientos.
Valor de los departamentos: de $30 a $60 millones.
Antigüedad: Siete años.
Daños: Colapso de los pilares 12 y 13 en el subterráneo. Hay grietas en muro de todos los pisos, rotura de tabiques y cerámica, sobre todo en el sector oriente y segundo piso, donde además las ventanas y puertas cedieron.

27 de febrero de 2012.
A primera vista se puede ver una enorme grieta que cruza el muro del segundo piso, de lado a lado, dejando los fierros expuestos. En los balcones de los pisos superiores hay antenas de TV satelital que desde febrero de 2010 que no se usan y los muros de la entrada hay graffitis alusivos a la “estafa” sufrida por los propietarios.
Todavía hay 40 propietarios que siguen peleando para que les arreglen el edificio, del cual la inmobiliaria es dueña del 73%, luego de haber llegado a acuerdo con las 118 familias restantes. Para los que no quisieron venderle sus departamentos, la inmobiliaria firmó un acuerdo en marzo de 2010 donde se comprometía a pagar los arriendos alternativos durante un año, mientras duraran las reparaciones. Pero éstos nunca se hicieron. En el 6º Juzgado Civil de Santiago está en trámite una denuncia que hicieron los vecinos contra la inmobiliaria por daños y perjuicios.
Por dentro el edificio parece haber sufrido un bombardeo: muros rotos, ventanas quebradas, vidrios en el suelo, polvo, fierros asomados, loza resquebrajada y un pilar colapsado con fierros doblados que parecieran soportar el peso de todo el edificio.
Además del arriendo y los gastos comunes de los edificios donde viven ahora, las 40 familias que no vendieron han tenido que seguir pagando el dividendo de sus departamentos dañados y los gastos comunes para costear la luz, el agua y a los guardias que vigilan día y noche para que nadie se meta al edificio.
El 23 de enero los vecinos se reunieron con la inmobiliaria para una conciliación, aunque no hubo tal cosa. Sí una promesa de querer llegar a un acuerdo: la misma oferta que vienen proponiendo las empresas responsables desde septiembre de 2010. Los vecinos no aceptaron. Ellos dicen que los estudios aseguran que el edificio es reparable y quieren que así se recupere para volver a vivir ahí.
Una semana después de esa reunión, el municipio multó a los vecinos por no reparar el edificio. La multa es por $3,9 millones a cada uno. Aparentemente, en marzo partirían las obras para reparar completamente el edificio, según la promesa que habría hecho el alcalde de Santiago. Sin embargo, hasta ahora, según los vecinos, la inmobiliaria no ha fijado una fecha para el comienzo de las obras.


Edificios Don Tristán y Don Luis
Dirección Don Tristán: Tristán Valdés 164 (acceso sur) y Bailén 2320 (acceso oriente), Maipú.
Dirección Don Luis: Luis Gandarillas 360, Maipú.
Constructora: Mujica y González Limitada.
Inmobiliaria: Francisco de Aguirre.
Características del inmueble Don Tristán: Dos edificios de cuatro pisos, 36 departamentos, jardines interiores y estacionamientos.
Características del inmueble Don Luis: Dos edificios de 20 departamentos cada uno, jardines interiores y estacionamientos.
Valor de los departamentos:
Don Tristán UF 1.900, aproximadamente – Don Luis UF 1.500 y UF 1.900, aproximadamente.
Antigüedad Don Tristán y Don Luis: Seis años. Se inició la venta en 2005.
Daños Don Tristán: Colapso general de la estructura. Pilares del primer piso reventados por compresión, con enfierraduras a la vista pandeadas o rotas.
Daños Don Luis: Colapso general de la estructura, declarada no recuperable y en proceso de demolición.

27 de febrero de 2012.
En la calle Tristán Valdés hay un enorme agujero donde hasta mediados de 2011 hubo un edificio, un condominio que se llamaba Don Tristán. La demolición terminó en julio pasado. Cuatro meses después, comenzó la obra para echar abajo el Condominio Don Luis, a dos cuadras de Don Tristán.
En total, son 76 familias las que perdieron sus departamentos en esos dos edificios. Muchos siguen viviendo de allegados y aún pagan el dividendo de un departamento que ya no existe. Y todos se sienten desamparados. Poco después del sismo, la inmobiliaria Mujica y González les propuso una condonación de $200.000. Nadie lo aceptó. “Era una burla. Los gastos comunes del edificio nos costaban $60.000”, dice Claudia González, una vecina que conversó con CIPER. En las conversaciones que han mantenido los ejecutivos de Mujica y González con el abogado Alfredo Morgado, el único avance ha sido que la empresa dice querer llegar a un acuerdo.
Dos semanas atrás, la inmobiliaria hizo una oferta para llegar a un acuerdo. Alejandra Monasterio, la vocera de la comunidad, prefiere no revelar de qué trató, pero asegura que era tan “ridícula”, que incluso el fiscal que investiga las responsabilidades penales de los daños en los edificios les recomendó rechazarla.
El viernes 24 de febrero, Alejandra y sus ex vecinos recibieron una carta. Una semana después del terremoto, varios fueron al Sernac para hacer una denuncia por la mala calidad de la construcción. Un año después los llamaron para solicitar más antecedentes. Ellos se lo entregaron. La carta que les llegó el viernes decía que cumplían con los requisitos para que se denuncia se configurara como una demanda colectiva. Para Alejandra y sus vecinos fue como una mala broma. Llamó al Sernac para preguntar, pero le dijeron que ya se había cumplido el plazo.


Condominio Hermanos Carrera
Dirección: Hermanos Carrera 2727, Maipú.
Constructora: Hermanos Carrera S.A.
Inmobiliaria: Hermanos Carrera S.A.
Características: Conjunto de cinco edificios de cinco pisos, con patio central y estacionamientos en el primer nivel. Un total de 110 departamentos.
Valor de los departamentos: UF 1.090
Antigüedad: Seis años. Se inició la venta en 2005.
Daños: Colapso general de la estructura de los dos edificios del ala oriente, los que presentan fallas en pilares, grietas en muros, pisos inestables, tabiquería rota, puertas descuadradas

27 de febrero de 2012.
Las dos torres que debían ser demolidas, según un decreto municipal de marzo de 2010, siguen en pie. Si la estructura sigue donde mismo, es porque el primer piso está lleno de pilares de acero que soportan su peso.
La administradora del inmueble, Cristina Segura, explica que la demolición se ha atrasado porque el fiscal que investiga las responsabilidades penales se ha demorado en la realización de los peritajes. Las primeras dos torres fueron reparadas por completo por la inmobiliaria con los seguros de los propietarios. El acuerdo al que llegaron los vecinos significó además que la empresa le devolvería los deducibles de los seguros y pondría $6.000.000 para la recuperación de los espacios comunes. La tercera torre no ha sido reparada por completo porque, como está unida a las otras dos que deben ser demolidas, no se harán las reparaciones en los departamentos contiguos hasta que sean erradicadas, ya que no se sabe cuál podría ser el impacto de esa acción sobre las viviendas.
Al momento del terremoto, los 36 departamentos de las torres desahuciadas estaban ocupados. Como el seguro liquidó esos departamentos, las familias recibieron el dinero del seguro y la empresa negoció con ellos de forma individual para una compensación económica. Alrededor de 20 aceptaron la oferta de $2,5 millones. Los demás, aún podrían dar inicio a una demanda civil.


Condominio Alto Maipú
Dirección: Segunda Transversal 2390, Maipú.
Constructora e Inmobiliaria: Santa Beatriz.
Características: Seis edificios con 504 departamentos.
Valor de los departamentos: Desde 700 a 990 UF
Antigüedad: Fueron entregados entre 2005 y 2007
Daños: Todos los edificios tienen daños, pero no necesariamente estructurales. Hay grietas en las paredes, fisuras en las losas, desprendimiento de cornisas y caída de muros medianeros.

27 de febrero de 2012.
Las cornisas que se desplomaron fueron reparadas y las grietas que antes cruzaban muros completos, también. Por fuera se ve que la vida ha continuado como si nada. Inmobiliaria Santa Beatriz arregló los espacios comunes y los departamentos. Lo único que recuerda al terremoto son los cambios de pintura en las paredes. Eso, y la inconformidad de los propietarios con los trabajos hechos. Algunos vecinos cuentan que las reparaciones son de mala calidad y que no se hicieron reparaciones estructurales.
Catalina Garrido cuenta que antes del terremoto, los habitantes del condominio se repartían en un 70 u 80% de propietarios y lo demás eran arrendatarios. Después del terremoto, la proporción se invirtió.
Aunque la inmobiliaria corrió con las reparaciones de espacios comunes e interiores de departamentos, muchos propietarios usaron el seguro para completar los arreglos.
Los bloques Doña Camila y Doña Marcela son los que resultaron más dañados y en ellos se tuvo que prácticamente rehacer el primer piso. Eso porque los extremos de los edificios se inclinaron unos centímetros. Y aunque se repararon, se han tenido que rehacer varios de los trabajos hechos. Hasta el momento, la Municipalidad de Maipú no ha hecho la recepción de las obras de reparaciones, por lo que oficialmente, el edificio sigue sin repararse.
Gustavo Toro es el abogado que representa a las 110 familias que demandaron a la inmobiliaria para que los indemnice por los daños y la mala construcción. Dice que los vecinos no están conformes con los trabajos hechos porque las deficiencias con la edificación es algo que al menos desde 2008 los vecinos vienen alegando.
La demanda se basa en que el suelo, en un terreno donde antes hubo un tranque, no es apto para la construcción de seis torres de cinco pisos y 504 departamentos. Además, aseguran que el material utilizado es de mala calidad. Que en los edificios se utilizaron hormigón para los tres primeros pisos, albañilería para los últimos dos y fierros muy delgados que con el sismo se quebraron. El juicio ya pasó por la parte documental y ahora queda la etapa de testigos y de peritajes. Toro piensa que este año la jueza del 27º Juzgado Civil de Santiago emitirá un fallo. Pero antes deben realizar los peritajes. Aunque no tienen plata para hacerlo. Por eso, ahora están recolectando entre los demandantes una cuota de $50.000 pesos y así poder realizar los peritajes de suelo y de resistencia de materiales.


Edificio Emerald
Dirección: Irarrázaval 2931/ Duble Almeyda 2942, Ñuñoa.
Constructora e Inmobiliaria: Paz Corp.
Arquitecto: Benjamín Paz Tchimino.
Calculista: Leopoldo Bresci, de VBM Ingeniería.
Características del inmueble: Son dos torres unidas por el subterráneo, estacionamiento y bodegas. La torre A tiene 20 pisos (incluyendo el quincho) y 170 departamentos; la B tiene 8 pisos y 60 departamentos. Aún se encuentra en venta el 30 % de los departamentos, aproximadamente.
Valor de los departamentos: Desde 1.600 a 4.000 UF.
Antigüedad: Dos años y cuatro meses.
Daños: La Torre A se inclinó y presentaba daño estructural en el subterráneo, las murallas y pilares. La torre B no presentaba daño estructural, pero sí destrozos importantes en departamentos y espacios comunes.

27 de febrero de 2012.
El edificio fue sometido a una exhaustiva reparación por más de un año y medio, y fue lanzado al mercado en enero de 2010 sin ofertas ni nada por el estilo ya que la calidad y seguridad del edificio quedó a prueba de casi todo, es decir, está en condiciones de resistir un terremoto de la magnitud del que se tuvo el 27F.
Las reparaciones del edificio fueron supervisadas por la empresa SIRVE y la política de la inmobiliaria ha sido no hacer diferencia entre ese y sus demás proyectos. Tras el reportaje de TVN y otra información aparecida en el diario La Tercera la empresa ha decidido no dar más declaraciones a ningún otro medio para no estigmatizar el edificio.
En estos momentos no hay moradores en la torre A (la que sufrió una importante inclinación), ya que la sala de ventas se abrió hace dos semanas. La torre B no sufrió daños, por lo que algunos propietarios de la Torre A se trasladaron a la B de manera definitiva. Otros dueños que vivían en la torre A se fueron a otros proyectos de la empresa y cerca del 15% exigió la devolución total de los dineros y eso quedó zanjado desde el segundo semestre de 2010. Hoy hay dos departamentos de la Torre A que están vendidos que corresponden a un inversionista que mantuvo sus propiedades. Según los encargados de comunicaciones de PAZ Corp, actualmente no hay ningún proceso legal con ex propietarios puesto que con todos se llegó a acuerdo.


Edificio Don Manuel
Dirección: Manuel Sánchez 3271, Macul.
Constructora: EBCO.
Inmobiliaria: Banmerchant.
Arquitectos: REC Arquitectos.
Características del inmueble: El edificio tiene 19 pisos y 152 departamentos.
Valor de los departamentos: Desde 1.400 a 2.600 UF.
Antigüedad: Tres años y cinco meses.
Daños: Asentamiento de losas, fisuras ornamentales en los departamentos y espacios comunes. El subterráneo tenía grietas en sus murallas y su techo se curvó.

27 de febrero de 2012.
El edificio está totalmente reparado desde mayo de 2011, lo trabajos demoraron cerca de un año. La empresa cumplió con los acuerdos y los propietarios quedaron conformes. El edificio luce como si el terremoto no hubiera pasado por él. “El edificio lo hicieron prácticamente de nuevo”, cuenta un empleado del edificio. No más de 10 familias son las que se quedaron en el edificio mientras se hacían las reparaciones. Los trabajos partieron desde los pisos superiores –piso19- y en la medida que fueron quedando listos esos departamentos, las familias se fueron trasladando a esos pisos, momentáneamente, hasta que sus departamentos quedaron arreglados. Hay cerca de 130 propietarios y quedan 20 departamentos que son de la inmobiliaria puesto que todavía no los ha vendido. Tras el terremoto se han vendido 4 departamentos.


Edificio Rafael Prado
Dirección: Rafael Prado 222/ Dublé Almeyda 2355, Ñuñoa.
Constructora: Ingevec.
Inmobiliaria: Simonetti.
Arquitecto: Simonetti Arquitectura.
Calculista: Paolo Simonetti Bagnara.
Características del inmueble: Torre de 20 pisos, 76 departamentos, con gimnasio, piscina y sala de eventos.
Valor de los departamentos: De 4.900 a 5.700 UF. Aún hay 7 departamentos sin vender (Se trata de uno de los proyectos inmobiliarios más caros de la comuna)
Antigüedad: Dos años y tres meses.
Daños: Con el terremoto se produjo desprendimiento de cerámica, ventanales quebrados, tabiquería rota, la loza del techo se fisuró y el muro de la salida de emergencia se quebró. El gimnasio y la sala de eventos resultaron seriamente dañados. Un topógrafo contratado por los vecinos y la inmobiliaria aseguraron que no se presentaron daños estructurales.

27 de febrero de 2012.
El edificio luce en buen estado. Según Iara Barrios, las reparaciones se llevaron a cabo prácticamente dentro de los plazos estipulados. Sin embargo, hay versiones disidentes. Mientras los daños en los pisos superiores fueron menores, residentes de los pisos más bajos se quejan de la calidad de las reparaciones y de la respuesta de parte de la empresa.
Marcela Marchant cuenta que su departamento fue reparado por la empresa debido a que de lo contrario no podría solicitar nuevos trabajos en caso de que quedaran mal. Pero el dolor de cabeza ha sido mayúsculo ya que han tenido que haces algunos trabajos más de cinco veces. Uno de los más evidentes, que CIPER pudo comprobar en terreno, es el ventanal que separa el living de la terraza el cual está evidentemente descuadrado y se necesita más que un simple empujón para abrirlo. Además, señala que los arreglos que se han hecho y las terminaciones han quedado peor que al principio.
Marcela debió desalojar el departamento por tres semanas para que se le hicieran los arreglos. A una semana de la entrega, nuevamente tuvo problemas con las mismas reparaciones que le habían hecho. Dice que apenas tenga la posibilidad de abandonar su actual departamento, lo hará.
La inmobiliaria pagó los arreglos de los espacios comunes y los daños estructurales de los departamentos. El acuerdo que se logró es que los daños estructurales de los particulares los pagaría la empresa y los daños arquitectónicos se financiarían con los dineros de los seguros de los propietarios.


Condominio Sol Oriente
Dirección: Macul 2301, Macul
Constructora: Sigro.
Inmobiliaria: Viva.
Características del inmueble: Son dos torres, una tiene entrada por Exequiel Fernández (A) y otra por Macul (B), en total son 280 departamentos.
Valor de los departamentos: Desde 1.100 hasta 3.000 UF. Queda un 10% aún en venta.
Antigüedad: La torre A, cuatro años; y la B, tres años.
Daños que se presentaron: El edificio se hundió 5 centímetros, los muros estructurales colapsaron y el octavo piso se desmoronó. La Dirección de Obras Municipales decretó inhabitable el edificio.

27 de febrero de 2012.
Inmobiliaria Viva y Constructora Sigro aún no dan soluciones a los propietarios de uno de los edificios más dañados de Macul. Algunos propietarios señalan que “solo hemos sabido de silencio de parte de los responsables”. El edificio está abandonado.
Ante la petición que los propietarios le hicieron a Viva respecto de la devolución total de los dineros, no ha habido respuesta. Tampoco han recibido alguna compensación económica.
La demanda civil presentada en junio de 2010 en el 24° Juzgado Civil de Santiago contra las empresas se ha tramitado lentamente ya que, varios propietarios presentaron demandas por su cuenta y ahora deben ser agrupadas por el tribunal en una misma causa. Hoy son más de 120 personas demandando a Sigro y a Viva. El 25 de noviembre de 2011 el tribunal nombró a Enrique Figueroa Echeverría como perito para visitar y evaluar el edificio dañado.
Tras la orden de inhabitabilidad y demolición de 2010, ni la inmobiliaria ni la constructora han presentando el proyecto para echar abajo el edificio. Sí presentaron una demanda civil para pedir la suspensión del decreto de demolición. Mientras tanto, los informes de las compañías de seguros, en su mayoría del Santander, señalan que este edificio no se puede reparar y que hay una trasgresión a la norma de diseño sísmico 433.
La inmobiliaria sigue cobrando los gastos comunes del edificio, aunque los propietarios no lo cancelan.


Edificio Los Cerezos
Dirección: Los Cerezos Nº 33, esquina Irarrázaval, Ñuñoa.
Constructora: Sigro.
Inmobiliaria: Viva.
Arquitectos: Ruiz Tagle- Vicuña Arquitectos.
Calculistas: Spoerer y Asociados Ingeniería Limitada, representada por Eduardo Spoerer Grez.
Características del inmueble: Edificio de una torre, 26 pisos y 202 departamentos, de los cuales había aproximadamente un 70% habitado a la fecha del terremoto.
Valor de los departamentos: Desde 2.000 UF a 4.000 UF.
Antigüedad: Un año y 11 meses.
Daños: Se presentaron en los niveles inferiores y afectaron a algunos elementos estructurales. Según el ingeniero calculista de la inmobiliaria, eran reparables.

27 de febrero de 2012.
El edificio se ve en buenas condiciones. Un conserje del edifico cuenta que muchos propietarios decidieron dejarlo tras las reparaciones en marzo de 2011. Según cuenta, de los cerca de 90 propietarios sólo quedan 60. De los restantes, ahora sus departamentos están arrendados.
El edificio parece nuevo y en la entrada del recinto hay letreros del departamento piloto de los edificios que quedan por vender –varios de ellos que están deshabitados desde antes del terremoto-. La oferta del dividendo no supera los 200 mil pesos y la tasa de interés es 0% por los dos primeros años. Decenas de personas visitan diariamente el departamento piloto.
Sylvia Yeomans tiene 82 años y vive hace 30 en Canadá. Compró un departamento “en verde” en el séptimo piso por 48 millones con el dinero de toda una vida para quedarse mientras está en Chile. Sin embargo, no le ha salido a cuenta. Tiene una jubilación baja por lo que está pensando en vender el departamento ya que no está conforme con la calidad de éste, pero está afligida porque entiende que el dinero que obtendrá por el departamento será bastante inferior al que pagó inicialmente. En marzo de este año parte nuevamente al país del norte y se indigna cada vez que piensa que todavía suben y bajan maestros desde los pisos superiores, los que todavía no se han vendido.


Edificio Regina Oriente
Dirección: Regina Pacis 760, Ñuñoa.
Constructora: Vital
Inmobiliaria: Penta
Características: Edificio de una torre con 21 pisos, 178 departamentos y piscina.
Valor de los departamentos: Desde 1.280 a 3.900 UF. Aún en venta 61 departamentos.
Antigüedad: Dos años y cinco meses
Daños: Uno de los pilares del primer piso presenta desprendimiento de hormigón por comprensión con enfierraduras pandeadas.

27 de febrero de 2012.
El edificio quedó completamente arreglado desde principios de febrero de 2011. Según Max Monreal, un vecino que habló con CIPER, Penta se sentó a conversar con los propietarios y llegaron acuerdos que satisficieron a la gran mayoría. Los trabajos consistieron en base al análisis del calculista original. Los daños, si bien fueron evidentes, no eran de consideración. La inmobiliaria les hizo una fiesta de bienvenida a los propietarios. “Logramos lo que queríamos. La inmobiliaria reaccionó en virtud de toda la presión que generamos con CIPER y con la demás prensa. Primero conseguimos el alojamiento para toda la gente, también con la devolución de dineros para los que se querían ir, y también para el 40% que nos queríamos quedar”, dice Monreal.
Las reparaciones se hicieron dentro de los plazos estipulados y se instaló iluminaria led para mejorar el edificio. En estos momentos no hay nada pendiente con los propietarios, los acuerdos fueron extrajudiciales por lo que no hay ningún proceso legal pendiente.


Edificio Nuevo Mundo II
Dirección: Gregorio de la Fuente 3268, Macul.
Constructora: Concreta.
Inmobiliaria: Santiago Tres S.A.
Características del inmueble: Edificio de dos torres unidas, 18 pisos cada una y 144 departamentos.
Valor de los departamentos: De 1.450 a 1.750 UF. Aún en venta 44 departamentos.
Antigüedad: Cuatro años.
Daños: Un pilar del primer subterráneo con desprendimiento de hormigón, refuerzos a la vista y deformados. El ingeniero calculista de la empresa, Rodrigo Mujica Vizcaya, realizó una inspección e informe en el que señalaba que había daños estructurales.

27 de febrero de 2012.
El edificio luce por fuera completamente reparado. Los arreglos fueron supervisados por el calculista del edificio. Sin embargo, unos 60 propietarios arreglaron sus departamentos con los dineros del seguro. Otros 30 llegaron a acuerdo con la inmobiliaria y le entregaron los dineros de los seguros para que ella les repare las viviendas. Los que compraron al contado, sólo algunos pudieron llegar a acuerdo con la inmobiliaria Santiago Tres. Otros seis aún no han arreglado sus departamentos y siguen viviendo con la evidencia del 27F bajo sus techos.
La demanda civil presentada por más de 60 propietarios está en proceso. En las semanas siguientes el tribunal hará solicitud formal para que las partes presenten las pruebas.
Según cuenta Mauricio Morales, residente del edificio, “ya hubo un comparendo entre las partes en que la empresa demandada rebatió lo que nosotros demandamos. A vuelta de marzo los tribunales deberían pedir las pruebas. Los abogados nos pidieron declaraciones juradas de nuestros familiares diciendo que tuvimos que vivir de allegados, en otros casos arrendando, llevando las cosas para algún lado”.
Los arreglos principales se terminaron en septiembre del 2010, sin embargo, Morales afirma que todavía se están llevando a cabo arreglos post terremoto, aunque menores.


Edificio Hipódromo Chile
Dirección: Avenida Hipódromo 1770, Independencia.
Constructora e Inmobiliaria: Nollagam Ltda.
Características del inmueble: Dos torres que cuentan con 21 pisos y 257 departamentos. Dos subterráneos con estacionamientos y un piso de área común.
Valor de los departamentos: Entre UF 900 y UF1400.
Antigüedad: Cuatro años.
Daños: El informe técnico del DICTUC declaró que el edificio presentaba un daño estructural leve, pero que no había tenido inclinación ni destrozos en los pilares. Sí hubo fisuras en muros, losas, escaleras, cerámicas, piscina y vidrios. Los destrozos se centraron en el sexto piso de ambas torres.

27 de febrero de 2012.
El edificio luce completamente arreglado desde afuera, pero por dentro todavía hay algunas cosas pendientes. Cristián Rojas, propietario y parte del comité del edificio, mostró a CIPER como la caja de la escalera sigue con fisuras y trizaduras, las cuales la inmobiliaria no ha querido reparar. Todo lo demás fue reparado y entregado en noviembre de 2010. Las molestias fueron, entre otras, convivir con una veintena de maestros mientras se reparaban los daños. El más grave fue el forado que se hizo en el techo de la recepción.


Condominio Parque Dorsal
Dirección: General Gambino 3.200, Conchalí.
Constructora: Viviendas 2000
Inmobiliaria: Viviendas 2000 / Fe Grande Inmobiliaria.
Características del inmueble: Veinte torres de cinco pisos cada una, con un total de 400 departamentos de entre 55 y 68 m2, en un terreno de 32 mil m2.
Valor de los departamentos: Desde UF 1.030
Antigüedad: Seis años. Las últimas etapas tienen tres años.
Daños: En las torres 1 y 2 hay rotura y caída de tabiques (en especial, el que separaba la cocina del living), dinteles, desprendimiento de cerámicas, grietas en los muros, roturas en la juntas de dilatación y daños en las escaleras. En las otras torres, lo que más se repite son grietas en muros, techos y dinteles.

27 de febrero de 2012.
Armando Coloma, encargado de la comunidad, señaló a CIPER que no existe ningún trabajo ni proceso legal pendiente. Todo quedó reparado hace más de un año. CIPER contactó a otros propietarios, quienes aseguraron que los trabajos se hicieron, pero quedaron mal hechos.


Condominio Jardín del Norte
Dirección: Santa Marta 6650, Huechuraba.
Constructora: Cypco S.A.
Inmobiliaria: Marafuera.
Arquitectos: Mora y Huberman, de Alejandro Huberman Rodríguez y Antonio Mora Vargas.
Características del inmueble: Dos torres de 20 pisos con 74 departamentos en total, lavandería, gimnasio, piscina y estacionamientos, entre otros servicios.
Valor del departamento: Entre UF 2.650 y UF 3.500.
Antigüedad: Seis años la torre A y cuatro años la torre B.
Daños: No hay compromiso estructural. Grietas y rotura de tabiques, puertas y cerámicas. Caída de dinteles y revestimiento de pintura en algunos pisos.

27 de febrero de 2012.
Elizabeth Barrios, presidenta del comité, explicó a CIPER que los trabajos de reparaciones finalizaron en noviembre de 2011 y que en conjunto la comunidad no tiene ninguna demanda civil presentada contra la inmobiliaria. Sin embargo, existe un reducido grupo de ex propietarios que sí presentaron acciones judiciales. Otros residentes del condominio admitieron que todavía existen filtraciones desde los jardines hacia los estacionamientos subterráneos.


Condominio Los Reyes
Dirección: Pedro Fontova 7788, Huechuraba.
Constructora: Jahuel Ingeniera y Construcción Limitada
Inmobiliaria: Quinched S.A.
Arquitecto: Cristián Boza & Asociados.
Características del inmueble: Dos torres de ocho pisos, con departamentos de 112 a 165 m2. Los edificios tienen piscina, quincho, spa y jardín.
Valor de los departamentos: Entre UF 3.600 y UF 4.600
Antigüedad: Seis años la torre Rey Arturo y tres años la torre Reina Sofía.
Daños: Se doblaron y cortaron las enfierraduras de pilares en el primer piso. Se destruyeron las calderas. Los ascensores quedaron inutilizados. Algunos balcones se inclinaron y se abrieron grietas en muros y puertas.

27 de febrero de 2012.
Recién hace dos meses comenzaron los trabajos de reparación. Los edificios “Reina Sofía” y “Rey Arturo” parecen en proceso de construcción. Los propietarios decidieron no entablar acciones legales contra la inmobiliaria. De hecho, llegaron al acuerdo que con los dineros de los seguros se harían los trabajos para corregir las fallas. Varios departamentos, al momento del terremoto, no se habían vendido por lo que los gastos en reparaciones de aquellos corren por parte de la empresa. Se estima que la entrega de los trabajos sea en julio de este año. La empresa con que se está trabajando ahora fue licitada por los mismos propietarios. Hasta entonces, no se levantará la clausura.


Edificio Vista Hipódromo
Dirección: Avenida Hipódromo 1631, Independencia.
Constructora: Mujica y González.
Inmobiliaria: Independencia S.A.
Características: 21 pisos, con un total de 147 departamentos.
Valor de los departamentos: Entre UF 1.600 y UF 1.800
Antigüedad: Tres años.
Daños: Declarado inhabitable por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Independencia el 28 de febrero. El viernes 12 de marzo los propietarios recibieron un informe preliminar del Dictuc que rechazó de plano el colapso del edificio. Sin embargo, entregó numerosas recomendaciones para estabilizar la torre.

27 de febrero de 2012.
El edificio se encuentra abandonado y con los evidentes rasgos del terremoto. Además, sin mayores medidas de seguridad que alejen a los transeúntes. Vecinos del edificio cuentan que algunas veces se ve gente adentro cumpliendo labores de vigilancia, pero cuando CIPER visitó el recinto nadie contestó a nuestros llamados. CIPER intentó comunicarse con propietarios para saber en qué situación se encuentran, pero no fue posible. Lo mismo con Independencia S.A.


Publicado originalmente en CIPER (27/2/2012)

viernes, 17 de febrero de 2012

INFORME DEL CDE DESTROZA ACUERDO QUE FIRMÓ EX ASESOR CLAVE DEL CASO KODAMA EN CHICUREO

En 2007, el “asesor” de los canteros de Colina, el abogado Álvaro Baeza, firmó un Acuerdo Marco que le entregó el 70% de sus terrenos en Chicureo a una empresa inmobiliaria. De los $800 millones que se pagaron, los mineros no vieron nada. Todo fue a la cuenta de Baeza, el mismo asesor clave de la ex ministra Matte en el caso Kodama. Ese acuerdo, que lo tiene enfrentado con la justicia, hoy es el tope para que la zona sea declarada Monumento Nacional. Pero un informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE) destrozó ese acuerdo, el que califica más que como una compraventa, como un despojo.





La fiesta se desató apenas terminó la reunión que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sostuvo el 13 de enero de 2010. Un año y medio antes, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina había presentado una solicitud para que el pueblo ubicado a 16 kilómetros de Santiago y las pertenencias mineras que le han dado vida desde fines del siglo XIX, sean declarados Monumento Nacional. Decían que sólo así podrían protegerse por ley su forma de vida y los 125 años de historia y actividad productiva en las canteras que tienen en Chicureo, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Santiago y uno de los más importantes trofeos que hoy disputan empresas inmobiliarias.

Como consta en el acta de aquella reunión, ese miércoles de enero de 2010 se aprobó por ocho votos a favor y tres abstenciones la solicitud de los trabajadores de las piedras: las antiguas canteras en desuso pasaban a ser Monumento Histórico y el pueblo y las seis canteras en plena explotación se transformaban en Zona Típica. Apenas se dio aviso del resultado de la votación, los cerca de 300 canteros que esperaban afuera comenzaron en la misma calle las celebraciones. Para ellos era un triunfo. En cosa de días se los arrebataron.

Para que entrara en vigencia la designación de las nuevas áreas protegidas, la entonces ministra de Educación y presidenta del CMN, Mónica Jiménez, debía firmar un decreto que así lo estipulara. Pero no lo firmó. En marzo de ese año ella dejó el cargo y el nuevo ministro, Joaquín Lavín, tampoco lo hizo. En febrero de 2011, como señala El Mostrador, un grupo de organizaciones ciudadanas presionaron para que se sellara el acuerdo del CMN, acusando que la negativa de los ministros a firmar el documento se debía a presiones de los proyectos inmobiliarios en el sector.

Frente a las presiones, y “ante la eventual declaración de Zona Típica de las canteras uno a seis”, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un informe jurídico “tanto desde la perspectiva civil como penal” sobre un contrato suscrito en mayo de 2007 entre la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina y la Sociedad Inmobiliaria La Reserva S.A., un documento que selló la cesión de 210 hectáreas a la empresa inmobiliaria y que derivó en litigios judiciales por estafa, apropiación indebida y prevaricación en contra del hombre que “asesoró” a los canteros y se quedó con los $800 millones que significó la transacción: el abogado Álvaro Baeza Guiñez.

El nombre de Baeza y su rol en ese “Acuerdo Marco” habrían pasado por alto si no fuera porque su papel como asesor de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue clave en el pago irregular de $17.000 millones por parte del Serviu a la constructora Kodama por el atraso en la construcción del corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda. La investigación de ese caso en Contraloría terminó con la renuncia de Matte y con la formalización que se llevará a cabo en marzo de Baeza y otros funcionarios del Serviu y el Ministerio de Vivienda por fraude al fisco.

El acuerdo gestionado por Baeza entre los canteros y la inmobiliaria se convirtió en la piedra de tope para que el Ministerio de Educación decretara vigente la decisión del CMN. Por eso, se le pidió al CDE que lo analizara. El pasado 2 de enero, el presidente de la entidad, Sergio Urrejola, le envió al actual ministro de Educación, Harald Beyer, el informe solicitado. El oficio resultó demoledor.


EL ACUERDO DE LA DISCORDIA

Aunque en 2006 una sentencia de la Corte Suprema indicó que el terreno era propiedad de los canteros, Inmobiliaria La Reserva S.A. insistía en que ambos detentaban derechos de propiedad y de concesión minera sobre los mismos terrenos en una extensión de aproximadamente 260 hectáreas. Ante esa ofensiva, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina requirió con urgencia asistencia legal para preservar sus pertenencias mineras en el subsuelo de 300 hectáreas de Chicureo. Se la ofreció la empresa Canteras Quintay S.A., cuyo único interés aparente en la disputa era adquirir a los canteros la roca molida. Ambas entidades formaron parte del Acuerdo Marco bajo la representación de Baeza. Los canteros nunca supieron que él era socio de Canteras Quintay S.A. y tenía interés económico en el negocio que se estaba gestando.

Las primeras cinco páginas del informe elaborado por el CDE analizan en detalle las características del Acuerdo Marco que se firmó en mayo de 2007. Según el CDE, el contrato corresponde a un “acto que se le denomina finiquito, que jurídicamente tiene valor de una transacción extrajudicial”, y su objeto era dejar sin efecto los procesos judiciales previos, lograr el desarrollo sustentable de las actividades tanto de los mineros como de la inmobiliaria y dar por terminadas las controversias judiciales anteriores.

El acuerdo terminó por sellar el traspaso y compraventa de 210 hectáreas por parte de los canteros a la inmobiliaria, el 70% del terreno dedicado a la explotación minera. También se acordó el usufructo minero y la servidumbre negativa a favor de La Reserva S.A. y que los canteros arrendarían pertenencias mineras a Canteras Quintay S.A. Por cada uno de los contratos se estableció como precio un peso. Además, “como contraprestación económica por cualquier causa pasada, presente o futura con relación a este acuerdo, a la actividad canterera y a las causas señaladas (…) y, en particular, por el costo que ha significado a Los Canteros los distintos juicios”, se estableció que la inmobiliaria pagaría un total de 40.000 UF ($800 millones) a la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. Pero los trabajadores no vieron ni un solo peso.

El informe dice: “En el mismo acto y por instrucción de Los Canteros, se paga por cuenta de aquellos a la oficina de abogados Baeza y Compañía Ltda., pagando en efectivo a Álvaro Baeza, quien los recibe como contraprestación por los servicios prestados a Los Canteros, declarando Los Canteros recibir dicha suma a su entera satisfacción”.

Los dineros de la transacción fueron a parar al bolsillo del abogado Álvaro Baeza. En ninguna parte del documento dice que esa plata fue el precio de la compra de los terrenos, sino que se establecen como una “contraprestación económica”. Ese es sólo uno de los puntos que el CDE consideró no sólo para considerar el acuerdo lleno de vicios que podrían causar su nulidad, sino que también para calificarlo como “un ardid engañoso”.


EL DERRUMBE DEL CONTRATO

Luego de exponer sus características, el informe del CDE detalla punto por punto las “peculiaridades” que ponen en entredicho la validez del acuerdo entre los canteros y la inmobiliaria.

El documento indica que para que el acuerdo se haya llevado a cabo, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina debía aprobarlo a través de su Asamblea de Socios, pero no consta en ningún documento que así haya ocurrido. De hecho, sobre el mismo punto, el informe del CDE señala que el entonces presidente de los canteros, Elías Aravena Villarroel, convocó de manera irregular a una Asamblea el 19 de abril de 2007, y agrega: “Abusando de la ignorancia de los convocados y la confianza depositada en el abogado ‘asesor’, se obtuvo que los asistentes respaldaran en un 100% a la directiva en el cierre y firma final del acuerdo. No se dejó constancia en el acta ni en qué consistía el acuerdo, ni las partes del mismo ni ninguna otra circunstancia que lo hiciera inteligible. La exposición de un ‘posible acuerdo’, como refirió Baeza en la Asamblea, se hizo de modo verbal con planos y se evitó por el entonces presidente del directorio, dejar cualquier constancia escrita de lo aprobado por la Asamblea por razones que hoy se tornan obvias”.

Lo anterior, según el CDE, no sólo constituiría causal de nulidad del acuerdo, sino que además se configuraría el delito de estafa, ya que los canteros habrían sido engañados para llevarlo adelante. De acuerdo a lo que Nicolás Candel denunció en una columna publicada en CIPER, después de firmado el acuerdo Aravena “se fugó” a Casablanca donde construyó una casa y un nuevo taller de piedra.

El informe también dice que lo que se denomina como servidumbres negativas, no existe conceptualmente. Además, como el mismo acuerdo indica, en agosto de 2006 la Corte Suprema dictó sentencia sobre la propiedad de los terrenos en disputa y dijo que las 300 hectáreas eran de los canteros. “La referencia a ese juicio como asunto pendiente no es pertinente”, dice el informe del CDE, y agrega que sobre los otros juicios no se informa ni sobre qué tratan ni en qué estado se encuentran, por lo que no existiría causa que justifique la transferencia, lo que sería causa de nulidad absoluta. Y que si la hubiera, el documento no cumple “con el requisito esencial de contener concesiones recíprocas, siendo posible sostener que hay más bien renuncias de derechos no disputados”. O sea, que el acuerdo carga la balanza a favor de la inmobiliaria, la que obtiene las 210 hectáreas a cambio de prácticamente nada. Otra causal de nulidad.

El CDE también cuestiona los precios a los que se refiere el acuerdo. Como el valor de la compraventa, los usufructos y las servidumbres a favor de Inmobiliaria La Reserva S.A. se fijan en un peso, el informe indica que es otra causal de nulidad absoluta, ya que “no es un precio serio, por lo que puede afirmarse que no existe precio”.

En todo caso, para que el documento se declare nulo, el Tribunal Arbitral que el mismo acuerdo designa debe hacerlo. Pero los “árbitros arbitradores” son el mismo Baeza y el abogado de la inmobiliaria, Gabriel José Vial Vial, y las partes no pueden alegar, una cláusula que el CDE también cuestiona en su informe.


QUERELLAS BIEN FUNDADAS

Después de que se firmara el acuerdo y los canteros perdieran el 70% de sus terrenos, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina estableció una querella contra los representantes y directivos de Inmobiliaria La Reserva S.A. y el abogado Álvaro Baeza por estafa, apropiación indebida y prevaricación. Esas acciones legales se fundan, según el informe del CDE, “en la utilización de ardides y engaños por parte de los querellados para obtener la suscripción de 12 escrituras públicas que determinaron la enajenación de 210 hectáreas de terreno superficial que corresponde a pertenencias mineras de propiedad de los querellantes, con el despojo y el perjuicio económico correspondiente”.

El análisis que realizó el departamento jurídico del CDE indica que “en base únicamente a la relación de los hechos de la querella”, pareciera tener buen fundamento jurídico. De ahí que en sus últimos dos párrafos señale que en caso de obtenerse sentencia condenatoria penal, podría darse la posibilidad de solicitar la nulidad, a lo menos relativa, del Acuerdo Marco, lo que permitiría que se volviera al status quo previo a los delitos cometidos.

Sobre la posibilidad de que se declare definitivamente el área como Zona Típica, el informe dice que es necesario otorgarle cierta protección al sector Las Canteras, si es que el CMN lo considera apto para ser declarado como tal. Ello, porque el Acuerdo Marco gestionado por Baeza, a juicio del CDE, “es un acto reñido con la ética por parecer más un despojo que un acto libre y voluntario de disposición de bienes”.


Publicado originalmente en CIPER (14/2/2012)

sábado, 4 de febrero de 2012

LOS SEÑORES DE LA PESCA

Con el apoyo de las autoridades del gobierno, un grupo de poderosas familias chilenas se ha asegurado altísimas cuotas de captura que se contraponen con las recomendaciones científicas. Este reportaje forma parte del proyecto de investigación conjunta que realizaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto a CIPER e IDL-Reporteros (Perú) sobre la depredación del jurel en el Pacífico Sur. Ésta es la versión en español del artículo que se publicó en iWatch, el sitio web del Center for Public Integrity que agrupa todas las investigacioines de ICIJ.



A BORDO DEL SANTA MARÍA II, CHILE - Son las 10:30 de un domingo de agosto, a siete millas del Puerto de Corral, y los tripulantes del Santa María II recogen la red después de tenerla media hora en el agua. El capitán Eduardo Marzán observa desde el puente, su rostro desanimado. A su izquierda, otros 14 barcos navegan lentamente en círculos como él también lo ha hecho durante los últimos cuatro días en su búsqueda infructuosa de sardinas.

El gobierno reportó en 2010 que las sardinas aún son abundantes en aguas chilenas, mientras que el jurel encabeza una lista de 13 especies que estaban sobreexplotadas o altamente explotadas. Hoy, incluso las sardinas son escasas.

El Santa María II pertenece a Lota Protein, del Grupo Koppernaes en Noruega, que hasta diciembre de 2011 peleó una guerra de 21 meses con ocho grupos que poseen los derechos para extraer el 87% del jurel en aguas chilenas, como también la mayoría de sardina, anchoveta y merluza. Lota protein dice que las subastas de las cuotas le daría a otros una repartición más justa.

Poderosas familias chilenas controlan esos grupos. Ellos son, en esencia, los dueños de la pesca en Chile.

Un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con CIPER, muestra cómo en las últimas décadas los gobiernos sistemáticamente les han permitido desobedecer a los científicos y asegurar cuotas altas y poco realistas. Esto ha contribuido significativamente al precipitoso colapso del jurel en el Pacífico Sur, que una vez fue una de las zonas de pesca más ricas del mundo.

El Santa María II busca en vano. Finalmente, el sonar señaló un cardumen, y los tripulantes arrojan la red de cerco cuatro veces. Apenas 40 toneladas van a dar a las bodegas que pueden almacenar 850. Marzán abandona su optimismo habitual. Las autoridades han adelantado la veda anual de dos meses para proteger a las sardinas y comienza esta medianoche, en sólo unas horas.

Ningún otro pitido aparece en el sonar, y Marzán da la orden a su nave de volver a casa. Le pregunto si no les convendría salir a por jurel y él lanza un suspiro. Hasta hace unos años, responde, se hubiera embarcado hacia “La Feria”, un pequeño sector a unas 30 millas de la costa donde en las noches buenas los barcos cerqueros eran tan numerosos que sus luces parecían una ciudad flotante. Esos días se han ido.

Por radio, varios capitanes alejados en aguas abiertas más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) le han dicho a Marzán que han pasado 15 días pescando y sus bodegas siguen prácticamente vacías.

Mario Ulloa, piloto del Santa María II, recuerda esos días gloriosos: “Solíamos llegar y echar la red. Llenábamos las bodegas de una sola tirada y partíamos de vuelta al puerto con una carga completa de jurel. Salíamos unas dos o tres veces al día. Había mucha pesca, pero no la supimos cuidar”.


CONTROLES FLEXIBLES, STOCKS QUE SE DESVANECEN

La Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), uno de los dos códigos pesqueros en Chile, se remonta a 2001. Durante los ’90, los chilenos capturaron más de 28 millones de toneladas de jurel, y el gobierno dijo quería un mejor control. La ley dio a los pescadores artesanales –actualmente hay más de 80.000– acceso exclusivo al jurel dentro de las primeras cinco millas desde la costa y al 5% de la cuota global. Los dueños de las naves industriales obtuvieron lo demás.

Poco después, los peces grandes se comieron a los pequeños. Las compañías más grandes compraron competidores. Ellos han firmado contratos con los pescadores artesanales para adquirir sus cuotas. Juntos, funcionan como un crédito pesquero informal, una red interconectada en la que unos tienen acciones en otras. Y juntos se agrupan para defender intereses comunes.

El gobierno no cobra por las cuotas de captura. Las compañías pagan sólo una patente basada en el tonelaje grueso de sus naves, alrededor del 2% de sus ingresos por exportaciones, que le significan al Estado chileno una entrada por US$ 30 millones al año. El gobierno planea agregar un royalty a partir de 2013, reconociendo a la pesca, como la minería, como un recurso extractivo. La industria está tratando de bloquearlo.

Los chilenos capturaron el 74% del jurel desembarcado en el Pacífico entre 2000 y 2010, pero después de 2005 la competencia creció intensamente. Una veintena de países formaron la Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés), y las naves pesqueras más grandes del mundo ahora navegan poco más allá de las aguas chilenas.

El número de peces en Chile es tan bajo que la flota no han alcanzado su cuota completa desde 2007. En 2010, el límite de capturas para el jurel era de 1,3 millones de toneladas. Las redes capturaron menos de 465.000. Lota Protein tiene el 1,4% de la cuota de jurel y 1,2% de sardinas. No pescó lo suficiente en 2011 para completar siquiera esos niveles.

Se suponía que la LMCA duraría dos años, pero los amos de los peces hicieron un duro lobby y aún está vigente. Se espera que una nueva ley sea aprobada a principios de 2012, pero en gran parte extiende el status quo. Permite la licitación si el jurel resulta ser inusualmente abundante y permite más acceso a otras especies.

En Chile, las autoridades proponen las cuotas basadas en las recomendaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el instituto pesquero financiado por el fisco. Después, esas propuestas se envían al Consejo Nacional de Pesca (CNP), compuesto por funcionarios públicos, dirigentes de asociaciones gremiales, un abogado, dos ingenieros comerciales y dos biólogos marinos. Pero el 60% del los integrantes del CNP son de la industria, y la mayoría manda.

Si el CNP rechaza la propuesta, la nueva cuota se establece automáticamente en 80% en relación a la del año anterior. Sin embargo, el proceso puede ser más complejo. Para 2009, mientras el stock de jurel se iba en picada, IFOP recomendó 750.000 toneladas. El gobierno propuso 1.400.000 toneladas –casi el doble– y el CNP lo aprobó.

Eduardo Tarifeño, en la Universidad de Concepción, uno de los biólogos marinos del CNP, dice que ha hecho un pequeño impacto. “Todo está discutido y ya cocinado antes de que entremos a las sesiones”, dijo a ICIJ. “La industria conversa con el subsecretario de Pesca y le pregunta cuánto está pensando en proponer. Luego ellos le dicen que necesitan más toneladas para mantener a la industria funcionando”.

En 2010, el gobierno se puso firme después de que los científicos del IFOP, quienes reportaron casi seis millones de toneladas en aguas chilenas en 2001, no encontraran ninguna en 2009. Presionó por un corte del 76% a 315.000 toneladas en 2011, y el CNP lo aprobó.

Pero después, esa dirección promisoria se revirtió. El pasado 20 de diciembre, con Tarifeño ausento porque estaba dictando clases, el CNP rechazó un corte significativo para 2012.

Mientras se espera que la nueva ley altere el rol que tendrá el CNP a contar de 2013 y disminuya la influencia de la industria, Tarifeño dice que sólo una veda de cinco años en la pesquería del jurel podrá salvarlo.


JUEGOS DE PODER Y PRIVILEGIOS

A medida que la crisis empeora, funcionarios de gobierno y los líderes de la industria intercambian acusaciones, cada lado acusando al otro y responsabilizándolo de la depredación de los peces.

Pablo Galilea, el subsecretario de Pesca, culpa a las grandes empresas –y a las administraciones anteriores que permitieron el lobby– por pescar demasiado. En diciembre dijo al diario El Mercurio: “Las pesquerías fueron administradas con una visión de corto plazo, lo que provocó daños irreparables en los recursos”.

Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes, una de las dos mayors asociaciones gremials del sector en el país, dijo a ICIJ que las autoridades, y no el CNP, han fallado. Si el gobierno hubiese querido proteger a los peces, aseguró, debería haber impuesto progresivamente cuotas menores.

Dijo además que el gobierno ha abusado de la controversial categoría de capturas conocidas como “pesca de investigación”, que le ha permitido a algunas empresas pasar por encima de las tallas mínimas legales de captura. Moncada individualizó a las empresas del norte, donde el influyente empresario Roberto Angelini controla tres cuartos de la pesca de jurel en una zona crucial para su reproducción.

“La captura de peces bajo talla o juveniles en el norte, ha puesto al recurso en un grave riesgo”, dijo Moncada.

Chile reserva el 3% de su cuota de jurel para la investigación, sin límites de talla. Los científicos sólo usan una fracción de lo que se captura; lo demás va a la industria. Pero las autoridades chilenas confirmaron a ICIJ que por años esta excepción se ha aplicado a todo el jurel que se pesca en el norte. Sólo en 2011, esto pudo aumentar la cuota de “investigación” al 17% de la cuota global, cerca de 48.000 toneladas.

De hecho, los reportes del gobierno demuestran que la mayoría de los peces capturados en el norte de 1998 han sido juveniles.

Mientras tanto, una ley reciente disminuyó la talla mínima del jurel en el norte de Chile desde los 26 centímetros a 22 centímetros. En contraste, el tamaño límite para pescar jurel en Perú es de 31 centímetros.


EL HEREDERO

Además de sus intereses pesqueros, el imperio de Roberto Angelini también incluye la más grande empresa de petróleos en Chile, con 620 estaciones de servicio. Él es presidente de Copec S.A., que pertenece en un 60% a su familia, un conglomerado que se extiende a la madera, celulosa, minas, electricidad, retail y franquicias de vehículos.

Los chilenos llaman a Angelini, de 63 años, “el heredero”. Él se hizo cargo de su tío, Anacleto, quien emigró de Italia en 1948 y se casó con una chilena. El año que Anacleto murió, 2007, la revista Forbes lo situó como el hombre más rico de Sudamérica, con una fortuna estimada en US$ 6.000 millones.

Cuando Roberto era aún un adolescente, sus padres lo enviaron a vivir con su tío. Él fue al Verbo Divino, el colegio católico favorito de la elite chilena, donde también estudió el Presidente Sebastián Piñera. Después de graduarse de la Universidad Católica, fue por su propio camino. Pero en dos año se unió al negocio familiar en una de sus principales áreas: la pesca. En cosa de años, Anacleto lo nombró como su sucesor.

Actualmente, las compañías pesqueras de Angelini, Orizon y Corpesca,controlan el 29,3% de la cuota global de jurel en Chile. Juntas, las dos compañías producen el 5,5% de la oferta mundial de harina de pescado.

Intensamente reservado, Angelini rehuye a entrevistas y fotografías. De hecho, rechazó emitir comentarios para este reportaje. Unas pocas fotos lo muestran con el cabello cano, elegante y saludable, la mayoría de las veces con una corbata roja oscura. Cuando Italia le dio la orden del mérito, accedió a hablar sólo frente a un pequeño grupo selecto de invitados a la embajada en Santiago.

Rodrigo Sarquis es otra figura primordial. Su fortuna proviene sólo de la pesca. El abuelo de Sarquis comenzó una pequeña compañía en 1961. Recientemente su compañía adquirió el control de varias empresas más pequeñas y en 2011 se fusionó con un competidor para crear Blumar S.A. La empresa tiene la porción más grande de jurel en el país: 18,6%. Sarquis es presidente de la principal asociación de industriales pesqueros, Sonapesca, y hasta diciembre de 2010 fue miembro del CNP.

Roberto Izquierdo Menéndez, 71, asumió el asiente de Sarquis en el CNP. Su familia posee dos empresas pesqueras, Alimar y Sopesa, y lideraun conglomerado que participa en la mayor compañía de telecomunicaciones del país, el principal periódico de negocios, la única empresa chilena que produce polipropileno, una enorme compañía forestal y papelera en Concepción y, desde 2010, en una central termoeléctrica. Perdió una batalla por tierras con el ecologista norteamericano Douglas Tompkins, quien estableció una vasta reserva en el sur de Chile.

Jorge Fernández y los hermanos Jan y Klaus Stengel fusionaron la mayor parte de sus operaciones pesqueras después de años compitiendo entre sí. Juntos, hoy controlan el 17,2% del jurel que se pesca en Chile. Ambos son activos en negocios separados, incluyendo granjas de salmón en el sur de Chile, las que dependen fuertemente de la harina de pescado hecha con jurel.

Francisco Javier Errázuriz, 69, mantiene una pequeña cuota, pero es un colorido miembro del grupo. Conocido como “Fra-Fra”, fue un candidato de centro derecha para la Presidencia en 1989, y más tarde fue electo senador. Mientras estaba en el Congreso, fue multado y condenado a una pena remitida por secuestro y agresión por una disputa sobre aguas.

Recientemente, Errázuriz fue acusado de trata de personas, con cargos por haber ingresado ilegalmente al menos 150 paraguayos para trabajar en sus campos. En octubre, justo cuando el fiscal lo iba a formalizar, sufrió un ataque cardiovascular. Aún está hospitalizado. Su compañía no respondió a los intentos de ICIJ por conseguir un comentario, pero su hijo Francisco Javier ha negado públicamente las acusaciones contra su padre, argumentando que todo ha sido un montaje del gobierno.

Sarquis, Fernández e Izquierdo tampoco dieron comentarios para este reportaje.


“EL MAR PERTENECE A LOS EMPRESARIOS”

En el Santa María II, Jaime Araneda habla sobre su familia de pescadores, desde su abuelo. Él ha trabajado por 11 años en las flotas de las grandes compañías. Ahora teme por su futuro.

Cuando comenzó a pescar, los botes volvían después de tres o cuatro días, siempre llenos de jurel. Hoy van a altamar, más allá de las aguas chilenas, por al menos 12 días. Y casi siempre vuelven prácticamente vacíos.

“El mar no es de los chilenos”, dice Araneda. “Es de los empresarios. Si la cosa sigue así, de aquí a uno o dos años más ya no va a haber qué pescar en Chile”.


Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

Publicado originalmente en ingles en The Center for Public Integrity (EE.UU.) (25/1/2012)

viernes, 3 de febrero de 2012

LA HISTORIA QUE ACUSA A LAS PESQUERAS CHILENAS POR LA ESCASEZ CRÍTICA DE JUREL

La irrupción de buques factoría extranjeros en el Pacífico Sur amenaza los intereses pesqueros chilenos. Para remediarlo, Chile ha sido uno de los principales impulsores de una Organización Regional de Pesca que regule la explotación de recursos en la zona sur del océano más grande del mundo, y que se reúne este 30 de enero en Santiago. Frente a la escasez crítica de jurel, la industria pesquera local le endosa la sobreexplotación a naves extranjeras. Pero con el 74% de las capturas registradas entre 2000 y 2010, la mayor parte de la culpa recae en las pesqueras y en las autoridades chilenas.


Vea además: "La guerra por la redistribución del mar", "El saqueo del mar chileno", "Los nueve dueños del mar chileno" y "La pesca descontrolada del jurel en Perú".


Son las 10:20 del domingo 7 de agosto de 2011. En la cubierta del barco Santa María II, que navega a siete millas del puerto de Corral, sus tripulantes se afanan recogiendo la red que hace media hora echaron al agua. Asomado a la ventana de su cabina sigue los movimientos, con rostro serio y desanimado, el capitán de la nave: Eduardo Marzán. Hacia el oeste, se divisan otras 14 embarcaciones industriales que se desplazan lentamente buscando bancos de sardinas. Es lo mismo que viene haciendo desde hace cuatro días la nave que comanda Marzán.

Según un informe que publicó la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de Chile en septiembre de 2010, la sardina común es una de las cuatro pesquerías de peces que en este país aún está en niveles seguros de conservación. Como las otras 13 están altamente explotadas o sobreexplotadas, algunos expertos señalan que la sardina es prácticamente la única pesquería de importancia que estaría quedando en abundancia en aguas chilenas. Pero aún así es difícil capturarla. El Santa María II zarpó de Lota el miércoles por la noche y navegó los dos días que siguieron sin encontrar nada. Recién ayer, al tercer día de búsqueda, la mancha en el sonar indicó que había peces. Durante esa jornada la tripulación arrojó la red tres veces al mar y aunque en la bodega caben unas 850 toneladas de pescado, ni siquiera con la pesca de la cuarta tirada, la que Marzán observa desde su cabina cuando es succionada y bombeada hacia las bodegas, lograron superar las 40 toneladas.

-Me gusta embarcarme con usted, capitán, porque nunca pierde la esperanza –le dijo Mario Rodríguez, el motorista del barco, a Marzán hace un par de días durante la cena.

Pero el capitán está desalentado: sabe que le queda poco tiempo, que la veda biológica anual de dos meses para la sardina común y la anchoveta se adelantó y comienza esta medianoche. Si el Santa María II no pesca una buena cantidad de sardinas hoy, deberá esperar dos meses para volver a intentarlo.

La operadora del Santa María II es Lota Protein S.A., la empresa de capital noruego que desató el año pasado una guerra entre las pesqueras industriales chilenas al exigir al gobierno la licitación de las cuotas individuales a partir de 2013 y así conseguir más de lo que le corresponde hasta hoy. La compañía es titular del 1,5% de la cuota industrial chilena de jurel, 0,05% de anchoveta, 2,07% de merluza de cola y 2,39% de sardina común. Y aun con la garantía que le dan las cuotas individuales que se le asignaron en 2001, no ha logrado llenar sus bodegas en todo el año.

Pasan las horas y no hay manchas en el sonar. Marzán da la orden a su tripulación: el barco emprende su regreso. Cuando se le pregunta al capitán si no les convendría volver a embarcarse, pero esta vez para pescar jurel, Marzán responde contando la historia de un lugar al que le decían “La Feria”, donde hasta hace unos años los pescadores de la Región del Biobío iban a buscar jurel, el principal recurso pesquero chileno. Cuenta que “La Feria” estaba a unas 30 millas al oeste de San Vicente, entre Punta Tumbes e Isla Santa Marta, a sólo un par de horas de navegación. Marzán recuerda que por las noches las luces de los barcos que allí pescaban parecían a lo lejos una pequeña ciudad que flotaba en el mar. El piloto de la nave que lo acompaña en la cabina, Mario Ulloa, complementa la descripción de Marzán:

-Era cosa de llegar y hacer el lance. Llenábamos las bodegas de una sola tirada y partíamos de vuelta al puerto llenos de jurel. Lo hacíamos unas dos o tres veces al día. Teníamos mucha pesca, pero no la supimos cuidar –recuerda Ulloa.

Hoy el jurel encabeza la lista de pesquerías sobreexplotadas de la Subpesca. Ya no existen ni “La Feria” ni los viajes de dos horas para llenar con un solo lance las bodegas. De acuerdo a los sondeos hidroacústicos realizados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), ya prácticamente no queda jurel en aguas chilenas.

Marzán dice que se ha comunicado por radio con otros barcos chilenos que se encuentran afuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que le han dicho que allá también hay muy poco que pescar, que han pasado 15 días desde que zarparon y que sus bodegas siguen prácticamente vacías. Además, allá tienen que competir con las enormes naves-fábrica extranjeras en una zona que aún es terreno sin regulación. Todo ello impone a Marzán y a su tripulación la decisión: no vale la pena embarcarse por ahora para ir por jurel.


LA SELVA DE ALLÁ AFUERA

Lejos está la época en que la llegada de esos enormes barcos para pescar frente a la costa chilena, a más de 200 millas, en aguas internacionales, no representaba ningún problema. Había abundancia de sardinas, anchovetas y jurel, las tres especies pelágicas que representan el 70% de lo que capturan las pesqueras de Chile y que históricamente han estado dentro de la zona marítima nacional. Una industria local que fue en auge hasta consolidarse desde mediados de los ’80 como la segunda productora mundial de harina de pescado, y sin necesidad de salir a buscar los peces fuera de su ZEE. Pero todo aquello cambió.

Como es una especie transoceánica, el jurel se ha convertido ya no sólo en el principal recurso marino de Chile, sino que de todo el Pacífico Sur. Donde más se concentra es frente a la zona centro sur chilena, donde desova, pero se le puede encontrar desde Nueva Zelanda hasta Ecuador. Por eso, pesqueras de todo el mundo llegan precisamente a esa franja de la costa chilena para capturarlo. De acuerdo a la información que publica la Subpesca en su sitio web, desde el año 2000 se ha observado un incremento importante en la presencia de naves extranjeras en la alta mar adyacente a Chile “sin sujeción a normas de conservación y manejo”. Desde entonces que la presencia del jurel ha ido disminuyendo.

Comenzó así la amenaza internacional a los intereses pesqueros chilenos.

-Los chinos están todos allá afuera. Fueron los primeros en llegar con ocho barcos factoría. Después vinieron los rusos, los peruanos y la Unión Europea a través de distintas banderas, como de Vanuatu o Islas Faroe; banderas de conveniencia –cuenta Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes, la asociación gremial que agrupa a las pesqueras más grandes de la zona centro sur.

Las cuotas de captura sirven de poco en aguas internacionales. Cada embarcación que llega puede extraer lo que quiera, sin límite. Varios pescadores consultados por CIPER aseguran que la competencia es feroz. Marzán y sus tripulantes cuentan que en junio de 2011 el enorme buque factoría Maestro, una nave con bandera rusa operada por coreanos y con señal de llamada DTBX8, pasó sobre sus redes y las destruyó cuando intentaba sacarles el jurel que tenían en el cerco. Estaban a unas 600 millas de la costa. No les quedó más opción que volver a Lota.

La primera medida que adoptó el gobierno ante la llegada de la flota internacional fue cerrar en 2004 el uso de puertos nacionales a barcos de bandera extranjera cuyos países no establezcan medidas de conservación similares a las chilenas. Más adelante se extendería esa prohibición a naves de abastecimiento. Pero la principal herramienta para intentar regular lo que pasa allá afuera sería jurídica y la impulsarían Chile, Australia y Nueva Zelanda.


LA ORGANIZACIÓN DEL MAR DEL SUR

A esos tres países los separa un océano completo, pero ese mismo territorio marítimo los une. La llegada de naves rusas, chinas y europeas a pescar en el Pacífico Sur, una zona que hasta 2006 no tenía ningún tipo de reglas, puso en jaque sus intereses pesqueros. Por eso fue que a principios de ese año organizaron un encuentro internacional para crear una convención para la conservación y manejo de los recursos pesqueros transzonales. La primera reunión de los interesados fue en Wellington, la capital neozelandesa. Así fue que comenzó a configurarse la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur (ORP).

-Cuando se creó la ORP fue un consenso de países con interés e historia pesquera en el Pacífico Sur. Pero lo cierto es que aún no existe como tal. Todas las reuniones han sido para negociar su creación. La primera de las decisiones fue tomar medidas interinas hasta crear una convención, la que es vinculante según la Ley del Mar y las leyes internacionales. Mientras eso no ocurra, el cumplimiento de esas medidas es voluntario –explica Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace y vocero de la ONG ante la ORP.

Desde entonces (2006), se han realizado diez reuniones donde han participado 32 países en las discusiones de las distintas medidas interinas que se implementarán para regular la pesca. Sobre las pesquerías pelágicas, en 2007 se limitó el esfuerzo de captura, se estableció que cada estado debe reportar las capturas que realiza y se abrieron espacios para que los países con historia pesquera, pero sin presencia efectiva, ingresaran a la pesquería a contar del año siguiente. En 2009, en Auckland, se obtuvo el texto de la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sur, el que estableció las bases para una institucionalidad pesquera internacional. Al año siguiente, en la preconferencia de Lima, se acordó el texto, pero para que la ORP entre en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de al menos ocho estados.

La posición de Chile durante todo el proceso ha sido defender su historia pesquera, o sea, que se le respete el derecho a pescar el 86% del jurel capturado en toda la región. Los industriales chilenos consideran que en las negociaciones, en las que han participado los subsecretarios de pesca liderados por la Cancillería, no se ha tenido la fuerza necesaria para imponerse. Según Moncada, como Chile no logró el congelamiento de las capturas -como si lo hicieron Australia y Nueva Zelanda con las pesquerías de profundidad-, sus negociaciones lograron el efecto inverso: agitó la campanilla para que todos los que quisieran pescar llegaran al Pacífico Sur.

Recién en enero de 2011 las medidas interinas establecieron un límite de captura: todos los estados participantes podrán pescar sólo el 60% de lo capturado el año pasado y, a menos que se acuerde lo contrario, para el próximo año el límite será del 40% de lo que se pesque durante 2011. Pero como aún no ha sido ratificado, esas reglas siguen sin ser vinculantes.

De lo que pase el 30 de enero de 2012, cuando la ORP se reúna en Santiago, dependerá el futuro de la organización regulatoria para la pesca industrial en el Pacífico Sur. Hasta el momento sólo lo han ratificado Nueva Zelanda, Islas Cook y Cuba. Aunque Chile, uno de los principales interesados en que la ORP avance, lo firmó en febrero de 2010, aún no lo ha ratificado.

Mientras se espera la aprobación de la nueva normativa por el Congreso, las grandes pesqueras chilenas insisten en su tesis de que si el jurel se está acabando en el Pacífico Sur, es por culpa de la flota extranjera que pesca en aguas internacionales. Pero los datos del noveno grupo de trabajo científico para la ORP indican que entre 2000 y 2010 el 74% de las capturas registradas han sido hechas por naves chilenas. No han sido los peruanos ni los rusos ni los chinos; y si algún país tiene mayor responsabilidad en la sobreexplotación del jurel, ese es Chile.


LA CULPA DE LOS CHILENOS

El mercado pesquero chileno está altamente concentrado: el 93,71% del jurel que captura la industria se reparte entre nueve grupos económicos que han explotado durante décadas los recursos hasta llevarlos a niveles críticos. A eso se suma una serie de políticas implementadas por el Estado que no han ayudado casi nada a regular la sustentabilidad de la actividad extractiva. No sólo porque en el norte las empresas capturan jurel bajo la talla legal sin que se las sancione, sino también porque son las mismas empresas dueñas del mar chileno las que tienen la última palabra cada año en la discusión sobre cuánto se puede pescar.

Los sondeos hidroacústicos que realiza el IFOP dan cuenta de una alarmante disminución del jurel en aguas chilenas. Si en 2001 había un stock de casi 6.000.000 de toneladas en la zona centro sur, en 2009 no se registró ninguna. Los resultados, que incluyen una propuesta de cuota global para cada una de las especies estudiadas, se los envían cada año a la Subpesca, la que los usa para presentar un informe técnico con una propuesta de cuota definitiva al Consejo Nacional de Pesca (CNP), que decide finalmente cuánto se pesca en Chile.

-Pero el CNP hoy es una expresión del corporativismo: allí es donde están representados todos los intereses del sector –asegura un alto funcionario de la Subpesca que pide reserva de su identidad.

De las 30 personas que componen el CNP, 17 representan los intereses del sector. Los otros cupos se reparten entre los seis que representan a las instituciones estatales ligadas al rubro y los siete consejeros nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso. Los únicos que no tienen un suplente en caso de no poder asistir a alguna sesión, son los de nominación presidencial. En definitiva, casi el 60% de sus miembros está vinculado al sector pesquero comercial. Y son ellos los que han mantenido o aumentado las cuotas, a pesar de que el IFOP viene desde hace años indicando en sus informes que el jurel está sobreexplotado.

Un estudio realizado por la ONG Oceana en 2010 estableció que el CNP ha desconocido sistemáticamente las recomendaciones científicas hechas por el IFOP que solicitan disminuir las cuotas globales durante la última década. Su informe dice: “La diferencia entre la Cuota Global Anual y la recomendada por el IFOP varía entre un 10% (2004) y un 87% (2009)”.

Si el IFOP consideró en 2008 que para una pesca sustentable era necesaria una cuota de 1.250.000 toneladas, el CNP aprobó una cuota de 1,6 millones. Como el jurel ya era escaso, sólo se pudo pescar el 81,4% de ese límite máximo. Entonces, al año siguiente, el IFOP propuso una cuota de 750.000 toneladas. El CNP aprobó 1,4 millones y por más que las empresas intentaron llegar a ese límite, las capturas reales no llegaron a las 900 mil toneladas. Los científicos indicaron que con 800.000 toneladas de jurel para 2010, aún se podría recuperar la especie. Pero el CNP cerró la cuota en 1,3 millones. De poco sirvió el aumento, porque se encontraron menos de 465 mil toneladas en el mar durante todo ese año.


NEGOCIACIONES POR DEBAJO

El biólogo marino de la Universidad de Concepción, Eduardo Tarifeño, asegura que el CNP no tiene las atribuciones para modificar las cuotas propuestas por la Subpesca y que para comprobarlo están las actas de sus sesiones, que son de acceso público. Tarifeño forma parte del CNP desde 2005, cuando fue nominado por el Presidente Ricardo Lagos. Cuatro años después, fue ratificado en el cargo por el Senado por cuatro años más. Según explica, lo que hacen los consejeros es aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. En caso de rechazarla, automáticamente queda vigente el 80% de la cuota global del año anterior. “Pero lo cierto es que cuando nos llega el informe técnico de la Subpesca, las cosas ya vienen decididas”, afirma.

-Antes de llegar la propuesta al CNP, los industriales hablan con el subsecretario, le preguntan cuánto es lo que se está pensando y le dicen que para mantener a la industria funcionando se requieren más toneladas. Entre los mismos industriales se ponen de acuerdo y conversan con los representantes sectoriales de los tripulantes o con los artesanales. Cuando la cosa llega a la sesión, está prácticamente todo conversado y cocinado. Hay un acuerdo previo porque en el fondo, todos quieren más pescado –cuenta Tarifeño.

La muestra de que los empresarios quieren mantener la pesca a como de lugar, se manifestó a fines de diciembre pasado. Si bien la cuota global de jurel que propuso el gobierno y aprobó el CNP para el año pasado fue un 76% menor que la de 2010 y se cerró en 315.000 toneladas (aunque la pesca efectiva sólo pudo ser de 284.000, porque se descontaron las 31.000 toneladas usadas en 2010 después del terremoto en calidad de “cuotas de catástrofe”), este año no ocurrió lo mismo.

Varios científicos, entre ellos Tarifeño, aseguran que la única forma de recuperar el jurel es estableciendo una veda total por al menos cinco años. Como ni el gobierno ni las pesqueras están dispuestos a asumir el costo de una medida tan radical, se esperaba que al menos se redujera considerablemente la cuota para 2012. Por eso la Subpesca propuso un límite máximo de captura global de 186.000 toneladas de jurel. Pero el CNP la rechazó. La cuota para este año quedó en 252.000, un 35% más de lo que propuso el gobierno.

Que los empresarios quieran cada vez más pescado es algo lógico: a mayores capturas, mayores ganancias. En 2010, las exportaciones del sector extractivo alcanzaron los US$ 1.263 millones, más del doble de lo que Perú exportó sólo en los primeros 10 meses de ese mismo año. Y eso a pesar de que los peces en el mar chileno se están acabando. Por eso mismo fue que el gobierno anunció que, de aprobarse el proyecto de ley que envió al Congreso, desde 2013 las pesqueras deberán pagar un royalty, un impuesto específico para recurso agotables. Y también que desaparecería el CNP para crear un Comité de Expertos, dejando como criterio principal para la definición de cuotas las recomendaciones científicas del IFOP. La irrupción de un royalty para el sector pesquero fue el primer comunicado oficial de lo que todos saben: si todo sigue igual, al jurel y a los recursos pesqueros chilenos les queda poco tiempo.



Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

Publicado originalmente en CIPER y en IDL-Reporteros (Perú) (29/1/2012)